5 MIL MUJERES MUEREN CADA AÑO EN AMERICA LATINA
¡BASTA DE MUERTES POR ABORTOS CLANDESTINOS!

POR EL DERECHO AL ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO

América Latina tiene los índices más altos de abortos realizados en condiciones de riesgo: casi 4 millones por año. Es evidente que la política de penalización del aborto, que prevalece en la región, no sirve para evitar que los abortos se sigan practicando de manera autoinducida o en circuitos clandestinos donde las condiciones ponen en riesgo la vida de millones de mujeres, la mayoría jóvenes, adolescentes, trabajadoras, pobres.
Durante las décadas pasadas, el fundamentalismo religioso hizo pie en nuestra región: las iglesias y los gobiernos neoliberales, además de los políticos opositores que representan los intereses patronales, oligárquicos y pro-imperialistas, impusieron una política derechista contra los derechos democráticos más elementales de las mujeres.

Las mujeres latinoamericanas tenemos una larga historia de lucha por el derecho al aborto, enfrentando a la Iglesia oscurantista y a los gobiernos y políticos derechistas, clericales y reaccionarios; pero la asunción de gobiernos “post-neoliberales” en toda la región despertó expectativas en vastos sectores del movimiento de mujeres que chocaron contra la dura realidad: estos gobiernos que se autodenominan “progresistas” no sólo no han hecho nada para detener el brutal “femicidio” que causa el aborto clandestino en nuestro continente, sino que, peor aun, se hacen eco de las barbaridades que enarbolan la Iglesia y los sectores reaccionarios, como puede verse en sus declaraciones, sus respetuosas aclaraciones contra el derecho al aborto cuando la derecha los presiona y, sobre todo, como puede constatarse en el ineludible hecho de que el aborto sigue penalizado.

El resultado es que los gobiernos de América Latina que se autodenominaron “progresistas” siguen prohibiendo el derecho democrático elemental de decidir sobre nuestros propios cuerpos y nuestra propia vida, lo que no es más que permitir y legitimar la muerte de 5 mil mujeres latinoamericanas, en una sangría desgarradora, que encuentra sus víctimas fatales entre nuestras hermanas más pobres del continente. Una situación que empeorará, ante la crisis económica internacional, en la que millones de mujeres trabajadoras y pobres verán recrudecer estos padecimientos.

En Argentina, no se respeta siquiera la legislación que contempla que el aborto no es punible cuando, con el embarazo, peligra la vida de la mujer. La justicia, la ministra de Salud y la presidenta Cristina Fernández se han pronunciado en diversas ocasiones contra tal elemental derecho. Bajo la presión de la Iglesia y otros sectores reaccionarios, impidieron incluso que se practicaran abortos terapéuticos a niñas abusadas, mujeres violadas, y son los principales responsables de que actualmente sean más de 400 las mujeres que mueren, en este país, por las consecuencias de los abortos clandestinos.

En Chile, no se permite el aborto en ningún caso, desde el año ‘89 con la dictadura de Pinochet, siendo uno de los países más restrictivos en esta materia. La derecha y la Iglesia mantienen mucho poder en las decisiones políticas: en el 2008 impidieron que la “píldora del día después” siguiera siendo entregada en los consultorios públicos de salud. El gobierno de la Concertación avaló esto y ahora, en plena campaña electoral, dicen estar dispuestos a discutir sobre aborto terapéutico, mientras mantuvieron intacta la legislación sobre este tema desde la dictadura que llevó a la muerte a centenares de mujeres por las consecuencias de los abortos clandestinos. La presidenta Bachelet que desde un principio se mostró contraria a la despenalización del aborto, presentaba la píldora de anticoncepción de emergencia como la solución al embarazo adolescente; pero hoy, calla ante el fallo que ganaron la derecha y la Iglesia contra este elemental derecho de las mujeres trabajadoras, pobres y jóvenes, quitando la “píldora” y avalando la miseria que vivimos.

En Brasil, la Iglesia de Pernambuco, con el apoyo del Vaticano, dice que el aborto es peor que la violación, y excomulgó a los médicos y a la madre responsables del aborto realizado a una niña de 9 años embarazada de gemelos, después de haber sido abusada por su padrastro. En tanto, el presidente Lula, por un lado dice que el aborto es una cuestión de salud pública, pero por otro lado le da una mano a la Iglesia, tranquilizándolos al decir que no ve la necesidad de que el Congreso apruebe la ley que despenaliza el aborto, pues la que ya existe incluye dos casos excepcionales (violación y riesgo de muerte). Además, la persecución a 10 mil mujeres, en Mato Grosso do Sul, por haber hecho abortos clandestinos, la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre Aborto en la Cámara de Diputados y la campaña en defensa del nacimiento de fetos sin cerebro dan al Brasil el título de “modelo de lucha contra el derecho al aborto” para ser sede, en 2010, del Encuentro Mundial en Defensa de la Vida.

En Uruguay, en noviembre del 2008, el actual presidente Tabaré Vázquez, tal como lo había advertido anteriormente, vetó la legislación –que había sido aprobada por ambas cámaras del poder legislativo– con la que se proponía la despenalización del aborto en las primeras 12 semanas de embarazo. A pesar de las movilizaciones y las voces que se alzaron contra el veto presidencial, éste no fue revertido. ¡Quizás haya sido el único punto de su campaña electoral que el presidente cumplió a rajatabla!

En el Ecuador de Rafael Correa, el aborto se considera un delito. Durante la inauguración de la Asamblea Nacional Constituyente, en el 2007, el presidente ecuatoriano se pronunció en contra de la despenalización del aborto y, al año siguiente, para responder a las acusaciones de la Iglesia y no dejar lugar a dudas sobre su posición, el gobierno subrayó el no reconocimiento al aborto legal de la nueva constitución. “Jamás he entendido propuestas como ‘mi cuerpo, mi elección’, cuando es claro que el embrión, feto o bebé que una madre porta ya no es parte de su cuerpo” declaró Correa, agregando que votaría en contra “en caso de que la nueva Constitución apruebe la eutanasia prenatal.”

En Bolivia, el aborto es penalizado con tres años de prisión a la mujer que lo consintiere. En la asamblea constituyente que promovía la refundación del país, retórica usada por el partido gobernante, hubo una propuesta de derechos sexuales y reproductivos elaborada por agrupacionesde mujeres, ong’s, mujeres indígenas, colectivos feministas e independientes, donde se planteaba específicamente la despenalización del aborto, derecho a la privacidad y la intimidad personal, derecho a decidir sobre el propio cuerpo, a la maternidad elegida, libre y voluntaria, al placer y al erotismo. Ante esto, Evo Morales fue acusado por la Iglesia y los sectores ultraderechistas de querer aprobar la despenalización del aborto en la nueva constitución. Rápidamente, el presidente salió a desmentir estas “calumnias”, negando rotundamente que tal cosa estuviera en sus planes y agregando que su gobierno defendía “la cultura de la vida”.

En Nicaragua el aborto está penalizado bajo cualquier supuesto desde octubre de 2006, aun cuando se trate de una menor que ha sido violada. Daniel Ortega, el actual presidente nicaragüense, dio marcha atrás en la historia, derogando la legislación existente desde 1893, en un funesto acuerdo realizado con lo más reaccionario de la Iglesia nicaragüense para que ésta apoyara su candidatura en las últimas elecciones. Además de haber cargado sobre sus espaldas una acusación de abuso sexual por parte de su hijastra, Daniel Ortega promueve la persecución de sectores del movimiento feminista que luchan por la legalización del aborto en ese país.

En Venezuela, el “socialismo del siglo XXI” parece no incluir los derechos de las mujeres: su presidente, Hugo Chávez, se ha expresado públicamente en contra del aborto y ha impedido, junto con algunas parlamentarias del chavismo que también se han manifestado en contra de este derecho fundamental, que avance la legislación en favor de la despenalización del aborto bajo el argumento –al interior de su propio partido-, de que una medida de ese tipo podría afectar fuertemente su base electoral y perder el apoyo que hasta ahora ha tenido por parte de la iglesia evangélica.

En El Salvador, donde recientemente ganara las elecciones el FMLN, Mauricio Funes, su actual presidente, se comprometió ante representantes de distintas iglesias a erradicar los altos índices de abortos que existen en el país, aclarando: “No voy a promover ninguna iniciativa orientada a despenalizar el aborto… ya dije que no, más claro que eso no puedo ser.” Clarísimo.

Por eso exigimos

Por la separación de la Iglesia del Estado