El gobierno de Chávez, que ascendió
sobre las ruinas del puntofijismo,
al calor de la gran crisis que le
abrió al mismo la rebelión popular
del 27-F, ciertamente guarda una
gran diferencia con los gobiernos
adecos y copeyanos en cuanto a
su relación con el movimiento de
masas: el puntofijismo gobernaba
apoyándose en el respaldo del
imperialismo, de la gran burguesía
nacional y con métodos brutales
de represión –masiva o selectiva,
según fuera el caso– contra el pueblo;
Chávez por el contrario no es
considerado por el imperialismo
ni el grueso de la burguesía nacional
como su hombre en el gobierno,
y este se ha basado todo estos
años en el apoyo electoral masivo
y la movilización controlada del
movimiento de masas.

Por eso Chávez denuncia y fustiga
con mucha facilidad la violación
de los derechos humanos y laborales
de los trabajadores y el
pueblo en los gobiernos de la «IV
República».

Sin embargo, la cuestión estriba
en que por la gran polarización
nacional de los años anteriores y el
inmenso control del movimiento
de masas por parte del presidente,
mientras privó el enfrentamiento
a los ataques de la reacción proimperialista,
en los límites que el
gobierno definía, este gobierno no
tuvo ocasión de mostrar su cara
represiva hacia las luchas obreras y
populares. Hace algún tiempo, eso
comenzó a cambiar, pues también
comenzó a cambiar el consentimiento
del que venía gozando
Chávez entre los trabajadores y el
pueblo pobre, y hoy se expresa más
cotidiana y contundentemente:
en este gobierno, como en todo
gobierno que sostenga el capitalismo,
la «justicia» tiene un carácter
de clase burgués, criminaliza y
reprime la protesta de las clases
explotadas.

Represión, persecuciones
judiciales antisindicales…

Durante el año pasado, pudimos
ver cómo el gobierno nacional se
enseñaba en la represión de los
trabajadores de la Sanitarios Maracay
bajo control obrero, cuando
venían a una marcha a Caracas,
vimos también la fuerte represión
a los trabajadores petroleros en
Anzoátegui que luchaban por su
convenio, causando varios heridos
de bala. A los trabajadores
de la construcción también se
los reprimió en varias ocasiones.

La Guardia Nacional, las policías
estadales y municipales son los
instrumentos predilectos. Este
año, la lucha de los sidoristas debió
enfrentar la durísima represión de
la GN y la policía de Bolívar, con
decenas de heridos y centenares
de detenidos, como último recurso
del gobierno contra la gran lucha
de los compañeros, que finalmente
triunfó. Hace pocas semanas,
fueron duramente reprimidos por
la GN los de Bauxilum. En Portuguesa,
los trabajadores de un aserradero
luchaban por sus derechos
laborales, el patrón optó por cerrar
la empresa, solo quedaron en ella
los trabajadores ocupándola, pero
entre tribunales, Defensoría del
Pueblo, GN y policía regional se
encargaron de desalojarlos para
que el tipo la reabriera con nuevos
trabajadores.

Pero además de todas estas represiones
para garantizar el «derecho
a la propiedad» de los explotadores
contra el derecho al salario y al
trabajo de los obreros, para garantizar
el «libre tránsito» mientras los
capitalistas gozan tranquilamente
«sus» ganancias, el «sistema de
justicia» se encarga también de
«persuadir» por otros medios: puede
ir a juicio y estar bajo amenaza
de parar en la cárcel. Ese es el caso
de los compañeros de Sanitarios
Maracay, que están aún bajo regímenes
varios ante los tribunales,
mientras el empresarios, que cerró
dejando en la calle a centenares de
padres y madres de familia, goza
de lo lindo la vida. La «justicia»
no pasó por su casa. Fue el caso
también de algunos trabajadores
de Sidor, a quienes se les imputó
en los tribunales por la protesta en
que fueron reprimidos. Es el caso
de muchos otros de otras empresas
en el estado Bolívar.

En el caso de los trabajadores de la
salud, varios dirigentes gremiales
de la Maternidad Concepción Palacios
de Caracas, están enjuiciados
por «rebelar información» a los
medios sobre asuntos en el caso
de los recién nacidos fallecidos en
una noche. Pueden ir a la cárcel
por ese juicio. Esa medida judicial
también puede usarse para impedir
la discusión pública y libre
de su situación y la de los centros
asistenciales en una asamblea de
trabajadores, por ejemplo.

…y aval al gangsterismo

En el hospital “Francisco Antonio
Rízquez” de Caracas, dirigentes
sindicales de los enfermeros y
médicos en lucha por sus reivindicaciones
denuncian que han sido
amedrentados incluso con motorizados llegando al sitio de trabajo
a preguntar por sus nombres y sus
direcciones de habitación. No debemos
olvidar que hace un año, en
agosto del año pasado, decenas de
matones entraban pistola en mano
a la sede del ministerio del Trabajo
a desalojar a varios dirigentes
sindicales del sector público, ante
la complicidad de la GN y la PM.
Como «tupamaros» y de la «esquina
caliente» se identificaron varios
de los agresores.

Hoy las prácticas gangsteriles dan
un salto en la empresa Fundimeca,
donde una dirigente sindical
fue baleada el pasado 30 de junio
por varios motorizados pagados
por el patrón. Por si fuera poco,
la compañera, junto a otras trabajadoras
y dirigentes sindicales,
tienen encima un proceso judicial
penal, por petición del dueño de la
empresa, a quien la «justicia» no le
ha tocado ni un solo pelo.

El caso de FUNDIMECA

El conflicto en esta fábrica
de ventiladores de Valencia
concentra brutalmente el
verdadero rostro de la «alianza
estratégica» que el gobierno
busca con los empresarios. En
esta empresa donde el 80% son
mujeres, mediante una lucha
decidida las trabajadoras arrancaron
al patrón un contrato
superior al pactado por el sindicato;
en medio de la discusión
del mismo la empresa largó 49
calificaciones de despido y usó
motorizados para golpear a las
trabajadores en lucha; en junio
sale de la orden de reenganche
para nueve trabajadoras, el patrón
no acata y mientras éstas
están en los portones luchando
por su ingreso, motorizados
llegan y buscando entre la
gente balean en la pierna a una
de las principales dirigentes;
ese mismo día deciden entonces
ocupar la empresa, pero el
patrón, al tiempo que mandaba
los sicarios, también había
introducido al mismo tiempo
un recurso de amparo, el cual le
es otorgado a los cinco días; la
GN y la policía regional acuden
a hacer efectivo el desalojo.
Varias trabajadoras y dirigentes
sindicales regionales y nacionales
que estaban en la lucha,
fueron detenidos y llevados
como presos comunes al penal
de Tocuyito, presentados luego
a un tribunal y actualmente
están «libres» bajo distintos
regímenes: presentación cada
tantos días ante el tribunal,
prohibición de salir del estado
sin autorización de un juez,
prohibición de acercamiento a
200 metros de la fábrica, etc. La
compañera baleada –que aún
no sabe si perderá la pierna–
está entre las enjuiciadas, así
como también el dirigente de la
UNT, Stalin Pérez Borges.