El asesinato del activista ecologista Rémi Fraisse a manos de la policía francesa en la noche del 25 al 26 de octubre ha generado un amplio repudio entre la juventud y las organizaciones sociales y políticas de la izquierda en Francia.

Cerca de 3500 personas participaron el
sábado 8 de noviembre lo que fue la movilización
más importante en Paris desde
el acontecimiento. En Toulouse, del
mismo modo que sucedió en Paris una
semana anterior, la marcha fue prohibida
por la policía, lo que no impidió que
mil personas participasen de ésta. Tras
la represión policial hubo 21 detenidos,
una provocación más del gobierno Hollande-
Valls que intenta intimidar a los
manifestantes y evitar que se desarrolle
un movimiento masivo de la juventud.

El jueves 6 y viernes 7/11 pasado varios
colegios secundarios, sobre todo de la
región parisina, estuvieron bloqueados
y cerca de tres mil estudiantes secundarios
manifestaron su repudio a este crimen
de Estado. Esto no es para nada del
agrado del gobierno que aun recuerda
las movilizaciones que protagonizaron
estos mismos secundarios el año pasado
para protestar contra la expulsión de
dos jóvenes inmigrantes “sin papeles”.
En esa ocasión, solo las vacaciones escolares
salvaron al gobierno de una crisis
mayor.

Esta energía y predisposición a la lucha
demostrada por la juventud es la
que empujó a todo un arco de organizaciones
políticas y sociales a apoyar el
llamado a manifestar en Paris el sábado
8/11. Es esta movilización deja abierta la
posibilidad de que se desarrolle en los
próximos días un movimiento más fuerte
en los colegios y universidades, que
toque a la juventud de los barrios populares
y a otros sectores oprimidos de la
sociedad francesa.

Policía prohíbe manifestación
en Toulouse

Consciente de la posibilidad de que las
manifestaciones se extiendan, el gobierno
del presidente François Hollande,
hace todo lo que tiene a su alcance
para desarticular toda dinámica de
movilización. Es por eso que la semana
anterior ya había declarado ilegal una
manifestación parisina en homenaje
a Rémi. Esta vez fue en Toulouse, en el
sur de Francia, que se prohibió la marcha.

Esto no es evidentemente ninguna
casualidad. Es en esta ciudad que Rémi
Fraisse estudiaba y de ella puede desarrollarse
una dinámica contestataria.
Durante la semana los estudiantes de
la universidad Toulouse Le Mirail realizaron
una asamblea general en la que
participaron entre 500 y 600 personas,
votando un plan de lucha para la semana
que comienza contra el asesinato
de Rémi. En este sentido, evitar que
haya una manifestación importante el
sábado buscaba romper esta dinámica.
Nada asegura que esto funcione.

En efecto, a pesar de la prohibición y
un despliegue represivo impresionante,
mil personas marcharon. Algunas
organizaciones de izquierda mantuvieron
incluso su llamado. Hacia el fi n
de la tarde hubo 21 detenciones, lo que
es claramente un intento de intimidación.
Ya el fi n de semana de la muerte
de Rémi el Estado había detenido y condenado
mediante un procedimiento de
urgencia a varios manifestantes, algunos
con penas de prisión.

Criminalización y prohibición
de la protesta social

El Gobierno de Francia lanzó un discurso
contra el accionar de “grupos
violentos y radicalizados” y el respeto
necesario a la “autoridad del Estado”.
El victimario es transformado en “víctima”;
y en esto hay absoluto acuerdo
entre las diferentes facciones políticas
burguesas de derecha, de centro o incluso
de “izquierda”.

Pero la realidad es que en la Francia que
se vende como la “patria de los Derechos
Humanos”, un derecho democrático tan
elemental como el de manifestación no
está garantizado. Sobre todo cuando se
trata de denunciar un crimen de Estado.
La prohibición de manifestaciones le
deja las manos sueltas a la policía para
detener arbitrariamente a los manifestantes
abriéndoles causas. Se trata de la
criminalización de la protesta social “a
la francesa”.

La justicia francesa decidió abrirle juicio a varios de los detenidos recientemente en las protestas, entre esos, el compañero Gaetán, militante de la Corriente Comunista Revolucionaria (CCR) en la juventud del NPA y del Sindicato Sud Etudiant en la Universidad Toulusse le Mirail, por "participación en manifestación prohibida". Actualmente se desarrolla una campaña por la anulación de estos juicios.