El martes 21 de mayo y luego de 15 días de huelga general con bloqueos de caminos, la Central Obrera Boliviana (COB) ingresó en un cuarto intermedio de 30 días en las medidas de presión al aceptar el ofrecimiento del gobierno de Evo de bajar la edad de jubilación para el trabajo minero de 35 a 30 años además de que la jubilación se calculará sobre la base de las últimas 24 papeletas de pago en actividad. Esta decisión fue duramente cuestionada por importantes sectores como federaciones del magisterio urbano, sectores mineros y de salud quienes denunciaron esta decisión como una traición a sus aspiraciones de una renta del 100% del salario en actividad. En las líneas siguientes tratamos de extraer las principales lecciones del conflicto así como comprender el nuevo momento político que abre este conflicto.

Una acción obrera sin precedentes en las dos últimas décadas

El punto de partida para cualquier análisis serio del conflicto es registrar que estas dos semanas de conflicto, pasarán al mundo conceptual como “las jornadas de mayo” de la clase obrera boliviana. No porque los trabajadores hayan estado al borde del poder, ni porque el fruto de la lucha sea el de una contundente y clarísima victoria sobre las políticas anti obreras del gobierno de Evo y García Linera, ni por el número de muertos o heridos que haya dejado el conflicto. “Las jornadas de mayo” se convierten en el punto de partida porque marcan un salto cualitativo en la recomposición y reemergencia de la clase obrera boliviana. Una clase que sufrió una importante derrota con el inicio del ciclo neoliberal a mediados de los 80’, con decenas de miles de despidos, la desocupación, la precarización laboral, la pérdida de los derechos de organización sindical, el vaciamiento y pérdida de convocatoria de la COB y de muchas organizaciones matrices.
A partir de esta importantísima derrota hace un poco más de 25 años, la aparición de la clase obrera tuvo un carácter defensivo y parcial. Salvo momentos como la acción de los mineros de Huanuni en el levantamiento nacional de octubre del 2003 o el papel de la federación de fabriles y la COD de Cochabamba durante la guerra del agua, las organizaciones obreras y más en general los trabajadores actuaron diluidas como parte del pueblo y el movimiento campesino. Sin embargo, este último conflicto no solo es un eslabón más en los esfuerzos de recomposición obrera -esfuerzos que comenzaron con la rebelión fabril del 2010, las luchas salariales del 2011 y 2012, la resistencia valiente de los trabajadores de la salud contra el intento de prolongar la jornada laboral sin la consiguiente compensación salarial y de derechos-, sino que abre un nuevo momento en la clase obrera y modifica el mapa político nacional.

Durante los 15 días de lucha, cientos de miles de trabajadores ocuparon entre 35 y 40 puntos de bloqueo en rutas nacionales, movilizaciones masivas en todos y en cada uno de los departamentos, huelgas en magisterio, salud, y algunas empresas mineras como fabriles muestran que el sujeto social al que se dio por muerto, por acabado, está mostrando que está vivo y que empieza a recuperar una capacidad de lucha que no se veía en estas dos décadas. Maestros, mineros, fabriles, salubristas, municipales, y diversos sectores marcharon y pelearon juntos en todo el ámbito nacional, además de que empezaban a radicalizar las medidas en diversos puntos del país.
Esta gran acción obrera independiente es la que provocó la ira del gobierno de Evo Morales y García Linera y lo que motivó un ataque macartista contra los trabajadores, como la prohibición del derecho de huelga, la detención de más de 400 trabajadores en diversos puntos del país, el procesamiento de decenas de compañeros, incluyendo la detención domiciliaria de Vladimir Rodríguez, secretario ejecutivo de la COD de Oruro, la campaña difamatoria contra los dirigentes y contra la lucha con la acusación de conspiración y golpe de Estado, hasta las calumnias y falsificaciones contra la izquierda socialista y revolucionaria que levanta las banderas del trotskismo. El gobierno de Evo y García Linera, tuvieron que recurrir al recurso de movilizar a las organizaciones de la burocracia campesina e indígena para poder contrarrestar el poder de la movilización obrera. Solo en los momentos de profunda crisis nacional el MAS recurrió a este mecanismo de instrumentalización del campesinado.

Gobierno patronal y antiobrero y surgimiento de la oposición política obrera

Con este conflicto ha quedado en evidencia el papel pro patronal y empresarial del gobierno de Evo, quien se negó sistemáticamente a aumentar el aporte patronal para las pensiones de los trabajadores. El MAS evitó aumentar el aporte estatal, manteniendo el núcleo del sistema neoliberal de pensiones basado en el aporte y en la “capitalización” individual. Para este reaccionario fin recurrió a todos los mecanismos posibles, desde la represión, la mentira y falsificación, hasta el intento de enfrentar pobres contra pobres al movilizar sectores campesinos contra los bloqueos de los trabajadores. Con este conflicto es el mismo gobierno quien termina de consolidar una oposición obrera al gobierno que durante los meses anteriores tenía un carácter social y sindical, pero que luego de semejante lucha se transforma y se consolida como oposición política por izquierda al MAS.
Si los trabajadores estaban discutiendo el lanzamiento del Partido de los Trabajadores unos meses atrás, luego de esta última lucha queda en evidencia no solo la necesidad sino la urgencia de estructurar esta nueva formación política de los trabajadores como expresión de las tendencias a la reorganización de los trabajadores quienes han constatado que del gobierno del MAS poco y nada pueden esperar los asalariados y los pobres urbanos y rurales.

Algunas lecciones de la lucha: ¡si no pagan los capitalistas pagamos los trabajadores!

El conflicto fue un conflicto difícil, no solo porque estamos ante la presencia de un gobierno fuerte, que goza de una bonanza económica que según algunos estudios tiene acumuladas divisas en los últimos 5 años, equivalentes a todo lo que se recaudó en los últimos 25 años de gobiernos anteriores a Evo. Un gobierno que producto de concesiones democráticas formales logra aun contener y establecer su hegemonía sobre amplias franjas campesinas y de gremiales y pobres urbanos, lo que permitió que la gran huelga de la COB quedara circunscripta a los asalariados y algunas muestras de simpatía popular pero que eran esencialmente pasivas. Ante este escenario los dirigentes no estuvieron a la altura del movimiento que destaparon, asustándose por la magnitud de la movilización y tratando de contener el movimiento en medidas sumamente pasivas como las “vigilias” que cansaron y desgastaron a la vanguardia minera, además de que impidieron desplegar todas las fuerzas y energías de miles de trabajadores que se sumaban día a día al conflicto.

En primer lugar se necesitaba una política que demostrara que el gobierno no defendía los intereses de los más pobres como afirmó la publicidad oficial, sino que defendía los intereses empresariales y capitalistas. La dirección de la COB limitó su exigencia al aporte estatal, cuando lo que había que haber planteado claramente es que era necesario restituir el aporte patronal eliminado por Sánchez de Losada y preservado por Evo. En segundo lugar era necesario demostrar que la renta Dignidad, es en realidad una renta indigna para vivir, ya que nadie lo puede hacer con la suma de 250 bolivianos. Era necesario superar el corporativismo sindicalista e ingresar abiertamente a la arena política mostrando que había que pelear por una renta universal equivalente al salario mínimo. Esta política habría demostrado ante cientos de miles de campesinos y pobres urbanos que Evo mentía, que en vez de defender a los más pobres defendía a los capitalistas, ya que una renta universal sobre la base del salario mínimo solo podría garantizarse con medidas claramente anticapitalistas y financiadas por los ricos. Una política así, habría ayudado a romper el aislamiento de los trabajadores y habría permitido que nuevos y más destacamentos populares se incorporen a la lucha. Finalmente y en tercer lugar, estas medidas y estas demandas solo podían haberse desplegado si la lucha se dotaba de formas de organización democrática y basadas en los trabajadores de base quienes eran los que llevaron adelante todas y cada una de las medidas de la lucha. Era necesario la formación de un Comité Nacional de Huelga que basado en delegados elegidos en asambleas y abierto a todas las organizaciones comprometidas con la lucha obrera, pudiera ampliar y democratizar la dirección del conflicto, fortaleciendo a la COB y limitando la política de Trujillo basada en el temor a la movilización, en vigilias desgastantes y en un diálogo que en ningún momento prosperó al servicio de los trabajadores.