Desde la izquierda clasista y revolucionaria hemos venido denunciando desde hace tiempo el giro cada vez más marcado del gobierno nacional hacia una política de criminalización de las luchas de los explotados, expresado en diversos mecanismos legales, judiciales, policiales y discursivos. Esta política no es de hace unos días, sino que tiene ya varios años en curso. Sin embargo, gran parte de la izquierda jamás denunció y llamó a movilizar a tiempo contra esta política, obedeciendo a su subordinación al gobierno nacional, cuyo proyecto lleva implícita la necesidad de un “Estado fuerte” para forzar un curso “nacionalista” en el capitalismo semicolonial del país. Recién hace unos meses algunos sectores parecen haber descubierto el asunto, pero impidiendo la claridad política del movimiento de masas y la clase obrera, pues se empeñan en ocultar la responsabilidad del gobierno nacional y del propio presidente Chávez.

Corrientes políticas de composición social y tradiciones políticas tan diversas, pero emparentadas en el apoyo a Chávez, como el Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora, el Movimiento de Pobladores (de la zona metropolitana), los “marxistas” de Marea Socialista, y grupos menores, ante la constante evidencia de la política criminalizadora del gobierno nacional –que incluso les ha tocado directamente a algunos de ellos–, han debido asumir como central la denuncia de esta cuestión, pero para no dejar de ser fieles al gobierno nacional tergiversan completamente la realidad al señalar como responsable de esto a un fantasmal “Estado burgués”, en abstracto, salvando por completo de responsabilidad al gobierno y a Chávez, es decir, a la encarnación real de ese Estado burgués. A juzgar por los volantes, discursos y consignas de estos grupos, Chávez y su gobierno –que están a la cabeza del Estado burgués desde hace más de una década– no son responsables de la criminalización de la protesta y las luchas. Gracias a esa extraña lógica fue que el 07 de junio pasado, la marcha que convocaran en Caracas para rechazar la criminalización, era a su vez encabezada por las consignas de apoyo pleno a Chávez.

La verdad es que el Estado no es un sujeto con vida propia, no existe sino a través de los sujetos concretos que le dan vida con sus respectivos proyectos políticos y acciones cotidianas de gobierno. No hay tal cosa como un Estado actuando “por sí mismo” con vida propia por fuera de la voluntad y acciones concretas de quienes lo dirigen. El Poder Ejecutivo encabezado por el presidente de la República –Chávez–, es la cabeza del gobierno y del Estado, además el chavismo, como movimiento y proyecto político, superados los años de mayor crisis social e institucional (2002-2004), ostenta también un gran control en las demás instancias del Estado, como el Poder Legislativo –Asamblea Nacional–, el Judicial, el Ciudadano (Fiscalía, Contraloría y Defensoría) y el Electoral, incluyendo el gran control logrado en las Fuerzas Armadas. Cuenta además desde hace muchos años con la gran mayoría de los poderes ejecutivos y legislativos regionales (gobernadores, alcaldes, consejos legislativos regionales y concejos municipales).

De manera que, ¿qué tienen que ver Chávez y su gobierno con la existencia de miles de luchadores y luchadoras (obreros/as, campesinos/as, indígenas, habitantes de los barrios) procesados judicialmente? ¡Mucho! Desde hace varios años atrás el gobierno nacional vino montando todo un entramado legal para proscribir y penalizar las luchas en los más diversos sectores sociales y espacios del país, reforzando los aspectos antiobreros y antipopulares de algunas leyes existentes y creando algunas nuevas1. Esto se hizo a través de la Asamblea Nacional en los años de control absoluto del chavismo en esta. Gracias a este marco legal, muchas medidas de lucha obrera, campesina y popular, pasan a ser definidas como “delito”, y sus responsables serían “delincuentes”.

El discurso oficial, tanto de diputados y funcionarios chavistas como del propio Chávez, lleva implícita esta lógica, al negar constantemente el derecho a huelga y calificar de “conspirativa” o “saboteadora” toda lucha o movilización que no sea para apoyar al presidente o que no esté plenamente controlada por dirigentes subordinados al gobierno. El propio Chávez, en actos públicos y televisados, ante millones de espectadores, ha descargado su prepotencia y amenazas contra diversos sectores de trabajadores en lucha, como los de las empresas básicas de Guayana, los eléctricos o los del Metro de Caracas (a quienes amenazó con militarizar el servicio si iban a huelga), por solo mencionar algunos ejemplos. Desde Ciudad Piar (en marzo de 2009), a los obreros que querían hacer paros los comparó con quienes encabezaron el proimperialista paro patronal y petrolero de 2002-03, y giró instrucciones a los “órganos de inteligencia” para que actuaran contra los dirigentes obreros. Así mismo, el gobierno impulsa los llamados “cuerpos combatientes” cuya función es que trabajadores entrenados por ejército (del “Estado burgués”), y bajo sus órdenes, se encarguen de vigilar, delatar y neutralizar a los trabajadores que se propongan medidas de lucha que afecten el “normal” desarrollo de la producción o de los centros de trabajo, señalando como “saboteo” y “delito” cualquier medida de lucha en ese sentido.

El amplio control del conjunto del Estado le ha permitido al gobierno desarrollar estas políticas. Lo que a su vez permite sacar otra importante conclusión que ocultan completamente los grupos “revolucionarios” progobierno, y es que al gobierno de Chávez nadie lo “obligó” a desarrollar esta política de penalización y judicialización de las luchas, no puede siquiera excusarse en que determinada “correlación de fuerzas en el Estado” lo “presionó” en ese sentido, sino que lo hizo por sus propios fueros, por su propia “voluntad política” de acuerdo a las necesidades de su proyecto político.

Es que la lógica estatista y bonapartista del chavismo implica una gran dosis de control social, específicamente de control de la lucha de clases por parte del Estado y su jefe, el Presidente. El jefe del Estado pasa a ser el “árbitro” de la lucha de clases. La lógica de Chávez y su gobierno es que los explotados no deben luchar sino apoyar al gobierno que “lucha” por ellos, y si los explotados desarrollan con fuerza sus propios métodos y acciones de lucha, el Estado y el gobierno se encargan de “mantenerlos a raya” o, sencillamente, de “disciplinarlos”.

Ocultar estas verdades, lejos de ayudar a avanzar la conciencia de clase de las masas trabajadoras y explotadas, lo que hace es confundir, lejos de alumbrar sobre quién nos golpea, busca tapar los ojos a los explotados. Peor aún para las corrientes que se reivindican “marxistas”, pues esta vergonzosa maniobra –de denunciar al Estado pero no al gobierno– es una total capitulación ante el régimen burgués, una política que cumple el triste papel de impedir el avance político de la clase trabajadora a comprender la necesidad de asumir una perspectiva de independencia política como clase explotada, de asumir una política y estrategia propias, sin apoyar ni ir detrás de ningún proyecto político que gestione y preserve la sociedad burguesa.

Notas

1. Para detalles al respecto, ver “Sobre leyes que criminalizan la protesta” (ECO Nº 22, en http://www.lts.org.ve/spip.php?article235), y “Leyes que criminalizan la protesta obrera y popular” (ECO Nº 24, http://www.lts.org.ve/spip.php?article307).

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Una precisión sobre Estado, régimen y gobierno

Para ocultar la responsabilidad de Chávez y del gobierno nacional en el enjuiciamiento, represión o encarcelamiento de luchadores, no ha faltado quien intente malabares “teóricos” afirmando que “hay que entender que una cosa es el Estado y otra el gobierno”. La verdad, tal precisión no es ninguna novedad para el análisis marxista de los Estados y las formas de gobierno, pero en boca de los políticos gobierneros “de izquierda” no es más que una frase vacía para eludir su propia responsabilidad.

Podemos precisar aún más, aunque someramente, y establecer las diferencias relativas entre Estado, régimen y gobierno, limitándonos a cómo se expresan en la época del Estado burgués. El Estado es el conjunto de instituciones políticas, armadas y judiciales que organizan, conducen y garantizan unas determinadas relaciones sociales de producción un orden económico y social (unas determinadas relaciones sociales de producción) a favor de determinada clase social, es decir, una determinada sociedad de clases. Un Estado es una máquina de dominación de una clase sobre otras, una dictadura de clase. El régimen viene a ser la forma específica de conducir el Estado, la definición concreta de qué tipo de instituciones se privilegian con relación a otras, el específico sistema de relaciones que se establezcan entre las distintas instituciones, entre las clases y grupos sociales (en el caso concreto del Estado burgués, Lenin dirá; “el capital manifiesta su poder de un modo donde existe una forma y de otro donde existe otra forma, pero el poder está siempre, esencialmente, en manos del capital, ya sea que exista o no el voto restringido u otros derechos, ya sea que se trate de una república democrática o no”). El gobierno es la administración concreta del régimen y el Estado por determinado partido o alianza política. Podemos tener varios gobiernos dentro de un mismo régimen político –como fueron los gobiernos adecos y copeyanos bajo el régimen puntofijista–, así como distintos tipos de regímenes políticos al mando del mismo Estado –como lo fueron la dictadura perezjimenista, el puntofijsmo, y ahora el chavismo, conduciendo el Estado burgués venezolano.

Al respecto, dos cuestiones. En primer lugar, como puede comprenderse, las diferencias entre estos planos tienen un límite, pues se trata de gestiones particulares, de formas de gobierno específicas, pero dentro del encuadramiento común de sostener un determinado orden social, es decir, comparten un mismo carácter de clase (en el caso del Estado burgués, comparten la misma ubicación de sostener la dictadura del capital, la explotación y sometimiento de las mayorías trabajadoras). En segundo lugar, tratándose del chavismo, estamos precisamente en presencia de uno de esos regímenes donde las diferencias entre Estado, régimen y gobierno son bastante débiles: es un régimen con fuertes rasgos bonapartistas, articulado alrededor de un líder único, y en el que el Estado gira alrededor de la figura presidencial, el “hombre fuerte” de la nación cuya presencia y voz de mando guían el accionar del conjunto de las instituciones estatales.

Esgrimir argumentos sobre las diferencias entre Estado y gobierno, solo para ocultar la responsabilidad de Chávez en la política de criminalización de las luchas obreras y populares, es una maniobra discursiva sin fundamento.