El día que se vencía el plazo que
le había otorgado la Asamblea
Nacional de gobernar por decreto,
Chávez anunció 26 nuevas leyes
Habilitantes que junto a las 66 que
ya había promulgado, completan
92 decretos durante un año y medio.
Hipócritamente la derecha ha
puesto el grito en el cielo, como
explicaremos más adelante. Pero
por más que se afirme desde el
gobierno que van contra los sectores
dominantes y por un supuesto
«socialismo del siglo XXI», un
análisis detallado expresa que se
tratan de medidas, que más allá de
algunas «concesiones» en el medio
(como la Ley de Régimen Prestacional
Habitacional en la que se
otorgaría el 100% del crédito para
el pago del inmueble, entre otras),
las consecuencias últimas de las
leyes más fundamentales serán
principalmente soportadas por la
clase obrera. De de éstas sobresalen,
la Ley para la Defensa de
las Personas en el Acceso para los
Bienes y Servicios, la Ley Orgánica
de la Administración Pública y la
Ley Orgánica de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana. Nos detendremos
en estas tres leyes en esta
primera parte, para ir abordando
las demás en otras entregas.

Una búsqueda de concentración
de poderes en un marco de debilidad
del gobierno

En su artículo 70, la Ley de la Administración
Pública destaca que
«La Presidenta o Presidente de la
República podrá designar autoridades
regionales, las cuales tendrán
por función la planificación,
ejecución, seguimiento y control
de las políticas, planes y proyectos
de ordenación y desarrollo del
territorio aprobados conforme a
la planificación centralizada, así
como, las demás atribuciones que
le sean fijadas de conformidad con
la ley, asignándoles los recursos
necesarios para el eficaz cumplimiento
de su objeto». Muchos
han emparentado esta ley con
uno de los tópicos de la reforma
constitucional que se refería a la
facultad del Presidente de designar
vicepresidentes como autoridades
regionales en distintas partes del
país. Sea similar o no, lo que es
real es que la concentración de
poderes está explícita en la nueva
Ley Habilitante. Chávez, a través
de esta nueva ley podrá interferir
de manera directa o gobernar por
encima en cuestiones que son
facultativas de los gobernadores y
alcaldes designando autoridades
con plenos poderes permitidos
desde el Ejecutivo central. Si todo
régimen presidencialista adopta
características bonapartistas, este
nuevo mecanismo los refuerza en
el marco sobre lo que vale preguntarse,
¿para qué Asamblea Nacional
con tantos poderes en la figura
presidencial? Esta nueva ley, como
las que explicaremos a seguir, es
una expresión de debilidad más
que de fortaleza del gobierno luego
de la derrota del 2 de diciembre, no
por la derecha, sino por defección
dentro de los propios trabajadores
que acompañan a Chávez pero
que no fueron a votar.

De cómo las leyes recaerán sobre
los trabajadores/as y el pueblo
pobre

Pero hay leyes que van directamente
contra el movimiento
obrero y popular, por más que
se lo quiera pintar que es contra
los sectores empresariales. Es el
caso de la Ley sobre el Acceso a
Bienes y Servicios, sobresalen los
artículos 139 y 147. En el 139 se
afirma que, «Quienes, conjunta
o separadamente, desarrollen o
lleven a cabo acciones, incurran
en omisiones, que impidan, de
manera directa o indirecta la producción,
fabricación, importación,
acopio, transporte, distribución
y comercialización de bienes declarados
de primera necesidad,
serán sancionados con prisión
de seis (6) a diez (10) años». Por
el hecho real de la especulación y
el acaparamiento, la propaganda
gubernamental intenta aparecer
esto como contra los empresarios
y especuladores, pero es solo una
parte del cuento, la realidad es que
esto es también un arma para el
cercenamiento directo al derecho
de huelga de los trabajadores y
trabajadores, conquistado con
sudor y sangre durante décadas de
luchas. Los trabajadores que pueden
llegar a parar una producción
y la distribución como medida
de fuerza contra la patronal para
reivindicar sus demandas son factibles
de ser sancionados con años
de cárcel. Quienes creen que esto
va fundamentalmente con la derecha
empresarial se equivocan de
cabo a rabo. Como ya hemos visto,
el gobierno viene dándole todas
las facilidades a los empresarios
para «incentivar la producción» y
autorizándoles constantes aumentos
y liberación de precios, y es de
esa manera que «logra» que deje de
haber acaparamiento. En cambio,
en los casos de Sidor, Sanitarios
Maracay, Baxilum, arremete con
la Guardia Nacional, y ahora, por
el elemental derecho de huelga
podrán ir a prisión como si fueran
delincuentes comunes.

En el artículo 147, se afirma que
«Serán aumentadas en el doble,
las penas establecidas para las
conductas tipificadas en el presente
Capitulo, cuando éstas tengan
por objeto la seguridad integral
de la nación, desestabilizar las
instituciones democráticas o
generar alarmas que amenacen
la paz social». Como se viene del
precedente del golpe y del paro
saboteo, el gobierno insiste en que
es para hacer frente a la derecha
desestabilizadora. Pero ¿qué se
entiende por «amenazar la paz
social»? Sabemos que contra la
«paz social» del orden dominante,
están también las acciones legítimas
de los trabajadores como las
protestas al estilo del Caracazo,
el trancazo de los trabajadores
de Aragua en solidaridad con los
obreros de Sanitarios Maracay, las
acciones de los campesinos pobres
y puebladas de los sectores populares,
e incluso acciones de los
pueblos originarios del país por la
protección de sus tierras. Los trabajadores
saben cómo combatir
a esa derecha, a la que en verdad
desde el gobierno se le ha venido
dando sobrevida.

La derecha venezolana solamente
ha sobresaltado en esta ley, cuando
afirma que «El Ejecutivo Nacional
podrá iniciar la expropiación
de los bienes pertenecientes a los
sujetos sometidos a la aplicación
de este Decreto con Rango, Valor
y Fuerza de Ley, sin que medie
para ello declaratoria previa de
utilidad pública e interés social
por parte de la Asamblea Nacional
» viéndole como un supuesto
ataque de la propiedad privada
de Chávez, cuestión que está lejos
el gobierno de realizar, pero son
un silencio absoluto de los otros
instrumentos de la ley pues ellos
han sabido bien utilizarlos durante
las protestas obreras y populares
cuando gobernaban.

De cómo se perfecciona el
accionar de las Fuerzas Armadas
en «conflictos internos»

Para todo este conjunto de Leyes,
se hace necesario también reforzar
el sector represivo. Dentro de las
funciones de la Fuerza Armada
Nacional, sobresalen aspectos
como que deberá «Contribuir
en preservar o restituir el orden
interno, frente a graves perturbaciones
sociales, previa decisión
del Presidente o Presidenta de la
República Bolivariana de Venezuela
y Comandante en Jefe de
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana;
«Organizar, planificar,
dirigir y controlar el Sistema de
Inteligencia Militar y Contrainteligencia
Militar de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana; «Participar
en las operaciones que se originen
como consecuencia de los estados
de excepción, que sean decretados
de conformidad con la Constitución
de la República Bolivariana
de Venezuela y la ley»; etc. Como
vemos, la Fuerza Armada, bajo la
facultad del Presidente, intervenir
en cualquier acción que pueda
desarrollar la clase obrera y el
pueblo, e incluso ser sometido a
un sistema de espionaje.

Pero más aún, en la creación de
las llamadas «milicias» como
componente militar, y que estará
bajo el control de Chávez, se
observa una interferencia directa
en las organizaciones como los
Consejos Comunales, ya que
dicha «Milicia» tendrá entre sus
funciones, por ejemplo, «Orientar,
coordinar y apoyar en las áreas
de su competencia a los Consejos
Comunales, a fin de coadyuvar en
el cumplimiento de las políticas
públicas»; «Contribuir y asesorar
en la conformación y consolidación
de los Comités de Defensa
Integral de los Consejos Comunales,
a fin de fortalecer la unidad
cívico-militar», «Recabar, procesar
y difundir la información de los
Consejos Comunales, instituciones
del sector público y privado,
necesaria para la elaboración de
los planes, programas, proyectos
de Desarrollo Integral de la Nación
y Movilización Nacional».
Vemos cómo una instancia militar,
instancia de la FFAA por demás,
que está directamente bajo el
control de Chávez, se inmiscuye
directamente en los asunto de los
órganos comunitarios y hasta los
estatales. Es más, con la cuestión
de hablar de «recabar y procesar
la información necesaria…», ¿no
es esto una mayor legitimación
y actuación abierta del tipo de
inteligencia policial?

Una conclusión necesaria de los
trabajadores y trabajadoras

Como vemos, de una simple
lectura de sus leyes fundamentales,
cuestiones que intentan
ser presentadas que irían contra
la derecha, y de una cierta «profundización
» de una supuesta
revolución que en casi diez años
no se ha visto por ningún lado;
estas leyes no ponen en primer
plano las demandas del conjunto
de los explotados y oprimidos, por
el contrario, significa el avance
en el terreno legal de una política
que busca evitar que los trabajadores
tengan una política propia
e independiente del Estado y su
«socialismo con empresarios».

Para los trabajadores y trabajadoras
no se trata del hecho de
que una ley es «regresiva» y otra
«progresiva». Por eso decimos que
cualquier «dirigente» de la clase
obrera que arma al gobierno burgués
con medios especiales para
un mayor control y que terminen
restringiendo derechos obreros,
es, precisamente, un traidor, porque
en último análisis, la agudización
de la lucha de clases obligará
a las burguesías de cualquier tipo
a llegar a un arreglo entre ellas
mismas, utilizando estas leyes
especiales contra el pueblo. Se
trata de que es la aplicación de un
conjunto de medidas mediante las
cuales el gobierno refuerza un orden
de dominio, donde cualquier
legislación restrictiva que exista
será lanzada contra los obreros
cuando lo consideren necesario.
Desde el punto de vista de los
trabajadores y trabajadoras no
podemos más que ser contrarios
a este conjunto de leyes que irán
en detrimento de los sectores
explotados.