A pesar de haber sido derrotada mediante una sangrienta represión que costó miles de muertos a las masas trabajadoras y pobres, la rebelión del 27 y 28 de febrero de 1989 fue una acción de masas tan contundente que va a significar un cambio histórico en la correlación de fuerzas entre el pueblo trabajador y pobre, por un lado, y la burguesía nacional y los imperialismos, por el otro; abriendo una nueva etapa en la lucha de clases en el país.

La rebelión social contra el paquete neoliberal

Esta histórica y contundente protesta contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez (CAP) y su “paquete” fondomonetarista, expresó la rabia y el hastío del pueblo contra la pobreza, el hambre y las precarias condiciones de vida a que estaba sometido, mientras la corrupción de los gobernantes era pública y notoria, en un país plagado de enormes desigualdades sociales. Fue una explosión de profundo malestar social de los de abajo con la vida que llevaban bajo un capitalismo dependiente en crisis que, para sostenerse, dejaba caer en picada el nivel de vida del pueblo y conducía a millones a la miseria.

El país padecía el enorme peso de la deuda externa y la crisis económica interna, y para cumplir con los pagos de la deuda Carlos Andrés iniciaba su segunda vez en el gobierno con la firma de ese mecanismo perverso de dominación imperialista que se extendió como una plaga por América Latina en los 80’s y 90’s: una “Carta de Intención” con el Fondo Monetario Internacional (FMI), comprometiéndose a medidas de ajuste a cambio de un préstamo –es decir, ¡más endeudamiento!–. De manera que el 16 de febrero, a pocos días de asumir la presidencia, anuncia el paquete de medidas pactado con el FMI: devaluación del bolívar (liberación del control de cambio), reducción del déficit fiscal, que implicaba aumento de las tarifas de los servicios públicos (agua, luz, teléfono y transporte), duplicación del precio de la gasolina, liberación de precios (a excepción de 18 rubros de la cesta básica), congelamiento de los cargos en la administración pública, liberación de las tasas de interés; acompañadas de algunos programas sociales que no compensaban en modo alguno el impacto del “paquete” neoliberal.

La especulación con los precios y el acaparamiento de productos de consumo popular exasperaban los ánimos, y el alza desmesurada del pasaje del transporte público detonó la mañana del lunes 27 la explosión de rabia del pueblo trabajador y pobre que se expresó en saqueos, barricadas, quema de vehículos, comercios y módulos policiales, choques con la policía y el ejército en Guarenas, Guatire, Caracas, y una decena más de las principales ciudades del país (La Guaira, Catia La Mar, Valencia, Mérida, San Cristóbal, Maracaibo, Barquisimeto, Puerto Ordaz, San Félix, Puerto La Cruz, Cumaná, San Juan de los Morros), llegando en Caracas a rebasar la represión policial y controlar partes de la ciudad hasta la mañana del 28.

Quienes desde muy tempranas horas viajan diariamente desde Guarenas a trabajar en Caracas, se vieron ese día conminados a pagar un aumento del pasaje incluso por encima del 30% aprobado por el gobierno, desatando la protesta que rápidamente se extendió, por razones similares, en La Guaira, contagiando rápidamente a Caracas y posteriormente al resto del país. El gobierno, por supuesto, descalificó y condenó las acciones: “Los asaltos y los saqueos, la quema de automóviles y autobuses, el atraco y la violencia no forman parte de las múltiples expresiones de una sociedad democrática y el gobierno no está dispuesto a tolerarlos”.

Sin embargo en la calle la apreciación era otra. Desde el derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez (enero del ’58) no se había visto tal sentimiento colectivo de irreverencia y seguridad en la justeza de ocupar las calles y desafiar en masa la represión estatal. Decenas de miles sintieron en las calles la posibilidad de poder desplegar toda la rabia acumulada con la situación de injusticias y padecimientos sociales, era el sentir legitimada cualquier acción “violenta” y “destructiva”.

“En la Intercomunal de Antímano, la turba invadió los depósitos y la fábrica de Pastas Ronco, mientras los propietarios observaban impotentes un robo que parecía no serlo” (El Nacional, 01/03/89). “No estoy arrepentida. Fue un saqueo honrado. En mi casa hay comida y cuatro bermudas, una franela, un par de zapatos y una correa para mí. ¿Lo volvería a hacer?, no sé” (El Diario de Caracas, 07/03/89)[1].

La prensa burguesa reclamaba la existencia de organizaciones que encausaran el descontento:

“¿Dónde están los sindicatos que organizadamente defienden el salario de los trabajadores? ¿Dónde las organizaciones capaces de orientar a los consumidores en la lucha contra el costo de la vida? ¿Dónde los partidos políticos en condiciones de trazar líneas de acción coherentes y racionales a la ciudadanía acerca de la crisis política? Nada de eso existe. Luego, el caos no puede sorprendernos” (El Diario de Caracas, 02/03/89).

Esta queja que daba cuenta del gran vacío de mediaciones políticas e institucionales capaces de contener el malestar de los de abajo.

Como reconociera más adelante Rafael Caldera, en febrero de 1989 el pueblo enardecido “rompió la vitrina de exhibición de la democracia latinoamericana” que se supone era Venezuela, rompió estruendosamente esa fachada de la “democracia para ricos” (como definiera Lenin a la democracia burguesa) que imperaba en nuestro país.

Una rebelión defensiva con gran poder desestabilizador

El Caracazo no fue propiamente una insurrección, al carecer de objetivos de poder y dirección, sin embargo, fue una contundente rebelión popular, defensiva, ante el ataque en regla a las condiciones de vida de la clase obrera y el pueblo pobre, que constituyó una de las más contundentes expresiones de protesta obrera y popular que contra las políticas neoliberales se dieron desde finales de los 80’s en América Latina.

Podríamos decir, en todo caso, tomando la expresión de León Trotsky, que se trató de una “insurrección de fuerzas elementales”: “un movimiento de masas que, ligado por su hostilidad al antiguo régimen, no tiene perspectivas claras ni métodos de lucha elaborados, ni dirección que conduzca conscientemente a la victoria”[2]. En este sentido, la definición como rebelión o revuelta permite comprender los límites de esta gran explosión de malestar social. “El día que los cerros bajaron”, el “Caracazo” o “el sacudón”, entró así en la historia de las numerosas revueltas que los explotados, explotadas y pobres han protagonizado a lo largo de la historia ante situaciones inaguantables, acciones espontáneas, con alto nivel de violencia incluso, pero defensivas, por cuanto no tienen como objetivo reemplazar el orden existente sino mostrar, in extremis, la inconformidad con el mismo.

En nuestro caso, esta revuelta significó la apertura de un período de auge de la lucha de clases e inestabilidad política: fuerte movilización social, enfrentamiento entre los poderes del Estado, fractura en las Fuerzas Armadas, alta abstención electoral, fin del bipartidismo y desprestigio de las instituciones.

La izquierda reformista: del otro lado de la barricada

Los partidos de la izquierda reformista y parlamentaria estaban totalmente desligados de la calle. Ni el Movimiento Al Socialismo (MAS) ni La Causa Radical (LCR) eran parte del movimiento, tampoco tuvieron política para empalmar con él, muy al contrario, se ubicaron claramente del lado del “orden” y la “democracia” para ricos. La Causa R, con importante inserción y ascendencia en el movimiento obrero, así como con tribuna parlamentaria, declaró, en boca de su diputado y secretario general, Pablo Medina: “deploramos todos los sucesos ocurridos y ratifico el repudio a quienes protagonizan hechos de vandalismo y violencia en perjuicio de pequeños comerciantes y consumidores”. El MAS publicó un remitido en la prensa nacional abogando por un “programa de ajustes mas gradualista, equilibrado y equitativo”(¡!), al tiempo que decía “es necesario restablecer el orden político sin suspender las garantías. Es cierto que ha habido graves desbordamientos y se ha creado un clima de zozobra, inseguridad y miedo”[3].

¡Esta era la posición de los dos partidos más importantes de la izquierda, mientras miles acababan de morir a manos de la represión, estaba decretado el Estado de sitio, y continuaba la represión selectiva en los barrios y los cerros de Caracas! No solo demostraron una completa impotencia para enfrentar el paquete de medidas que había llevado a la rebelión de las masas, sino que, en el caso del MAS, tenía acuerdo con la política misma de hacer “ajustes” contra el pueblo –aunque de manera “gradual”–, y de conjunto, a pesar de tibias críticas, avalaron la represión desatada por el Estado de los capitalistas. Al extremo que Teodoro Petkoff, principal dirigente del MAS, declaró que “cuando el Presidente nos llamó para anunciarnos la suspensión de las garantías yo le dije que esa iba a ser la orden para un baño de sangre”[4], es decir, ¡sabían lo que se iba a desatar pero siguieron ubicados en la acera de los que abogaban por el “restablecimiento del orden”!

Estos partidos mostraron nítidamente su carácter completamente adaptado e integrado al régimen burgués, sin ninguna perspectiva para dar al traste de manera revolucionaria con el orden capitalista, limitando su política opositora a ganar cuotas de poder en el mismo sistema de dominio para acometer alguna que otra reforma parcial, o incluso para pasar ellos mismos a aplicar los planes capitalistas, como fue el caso del MAS apoyando luego a Rafael Caldera y brindándole dirigentes para su gobierno neoliberal.

El auge de luchas obreras, populares y estudiantiles tras la revuelta

Luego del Caracazo asistimos a un fuerte incremento de las luchas obreras y populares en el país, haciéndose cotidianas las movilizaciones de calle de diversos sectores de los trabajadores (maestros, obreros, empleados públicos, médicos, profesores, jubilados, etc.), estudiantes de liceos y universitarios, y sectores populares, sin que faltaran los enfrentamientos con las fuerzas represivas del Estado: sólo en el año ’91 se contaron 25 asesinatos estudiantiles a manos de la represión.

La burocracia sindical de la CTV decía: “Aún no nos hemos puesto de acuerdo en el tipo de respuesta, pero todos coincidimos en que hay que darla. De lo contrario seremos rebasados por los propios trabajadores”. Así, el 18 de mayo de aquel 1989, apenas mes y medio después de restituidas las “garantías constitucionales”, se declara el paro nacional, la central de trabajadores más importante del país, aliada de siempre del Estado y las políticas de la burguesía, garante durante décadas de la “paz laboral y social”, se vio obligada a llamar a un paro general de 24 horas, el primero en 31 años de puntofijismo.

El Universal, diario fundamental de la burguesía, entendía a la burocracia sindical:“El movimiento sindical está actuando con grandes signos de madurez y buscando en esta acción recuperar el liderazgo sobre las grandes mayorías trabajadoras del país. Su responsabilidad es muy grande, pues si no saben manejar debidamente la situación perderán definitivamente su liderazgo y el campo quedará despejado para la más perniciosa demagogia y la más disolvente anarquía”.

El paro no sirvió como válvula para descomprimir la rabia social acumulada. En el movimiento obrero se desarrollaban procesos antiburocráticos que minaban el control de la burocracia cetevista, o directamente la desplazaban –algunos procesos venían de antes del ’89, como en el sector siderúrgico, donde en el ’87 habían sido desplazados los burócratas de la CTV que mantenían intervenido el sindicato. Estas tendencias, aunque incipientes, daban cuenta de cómo se expresaba también la crisis del régimen en el seno de los asalariados, que buscaban caminos para sacarse de encima la losa burocrática y avanzar en la construcción de organismos eficaces para la lucha por sus reivindicaciones, es decir, para enfrentar los planes de la burguesía y el imperialismo a través de los métodos de la democracia obrera.

La crisis terminal del “Pacto de Punto Fijo”: golpes, juicio y caída de CAP, fin del bipartidismo

El Caracazo marcó el inicio de la desintegración del régimen puntofijista. A la embarazosa situación en que se encontraba la burocracia de la CTV, pata sindical del régimen, vino a sumarse la crisis al interior de las FF.AA.: fracciones de esta institución represiva, pilar del orden capitalista, rompieron el “consenso” del que venía gozando durante décadas la “democracia” del Pacto de Punto Fijo, lanzándose al golpe de Estado con el objetivo de producir por esa vía un cambio de gobierno (o de régimen). Son los golpes de Estado fallidos del 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992 –¡dos golpes de Estado en menos de un año!–.

El 4-F y el 2-N no obedecieron a una misma dirección –ni política ni organizativa– sino a movimientos distintos, con signos ideológicos diversos incluso al interior de cada uno, mostrando que la rebelión del ’89 y la gran crisis social y política que le siguió impactaban a tal punto que distintas corrientes ideológicas se movían conspirando al interior de las FFAA.

Al año siguiente, por primera vez en la historia democrática del país un presidente en ejercicio era enjuiciado, destituido y encarcelado: en las calles el “¡Fuera CAP!” era una constante, así que un sector de la clase dominante y sus partidos decidieron sacrificarlo, sacándolo de escena en mayo del ’93, por vía institucional y por los cargos de “corrupción”, antes que fuera sacado desde abajo mediante las movilizaciones o por un nuevo golpe militar.

Hacia las elecciones de finales del ‘93, la crisis del bipartidismo se expresó en las fuertes disputas internas entre sus corrientes y divisiones, que darán un salto cuando Caldera, experimentado político burgués y padre del puntofijismo, deja en el camino a COPEI y funda Convergencia, ganando las elecciones con una coalición heterogénea –“el chiripero”– que iba desde la centro-derecha a la izquierda reformista y stalinista del MAS y el PCV, respectivamente.

Por primera vez en más de tres décadas de “democracia” en el país, AD o COPEI no ganaban la presidencia y no obtenían cada uno ni una cuarta parte del total de votos nacionales. A lo que hay que agregar las denuncias de fraude –no sin fundamento– por parte de la candidatura de Andrés Velásquez, de La Causa Radical (LCR), con importante inserción y ascendencia en el movimiento obrero y popular: quedó como incógnita histórica si realmente no fue Velásquez quien ganó las elecciones. En todo caso, el bipartidismo, mecanismo clave de décadas de puntofijismo, estaba muerto.

Se abrió una nueva etapa

Era un hecho que la burguesía no podía seguir gobernando con el mismo personal político y los mismos partidos con que había venido gobernando desde el ’58. Tampoco podía seguir gobernando de la misma manera que en las décadas precedentes. El chavismo, el nuevo régimen que sucederá al puntofijismo, no puede explicarse sin las jornadas de febrero del ’89 –y sin el enorme vacío de referencia por izquierda que había en el país.

Estos dos días en que la rabia popular se adueñó de las calles, cuya osadía debió pagar con 300 muertos según el saldo oficial, 3.000 según las organizaciones de derechos humanos, en que los tanques y fusiles del ejército ocuparon las calles, entradas de los barrios pobres e incluso las casas, demostraron claramente la falsedad de la convivencia pacífica entre explotadores y explotados, la idea de la colaboración de clases… una idea que, sin embargo, sostendrá luego Chávez en nombre de la “revolución bolivariana”.

Desde estas jornadas el pueblo salió a las calles con fuerza y hasta el sol de hoy, a pesar de los altibajos, no ha recibido ninguna derrota histórica, aunque la actual crisis profunda del chavismo como régimen de dominio puede hacer cambiar esta situación.

Notas

* Este artículo es una versión resumida del primer capítulo de las Tesis Programáticas que sirvieron de base para la fundación de la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS) en mayo de 2007.

[4] Idem.