Es intrínseco a los entramados del poder del Estado en cualquier país, tanto de los que ocupan su turno en la administración del mismo como de los que fungen como oposición: la Cámara de Diputados, como una de las instancias de este poder del Estado, es el lugar donde se encubren los chanchullos del poder y donde la impunidad es reinante por doquier. Así, amparados en sus mismas leyes, dos casos simbólicos de violadores de los derechos humanos como Roger Cordero Lara y José Sánchez, alias “Mazuco”, son propuestos como candidatos y electos a la Asamblea Nacional como mecanismos para evadir sus crímenes, aparándose en la inmunidad que les da el Estado como parlamentarios.

Roger Cordero Lara, uno de los autores materiales confesos y conocidos de la masacre de Cantaura durante el gobierno de Luis Herrera Campins en 1982, lanzado en Guárico por el PSUV, y José Sánchez, alias “Mazuco”, lanzado por la oposición agrupada en la MUD por Zulia, acusado de asesinato y extorsión mientras ejercía el cargo Secretario de Defensa y Seguridad Ciudadana de la Gobernación del estado durante el gobierno de Manuel Rosales, constituyen los casos más emblemáticos.

Sobre Cordero Lara, quien pilotó uno de los aviones Camberra que bombardeó el campamento del Frente Américo Silva en Cantaura –donde no hubo sobrevivientes y decenas tenían tiros de gracia–, las denuncias han venido solamente de algunos organismos de derechos humanos y pocas organizaciones de la izquierda, pues los responsables de los asesinatos se encuentran tanto en el gobierno como en la MUD. Destapar la olla supondría autoimplicarse, justamente porque en el país jamás se han juzgado los crímenes y desapariciones de trabajadores, campesinos, estudiantes y del pueblo de los años 60, 70 y 80. Incluso desde el propio gobierno se llegó a justificar la participación de Cordero Lara bajo la tesis de la obediencia debida: “A un piloto lo mandan a un objetivo determinado” afirmó vergonzosamente el vicepresidente Elías Jaua. Por otro lado, a Mazuco siempre se le ha vinculado en el Zulia a diversos delitos, entre los cuales destacan el dirigir el robo y hurto de vehículos, el secuestro, la extorsión y el asesinato, y llevaba tres años en la prisión bajo estas acusaciones, siendo uno de los acólitos principales de Manuel Rosales, ahora evadido y radicado en Perú.

Venezuela, es el país donde los violadores de derechos humanos de los años 60, 70 y 80, se mantienen impunes e incluso muchos responsables continúan en la vida activa, donde el caso de Cordero Lara es sólo un ejemplo, algunos apenas investigados por la justicia militar con el objetivo de preservar su impunidad y exculpar a sus responsables. La impunidad es reinante en el país.

Así, mientras el Cacique Sabino Romero, Alexander Fernández y Olegario Romero de la comunidad yukpa de la Sierra de Perijá, permanecen injusta e ilegalmente presos, el compañero obrero Rubén González, Secretario General de Ferrominera Orinoco, permanece preso por el "delito" de acompañar a los ferromineros en la huelga; más dos mil trabajadores tienen procesos en la justicia por encabezar una lucha; varios obreros han sido asesinados tanto por el sicariato patronal, amparado en la impunidad gubernamental, como de los compañeros obreros Richard Gallardo, Luis Hernández y Carlos Requena, como por represión policial, como los compañeros de la Mitsubishi, Javier Marcano y Pedro Suárez; y así llevamos más de doscientos campesinos asesinados por orden de terratenientes y por la propia Guardia Nacional. Mientras personajes como Cordero Lara y “Mazuco”, adeptos del poder, viven en la total impunidad.

Este es el verdadero rostro de la Venezuela de ayer y de hoy, donde los impunes se liberan en la Asamblea Nacional por sus embestiduras, y son estos mismos, quienes hacen leyes que no sólo condenan a millones a la miseria sino que también, con esas mismas leyes, terminan encarcelando a los luchadores obreros y populares cuando se rebelan por los derechos más elementales.