El pasado 10 de diciembre, en un acto realizado por la nueva Central Bolivariana de Trabajadores Socialista en el estado Vargas, el presidente Chávez anuncio la redacción de una nueva Ley Orgánica del Trabajo (LOT) a ser aprobada en el marco de la Ley Habilitante el próximo 1ro de Mayo. En ese acto Chávez afirmó que “la última Ley Orgánica del Trabajo fue una imposición del Fondo Monetario Internacional”. A buen entendedor, pocas palabras bastan: durante 13 años que llevamos en una supuesta “revolución” y bajo un gobierno que se dice “obrerista” los trabajadores y trabajadoras hemos estado siendo regimentados por una ley del FMI en “pleno socialismo del siglo XXI”. Y esto no porque alguna oposición le haya bloqueado alguna propuesta distinta en la Asamblea Nacional, pues durante más de cinco años ha gobernado con absoluta mayoría en el Parlamento.

Una nueva ley que regirá las normas de explotación del capital sobre el trabajo

Es importante resaltar, que durante los 13 años que tiene Chávez de presidente se le ha sido difícil tener un control mayor sobre la clase obrera venezolana, como lo ha hecho con los otros sectores oprimidos por la burguesía: los campesinos y los pobres urbanos. La clase obrera, unos años más que otros, ha salido a la calle para luchar por sus reivindicaciones, generando experiencias importante como el control obrero y gestión directa en Sanitarios Maracay, el triunfo de los obreros de SIDOR obligando al gobierno a nacionalizarla, entre otras luchas emblemáticas. Justamente ha sido por esto que, cuando no ha podido controlar sus luchas, no ha tenido ningún problema en buscar escarmentar, represión directa de por medio, como fue el caso de los obreros de la Mitsubishi, donde la policía de Anzoátegui, en pleno día, mediante represión abierta, asesinó a dos obreros en frente de la empresa; o dejando correr el sicariato patronal como se observó con el asesinato de los dirigentes obreros de Aragua y otras partes del país. Nosotros hemos dicho que el declive político que viene sufriendo el proyecto político de Chávez luego de más de una década de gobierno es producto del descontento que comienza a expresarse por las demandas fundamentales incumplidas frente a las masas y que ha llevado al agotamiento político del gobierno. Es que su proyecto de “socialismo con empresarios” sigue generando una conflictividad con la clase trabajadora. Mientras el gobierno garantice a los empresarios ganancias "sin especulación”, como lo ha declarado muchas veces, nos seguirán explotando y oprimiendo.

Desde el gobierno se prepara una nueva Ley que absolutamente nadie conoce, más allá de vagas afirmaciones generales de supuestos “beneficios”, pero cuando se sabe que existen todo un entramado de leyes que cercenan los derechos laborales, entre ellos el derecho de huelga y dentro de la nueva ley Antiterrorista cualquier acción obrera puede ser catalogada como “terrorismo”. Una ley que apenas la conoce una convocada “comisión presidencial” que se ha encargado de prepararla para que Chávez la sancione mediante un decreto-ley. El PSUV, la burocracia sindical ligada al chavismo y las instancias del Estado han lanzado una campaña de recolección de firmas para respaldar una ley completamente desconocida. Si ya de una ley que rige las relaciones obrero-patronales no mucha cosa buena pueden esperar los trabajadores, peor aún cuando esta se realiza a puertas cerradas por un grupo de funcionarios y burócratas que anteponen siempre los intereses del gobierno a los de los trabajadores. Un gobierno que se llena la boca hablando de “parlamentarismo de calle”, cae al desnudo cuando justamente el tema en discusión es una de las normas que rige un sistema jurídico laboral que afectará a millones de trabajadores y trabajadoras, ya que, más allá de la verborragia “socialista” del gobierno, la nueva ley del trabajo se encargará de dar "seguridad jurídica" a las normas de explotación del capital sobre el trabajo.

Es por esto que la nueva ley que ahora discute el gobierno y que sancionaría mediante un decreto, tiene una cuestión clave en común con la vieja ley: ambas articulan y regimentan las relaciones de explotación obrero-patronales. Esto no es de extrañar, ya que en el marco de su proyecto político de desarrollo de la burguesía nacional y “socialismo con empresarios” cualquier Ley del Trabajo que pueda promover y aprobar así le coloque el apellido “socialista” o “revolucionaria” es para seguir garantizando el entramado jurídico de la explotación del trabajo, porque parte de reconocer y respetar el "derecho" a la propiedad privada capitalista, es decir, el derecho a explotar y enriquecerse con el trabajo ajeno. No es una ley para transitar hacia la abolición de la explotación capitalista, sino solo para organizarla, tal como la ley vigente hoy.

Una “comisión presidencial” a la justa medida del “socialismo con empresarios”

La misma semana de anunciar la redacción de la nueva LOT, Chávez designó –¡a dedo, por supuesto!–una comisión que se encargaría de presentársela a él como líder supremo, compuesta solo por funcionarios de gobierno, burócratas sindicales gobierneros y empresarios chavistas. A la cabeza de dicha comisión están nada menos que el vicepresidente político, Nicolás Maduro (ex burócrata sindical del Metro de Caracas y uno de los responsable de que el gobierno impusiera su voluntad contra los trabajadores desconociendo un contrato colectivo ya aprobado) la ministra de Trabajo y la Seguridad Social, María Cristina Iglesias (ficha importante del presidente para desarticular o aplastar luchas obreras incómodas para el gobierno) y el ya fallecido ex-Procurador General de la Nación, Carlos Escarrá (quien siendo diputado obró para derrotar la gestión obrera de Sanitarios Maracay, impulsando un sindicato patronal y progobierno para complacer al empresario).

En “representación” de los trabajadores están nada menos que Will Rangel (presidente del sindicato de PDVSA y también es presidente de la Central Bolivariana de Trabajadores Socialistas), Carlos López coordinador de la Central (ficha clave de la actual ministra del trabajo), y Orlando Castillo, del Frente de Trabajadores Socialistas. Los diputados Oswaldo Vera, Francisco Torrealba (burócratas sindicales que durante los más de 7 años que tienen como diputados son responsables de que se siga teniendo la misma LOT que “fue impuesta por el FMI"). Acompañándolos el dirigente campesino Braulio Álvarez, del disciplinado frente Ezequiel Zamora con Chávez.

Representando al Poder Judicial, están los magistrados Omar Mora (ex presidente del TSJ) y Juan Rafael Perdomo (integrante de la comisión que reformó la LOT en 1990 y ex asesor de la CUTV), personajes con “salarios” de prevendas que superan los 15 mil bolívares fuertes y con cesta ticket por 10 mil BsF., y que son patronos-estatales de todos los trabajadores judiciales que desde el 2007 no aceptan discutir el contrato colectivo de los trabajadores del TSJ. El sector empresarial también formará parte de esta gran comisión presidencial, a través del presidente de la Federación de Industrias de Venezuela (Fedeindustrías) Miguel Pérez Abad.

Para acabar con el flagelo que nos impone el capitalismo, avancemos en la organización y autodeterminación para imponer nuestros derechos

No habrá ley del trabajo posible que no parta de dar respuesta a nuestras necesidades históricas y más profundas, mucho menos que su elaboración y aprobación no esté determinada en discusiones amplias y democráticas entre las bases obreras, y sin ningún tipo de injerencia de empresarios, sectores patronales, gobierno, ni juristas y profesionales al servicio de la burguesía. De nuestra parte consideramos que ninguna ley que entre sus articulados no tome como base la escala móvil de salarios y escala móvil de horas de trabajo, barrer con el trabajo precario, la tercerización, la informalidad, el flagelo de la desocupación, la total independencia de las organizaciones obreras, al mismo tiempo el control obrero sobre la producción, la nacionalización y expropiación de importantes sectores claves de la economía, la industrias, la banca, bajo administración de los trabajadores, pudiera favorecer a los sectores explotados por el capital. Pero una ley con estas características jamás la aceptarían, mucho menos las cumpliría el poder burgués, no la aceptarían ni Chávez y su PSUV ni el bloque de oposición de la MUD que se opone por derecha al gobierno, porque sería contraria a sus intereses de clase. Por eso para imponerla solo será posible mediante la movilización combativa y con independencia de cualquier de los bandos políticos que pretenden mantener la explotación de nuestra clase. En este sentido creemos que para nosotros- la clase obrera- es necesario avanzar en dar pasos que apunten hacia la independencia política de los trabajadores y el conjunto de los explotados y trabajar para asentar organizaciones de democracia obrera directa y autodeterminación para luchar por nuestras demandas fundamentales.