Campeando la sorpresiva y fuerte lluvia de la tarde del pasado jueves 15 de abril, se llevó a cabo el foro-debate pautado para discutir sobre el proceso de criminalización de las luchas obreras y populares en la Venezuela de hoy. Alrededor de 50 personas se dieron cita en la Sala “Simón Sáez Mérida” de la escuela de Sociología de la Universidad Central, junto a Lusbi Portillo, de Sociedad Homo et Natura, acompañante de la lucha del pueblo Yukpa, y Ángel Arias, egresado de Sociología y militante de la LTS, expulsado en 2001 por las autoridades universitarias. Por motivos ajenos a su voluntad, no pudo asistir el compañero Cruz Hernández, delegado de base de los trabajadores de SIDOR y con expediente abierto en los tribunales por luchar contra la explotación empresarial.

Una verdadera política de Estado contra las luchas obreras y populares

Abrió el compañero Ángel Arias exponiendo cómo el gobierno de Chávez, a la cabeza del Estado burgués, se ha venido dotando de un conjunto de reformas a leyes ya existente o creación de nuevas que han configurado todo un entramado legal para criminalizar las legítimas luchas de los explotados y empobrecidos del país. Bien aumentando las penalizaciones y años de cárcel ya establecidos en las leyes de los tiempos del puntofijismo, o bien creando leyes nuevas que tipifican como delitos las movilizaciones o huelgas, el gobierno viene queriendo así maniatar la iniciativa de lucha, sobre todo de la clase obrera, aunque golpea de conjunto sobre todos los sectores explotados y empobrecidos.
Como consecuencia de eso, se recordó que más de 2.000 personas se encuentran con distintos grados de criminalización: expedientes judiciales abiertos, regímenes de presentación ante los tribunales, juicios en curso, o directamente encarcelados. La mayoría de estas personas la constituyen trabajadores/as, campesinos, habitantes de los barrios o indígenas, que han tenido eso como respuesta a sus luchas por salarios, contratos colectivos, contra los despidos, por servicios públicos, vivienda, tierras y territorio.

Una política de clase, que comparten tanto el gobierno como la oposición

Quedó claro que en una sociedad capitalista como la nuestra –más allá de la demagogia del gobierno sobre la “revolución” y el “socialismo”, y de las estupideces de la oposición sobre el “castro-comunismo”-, todo este conjunto de medidas de criminalización de las luchas y represión están al servicio de defender los intereses de los explotadores y poderosos, así como el “orden social” de explotación y miseria. Por esto son compartidas plenamente por la oposición burguesa, que solo se queja cuando alguna medida afecta algún interés empresarial en particular o sus propias posibilidades de disputarle el mando político a Chávez, pero que celebra que se intente “disciplinar” las luchas obreras y populares. Por eso en los estados y municipios donde gobierno aplica exactamente las mismas políticas de coacción y represión que el gobierno central, así como jamás se la ve armando alboroto por los asesinatos de obreros a manos de sicarios pagados por las empresas o de los propios cuerpos de seguridad del Estado, ni por los asesinatos de campesinos sin tierra a manos de los terratenientes, en complicidad con las FF.AA.

Los ganaderos, las transnacionales y el gobierno contra el pueblo Yukpa

El compañero Lusbi Portillo hizo una completa y extensa exposición sobre los orígenes del actual conflicto que mantenía en prisión al cacique Yukpa Sabino Romero –una jueza ordenó hace semanas la suspensión del juicio, pero no ha cambiado en nada la situación (ver en este mismo periódico entrevista a Lusbi Portillo al respecto)-, y sobre las vicisitudes que han debido pasar los miembros del pueblo Yukpa del Zulia en la lucha por sus tierras. Todo un entramado de intereses entre ganaderos, capitales mineros transnacionales e instituciones del Estado, ha puesto en jaque el derecho al territorio de las comunidades de estos pueblos originarios, dejando las mejores tierras para los ganaderos o la minería, e introduciendo mecanismo de clientelismo y compra de líderes, para azuzar la división y enfrentamiento entre las comunidades indígenas. La propia Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el ejército han actuado directamente contra los Yukpa, incluso secuestrando al cacique Sabino y llevándolo preso arbitrariamente a instalaciones militares.

Fue muy relevante la conclusión de que para que realmente los pueblos originarios en lucha pudieran tener su tierra, habría que arrancárselas a las transnacionales y a los ganaderos, y que la lucha indígena habría de confluir también con la lucha de las clase obrera, para enfrentar a los enemigos comunes, los empresarios, nacionales o extranjeros, y los gobiernos que resguardan sus intereses.

Una estrategia para unir a la clase trabajadora y luchar por la independencia de clase

Este cuadro –se dijo-, hace necesaria una verdadera política de clase por parte de los trabajadores y trabajadoras, que permita la irrupción en la escena nacional de la fuerza de los explotados, con plena independencia de los bandos burgueses en pugna, de las dos caras de la coacción y represión contra las luchas obreras y populares. El compañero Ángel Arias, a nombre de la LTS, planteó la crítica a quienes plantean hacer frente a las políticas económicas y represivas del gobierno aliándose con burócratas sindicales neoliberales y políticos de la oposición burguesa, callando por completa el papel de los mismos de sotén de gobierno archi-represivos como el de Caldera, como golpistas cuando el intento de dictadura empresarial de Carmona, o defensores de la propiedad privada de los empresarios y terratenientes que pagan sicarios para asesinar obreros y campesinos. El único camino que puede llevar a una consecuente luchar por las demandas de los trabajadores y la defensa de sus libertades democráticas y sindicales, es la mayor unidad desde las bases y sectores en luchas, bregando por encuentros de trabajadores por zona, por rama de industria, por estado y nacionalmente, para soldar la solidaridad concreta, discutir y votar planes de movilización y lucha comunes, sin ataduras ni confianzas en ningún burócrata o político “revolucionario” del gobierno, pero tampoco en ningún neoliberal o golpista reciclado.