El pasado 10 de julio, un comunicado público emitido por la Conferencia Episcopal Venezolana colocó nuevamente en el tapete la discusión sobre el aborto y la diversidad sexual. Hasta ese momento, las movilizaciones y pronunciamientos de grupos feministas y sexodiversos para exigir la legalización del aborto y de las uniones entre parejas del mismo sexo, no bastaron para generar respuesta alguna por parte del gobierno y de instituciones del Estado como el Ministerio del Poder Popular para Asuntos de la Mujer (presidido por María León) y la Asamblea Nacional (presidida por Cilia Flores).

En defensa de los valores más conservadores y en nombre de principios completamente cargados de oscurantismo, irracionalidad, machismo y homofobia, la CEV manifestó su total repudio ante el reconocimiento que el “Proyecto Legislativo de Igualdad y Equidad de Género” aparentemente otorga a algunos derechos fundamentales para mujeres y personas no heterosexuales, como por ejemplo el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y a la unión civil de personas del mismo sexo.

Casi de inmediato, las diputadas Cilia Flores (presidenta de la AN) y Marelis Pérez desmintieron las denuncias del comunicado de la CEV, asegurando que en el Proyecto de Ley “no existe nada que autorice el aborto o las uniones homosexuales”, y mostrando una vez más lo falaz de su retórica “revolucionaria”. Mientras tanto, el silencio de la ministra de la mujer María León sigue manifiesto, haciéndose cómplice de esta política que condena a las mujeres de las clases trabajadoras a morir por abortos inseguros, y a lesbianas, homosexuales, bisexuales, travestis, transexuales, transgéneros, a seguir discriminados y marginados de derechos civiles fundamentales.

Frente a esto, nosotros/as, como parte de la Plataforma de Mujeres por la Legalización del Aborto, publicamos íntegramente el Comunicado Público que el 15 de julio pasado emitiera como parte de la Campaña por la Legalización del Aborto y en repudio a las declaraciones de la CEV, que reproducimos a continuación.

PLATAFORMA DE MUJERES POR LA LEGALIZACION DEL ABORTO

Comunicado público

A propósito del reciente comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana, en el cual expresa su profunda preocupación ante la “posibilidad” de que en el marco de la Ley de Igualdad y Equidad de Género, se abra la discusión y posible aprobación de la despenalización del aborto; y en vista de que la respuesta de la Asamblea Nacional fue tan reaccionaria como la queja episcopal, nosotras, mujeres revolucionarias, levantamos indignadas nuestra voz frente a la sistemática indiferencia por parte de distintos sectores de la sociedad, las iglesias católica y evangélica y del Estado, hacia las miles de muertes de las mujeres pobres de nuestro país, año a año, producto de prácticas abortivas inseguras, muertes estas que parecen no indignar a quienes tanto se rajan las vestiduras en defensa de “la vida”.
¿Por qué dentro de un gobierno que se profesa socialista se eluden, evitan y postergan discusiones fundamentales en defensa de los derechos sexuales y reproductivos, como por ejemplo el derecho a la unión civil entre personas del mismo sexo y el derecho que tiene toda mujer a decidir sobre su propio cuerpo, su propio proyecto, eligiendo en el momento en que ella lo consienta a interrumpir un embarazo no deseado en condiciones seguras, gratuitas y legales?
En un Estado laico la opción religiosa es un asunto de carácter personal. El que nuestra Constitución garantice la libertad de cultos no quiere decir que los valores que sostenga una religión en particular se erijan como los valores “universales de la humanidad”, muy por el contrario, coloca en el mismo rango de expresión y de derechos a todas y cada una de las creencias que las/los individuos asuman.

Es desde todo punto de vista inaceptable que las iglesias católica y cristiana evangélica pretendan imponerse y tener injerencia sobre debates que atañen al ámbito público y sobre los cuales la Asamblea Nacional está obligada a legislar, sin adherirse a los dictámenes de una religión en particular.

Por su carácter laico, el Estado debe garantizar el derecho que nosotras las mujeres tenemos de decidir cuándo queremos ser o no ser madres como una decisión soberana y libre, y brindar todos los mecanismos para que podamos gozar de una sexualidad responsable y libre, lo que implica implantar una ofensiva política de salud reproductiva que lo garantice. Legalizar el aborto no implica que su práctica se convierta en un acto compulsivo ni que sus índices aumenten; tampoco supone que se le imponga a mujeres que no compartan esta como una opción. Por el contrario, el que se penalice el aborto no reduce en lo más mínimo su práctica, más bien, expone las vidas de mujeres que por diversas causas se ven en la necesidad de interrumpir un embarazo aún en condiciones inseguras.

El aborto es un hecho cotidiano. En Venezuela se aborta con ley y sin ella, con pronunciamientos, peticiones de prohibición y silencio de la Asamblea Nacional. No es un artículo legal ni un pronunciamiento episcopal lo que va a impedir lo que ya es una práctica cotidiana. El aborto no lo inventan los/as legisladores/as ni los/as médicos/as, ni los pronunciamientos inquisidores de las iglesias.

La prohibición y el oscurantismo que las religiones pretenden imprimir sobre la alternativa de interrumpir o no el embarazo, solo produce muertes por abortos en condiciones de precariedad, muertes de mujeres desangradas, anestesiadas, y en el mejor de los casos, a hospitalizaciones por infección, hemorragia, esterilidad y perforación uterina. Nadie sufre más esta situación que las mismas mujeres, sobre todo las mujeres campesinas, trabajadoras y de los sectores populares. Mientras el derecho a un aborto seguro está garantizado de hecho para las mujeres de las clases medias y altas, que pueden pagar entre 3.500 y 5.000 BF por ello, las mujeres de los sectores populares tienen que recurrir a prácticas completamente inseguras que ponen en riesgo hasta su propia vida. En nuestro país, alrededor de 100 mujeres mueren al año por practicarse un aborto en condiciones de riesgo, todas ellas provenientes de sectores populares. Por eso afirmamos que, mientras las ricas abortan, las pobres mueren.

Aun cuando el aborto en nuestro país está penalizado, los índices de su práctica son diez veces más elevados (aproximadamente un aborto inducido por cada cuatro embarazos) que en cualquier país de Europa del Oeste, donde el aborto no es considerado un delito.

En todas las revoluciones socialistas surgidas en la historia, el aborto se ha convertido en un derecho fundamental de las mujeres en pro de su emancipación y en pro de la construcción de una sociedad justa y sin oprimidos/as. Fue la Unión Soviética el primer país del mundo en garantizar este derecho, y sin ir muy lejos, en Cuba el aborto fue legalizado en 1965, una vez declarado el carácter socialista de la revolución. Y si no queremos hablar de las experiencias socialistas, en los países llamados “desarrollados” o “del primer mundo”, el aborto es considerado un derecho y por lo tanto se brindan las condiciones para que su práctica se desarrolle en condiciones seguras que no arriesguen la vida de la mujer.
¿Si la penalización del aborto no reduce su práctica, entonces a quién beneficia?
¿Quién es responsable de las centenas de muertes de mujeres por abortos mal practicados que son producto de la penalización que tanto defiende la Iglesia?
Hay un circuito importante de la sociedad que se lucra de la práctica del aborto clandestino. Por otro lado, hay un alto porcentaje de mujeres que deben asumir un embarazo no deseado, y por tanto, una maternidad forzada e impuesta. No es casual que de ese porcentaje, el mayor índice corresponda a mujeres que vienen de los sectores populares.

Cuando las religiones dejen de promover un dios castigador, capaz de matar a quienes no le sean fieles; cuando la iglesia deje de reivindicar la fórmula inquisitoria para condenar seres humanos; cuando la iglesia deje de dar apoyo a las dictaduras y se retracte por ello; cuando se pronuncie y luche contra el golpe de Estado que hubo en el 2002 en Venezuela y el que se desarrolla ahora en Honduras; cuando alce su voz en contra de las detenciones, desapariciones, torturas y muertes de mujeres, transexuales, lesbianas, gays, feministas, campesinos/as, trabajadores/as y pueblo pobre que en Honduras han decidido arriesgar sus vidas en defensa de sus intereses y derechos democráticos legítimos; cuando la iglesia se pronuncie contra la pena de muerte; cuando todo ello ocurra, entonces podremos sentarnos a hablar con la iglesia sobre el derecho a la vida.

Cuando el Estado garantice en cada rincón del país una educación sexual real para todas las mujeres y varones (anticonceptivos gratuitos y educación sexual sin tabúes); cuando no sean sólo las mujeres las que asuman la maternidad, cuidado y crianza de las niñas y los niños; cuando las instancias de decisión del Estado asuman el debate con todos sus riesgos garantizando con ello el derecho al aborto legal y gratuito para todas las mujeres; entonces podremos sentarnos a hablar con el Estado sobre garantías al derecho a la vida.

!Por un país y una sociedad revolucionaria, socialista y feminista!

¡Aborto legal, seguro y gratuito para no morir!

Plataforma de Mujeres por la Legalización del Aborto
Miércoles 15 de julio de 2009