El compañero Rubén González, secretario general de Sintraferrominera, sindicato de los trabajadores de la estatal Ferrominera Orinoco, cumplió el pasado 24 de septiembre un año privado de su libertad por haber apoyado una huelga de los trabajadores de la empresa en defensa de su contrato colectivo. Rubén González es desde hace más de 27 años parte de la nómina de Ferrominera del Orinoco, filial de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG). No es posible que por realizar una huelga o luchar por defender los intereses de los trabajadores se encierren a compañeros que le han dedicado su vida a la justa causa obrera, y no podemos permitir que esto se transforme en una práctica común pues implica, como hemos venido planteando, que se criminalice a los trabajadores y trabajadoras por luchar. Pelear por la libertad de Rubén González significa entonces una gran causa obrera que debe ser levantada por todos los trabajadores y trabajadoras del país, como una bandera de lucha que se haga sentir en cada fábrica, en cada lugar de trabajo o de estudio.

La lucha por la cual el compañero Rubén González se encuentra detenido se remonta a los primeros días de julio del año pasado, cuando los trabajadores de Ferrominera se fueron a la huelga exigiendo la cancelación de retroactivos y otras deudas derivadas del contrato colectivo, además de la mejora de sus condiciones laborales. La huelga se extendió por 15 días por la no respuesta por parte de la gerencia de la empresa, en manos del Estado. El 26 de agosto se llegó a un acuerdo con la gerencia como parte de la finalización de la huelga, por lo cual se reactivaban las fichas de un grupo de trabajadores que habían quedado fuera de la empresa, así como no tomar represalias en contra de los trabajadores que habían ido al paro, evaluar el pago de los salarios caídos de quienes no laboraron durante los días de lucha y la cancelación de las reivindicaciones laborales. Rubén González estuvo al frente de la lucha.

Durante la huelga en la FMO, que paralizó las áreas de extracción de hierro, los trabajadores tuvieron que enfrentar no sólo a la empresa, sino a toda la corte de “sindicalistas” que responden al gobierno, incluyendo un ala del sindicato de la FMO, así como los diputados del PSUV y a la gobernación del estado. Luego de haber mostrado el papel de esquiroles que jugaron estos personajes y de haber logrado el reconocimiento de sus demandas por parte de la empresa, los trabajadores de la FMO levantaron la huelga, pero la empresa no sólo no honró sus compromisos, sino que incluso arremete con una arbitraria detención contra González y órdenes de aprehensión contra cinco trabajadores más, donde han participado la Fiscalía y el CICPC.

Es así que a casi un mes de levantada la medida de fuerza, el 24 de septiembre, Rubén González fue detenido en la sede de la Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), mientras rendía declaración como testigo en una investigación que se le seguía al ex alcalde del antiguo municipio Raúl Leoni, Gilberto Villarroel.
Inmediatamente lo trasladaron hasta los calabozos de la CICPC) donde permaneció durante tres días, tras lo cual se le dictó una medida cautelar de arresto domiciliario. Los cargos en su contra eran “instigación a delinquir”, “agavillamiento” y “violación de la zona de seguridad”, por la huelga en la Ferrominera. El 20 de enero del año en curso, sin que Rubén González hubiera incumplido con la sentencia de casa por cárcel, le fue revocada irregularmente la medida, siendo trasladado a la sede de Patrulleros del Caroní, sitio en el que permanece a la espera de una sentencia, en un juicio que ha sido diferido en varias oportunidades y recién inició formalmente este 04 de noviembre, juicio que puede extenderse a 16 sesiones y que si lo considera culpable lo podría sentenciar a penas entre 3 y 8 años de prisión.

Como declarara Rubén González al cumplirse un año de estar detenido: “Lo más importante de todo esto es que no dobleguemos nuestra posición que es defender los intereses de los trabajadores para lo cual fuimos electos. Aunque no se le quiera cumplir a los trabajadores, nosotros no podemos dar un paso atrás, sino seguir adelante en procura de que se cumpla lo que está establecido en las normas: las convenciones colectivas, la Ley Orgánica del Trabajo. Los trabajadores del país no están pidiendo que se les regale nada, sino que se le cumpla con la normativa laboral y con lo que es la higiene y seguridad en el trabajo, tanto el Inpsasel como Lopcymat… Como dirigentes sindicales tenemos que asumir el gran reto de dar un paso al frente y defender a la clase trabajadora. No fuimos electos ni para defender al patrón ni para defender a un partido político o un grupo en particular. Estamos aquí para defender a los trabajadores” [1].

Por eso la detención y juicio del compañero Rubén González no es sino parte de una escalada del gobierno nacional contra la libertad y autonomía sindical, orientada a criminalizar las protestas de los trabajadores. A más de un año de estar preso por luchar, esta retaliación a la causa obrera de un compañero trabajador detenido no se trata de “equivocaciones de funcionarios de bajo rango”, ni de “medidas aisladas”. Es una política bien pensada, ordenada por el propio Presidente de la República y ejecutada por sus ministros y por la Fiscalía, que busca escarmentar duramente a los trabajadores y trabajadoras que se le salgan de su encuadramiento y sus políticas.

Una buena parte de los trabajadores del país ha comenzado a salir de la lógica engañosa de “chavistas vs. escuálidos” a lo cual se quiere reducir toda la política nacional, y ha comenzado a luchar por sus demandas, contra la violación de sus contratos colectivos, contra la tercerización laboral y demás reivindicaciones obreras. Es que a los trabajadores luchando por sus propias demandas, con sus propios métodos de clase, como la huelga y el paro, le tienen pavor tanto los burócratas del gobierno, como los burgueses de la oposición. Por eso han diseñado y aprobado todo un conjunto de leyes que buscan penalizar la protesta de los trabajadores y el pueblo, tal como quieren hacer con Rubén González, a quien le imputan los delitos de “agavillamiento, daño patrimonial, lesiones y violación a las zonas de seguridad del Estado”. ¿A quién defiende el gobierno nacional con medidas como esta? ¡Por supuesto que a los capitalistas que superexplotan a los trabajadores, tanto en empresas privadas como públicas!

Desde la LTS, hacemos un llamado a los trabajadores y trabajadoras, a los y las estudiantes, a luchadores y luchadoras sociales a impulsar en cada lugar de trabajo o estudio Comités por la libertad de Rubén González. Es necesario transformar la lucha por la libertad de Rubén González en una gran causa obrera, pues se trata de la criminalización de uno de nuestra clase, preso por “asumir el reto de la defensa de la clase trabajadora”.

¡POR LA LIBERACIÓN INMEDIATA Y CESE A LA CAUSA PENAL CONTRA RUBÉN GONZÁLEZ!

¡FUERA LA GUARDIA NACIONAL Y EL EJÉRCITO DE LAS EMPRESAS!