Los últimos hechos de violencia en el movimiento obrero permiten observar una tendencia marcada de sectores políticos y sindicales del PSUV a utilizar la violencia patoteril y armada contra las luchas o corrientes de trabajadores que no se subordinen a los dictados de la explotación patronal estatal, mal llamada “revolucionaria” y “socialista”. Aún cuando no es una política extendida a nivel nacional, teniendo por ahora su lugar de ejecución clave en Guayana, son métodos que están inscriptos en la lógica de control del movimiento obrero que impulsa el gobierno de Chávez.

Los métodos adecos

Durante el puntofjismo, uno de los mecanismos de control del movimiento obrero por parte de Acción Democrática fue la coacción y represión de los dirigentes y corrientes de trabajadores combativas o de izquierda que no se subordinaran a las políticas del régimen. Se hicieron célebres “los cabilleros” y las “bandas armadas” de AD, patotas sindicales que a fuerza de violencia quebraban las medidas de lucha de los trabajadores (paros, movilizaciones, tomas), agredían a los dirigentes sindicales que encabezaban estas luchas, llegando incluso hasta el asesinato, como mecanismo de escarmiento a los trabajadores, como mecanismo patronal y estatal para que se mantuviera el status quo de la explotación en las fábricas y lugares de trabajo.

Con estos métodos –que por supuesto no eran los únicos- la burocracia sindical adeca, con sus patotas y bandas armadas, servía como agente directo de la represión patronal entre la clase trabajadora.

Cabilleros y bandas armadas… con franela roja

El gobierno nacional viene teniendo una fuerte política orientada a “disciplinar” y castigar las luchas más decididas de los trabajadores, orientada directa y públicamente por el propio Chávez. Esta política incluye desde los reiterados cuestionamientos, emplazamientos y amenazas públicas de Chávez a determinadas luchas y sectores de trabajadores, hasta el llamado directo a sus simpatizantes a combatir las medidas lucha, pasando por la armazón de un entramado legal que criminaliza las huelgas, paros, trancas de calles, ocupaciones de empresas, inmuebles y tierras. En esa lógica se inscriben algunos de estos hechos.

En mayo de este año, integrantes de Consejos Comunales, encabezados por un concejal chavista, fueron hasta los portones de Venalum a tratar de desbloquear por la fuerza la tranca que tenían los trabajadores como medida de lucha por sus derechos económicos y laborales. Por esos mismos días el secretario general del sindicato de Bauxilum, José Luis Morocoima, fue atacado a golpes y balazos en medio de una lucha de los trabajadores de la empresa, resultando ocho trabajadores heridos y Morocoima hospitalizado con herida de bala y un fuerte golpe en la cabeza. Tres días después, en la misma Bauxilum, los trabajadores que trancaban el portón fueron nuevamente atacados por una patota armada. En Carbonorca también fueron atacados los trabajadores por grupos de choque que intentaban así reventar la huelga que estos mantenían. En Alcasa, un grupo de Consejos Comunales, encabezados por el presidente de la empresa, Elio Sayago, bajo el argumento de “defensa de la empresa socialista” irrumpieron amedrentando a los obreros en huelga, generando una trifulca donde resultó herido el propio Sayago.

El hecho más reciente y contundente ha sido lo del pasado jueves 09 de junio, donde resultó muerto un trabajador de Ferrominera del Orinoco, producto de los disparos realizados por burócratas sindicales aupados por la gerencia de la empresa y el gobernador Rangel Gómez. Lo que sería una asamblea de trabajadores para escoger la Comisión Electoral para la elección de la nueva directiva sindical, terminó así por la acción del sector sindical afín al gobierno, que ve el peligro de perder el control del sindicato en las elecciones.

Es un hecho reconocido hasta por corrientes al interior del chavismo, que la mayoría de estos grupos actúan en coordinación y con la complicidad de la dirección regional de PSUV, de los directivos de las empresas y del propio gobernador de Bolívar. La principal corriente sindical del chavismo, la FBT (o FSBT) y su sector en Guayana llamado “Muralla Roja”, serían los responsables de buena parte de estas acciones.

Cuando falla la cooptación aparecen los métodos patoteros para aplastar las luchas obreras

El chavismo irrumpió en la escena nacional ante la crisis terminal del puntofijismo, que en su etapa neoliberal no tuvo más que ofrecer a las masas sino privatizaciones, desempleo, aumento de la pobreza y represión, en medio de un festival de corrupción en el Estado. El descalabro del puntofijismo no significó sin embargo la apertura de un proceso revolucionario en el que movimiento de masas, producto de la acción directa fuera imponiendo sus demandas y ganando en niveles de organización y correlación de fuerzas frente a las clases dominantes y el Estado. Esto, más la subordinación total ante Chávez de toda la izquierda y las direcciones del movimiento obrero, le facilitó a su gobierno mantener al movimiento de masas dentro de los límites de su proyecto de conciliación de clases, de continuación de lo fundamental del orden social de explotación, sin tener que recurrir a la represión directa, sino más bien contando con los trabajadores, campesinos y pueblo pobre para las movilizaciones demostrativas y controladas que organizaba el gobierno. Además Chávez contó también en un momento con una larga coyuntura económica favorable de altos precios petroleros, que le permitió desarrollar algunas políticas salariales y sociales (misiones) para hacer más llevadera la explotación y la pobreza de las mayorías.

Sin embargo, muchas de estas condiciones han cambiado en los últimos años, marcados por un importante despertar de las luchas de gran cantidad de sectores de trabajadores, sobre todo por el alto costo de la vida, la depresión del salario y el incumplimiento de derechos laborales. La respuesta del gobierno ante este nuevo escenario de su relación con estos sectores del movimiento de masas, ha sido la coacción y represión a las luchas que no puede controlar por otras vías. Es que por más que intenten engañar hablando hasta por los codos de “revolución” y de “socialismo”, el chavismo no está sino gestionando el capitalismo venezolano, que como todo sistema de explotación y opresión se sostiene sobre la represión cuando ya no funcionan el convencimiento ni la cooptación.

Patotas y bandas armadas para garantizar la dictadura patronal

Estas patotas sindicales y bandas armadas son la máxima expresión del papel detestable de esquiroles y traidores de la propia clase obrera que cumplen estos sectores de la burocracia, porque lo que está detrás de todo esto es garantizar las condiciones de la explotación de los trabajadores. Y esto no es exclusividad hoy del chavismo. En Argentina, el peronismo desarrolló a gran escala las patotas sindicales para reventar los conflictos de las bases obreras, tanto en el pasado como aún hoy, como se vio en octubre del año pasado, cuando una patota sindical, cuyo jefe guarda estrechas relaciones con el ministro de Trabajo de Cristina Fernández de Kirchner, baleó una protesta de trabajadores ferroviarios, asesinando a Mariano Ferreyra, joven estudiante y militante de izquierda que apoyaba a los trabajadores.

Lo peor es que en esta ocasión se hace en nombre de la “revolución” y en “socialismo”. Nada más lejos de la realidad, pues al contrario, la revolución es el levantamiento generalizado de los explotados contra el sistema de explotación, contra los patrones, las clases dominantes y el Estado, y el socialismo es la destrucción de las bases de la explotación para reorganizar las sociedad sobre bases nuevas, encabezado ese proceso con un poder político encabezado directamente por los propios trabajadores.

La clase trabajadora debe hacerle frente con contundencia a estos métodos patoteros y gansteriles, desarrollando mecanismos propios de autodefensa y sobre todo métodos de organización y lucha con base a la democracia obrera, al poder de las bases, que permita expulsar de las filas del movimiento obrero a estos nefastos agentes del capital y del gobierno.

Así mismo, estas circunstancias hacen más urgente la reflexión crítica de los y las militantes y activistas del movimiento obrero, estudiantil y juvenil, que se consideran revolucionarios y anticapitalistas, pero permanecen apoyando y bajo las banderas del gobierno que apadrina y lleva adelante esta política criminal contra la clase trabajadora.