La notoriedad pública –nacional e internacional- que logró la denuncia de las comisiones internas de Kraft y PepsiCo -junto al equipo de abogados del Partido de Trabajadores Socialistas –PTS- y varios organismos de derechos humanos que ejercen su defensa- le puso un primer límite político al ataque que las empresas y la justicia, basada en informes de espionaje, vienen realizando en la megacausa Panamericana contra los delegados antiburocráticos y militantes de la izquierda, en su mayoría de nuestro partido.

Al ocupar el centro de la atención nacional nuestra denuncia contra el espionaje del Proyecto X -una defensa elemental que ejercimos los luchadores obreros y el PTS-, se convirtió en un golpe a la credibilidad de la Gendarmería Nacional (fuerza de represión estatal) y le abrió una crisis política al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (CFK). Si se quiere, un salto en calidad en el desenmascaramiento del doble discurso oficial, que ya se viene produciendo con la seguidilla de hechos represivos y asesinatos, sobre todo desde el Parque Indoamericano. Porque para el kirchnerismo la Gendarmería no es una fuerza de seguridad más del Estado sino la especialmente cobijada por CFK y la Ministra de Seguridad, Nilda Garré. Luego del desplazamiento de Aníbal Fernández a los cuarteles de invierno del Senado, el gobierno trata a la Gendarmería como su fuerza militar propia, supuestamente menos manchada que las odiadas Fuerzas Armadas y las desprestigiadas policías.

El nuevo rol de la Gendarmería se debe, más en general, a un problema histórico: la crisis de las Fuerzas Armadas a la salida de la dictadura, inutilizadas en su poder de fuego por la condena masiva al genocidio y su desastrosa conducción en la guerra de Malvinas. Ya Menem lo hizo: quién no recuerda la preponderancia de la Gendarmería en los 90 y al ministro del Interior Carlos Corach explicar, una y otra vez, la actuación de la fuerza en los crímenes recurrentes ante los levantamientos de los trabajadores desocupados en las provincias. El ex presidente De la Rúa, tan apegado a la continuidad menemista, volvió a usarla contra la movilización de los trabajadores y el pueblo de Corrientes, apenas asumió, para agregar tres nuevos asesinatos de la Gendarmería Nacional.

Bajo la ministra preferida de Cristina, se intenta blanquear a la Gendarmería de este pasado sangriento y presentarla como una fuerza militar portadora de la política de la “Seguridad Democrática”, protocolo que, de todas formas, no fue firmado por varias delegaciones provinciales, entre ellas Neuquén, Córdoba, Jujuy, Corrientes, donde se dieron levantamientos reprimidos salvajemente en los 90. Con Garré, la Gendarmeria amplió sus poderes y facultades, cubriendo tareas en “contención del delito” y ocupando territorio de negocios de las policías. Este intento de blanqueo se hace tras el objetivo de presentar a la Gendarmería como supuestamente menos corrupta y más confiable, más subordinada al poder político y no al libre “autogobierno policial” de la Bonaerense de Scioli y a la misma PFA. Por esto mismo, es un contrasentido que, ahora, digan que Garré no sabía y se desentienda de su responsabilidad de mando. Nuestra denuncia al Proyecto X deja en claro que la Gendarmería Nacional es una fuerza, como las otras del Estado, especialmente dedicada a perseguir la lucha de la clase trabajadora y para el espionaje contra la izquierda.

El frente único de diversos organismos de derechos humanos que acompañaron la denuncia judicial, alentado por nuestro partido, ha obtenido ya un primer logro político: el desenmascaramiento, ante millones, de una verdad elemental que conocemos los marxistas, la existencia permanente del espionaje estatal, en especial contra los luchadores y la izquierda, que debería ser disuelto. Es doblemente importante teniendo en cuenta que, dentro de los intentos de planes de “depuración” y “recomposición” de las FFAA por parte de los sucesivos gobiernos “democráticos” después de la debacle de la dictadura, el del kirchnerismo ha sido el más audaz de todos. Mientras los genocidas llevados a juicio son menos de dos por cada centro clandestino de detención identificado, y los condenados son unos pocos, se intenta religitimar a las fuerzas represivas del “proyecto nacional”. Nuestra denuncia ya se ha transformado en un alerta en la conciencia de millones y ayuda a una conclusión estratégica: la naturaleza misma de todo Estado burgués es la de utilizar su aparato coercitivo y ejercer el monopolio de la violencia contra quienes cuestionen de alguna manera u otra el orden de los capitalistas.

Necesitamos aprovechar el desenmascaramiento del espionaje de la Gendarmería K, que salió a la luz con nuestra denuncia del Proyecto X, para redoblar los esfuerzos en una campaña nacional de todas las organizaciones sindicales, estudiantiles y de la izquierda para hacer caer las acusaciones a los delegados de la megacausa Panamericana, lograr el desprocesamiento de los más de 5.000 luchadores de todo el país, con causas armadas con espionajes de este tipo, y exigir la anulación de la Ley Antiterrorista, una nueva arma legal promovida por la embajada norteamericana para reforzar las condenas a los luchadores.