La mañana del 28 de junio ha sido testigo de un nuevo golpe militar en Centroamérica, esta vez en Honduras, donde la ultraderecha acuerpada tras las Fuerzas Armadas pero en coordinación con el Tribunal Electoral, los Tribunales de Justicia y el Parlamento, han destituido por la fuerza al Presidente constitucional Manuel Zelaya. Luego de que poco más de 200 militares rodearan la residencia personal de Zelaya, se produjo un enfrentamiento entre los escuadrones del Ejército y la guardia personal del mandatario, y este fue secuestrado y expulsado del país.

Es un golpe que cuenta hasta el momento con el apoyo de las principales fracciones de la burguesía, la oposición parlamentaria, la Corte Suprema y las Fuerzas Armadas, con la complicidad también de la jerarquía de la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas, quienes participaban de la oposición a la consulta, de un carácter similar al que intentó la reacción venezolana en el 2002. Un golpe de Estado que al momento que escribimos esta declaración ha sido repudiado por la mayoría de los gobiernos latinoamericanos. El gobierno norteamericano de Obama condenó la acción contra Zelaya pero llama al "diálogo pacífico" con los golpistas y evita mencionar que hubo un golpe de Estado en Honduras.

Luego del potente operativo militar, Zelaya fue llevado a una base aérea en las afueras de la ciudad, y trasladado de inmediato por los golpistas a Costa Rica, país en donde se encuentra y desde donde ha llamado a la condena internacional a su secuestro y al golpe de Estado. Luego del golpe militar, parte importante de su gabinete fue detenido, como la ministra de Relaciones Exteriores, Patricia Rodas que se encuentra secuestrada, además de la detención y golpes contra los diplomáticos de Venezuela y Cuba, decretando el toque de queda, una medida abiertamente reaccionaria y represiva. Al mismo tiempo suspendieron las señales de los canales del Estado desde primera hora, cortadas todas las señales de las radioemisoras, mientras las televisoras opositoras pasaban dibujos animados.

La situación es muy tensa y sigue complicándose minuto a minuto en Tegucigalpa – la capital hondureña – y en otras ciudades del interior del país, en donde según las últimas informaciones las Fuerzas Armadas se han movilizado para suspender el fluido eléctrico, el transporte público así como las comunicaciones de radio y televisión; al mismo tiempo que rodean la Casa Presidencial con tanques y armamento de guerra frente a miles de manifestantes que se han dirigido al lugar para solidarizarse con Manuel Zelaya y repudiar el golpe de Estado.

Un duro golpe reaccionario de la ultraderecha hondureña

Las fricciones entre los distintos sectores de la clase dominante hondureña se incrementaron en los últimos meses, y definitivamente pegaron un salto cualitativo en la última semana. Primero fue la incorporación de Honduras al ALBA y a PETROCARIBE a iniciativa de Manuel Zelaya lo que molestó a los sectores más reaccionarios y proimperialistas de la burguesía hondureña, luego fue el decreto de aumento salarial que ordenó el Presidente y que colmó la paciencia de los industriales (especialmente los maquileros); y finalmente la intención del mandatario de hacer una consulta popular para este domingo 28 de junio, en donde se le consultaría al pueblo su disposición a colocar una “cuarta urna” en las elecciones nacionales el domingo 29 de noviembre, con el fin de reformar varios artículos de la Constitución Política, como el que tiene que ver con la reelección presidencial. Esta última iniciativa, que fue “la gota que derramó el vaso”, no le cayó nada bien a varios sectores de la patronal hondureña que salieron a plantear que la iniciativa era “ilegal, inconstitucional y antidemocrática”. Así mismo desplegaron todo un movimiento nacional de repudio a la iniciativa del Presidente, ya que según los sectores que adversan la consulta y las reformas, éstas atentan contra la “alternabilidad” y la “democracia”. Este sector de la patronal, amparado tras la fachada de la “alternabilidad” ha protagonizado sin duda alguna un reaccionario golpe militar, que hace recordar los distintos regímenes que a sangre y fuego gobernaron Honduras entre 1956 y 1982, año en que se dio el regreso a la “democracia” en este país.

Desde el pasado jueves 25 de junio se desarrollaron los primeros ensayos de golpe militar contra el gobierno de Zelaya. Desde ese día las principales calles de Tegucigalpa amanecieron repletas de efectivos de las Fuerzas Armadas, luego de que el Presidente destituyera en la noche del miércoles al jefe militar Romeo Vázquez Velázquez y aceptara la renuncia del Ministro de Defensa Edmundo Orellana, ambos separados de sus cargos después de haberse negado a darle resguardo a las papeletas para la consulta popular programada, convocada y organizada por el presidente para este domingo.

La operación militar para la detención del Presidente Zelaya así como su expulsión abierta del país, constituyen el corolario de los sucesos desarrollados en el país en las últimas dos semanas, donde se suscitaron intensas movilizaciones tanto a favor como en contra de la iniciativa consultiva para la “cuarta urna”. El clima político se tensó prácticamente al máximo, al punto de que no solo los partidarios del presidente tomaron las calles, sino que los empresarios unificadamente con los reservistas de las FF.AA. se han movilizado.

La ultraderecha hondureña, aprovechando el acercamiento cada vez más estrecho del gobierno de Zelaya con PETROCARIBE, el ALBA, así como con los gobiernos de Venezuela y Nicaragua; ha venido agitando la campaña de una intromisión de Chávez en los asuntos nacionales. Esta ha sido de cierta forma la cobertura que ha utilizado el sector agrupado tras Roberto Micheletti y la oposición burguesa al gobierno para pasar a la ofensiva, pero esta vez alrededor de las bandas armadas del Estado.

Por la defensa de las libertades democráticas conquistadas por el pueblo hondureño. Abajo el golpe de Estado.

Aunque el Congreso ha anunciado después del golpe militar que quien asume la Presidencia de la República es el presidente del Congreso Roberto Micheletti, y un sector de la patronal habla de “alternabilidad” y “representatividad”, no hay que olvidar precisamente que el acontecimiento que se ha desarrollado en las últimas semanas consiste precisamente en un golpe apoyado en la fuerza del Ejército, es decir, eminentemente militar; más allá de que aún no hayan suscitado aplastamientos físicos sobre el movimiento obrero y popular. Micheletti asume la Presidencia, lo hace bajo el paraguas de las Fuerzas Armadas, que para proteger al régimen capitalista y la propiedad privada de los medios de producción, utilizarán la fuerza de las armas para sofocar cualquier oposición política movilizada en las calles, y casi matemáticamente procediendo al recorte de las más elementales garantías democráticas; tal y como ya viene aconteciendo con el bloqueo de los transportes públicos, las comunicaciones, o la energía eléctrica, que afecta desde luego el derecho básico a la reunión que tienen los trabajadores y el pueblo pobre hondureño.

El golpe militar contra Manuel Zelaya y el nuevo gobierno de facto impuesto no dudará un instante en utilizar las fuerzas armadas para reprimir la movilización de sectores opositores. Esto facilita las condiciones para el surgimiento de una sangrienta dictadura, que no tendrá más que a los trabajadores y a los oprimidos como objetivos centrales, como ha sucedido ya en otros países latinoamericanos, como el caso de Argentina o Chile cuando las clases dominantes han sentido necesidad de optar por regímenes contrarrevolucionarios para proteger sus negocios.

Por el repudio nacional contra el golpe de Estado y la movilización internacional para parar a los golpistas

Los socialistas revolucionarios de la Fracción Trotskista por la Cuarta Internacional (FT-CI) caracterizamos al gobierno de Manuel Zelaya como un gobierno burgués que representa los intereses de un sector del empresariado hondureño. Este sector del empresariado, indudablemente ha venido beneficiándose cada vez más preponderantemente de los acuerdos en el marco del ALBA y PETROCARIBE – impulsado a su vez por algunas fracciones de las burguesías latinoamericanas – que, en medio de la peor crisis capitalista mundial en 80 años, se han convertido en un respiro para sus negocios. Esta situación le ha molestado a otro sector del empresariado, que a pesar de tener garantizado su “derecho” a la propiedad privada y a la explotación – pero más que todo vinculado a la economía norteamericana –, ve en peligro su posibilidad de regresar a la presidencia de la república de aplicarse las reformas constitucionales de reelección planteadas por Zelaya, por otra parte cada vez más cerca de Chávez, Ortega, y Morales.

Desde la FT-CI no compartimos el proyecto político de Zelaya, que consiste en tibias y pequeñas reformas en el marco del capitalismo. Más allá la demagogia de la derecha que habla de alternancia y representatividad, nos pronunciamos categóricamente contra el golpe de Estado. Por eso llamamos a las distintas organizaciones obreras, socialistas y por los Derechos Humanos a nivel internacional, a organizar marchas y concentraciones frente a las embajadas de Honduras, y llamamos a defender los derechos de los trabajadores y el pueblo pobre a la reunión, a la manifestación, a su organización y a la libre difusión de sus ideas mediante los medios que sean necesarios.

Solo los trabajadores, con sus propios métodos de lucha pueden defender las garantías democráticas

El golpe militar suscitado en Honduras, con la impotencia desoladora del Ejecutivo como testigo, no hace más que confirmar que la democracia solo puede ser resguardada por la clase obrera, sus métodos y acciones de lucha. Manuel Zelaya, entre su política de programa de reforma capitalista, no ha hecho más que darle todo el tiempo necesario a la derecha para organizarse y pasar a la ofensiva. El propio Ejército, sobre el que se apoyó durante todo su gobierno, lo ha volteado y lo ha derrocado.

Ante el nuevo escenario peligran más que nunca las garantías democráticas conquistadas por los trabajadores y el pueblo de Honduras. Estas libertades democráticas deben ser defendidas por los trabajadores mediante sus propios métodos de lucha: los paros, los piquetes, la ocupación y el control obrero de las empresas de los capitalistas, y la huelga general. Así también los trabajadores deben estar alertas, pues para enfrentar una eventual represión armada, es necesario organizar comités de autodefensa, en la perspectiva de construir potentes milicias obreras y campesinas que preparen el armamento general de la población para evitar futuras matanzas.

Es preciso condenar abiertamente el intento golpista en curso y llamar a la más amplia movilización en Honduras y en toda América Latina para evitarlo, impulsando la solidaridad con los trabajadores y el pueblo hondureño que comienzan a salir a las calles, y en contra de toda represión contra los mismos. Hay que exigir a los gobiernos de la región a que repudien el golpe y desconozcan el gobierno de Micheleti o cualquier otro títere que quieran poner surgido del golpe y rompan relaciones con los golpistas. En particular, es preciso apelar a la acción directa mediante la huelga general y la movilización generalizada de la clase obrera y las masas populares hondureñas para derrotar hasta el final este golpe de Estado y garantizar las verdaderas libertades democráticas y todos los intentos de la reacción. Planteamos esta salida, a la vez que llamamos a los trabajadores a luchar por una salida de su propia clase, independiente, tanto frente a la oposición burguesa como frente al proyecto reformista de Zelaya, que no hace más que preparar grandes derrotas y aplastamientos sangrientos para las masas obreras. Todo lo anterior, en el marco de la lucha por un gobierno de los trabajadores y el pueblo pobre en Honduras; única forma de lograr la garantizar un régimen verdaderamente democrático y representativo que refleje directamente la voluntad de millones de trabajadores.

28 de junio del 2008.