La epidemia de influenza porcina, cuyos primeros brotes se detectaron desde el 13 de abril, pero fue confirmada como un riesgo el jueves 23, se extiende por el territorio nacional y EE.UU. Al momento que escribimos esta declaración ha provocado 149 muertes y varios miles de hospitalizados(cifra en aumento), y ya tiene alcances internacionales, amenazando convertirse en una pandemia. El gobierno de Calderón y la Secretaria de Salud (así como el gobierno del DF), después de negar, de forma irresponsable, que existiera algún brote epidémico, dio un giro de 180 grados y anuncio el cierre de escuelas y la prohibición de reuniones masivas. Este cambio brusco, que tomó de improviso a millones de habitantes de la ciudad de México y los estados afectados, generó una gran alarma en la población, temerosa de los efectos de esta enfermedad.

Un sistema de salud publica golpeado por los gobiernos al servicio de la patronal y las transnacionales

Mas allá de que no fuera posible prever las características precisas del virus -por tratarse de una mutación supuestamente desconocida-, el fuerte índice mutágeno del virus de la influenza en los últimos años, planteaba sin dudas la posibilidad de una potencial situación de emergencia (según la revista Proceso -No.1695, 26-VI-09- hay una estudio desde el 2006 sobre la probabilidad de una pandemia de tremendos alcances en México). Ante eso, resultó criminal la carencia casi absoluta de las vacunas tradicionales -que sin inmunizar respecto al nuevo virus, pueden proporcionar una limitada resistencia- y el número insuficiente de tratamientos antivirales .

Esto es el resultado de la dependencia y subordinación de México al imperialismo y a los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial y el FMI, bajo cuyos dictados ha sido afectado y “achicado” el sistema de salud pública, a la vez que las grandes transnacionales farmacéuticas monopolizan los medicamentos y los distintos tratamientos; eso se ve hoy en la dependencia de Estados Unidos o Canadá para hacer frente a la epidemia.

Aunque ahora el gobierno se vio obligado –para evitar el desarrollo acelerado de una epidemia que arrojaría su escasa popularidad por el piso ante la proximidad de las elecciones de julio- a abrir el IMSS a la población en general, serán los trabajadores y las grandes mayorías los que sufriremos los efectos de la persistente política privatizadora sobre la salud publica. Esto se ve en la reducción de personal en el sistema de salud pública y sus bajos salarios, en la reducción de equipos y camas y déficit de insumos para los hospitales públicos, en la carga de ritmos de trabajo -con el consiguiente aumento de los accidentes de trabajo provocado por la reaccionaria política laboral del gobierno-, aunado a la falta de inversión en investigación en torno a medicamentos y tratamientos que permitan afrontar una situación como ésta. Y, mientras los trabajadores y el pueblo estaremos –en el caso de “dispararse” la pandemia- sujetos a la escasez de los tratamientos, , los que tendrán la seguridad de recibir un tratamiento adecuado, serán quienes puedan acceder a las clínicas privadas. Todo esto es consecuencia de las políticas de reducción del estado mexicano impulsados por los distintos gobiernos federales, e impuestos con la anuencia de los charros sindicales y en contra del sentir de las bases trabajadoras.

Pero, junto al temor al contagio, los trabajadores no pueden faltar a laborar, pues los patrones los despedirían; a los capitalistas les interesa que la cadena productiva no se detenga. Por lo que, ante esta emergencia, el pro-patronal secretario del Trabajo, Javier Lozano, solamente apeló a la “sensibilidad y sentido social” de los patrones, para que no apliquen los descuentos salariales a los empleados que lleguen tarde o falten a sus labores.

Aprovechando esta situación de emergencia, el gobierno federal aprovecha saca el ejército a las calles y decreta su derecho a ingresar a cualquier vivienda y tomar medidas discrecionales para “aislar a los infectados”, limitando además las libertades de tránsito y reunión. Estas son medidas propias de un estado de excepción, que busca prevenir posibles estallidos de bronca por parte de la población descontenta (como ocurrió en los sismos del ’85), y lavarle la cara al ejército y la policía. Al mismo tiempo, como se ha denunciado en distintos medios, el gobierno estaría maquillando las cifras, para evitar que se vea su irresponsabilidad y su falta de recursos para manejar esta situación. Es fundamental que exista información veraz y pertinente para que las organizaciones obreras, de derechos humanos, los trabajadores de la salud y el pueblo en general se organicen para tomar decisiones pertinentes contra el brote.

Pero el gobierno de Calderón, al no contar con una política preventiva hacia sectores mayoritarios de la población trabajadora, difícilmente pueda impedir que se extiendan los brotes de epidemia; así como tampoco el de Marcelo Ebrard, que acaba de anunciar que cuenta con un plan ”b”. Ya se sabe que muchos enfermos no encuentran donde atenderse, lo cual es ocultado por los gobiernos. Y, si la epidemia paraliza a la Ciudad de México y otras del interior del país ¿cómo se garantizará el desplazamiento de la población que tenga que salir? ¿Cómo se garantizará el abasto de alimentos y agua potable? ¿Quién verificará que el agua que compramos (ya de dudosa calidad) no esté contaminada? ¿Y a los trabajadores que se vean obligados a faltar a trabajar, cómo se les retribuirán sus días no laborados o se evitará que los despidan? Es necesario que los trabajadores y el pueblo tomemos en nuestras manos la defensa de nuestra salud.

Una salida de los trabajadores y el pueblo para enfrentar la emergencia de salud

Ante esta crisis, sin duda todos los habitantes tenemos que preservar nuestra salud, tomando las medidas elementales para ello. Pero, al mismo tiempo, para atacar de fondo el problema y preservar la salud y la vida de millones de trabajadores, campesinos y pueblo en general, tenemos que levantar una serie de demandas que apunten a lograr un nivel de vida digno, pues la mayoría de la población trabajadora está sub-alimentada y, un sector importante, padece desnutrición, factores que permiten la pronta adquisición de enfermedades y desarrollo de contagios. Demandas que deben ser reivindicadas por las organizaciones sindicales, políticas, democráticas y de derechos humanos.

En primer lugar, debe estar a disposición de todos los trabajadores, sus familias y el conjunto de los sectores populares, servicios médicos, medidas de prevención y medicamentos completamente gratuitos. Programas como el seguro popular son insuficientes y se ha demostrado su carácter nocivo frente al sistema nacional de salud. Frente a los cierres o suspensiones en las empresas y centros de trabajo, se debe imponer el cobro del 100% del salario.

Hay que exigir que todos los recursos presupuestales (empezando por los cuantiosos pagos en concepto de la deuda externa) se pongan al servicio de enfrentar el brote actual y su impacto sobre las masas trabajadoras y populares, y para ello también hay que imponer impuestos progresivos a las grandes fortunas. Esto no puede ser dejado en manos de la corrupta Secretaria de Salud, cuyo único interés, además de impulsar la privatización, es preservar la buena imagen del gobierno y los intereses de la “iniciativa privada”. Debe ser organizado por comités conjuntos de los trabajadores de la salud y los usuarios, los verdaderos interesados en evitar que la epidemia se extienda y que se sigan cobrando victimas humanas. Desde los mismos se puede luchar por un programa de salud que contemple una incorporación masiva de recursos humanos, aumento de salarios, mayor presupuesto para insumos, medicamentos e infraestructura, pero que también incluya la producción estatal de medicamentos, la recuperación de servicios privatizados, la implementación de un verdadero sistema de atención primaria y de un sistema único universal y público de salud administrado por los trabajadores y los usuarios.

Por eso, como parte de una política para enfrentar la situación, hay que nacionalizar todos los hospitales privados, los laboratorios y las grandes transnacionales farmaceúticas (y los "genéricos" del país), los cuales sólo buscan lucrar con la actual crisis de salud, y ponerlos bajo control de sus trabajadores para abrirlos al publico en general, avanzando así hacia la creación de un sistema único de salud, publico y gratuito.

Hay que repudiar la militarización impulsada por Calderón y su “estado de excepción”, que aprovecha la crisis actual para sacar los militares a las calles en contra de los intereses de la población e inhibir las concentraciones de la población trabajadora. Que sean las organizaciones sindicales, sociales y políticas las que valóren las condiciones y decidan democráticamente sobre su marcha. El día Internacional de los Trabajadores es una jornada y conquistas de la clase obrera.

Junto a esto, las organizaciones de derechos humanos y los sindicatos tienen que impulsar de inmediato una red solidaria orientada, en primer lugar, hacia los ancianos, niños y las decenas de miles de personas que viven en la calle o en condiciones infrahumanas, y que son quienes recibirán el impacto mas fuerte por esta enfermedad. Para garantizar una efectiva asistencia a los mismos, se deben utilizar, gratuitamente y sin indemnización, todos los recursos de los grupos hoteleros, tiendas departamentales y supermercados.

Es necesario que los sindicatos junto las organizaciones sociales y campesinas impulsen una coordinación nacional, para acordar cómo garantizar las medidas necesarias para, en primer lugar, evitar que se propague más la epidemia y que se garantice el abasto de agua y alimentos.

Abajo la manipulación oficial de la información

Medicamentos gratuitos para todos los trabajadores y los sectores populares. Requisición de medicamentos a las grandes corporaciones farmacéuticas y nacionalización de los hospitales privados bajo control de los trabajdores. Por la creación de un sistema de salud único, publico y gratuito.

27 de abril de 2009