El pasado 17/12, la Asamblea Nacional (AN)–controlada casi en su totalidad por el chavismo– aprobó la cuarta Ley Habilitante para Chávez desde que está en el gobierno (febrero 1999), que le da potestad para gobernar por decreto durante 18 meses ( julio de 2012), al poder dictar leyes, normas, reglamentos, o modificar los existentes, en una vasta cantidad de áreas clave de la vida nacional: atención sistematizada y continua a las necesidades humanas vitales y urgentes derivadas de las condiciones sociales de pobreza y de las lluvias, derrumbes, inundaciones y otros eventos producidos por la problemática ambiental; infraestructura, transporte y servicios públicos; vivienda y hábitat; ordenamiento territorial, desarrollo integral y uso de la tierra urbana y rural; financiero y tributario; seguridad ciudadana y jurídica; seguridad y defensa integral; cooperación internacional; sistema socioeconómico de la Nación.

La habilitación al presidente para legislar ha venido acompañada además del “paquete legislativo” de más de 20 leyes aprobadas (o por aprobar en los días que corren) en “tiempo récord” este diciembre, entre las cuales figuran muchas que colocan fuertes límites a las libertades democráticas y otorgan al Estado y sus funcionarios gran poder de intervención en este terreno: desde las demagógica y cínicamente llamadas “leyes del poder popular”, pasando por la Ley de Educación Universitaria que establece un ministro plenipotenciario para controlar las universidades o las que censuran la información y opinión, hasta la que impide la solidaridad internacional o la que penaliza la disidencia política de los diputados o diputadas.

Estas aceleradas diligencias legislativas obedecen, fundamentalmente, al hecho de que el 05 de enero próximo debe asumir la nueva AN elegida el 26/9, donde el gobierno perdió las mayorías calificadas de las que venía gozando desde 2005, cuando la oposición burguesa optó por boicotear las elecciones parlamentarias. El 26-S el gobierno retuvo la mayoría simple, pero no las 4/5 partes que se requieren para nombrar los poderes judicial, electoral y ciudadano (Fiscalía, Contraloría y Defensoría), ni los 2/3 necesarios para sancionar leyes orgánicas. Pero también atienden a la creciente conflictividad social, expresada en múltiples protestas sectoriales obreras y populares por reivindicaciones laborales y servicios públicos, así como al declive en general del chavismo, expresado tanto en la pérdida de apoyo social del gobierno como en las propias fracturas internas.

De conjunto, el gobierno busca garantizarle a Chávez las mayores libertades para lidiar con este escenario, para poder gobernar sobre el conjunto de la sociedad y sobre la lucha de clases en particular, sin tener que pasar por las negociaciones o límites que pudiera imponerle la presencia de la oposición en el parlamento. Esta concentración de poderes en Chávez, y las limitaciones a las libertades y derechos democráticos, se hace no solo a expensas de uno de los mecanismos propios de la institucionalidad democrático-burguesa, como el parlamento, sino también a expensas de las libertades de organización y lucha de las organizaciones obreras y populares y de la izquierda no subordinada al gobierno.

Un panorama de recesión económica, necesidades sociales sin resolver e incipientes luchas

La situación política nacional tiene como trasfondo la fuerte recesión económica del país desde el año pasado, que aún con cierta recuperación, prevé continuar en 2011, un cuadro de padecimientos sociales entre los sectores obreros y más pobres del país, como la fuerte inflación –que viene oscilando entre el 25% y 30% anual en los últimos cuatro años– y la correspondiente pérdida del poder adquisitivo, la falta de viviendas –que afecta a unas 10 millones de personas (más de un tercio de la población)–, o la deficiencia de servicios públicos (agua y electricidad, sobre todo), así como un escenario de incipientes luchas obreras y populares.

El declive del chavismo que, con altibajos y de manera lenta pero sostenida, se viene expresando desde la pérdida del plebiscito del 2-D de 2007 sobre la Reforma Constitucional, tiene que ver con las demandas sociales insatisfechas de las mayorías trabajadoras y empobrecidas que, después de largos años de gobierno chavista y de grandes confrontaciones con la reacción y el imperialismo, no han visto resueltas sus más importantes demandas. Sencillamente porque la “revolución” y el “socialismo” que alegan hasta la saciedad Chávez y su gobierno, no deja de ser en realidad un proyecto de desarrollo nacional burgués –con mucho peso en el rol del Estado– que deja en pie lo fundamental de la expoliación imperialista y la explotación capitalista: allí están las razones por las que el gobierno no resuelve la “deuda social”, como han dado en llamar a los padecimientos de las masas en el capitalismo dependiente.

El gobierno responde “ofensivamente” ante su declive

El gobierno retuvo la mayoría en la AN, pero la suma de votos que obtuvo resultaron levemente inferiores al total de votos obtenido por los partidos que no lo respaldan (tanto la MUD, como los ex chavistas del PPT), marcando prácticamente un “empate técnico”, en términos electorales, abriendo un escenario novedoso donde por primera vez aparece comprometida la re-elección presidencial de Chávez. Ante esto, la respuesta para recuperar el terreno perdido y la base electoral ha sido “profundizar” su modelo basado en el Estado desarrollista, lo que da en llamar “socialismo del siglo XXI” o “socialismo bolivariano”.

Ante el retroceso expresado en las parlamentarias del 26-S, la oposición burguesa aspiraba a un gobierno más golpeado o débil, sin embargo, esta no fue la reacción de este, por lo que la derecha argumentaba que Chávez no había entendido “el mensaje del electorado”, que según ellos era sobre todo de “respeto a la propiedad privada”, sin embargo, como escribimos hace un mes, en realidad “el gobierno ‘sí entendió’ que debe dar respuesta a problemas claves que le socavan el apoyo electoral, y sabe que esos problemas no los puede resolver cediéndole al programa más ‘liberal’ de la MUD –es decir, menos estatista, de menos intervención y regulación– sino al contrario, usando las potestades y capacidades del Estado (como poder político y actor económico) para incidir en la economía y buscar así algunas mejoras en la vida de las masas que le permitan recuperar el terreno perdido, sobre todo pensando en las presidenciales de 2012” (En Clave Obrera Nº 25, nov-dic 2010).

Es así que además del “paquetazo legislativo” de este diciembre, el gobierno viene tomando medidas en la línea de la intervención directa del Estado en la economía, no sólo como regulador sino también como propietario y empresario, sobre todo la continuidad de las adquisiciones forzosas (llamadas “expropiaciones”) de algunas empresas, de tierras y fincas –mediando en algunos casos la ocupación directa por el ejército, apenas se hace el anuncio–, así como el desarrollo de una ley que le permite mayor margen de acción en materia de vivienda y edificaciones urbanas. El gobierno apunta a dos aspectos claves de la economía y de los padecimientos de las masas: la vivienda, que se profundiza con las recientes lluvias que dejaron 130 mil personas damnificadas, y la agricultura, relacionada con los problemas de inflación y escasez.

La oposición burguesa pone el grito en el cielo en defensa de la propiedad privada –aunque en realidad la gran mayoría de las propiedades y negocios burgueses han sido garantizados siempre por el gobierno– y aprovecha las leyes aprobadas por la AN para intentar colocar tras de sí al conjunto de la población en una suerte de frente democrático contra “el autoritarismo” y “el comunismo” de Chávez. La clase obrera y el pueblo debemos desarrollar una decidida defensa de nuestros derechos políticos y democráticos con completa independencia no sólo del gobierno sino también de esta oposición burguesa, a la que solo le preocupan los “derechos democráticos” en la medida en que afectan sus negocios y sus posibilidades de acceder al gobierno, pero está igual de dispuesta que el chavismo a recortar las libertades democráticas del pueblo trabajador cuando lo considere necesario para la estabilidad de las ganancias y de esta sociedad de explotación.

Un giro bonapartista que golpeará sobre los trabajadores y el pueblo pobre

Lo que está operando el gobierno es un giro hacia una mayor bonapartización, entendida ésta como el aumento de las capacidades del Jefe de Estado para regular y controlar la vida nacional y la lucha de clases, en este caso, expresado en una figura presidencial fuerte y con poderes especiales que, prescindiendo de algunos de los mecanismos de negociaciones y acuerdos de la democracia burguesa, pueda gobernar a discreción. Por supuesto que este régimen le resta capacidad de acción y negociación a las fracciones y sectores burgueses de oposición, pero sobre todo recae con toda su fuerza sobre las libertades democráticas de las masas explotadas y empobrecidas.

Con la Ley Habilitante que Chávez pidió alegando la emergencia provocada por las fuertes lluvias, puede gobernar por decreto durante año y medio en todos los ámbitos que señalamos antes, y una de las primeras medidas que ya anunció, con total desparpajo, es el aumento del IVA, ese impuesto indirecto al salario y al presupuesto de las familias pobres, como una vía para “conseguir recursos para una necesidad que no estaba pautada en el presupuesto de 2011”. Ante un drama causado no tanto por las lluvias como sí por las condiciones de precariedad y pobreza generadas por el capitalismo y la expoliación imperialista, el presidente que habla hasta por los codos de “revolución” y de “socialismo”, no se le ocurre mejor idea que usar los poderes especiales de que se dota, para aumentar impuestos a los trabajadores y pobres, mientras continúa pagando religiosamente la deuda externa a la banca imperialista y nacional, y exonera/subsidia impuestos a varios sectores empresariales nacionales “productivos”, e incluso transnacionales del gas y el petróleo.

Chávez podrá concretar a discreción contratos con el capital transnacional, reorganizar las regiones geográficas, crear nuevas comunidades y “comunas”, tomar medidas de seguridad y orden público o de “defensa integral” de la Nación, y un largo etcétera de medidas derivadas de los amplios ámbitos en los que está habilitado.

Entre el conjunto de leyes del llamado “poder popular” –Ley Orgánica del Poder Popular, Ley de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública, Ley del Proceso de Transferencia de Competencias y Servicios de los Estados y Municipios al Poder Popular, etc.– sencillamente se establecen los mecanismos por lo cuales el Ejecutivo Nacional se entiende directamente con las organizaciones comunales locales impulsadas, reguladas y financiadas por éste, prescindiendo parcialmente de la mediación de las gobernaciones y alcaldías, a la vez que descarga sobre las comunidades la “corresponsabilidad” en la gestión de servicios públicos, en el mantenimiento y conservación de los espacios urbanos, y en la propia seguridad ciudadana. Es el presidente, investido de súper poderes para gobernar por decreto, en relación directa con las organizaciones locales que, por supuesto, poco y nada deciden sobre las cuestiones centrales de la economía y la política nacional, sino que deben hacerse cargo de la gestión del capitalismo en sus localidades: a esto llaman “poder popular” y “Estado comunal”.

Urge una oposición obrera clasista

Ante este panorama de crisis económica, alta inflación y alza de impuestos, grandes necesidades de vivienda y servicios públicos, y restricción de las libertades democráticas que son claves para la organización y lucha de las masas explotadas y empobrecidas, es de mucha importancia el desarrollo entre la clase trabajadora de una perspectiva independiente del gobierno y de la oposición patronal, que busca pescar en río revuelto. Ya el gobierno vino desarrollando en años anteriores toda un serie de leyes que criminalizan la protesta y el derecho a huelga, gracias a las cuales hay cientos de luchadores obreros y populares con distintos niveles de procesos judiciales, o directamente presos, como el compañero Rubén González, secretario general del sindicato de Ferrominera del Orinoco, privado de libertad hace más de un año y con un juicio en el que el gobierno pide 8 años de cárcel, por participar de una huelga por el cumplimiento del contrato colectivo. Con estas nuevas leyes, no podemos menos que esperar una profundización de los niveles de coacción y represión estatal a las luchas, que se complementan con los ataques directos por parte de los empresarios privados, como los despidos, suspensiones, o incluso pago de sicarios para asesinar luchadores obreros. Hay que preparase para un futuro inmediato de duras luchas.

Las leyes de Chávez

En las reformas de las leyes relacionadas con la información y comunicaciones (Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, y la Ley de Telecomunicaciones) se incluye a los medios electrónicos dentro de las regulaciones y se establecen nuevas multas para los medios o incluso las personas, que transmitan mensajes que “inciten o promuevan el odio, hagan apología del delito, propaganda de guerra, creen zozobra, desconozcan las autoridades constituidas, induzcan al homicidio o inciten al incumplimiento del ordenamiento jurídico vigente”, y se amplían las restricciones a los horarios para mensajes “violentos”. La rectoría del asunto queda en manos de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), que depende directamente de la Vicepresidencia de la República, cuyo titular a su vez es nombrado por el presidente de la República. El gobierno busca así censurar en los medios las expresiones de descontento social, de protesta, de la represión, de cuestionamientos al orden social existente, lo que por supuesto marca grandes limitaciones para la difusión de las luchas y opiniones políticas de las masas en lucha y la izquierda anticapitalista y revolucionaria.

En la Ley de Educación Universitaria (LEU) el gobierno despliega una inconsistente y emborrachadora verborrea pseudo revolucionaria, falsamente democrática y de supuesta “educación liberadora” y “diálogo de saberes”, para diseñar un modelo de educación universitaria al servicio del proyecto de gobierno, subordinando todo el quehacer universitario a los planes de desarrollo burgués diseñados por éste, operando una falsa democratización al establecer la elección directa de las autoridades. Pero se tratará de un gobierno universitario poco menos que real, así como en el caso de la autonomía universitaria, pues las decisiones clave en todo caso serán tomadas por el ministerio encargado de la materia. El ministerio de Educación Universitaria se reserva directamente decenas y decenas de competencias, entre las que podemos destacar como las más aberrantes: regular la creación de programas de formación, la creación o supresión de núcleos o extensiones universitarias, la manera en la que las universidades se vincularán con las “misiones”, la creación de cátedras, establecer las bases para la participación del “poder popular” en la gestión universitaria, establecer las formas de organización y participación de los gremios universitarios, dar el “visto bueno” a los reglamentos para el funcionamiento del gobierno universitario de cada institución, definir el reglamento para la elección de las autoridades universitarias, regular y controlar el uso y fines del patrimonio e ingresos de las universidades, la carrera docente, la suscripción de convenios con otras instituciones públicas o privadas del país o de fuera, establecer los lineamientos para los programas de formación docente, etcétera. Como vemos, ¡hasta la forma en que los estudiantes, empleados, obreros y docentes deben organizarse para participar de la “democracia participativa y protagónica” será definida por el plenipotenciario ministro!

Podemos ir cerrando esta muestra de las disposiciones legales adoptadas a la carrera por el gobierno este mes, con la Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional, y la reforma a la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones.

La primera consta de cinco artículos cuyo objetivo es prohibir cualquier tipo de ayudas económicas y en recursos de fuera del país a cualquier organización política, gremial o de derechos humanos, así como la posibilidad de la participación de miembros de organizaciones políticas o gremiales de fuera del país en actividades que tengan que ver con luchas o situaciones que se desarrollen aquí. Por supuesto el discurso del gobierno y la izquierda genuflexa que lo apoya es que se trata de limitar la injerencia imperialista… ¡como si de esta manera el país se fuera a liberar de las influencias políticas o ideológicas de los países imperialistas! Lo que en realidad sí estará penalizado será la solidaridad internacional entre las masas en lucha, o incluso el internacionalismo proletario, no sólo expresado en la solidaridad obrera con las luchas sino en la propia pertenencia a organizaciones internacionales (como de hecho es nuestro caso, que somos parte de la Fracción Trotskista – Cuarta Internacional, junto a compañeros y compañeras de varios países de América Latina y de Europa).

Por su parte, la reforma a la ley de partidos demuestra el gran temor del chavismo a perder su propia mayoría parlamentaria, al penalizar la disidencia política de los diputados frente a sus partidos. Allí se consideran “fraude a los electores y electoras”: votar en contra de los postulados programáticos o político-ideológicos que fueron presentados al electorado, hacer causa común con contenidos y posiciones políticas contrarias al programa de gestión presentado ante el órgano electoral, hacer causa común con fuerzas contrarias a las que lo respaldaron, y, separarse del Grupo Parlamentario de Opinión perteneciente a la organización que lo postuló, para integrar otro. Las penalizaciones para estos casos será la inhabilitación política del diputado o diputada, la cual procederá al solicitarla los ciudadanos o un diputado de la tolda que lo respaldó, será aprobada por la mayoría simple de los diputados presentes una sesión plenaria y enviada a la Contraloría General de la República para que verifique si hay méritos para la inhabilitación. Sobra señalar por qué ha sido bautizada popularmente como “ley anti-talanquera”.