El diálogo bendecido por la Iglesia y UNASUR favorece a la oligarquía de la “media luna”

La asonada autonomista de la pasada semana fue el punto más alto en la escalada reaccionaria lanzada desde mediados de agosto, buscando bloquear el intento del MAS de habilitar el referéndum sobre la nueva Constitución Política del Estado (CPE), iniciativa que el gobierno quería tratar en el Parlamento para llamar a las urnas el próximo 25 de enero.

Los prefectos y comités cívicos de la “media luna” (Departamentos autonomistas de Santa Cruz, Beni, Tarija y Pando) utilizaron los pretextos de “resistencia civil”, “autonomía” y “recuperación del IDH” [1] para sus departamentos, lanzando una campaña de “lockouts” cívicos, bloqueos, toma de oficinas e instituciones, aeropuertos, instalaciones petroleras y otros ataques, que paralizaron medio país durante más de dos semanas y desarticularon el aparato del Estado nacional a nivel local, buscando avanzar en la línea de “autonomías de hecho” como trinchera de sus intereses.

Entre ellos, está el candente tema de la tierra. Los “cívicos” temían no poder impedir que la nueva CPE fije un límite de entre 5 y 10 mil hectáreas a la propiedad privada de la tierra. Esto no liquidaría la propiedad terrateniente ni mucho menos, pero afectaría intereses de los grandes clanes empresariales y latifundistas del Oriente, para los cuales el ilimitado acaparamiento de tierras a costa de los campesinos y pueblos originarios, el saqueo de los recursos naturales y la superexplotación de la mano de obra son condición esencial de su acumulación. Y más que a la letra de la CPE, a lo que temen es a que las masas desposeídas y oprimidas del Oriente quieran hacer efectivos su reclamos de tierra y territorio.

Por ello quieren imponer sus “estatutos autonómicos” para aumentar el poder de los gobiernos locales, capturando atribuciones del Estado nacional y buscan recuperar su tajada en la renta gasífera a través del IDH para financiar las autonomías y nutrir los negocios empresariales locales.

Es con estos objetivos que desataron la violenta campaña en toda la “media luna”, utilizando bandas fascistas y grupos armados para sembrar el terror, intentando doblegar a los sectores populares que se resisten a sus imposiciones o simpatizan con el MAS.

Los grupos fascistas y la masacre de El Porvenir

La “vanguardia militar” de esta asonada fueron los grupos de choque como la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) y sus similares en Tarija, Beni, etc. Las bandas fascistas se nutren de jóvenes universitarios y lúmpenes y son financiadas por los “cívicos” y las prefecturas. Junto a ellas actúan grupos paramilitares de los terratenientes, como en algunas provincias cruceñas y Pando (donde es notoria la actividad del narcotráfico).

Estos grupos tomaron decenas de oficinas nacionales, chocando a veces con la polícía y apaleando y agrediendo salvajemente a mujeres, indígenas, simple gente del pueblo o dirigentes masistas.

Pero fue en Pando donde su accionar tuvo una expresión más brutal, con la masacre de El Porvenir del jueves 11, cuando una marcha campesina e indígena hacia Cobija fue atacada a tiros por “sicarios” del aparato prefectural que responde al Prefecto Leopoldo Fernández, dejando un saldo de casi 20 muertos, varios desaparecidos y medio centenar de heridos.

Este ataque abrió un cuadro de virtual guerra civil a nivel local, síntoma de la explosividad de la crisis nacional y fue un alerta para el oficialismo y la oposición sobre los riesgos de una escalada incontrolable en los enfrentamientos.

El gobierno respondió declarando el Estado de sitio en el departamento y dispuso el despliegue militar en Cobija, mientras se iniciaban algunos movimientos preventivos de tropas de Occidente hacia la “media luna”. Los prefectos resolvieron encomendar al tarijeño Cossio iniciar un “pre-diálogo” con el gobierno nacional en La Paz.

La política del MAS

Ante la arremetida autonomista, el gobierno se vio obligado a un “endurecimiento táctico”, pues ceder a sus exigencias equivalía prácticamente a una rendición incondicional, en momentos en que se siente fortalecido por el 67% de los votos positivos en el referéndum del 10 de agosto y necesitaba avanzar con la nueva CPE.

Evo Morales acusó de “golpe cívico-prefectural” al movimiento y expulsó al embajador estadounidense Goldberg en un acto elemental de resguardo de la soberanía nacional, denunciando los lazos de éste con los prefectos y cívicos autonomistas.

Al mismo tiempo, el gobierno apostó a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para tratar de contener a las regiones insubordinadas y responder a los asaltos a instituciones (aunque los uniformados siempre terminaron cediendo terreno).

Pese a que el MAS insinuó apelar a los “movimientos sociales” y dejó correr la movilización de algunos sectores, su estrategia fue resolver la crisis “por arriba” sin permitir que las masas intervinieran de manera decisiva en la misma.

Es que en todo momento su estrategia no era vencer a la reacción, sino convencer de negociar y concertar con esos mismos representantes de los empresarios y terratenientes a los que llama “golpistas” y “fascistas”; un “desborde” de las masas hubiera dificultado su estrategia conciliadora.

Los militares dan “un paso al frente”

Con el Estado de sitio el gobierno les permite a los militares pasar a jugar un papel propio y más importante en la escena nacional, al mismo tiempo que los encubre bajo un “barniz popular”.

Al llamar a confiar en ellos para contener la asonada autonomista, el MAS oculta que es el mismo ejército que masacró en Octubre de 2003 y que, como institución defensora del orden burgués, es la garantía en última instancia de los intereses materiales de las oligarquías de la “media luna” (a las que muchos oficiales están ligados hasta familiarmente).

El General Trigo, jefe de las FF.AA., en sus declaraciones para advertir y poner un límite a los autonomistas, también se separó tajantemente del Comandante Chávez, quién había ofrecido apoyo a Evo Morales. Con este posicionamiento, el Ejército anuncia que rechaza ser el “agente militar del proceso de cambio” [2] y comienza a posicionarse como institución “garante del orden y la unidad del Estado” para actuar como árbitro en caso de una mayor desestabilización, rol reaccionario que será inevitablemente dirigido contra el movimiento de masas.

Sectores de vanguardia comenzaban a enfrentar a los reaccionarios

Ante los ataques racistas y fascistas, los sectores más organizados del movimiento de masas en el Oriente resistieron valientemente, como lo muestran la defensa del Plan 3.000 (ciudadela obrera y “colla” de 250.000 habitantes en plena capital cruceña) o los enfrentamientos por el Mercado Campesino en Tarija.

Otros sectores que están en la “línea de fuego”, como las organizaciones de colonizadores campesinos de San Julián y Yapacani, se movilizaron a contrabloquear a los cívicos cruceños. También en el Chapare se iniciaron bloqueos, cortando la ruta a Santa Cruz en Bulo Bulo y otros puntos.

La masacre de Cobija hizo bullir la indignación y la determinación de defenderse. El sábado 13 un asalto unionista al bloqueo campesino de Tiquipaya fue derrotado y estos elementos debieron retirarse con al menos 17 heridos (uno falleció después). En Cuatro Cañadas el bloqueo campesino mostró sus machetes, escopetas y otras armas para advertir a los fascistas que si se atrevían a venir, volverían a Santa Cruz “en cajón”. En el Plan 3000 se organizaron brigadas de autodefensa de jóvenes y vecinos para protegerse de las incursiones de la UJC.

Al mismo tiempo, en La Paz y todo Occidente, crecía la inquietud entre los trabajadores, los campesinos y el pueblo y las declaraciones de sectores dispuestos a movilizarse. Los días lunes 15 y martes 16 multitudinarias marchas se realizaron en La Paz, convocadas por las organizaciones alteñas COR y FEJUVE, las universidades de la UPEA y UMSA, la COB y otros sectores populares, voceando consignas contra el imperialismo norteamericano, las oligarquías del Oriente y sus grupos fascistas.

Sin embargo, el CONALCAM (que coordina a los “movimientos sociales” campesinos, indígenas y populares que simpatizan con el MAS) y la COB (cuya dirección jugó un papel lamentable en la crisis, sin dar ninguna orientación al movimiento obrero), se disciplinaron a la política negociadora del gobierno, canalizando la disposición a luchar en algunas demostraciones sin continuidad.

Estas direcciones reformistas y burocráticas son los principales responsables de que el movimiento obrero, campesino y popular no haya podido movilizarse de conjunto, sumándose a los sectores avanzados que resistían en el corazón de la “media luna”, para contraatacar y asestarle una derrota categórica a la asonada autonomista.

Nada bueno que esperar del diálogo

Durante el fin de semana la asonada comenzó a perder fuerza y la tensión disminuyó, bajo la fuerte presión internacional y de sectores de la clase dominante que querían poner coto a la crisis y encaminarla a la negociación.

El papel asumido por UNASUR (ver nota) respaldando al gobierno de Evo Morales y “acompañando” el diálogo propuesto con los autonomistas y la gestión de la Iglesia facilitaron el camino a un “preacuerdo”.

A pesar de algunos escarceos y agresiones, ocasionados por sectores aislados de derecha y por un primer rechazo de los Prefectos a la detención de Leopoldo Fernández y otros cívicos pandinos responsables de la masacre, se llegó finalmente, en la noche del martes 16, a la firma del documento que se había elaborado en las reuniones preliminares entre el Gobierno y el Prefecto tarijeño Mario Cossio, como representante del CONALDE (organismo que agrupa a los prefectos autonomistas).

Con la bendición de la Iglesia y los buenos oficios de UNASUR, la OEA y la ONU, el nuevo “proceso de diálogo” anticipa mayores concesiones a la derecha y del que los trabajadores, los campesinos, los indígenas y el pueblo no tienen nada bueno que esperar.

Si finalmente no se llega a un acuerdo explícito -y no pueden descartarse nuevos “cortocircuitos”, rupturas o enfrentamientos-, es por que es difícil alcanzar el “gran acuerdo nacional” (como piden todos, desde el MAS a los cívicos) sobre los principales problemas de régimen político-estatal que alimentan la crisis política. Todo ello seguirá condicionando los esfuerzos para canalizar la crisis al terreno de la negociación.

Una severa advertencia

Los hechos de agosto y septiembre constituyen una grave advertencia para el movimiento obrero, campesino y popular, pues ratifican que no hay verdadera salida a la crisis nacional si no es a través de grandes enfrentamientos de la lucha de clases. Esto domina las perspectivas estratégicas para las que tiene que prepararse la vanguardia obrera y popular.

La profundidad de las contradicciones que corroen al país y del proceso de masas abierto en Octubre de 2003, hacen difíciles lograr acuerdos de fondo para reconstruir el régimen político burgués.

Frente a la crisis, hay dos estrategias que, pese a sus diferencias sociales y políticas, convergen en el objetivo de ahogar el proceso de masas y frustrar las demandas del pueblo trabajador.

La variante reformista que intenta el MAS en nombre de la “revolución democrática y cultural” ofrece algunas reformas parciales, a costa de renunciar a las grandes tareas democráticas, nacionales y antiimperialistas, sin las cuales no sólo es imposible dar respuesta a los problemas del pueblo trabajador, sino derrotar a la reacción burguesa y terrateniente.

Sin embargo, cuanto más éxito tiene el MAS en contener al movimiento de masas con su estrategia de colaboración de clases con la burguesía, más descontenta e impaciente se siente la clase dominante con los costos políticos y económicos que esta variante significa y más levanta cabeza la reacción.

El autonomismo es una expresión avanzada de las fuerzas reaccionarias y proimperialistas. Si la contención reformista se muestra ineficaz, intentarán las variantes de la contrarrevolución abierta. El gobierno frentepopulista del MAS les permite preservarse y presionar incesantemente, y puede terminar abriendo el camino a la contrarrevolución, como lo muestran la historia boliviana (de Torres a Banzer en 1971), latinoamericana (de Allende a Pinochet en Chile en 1973) e internacional durante todo el siglo XX.

Sólo la fuerza unificada de la clase obrera, el campesinado, los pueblos indígenas y el pueblo pobre de las ciudades, puede aplastar a la reacción y abrir el camino a una solución de fondo a los problemas de la liberación nacional y social en Bolivia. Pero esto exige superar las ataduras que el nacional-populismo indigenista del MAS opone al desarrollo de la movilización de masas. Los socialistas revolucionarios participamos sin sectarismo en toda unidad de acción de masas para enfrentar los ataques reaccionarios, pero denunciamos con todas nuestras fuerzas la política de diálogo y concertación del MAS y defendemos siempre la plena independencia política frente al gobierno reformista, premisa para contribuir con todas las fuerzas posibles para que pueda constituirse el “tercer campo” revolucionario del movimiento obrero, capaz de orientar a las masas populares hacia una salida de fondo a la crisis nacional.

La Paz, 16 de septiembre de 2008.

Un primer balance de la asonada
Aunque el MAS y sus seguidores caracterizaron la arremetida autonomista como un “golpe cívico-prefectural” y sin dudas muchos cívicos hubieran querido sacarse de encima a Evo Morales, los objetivos prácticos del movimiento fueron más modestos y apuntaban a restablecer una relación de fuerzas favorable a la derecha, en un esfuerzo por revertir las secuelas del triunfo electoral de Evo el 10 de agosto, con 2/3 de los votos nacionales y frenar la nueva CPE o imponer una negociación en mejores condiciones.

Es por ello que lo hemos caracterizado como una “asonada autonomista” apoyada en la acción de grupos fascistas como su “vanguardia militar”. Pese a su violencia (intentando compensar con la radicalización de sus métodos los límites sociales y políticos) los autonomistas no pudieron superar los límites de la “media luna”, la derecha está muy debilitada en Occidente y por ahora no cuentan con suficiente apoyo entre los militares para fines más ambiciosos. Además, no pudieron revertir la erosión de su dominio en su “retaguardia departamental”, control que viene erosionándose (como reflejaron distorsionadamente los resultados electorales del 10 de agosto).

Tampoco es realista hablar de que la respuesta haya sido un levantamiento o insurrección de masas, comparable a los de 2003 y 2005. Debido al rol del MAS y sus aliados, no hubo una intervención generalizada de masas que descalabrara a los autonomistas aunque estos, que “pegaron primero” en sus regiones y masacraron en Pando, tampoco lograron aplastar a los movimientos sociales más combativos de Santa Cruz y otras zonas. Finalmente, los hechos de Pando, conmoviendo a la opinión pública nacional e internacional, se volvieron contra la propia “media luna” cuando la arremetida autonomista comenzaba ya a perder fuerza.

Desde el punto de vista político, el gobierno vuelve a la mesa de negociaciones en una posición favorable, mientras que los prefectos del CONALDE quedan políticamente debilitados y han perdido el control de Pando.

Sin embargo, el terreno del diálogo y el papel “facilitador” de la Iglesia y la “comunidad internacional” los benefician para buscar en las negociaciones lo que en las calles no lograron consolidar... contando a su favor con la política conciliadora del MAS, como adelanta la letra del “preacuerdo” (ver “Un preacuerdo...”).

El MAS y sus aliados impidieron que en el momento álgido de la crisis irrumpieran las masas de conjunto, lo que podría haber volcado a su favor el resultado. Por eso, y aunque no hay que descartar nuevos fenómenos de lucha u organización en los sectores avanzados, los elementos que posiblemente más pesen en la nueva coyuntura sean “por derecha”: el proceso de diálogo buscando un “gran acuerdo nacional” con la reacción, un papel más activo (y reaccionario) de las FF.AA., una mayor ingerencia al servicio del orden semicolonial a través de UNASUR, OEA y ONU; todo en el clima de “pacificación y diálogo” desmovilizador que intentan imponer, desde la Iglesia, prensa y TV, a las ONG, con aval del MAS, para girar todo el escenario de negociación lo más posible a la derecha.

Desde ya que pese al diálogo el conflicto no puede darse por cerrado. La crisis política es crónica y se alimenta de las profundas contradicciones económicas, sociales y políticas que han llevado a la situación de “régimen fracturado” entre el poder central y los departamentos autonomistas; esto en el marco de la enorme polarización social y política nacional.

Aunque finalmente se allane el camino al referéndum sobre la nueva CPE, cualquier acuerdo con los Prefectos y la derecha parlamentaria sería sobre la base de hacer mayores concesiones. Si no se llega a un pacto, la derecha mantendrá las manos libres para hostilizar el proceso de la nueva CPE y lejos de “aislar a la derecha golpista” como pretende el MAS, el diálogo habrá servido para legalizar las agresiones de la reacción autonomista, darle nuevo aliento y preparar nuevas ofensivas más envalentonados... como ha pasado hasta ahora en dos años de intentar conciliar.

Un preacuerdo que favorece a la derecha

Según la agenda de este preacuerdo, tres mesas de diálogo comenzarán a discutir en Cochabamba los principales puntos en disputa. El texto dice:

IDH y regalías: “El Gobierno Nacional reconoce, conforme a las leyes vigentes, el derecho de los departamentos a percibir el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH); debiendo garantizarse el pago de la renta Dignidad y su sostenibilidad con las distintas fuentes de financiamiento establecidas por ley”. Autonomías Departamentales - Estatutos: “El Gobierno Nacional expresa su respeto al derecho a la autonomía departamental de Pando, Beni, Tarija y Santa Cruz”.

Pacto institucional: “Designaciones congresales de los cargos vacantes, conforme a la CPE vigente y a la ley” (lo que obliga a consensos con PODEMOS) “Padrón Electoral, Programa de Carnetización y Registro Civil” (su revisión es un reclamo de la derecha)

El punto C dice: “El proceso de diálogo contará con el acompañamiento de facilitadores y testigos. Se acuerda invitar como tales a Unasur, Iglesia Católica, a la Unión Europea, OEA y a Naciones Unidas”, lo cual habilita el rol “facilitador” de la reaccionaria jerarquía católica y de la “comunidad internacional” defensora del orden semicolonial, incluyendo al imperialismo.

Además, se “inician las conversaciones sobre la nueva administración territorial de las instituciones, considerando la implementación constitucional de la autonomía departamental” (lo que abre las puertas para traspasar a las Prefecturas oficinas y atribuciones). Y el “Gobierno Nacional suspenderá la consideración de la convocatoria a referéndum constitucional en el Congreso Nacional, por el plazo de un mes, pudiendo ampliarse el mismo de acuerdo a los avances del Diálogo Nacional, debiendo suspenderse la campaña mediática gubernamental en torno al proyecto de la nueva CPE” (para buscar la “compatibilización” de los estatutos autonómicos exigidos por la reacción y la CPE).

Finalmente, aunque se establece “Esclarecer los hechos luctuosos ocurridos en el departamento de Pando, a través de organismos nacionales e internacionales imparciales y una comisión congresal” (es decir, con participación de la derecha y el imperialismo); se acuerda “No impulsar acciones judiciales que tengan connotación política contra dirigentes cívicos, sociales y autoridades de los departamentos movilizados que hayan actuado por las reivindicaciones departamentales y sociales que precedieron a este Acuerdo; como también paralizar la campaña mediática de desprestigio en contra de autoridades, actores cívicos y sociales”, con lo que los autonomistas se aseguran la impunidad después de su asonada reaccionaria.

En suma, el preacuerdo ofrece ya importantes concesiones a los autonomistas, y si ya el texto de la nueva CPE defendido por el MAS, enterraba la “agenda de Octubre” y los intereses obreros, campesinos y populares bajo la fraseología del “constitucionalismo social” en clave indigenista, de cualquier pacto en este nuevo diálogo sólo podrán salir mayores concesiones a la derecha.

Por un programa de acción

Los acontecimientos de septiembre dejan importantes lecciones. La vanguardia necesita dotarse de un programa de acción y defenderlo en las organizaciones obreras y populares.

– 1 No hay que confiar ni apoyar el proceso de diálogo entre el Gobierno y la derecha. Es una trampa que favorece a la reacción y busca desmovilizar y adormecer a los trabajadores, los campesinos y pueblos originarios.

– 2 ¡No a la impunidad! Castigo al masacrador Leopoldo Fernández y todos los autores materiales e intelectuales de los ataques fascistas, mediante tribunales populares.

– 3 Por el armamento de los trabajadores y el pueblo. La masacre de El Porvenir demuestra una vez más su necesidad y urgencia. Los ejemplos de Tiquipaya, el Plan 3000 y Cuatro Cañadas muestran que sectores avanzados asumían su legítimo derecho a defenderse. ¡Rechazamos la hipocresía de la prensa y la TV privadas, que ponen un signo igual entre la violencia reaccionaria de los paramilitares y fascistas y la violencia legítima del pueblo humilde! Los grupos de choque autonomistas siguen armados. Hay que poner en pie en todas las organizaciones de masas Comités de Autodefensa, y centralizarlos en milicias obreras y campesinas. Los “movimientos sociales” que quieren defender al que consideran su gobierno tienen que exigir a Evo armas y entrenamiento eficaz, y que se abran los cuarteles para ello.

– 4 Ninguna confianza en las Fuerzas Armadas y la Policía. El Estado de Sitio no desarmará a los fascistas, aunque unos pocos queden presos, pero será usado por el Ejército para perfilarse como el “árbitro” defensor del orden burgués contra los trabajadores y el pueblo. La COB y las organizaciones campesinas deben levantar una política para quebrar el control sobre la tropa de la oficialidad, casta reaccionaria “entrenada” en masacrar obreros y campesinos como en Octubre. ¡Basta de maltrato cuartelero a los soldados! ¡Plenos derechos de organización y políticos a la tropa! ¡Retiro inmediato de las tropas bolivianas que están en Haití!

– 5 Hay que golpear a la reacción en donde más le duele, el corazón de su poder económico, social y político es la propiedad de la tierra, las empresas, los bancos e industrias. Tenían razón las voces que llamaban a ocupar las fincas y empresas de los Marinkovic, Dabdoub y demás. Hay que imponer una verdadera reforma agraria, liquidando el latifundio. ¡La Tierra y territorio para nuestros hermanos campesinos e indígenas! ¡Nacionalización sin pago y bajo control de los trabajadores de las empresas de todos los clanes burgueses y terratenientes!

– 6 ¡Fuera el imperialismo! La expulsión de Goldberg es un gesto de dignidad nacional pero completamente insuficiente para frenar la injerencia imperialista. ¡Fuera las transnacionales! ¡No pago de la deuda externa! Nacionalización 100% del gas, el petróleo y demás recursos naturales bajo control obrero colectivo. ¡No a la intervención “amistosa” de la ONU, OEA y UNASUR! ¡Por la solidaridad de los trabajadores y los pueblos de toda América Latina con la lucha del pueblo boliviano contra los ataques de la reacción proimperialista!

– 7 ¡Sólo la fuerza de los trabajadores, los campesinos, los pueblos originarios y los sectores populares puede aplastar a la reacción y a sus grupos fascistas!

– 8 Por un gran frente único para la lucha de los trabajadores y las masas de todo el país. Los “movimientos sociales” integrados en el CONALCAM simpatizan con el MAS y tienen ilusiones en la nueva CPE como forma de resolver sus demandas. Les decimos que no confíen en el diálogo y la concertación con la derecha, sino sólo en sus propias fuerzas y en la movilización. Hay que imponer en la COB una línea para llamarlos a luchar unitariamente contra la reacción y por las demandas obreras, campesinas y populares. Este sería también el mejor camino para comenzar a preparar política y prácticamente una Asamblea Popular que concentre las fuerzas obreras, campesinas, indígenas y populares, abriendo el camino a una salida obrera y campesina a la crisis.

– 9 Es urgente convocar al congreso de la COB (que los dirigentes vienen postergando hace meses) para hacer el balance de los recientes hechos, adoptar una posición obrera y fijar los próximos pasos a seguir, uniendo el combate contra la reacción a la lucha por el salario y las demandas obreras y populares.

– 10 El movimiento obrero, campesino y popular necesita las manos libres para batir a la reacción. Por eso, la preparación de la lucha es inseparable del combate en la COB y las organizaciones de masas por la independencia política del gobierno tanto como frente a los empresarios y sus partidos. Al calor de esta lucha hay que construir una dirección revolucionaria para los sindicatos.

– 11 Los trabajadores y estudiantes que formamos la LOR-CI participamos sin condiciones en toda acción progresiva para enfrentar a la derecha con los métodos de la movilización de masas, pero sin conceder el menor apoyo político al gobierno y manteniendo todas nuestras críticas a su accionar al servicio de la colaboración de clases con la burguesía, que sólo ha servido y sirve para envalentonar a la reacción y postergar los reclamos de los trabajadores y el pueblo.

– 12 La lucha sigue. ¡A no bajar la guardia! Reiteramos nuestro llamado a los trabajadores mineros de Huanuni, al magisterio urbano de La Paz, a los luchadores del Plan 3000, a la juventud que quiere enfrentar a la derecha, a la izquierda obrera y socialista, a impulsar sin tardanza un bloque de lucha y por una política independiente de los trabajadores desde las fábricas, minas, barrios, comunidades y centros de estudio.

La cumbre de la LA UNASUR

Manteniendo el “orden” regional
Frente a la convulsiva situación en Bolivia fue convocada una reunión extraordinaria de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) en Santiago de Chile. Asistieron a la misma representantes de 12 gobiernos de la región: entre ellos, el lacayo del imperialismo Uribe, “social liberales” como Lula y Bachelet, “progresistas” como Cristina Fernández y Lugo y los ”nacionales y populares” Chávez y Morales, además de Insulza de la OEA.

El objetivo de la reunión fue buscar una “solución” política al conflicto abierto en Bolivia entre el gobierno de Morales y los prefectos de la derecha autonomista, buscando contener la crisis y evitar así mayores riesgos para el “orden” regional. La recién creada UNASUR, iniciativa de Brasil apoyada por Venezuela para intervenir activamente en la región, tuvo su bautismo de fuego: como afirmó la presidenta chilena Bachelet, trata de “evitar la violencia como forma de resolución a conflictos en democracia”. Este organismo se propone como garante del orden sudamericano, desplazando parte del rol que jugaba tradicionalmente la OEA.

La llamada “Declaración de la Moneda” no presenta ninguna resolución a favor del movimiento de masas y sus reivindicaciones históricas, y no podría hacerlo, ya que su objetivo es mantener el llamado “orden institucional”.

Cabe recordar que bajo ese mismo pretexto, los gobiernos “progresistas” latinoamericanos ya habían actuado de manera “responsable” cuando en la reunión del grupo Río dejaron sin ninguna condena a Colombia tras el criminal bombardeo del gobierno proyanqui de Uribe sobre el campamento de las FARC en territorio ecuatoriano a principios de marzo. Peor aún, desde hace 4 años tropas de Argentina, Bolivia, Chile y Uruguay, lideradas por Brasil, mantienen una ocupación militar en Haití a pedido de EE.UU. que lejos de la supuesta “misión de paz” que dicen representar, han sido acusadas de abusos, torturas y violaciones contra mujeres y niñas de los barrios más pobres, mientras cumplen una función coordinada en la represión interna junto a la Policía Nacional Haitiana.

Por eso en la reunión no se pasó de afirmaciones generales como el respaldo “constitucional” a Morales, respeto a la soberanía, desconocimiento de cualquier golpe o la división del país, cese de la violencia o la condena a la masacre de Pando. También se votó una Comisión para el diálogo político... ¡con los mismos personajes reconocidos como golpistas y fascistas que asesinan a los campesinos!, cuando debería haberse exigido la cárcel inmediata para los responsables del genocidio. No hay resolución que pueda conciliar los intereses de los asesinos y los masacrados. Pero hay que ser claros, el argumento de defensa del “orden institucional democrático”, que ahora se utiliza contra la derecha autonomista, en el futuro será utilizado contra los trabajadores, masas pobres urbanas y campesinas ante cualquier intento de querer desafiar el orden burgués en función de sus intereses fundamentales e históricos.

El balance que hacían los “insignes” representantes era que “por primera vez en la historia, los latinoamericanos resolvemos nuestros propios problemas” como afirmó Chávez al final del Encuentro, y en el mismo tono se pronunciaron Evo, Lula y Cristina Fernández entre otros. Chávez en sus argumentaciones públicas en Caracas, afirma que con la reunión de UNASUR se le pone cierto límite a las pretensiones norteamericanas de apoyar más abiertamente a las tendencias más derechistas. Pero lo que no afirma -y lo corroboran algunos analistas internacionales- es que con UNASUR, al mismo tiempo que destacan el rol de Brasil y Chile, que son vistos como interlocutores más confiables por EE.UU., se le pone límites al rol de Chávez tal como se expresó en la negativa por parte de éstos de que se hiciera referencia explícita a EE.UU. (lo que era pedido por Venezuela), habida cuenta que la injerencia del imperialismo norteamericano ha sido clara y notoria, a tal grado que se llegó a expulsar de Bolivia y Venezuela a los embajadores yanquis.

Si bien es cierto que la reunión se desarrolló sin la presencia directa de EE.UU., también lo es que las resoluciones tomadas no apuntan en ningún sentido a la liberación del sometimiento imperialista sobre Bolivia y el resto del continente. La “integración” de este nuevo sudamericanismo, de la que se vanaglorian todos los gobiernos, nada tiene que ver con los intereses de los trabajadores y los pueblos, ni sirve a emancipación alguna ni mucho menos.

El objetivo principal de los gobiernos reunidos en la UNASUR es desviar definitivamente la movilización de los trabajadores y el pueblo y preservar el “orden” que garantice los negocios de los monopolios imperialistas y capitalistas locales. Por esa razón, a pesar de los discursos “nacionales y populares”, no se ha tocado ninguna de las bases del atraso, la dependencia y las enormes contradicciones sociales de nuestro continente: un puñado de empresarios y terratenientes concentran las mayores riquezas mientras enormes sectores de la población viven en la miseria.

Los trabajadores y los pueblos de América Latina no podemos esperar nada de reuniones como esta, ni tampoco de gobiernos como el de Evo Morales que terminan atando de pies y manos la movilización de las masas, llevándola a un callejón sin salida en nombre de la conciliación con los empresarios y las transnacionales, imposibilitando una lucha seria contra la reacción. Por ello es más importante que nunca pelear para que los trabajadores y los oprimidos latinoamericanos nos armemos de una perspectiva política independiente, levantando nuestro propio programa y uniendo, detrás de la clase obrera, a los sectores populares empobrecidos.

Sólo con la movilización y la autodefensa de masas podemos derrotar a la derecha “autonomista”. Hoy, la solidaridad internacional es urgente y es la única que puede fortalecer la lucha de los trabajadores y el pueblo boliviano.

Notas

[1] IDH, Impuesto Directo a los Hidrocarburos. El Gobierno cambió por decreto su distribución, recortando la cuota de los departamentos y aumentando las de los municipios y el Estado central, para financiar la Renta Dignidad (bono mensual a los ancianos).

[2] Las críticas de Chávez a Trigo, por la demora en reprimir y alertando que él ya ha visto actuar a muchos “militares gorilas” en América Latina apuntan en esa dirección.