El domingo 7 de octubre se realizó una nueva jornada de protesta contra los recortes en el Estado español, con la participación de miles de manifestantes en 57 ciudades. Esta manifestación es la segunda convocada por la Cumbre Social (integrada por las centrales obreras CCOO y UGT junto a decenas de pequeñas organizaciones sindicales, algunas ONG y otros colectivos), quienes ya habían movilizado masivamente el pasado 15 de septiembre, contando también con el apoyo de dirigentes del PSOE.

Después de las manifestaciones del 15S se sucedieron las del 25S (“Rodea el congreso”), que aunque menos masivas tuvieron gran impacto por su cuestionamiento a instituciones muy desprestigiadas como el Congreso de los diputados. Ese día la imagen de la policía antidisturbios repartiendo porrazos por los andenes de la estación Atocha generó un gran repudio y volvió a ocupar a la prensa de todo el mundo. Al día siguiente, tratando de ocultar este clima de descontento social que no deja de profundizarse, el presidente Mariano Rajoy realizó declaraciones en contra de los miles que protestan en las calles, al mismo tiempo que pidió “un reconocimiento a la mayoría de españoles que no se manifiestan, que no salen en las portadas de la prensa y que no abren los telediarios. No se les ven, pero están ahí, son la mayoría de los 47 millones de personas que viven en España”. Sin embargo rápidamente fue desmentido, ya que como indica una encuesta de Metroscopía “Hasta un 77%, tres de cada cuatro ciudadanos, comparte los argumentos de los manifestantes del 25-S en las proximidades del Congreso”. Al mismo tiempo que “Un 91% de los encuestados asegura que en breve habrá manifestaciones masivas frecuentes y un 79% ve próximas protestas ciudadanas violentas” (El País, 6/10).

Si el pasado 7 de octubre las manifestaciones no fueron tan masivas como podía esperarse no fue porque falte descontento y ánimo de protesta, sino porque la convocatoria de la Cumbre Social no ha sido convincente. La dirigencia burocrática de los sindicatos viene subordinando la movilización al objetivo de conseguir un referéndum sobre los recortes. Una propuesta que lleva a la desmovilización y a un callejón sin salida. Toxo y Mendez han anunciado que en caso de no convocarse ese “referéndum” llamarían a la huelga general en noviembre (probablemente el 14 de noviembre, para coincidir con la huelga general en Portugal), pero en vez de prepararla desde ahora siguen tratando de evitarla y apostando a la trampa del referéndum.

Mientras tanto el descontento social se agrava, se desarrollan luchas sectoriales importantes como en educación, luchas duras pero aisladas como los mineros de UMINSA, y crecen las fisuras dentro del régimen con el despertar del sentimiento independentista en Catalunya. Frente a los recortes cada vez más duros y los preparativos de un nuevo “rescate” que seguiremos pagando todos los trabajadores y el pueblo, en una situación de crisis social aguda como la que vivimos, donde ya 1.737.000 hogares españoles no tienen ningún ingreso, y uno de cada dos jóvenes están en el paro; es necesaria una respuesta generalizada, preparando la huelga general y un plan de lucha sostenido y unificado de todos los trabajadores. Para frenar los recortes y lograr imponer un plan obrero de emergencia ante la crisis, para que la crisis la paguen los que la generaron, los banqueros y los capitalistas.