Los intentos del gobierno de copar la agenda con su “relato” progresista y hasta de “defensa nacional”, utilizando la justa causa de Malvinas, vienen naufragando aceleradamente. Al escándalo que provocó la denuncia del “Proyecto X” se suma otra crisis política con final abierto, por la gravedad de los hechos ocurridos en la Estación Once y la obscena asociación del gobierno a la empresa TBA, ambos responsables de este verdadero crimen contra el pueblo trabajador.

Tragedias como la del Ferrocarril Sarmiento desnudan las condiciones inhumanas en las que viajan diariamente millones de almas. A fines de 2010 y mediados de 2011, ya había estallado otro de los dramas más sentidos para el pueblo pobre: la rebelión de los sin techo en Villa Soldati y en Ledesma (Jujuy), por la falta de vivienda. Estamos ante ejemplos contundentes de que, pese al crecimiento económico inédito de los últimos 9 años, el kirchnerismo no ha resuelto los graves problemas que afectan a la Argentina profunda.

Este 22 de febrero, que enlutó a cientos de familias trabajadoras e inundó de dolor al país entero, volvió a develar la realidad donde las concesionarias de los ferrocarriles asociadas al gobierno, literalmente matan para incrementar sus ganancias. La empresa TBA y el gobierno son culpables de la muerte de 50 personas y cerca de 700 heridos. Como denunciaron los miles de usuarios, víctimas de la tragedia y los propios trabajadores, la inversión para el mantenimiento del ferrocarril es prácticamente nula. Los empresarios dueños del país, que se beneficiaron con el “modelo K” en todos estos años no viajaban en el Sarmiento. Allí las víctimas nuevamente fueron trabajadores.

La trama de fondo de esta situación es la continuidad con lo esencial del “modelo neoliberal” de los ‘90. En 9 años de gobierno K la privatización de los ferrocarriles sigue intacta, bajo la forma de concesiones a patronales “amigas”. La “herencia” de los ’90 la vimos también en las últimas semanas, con la defensa fanática de Cristina Fernández y sus gobernadores, de la megaminería a cielo abierto, negando las probadas consecuencias, también criminales, del uso de cianuro contaminante en las provincias donde operan con total impunidad las multinacionales mineras. El Código minero, que data de 1997, permite a las empresas transnacionales y a sus socios locales esta explotación irracional y expoliadora de nuestros recursos naturales.

Los sufrimientos inauditos que trajo la tragedia de Once para cientos de personas del sector más pobre de la población trabajadora se producen a sólo días de que los legisladores nacionales aprobaran un aumento del 100% en sus abultadas “dietas”. Las declaraciones del jefe de la bancada de diputados kirchneristas, Julián Domínguez, justificando el “salariazo” con un “Vaya a cualquier lugar donde se vende ropa y fíjese cuánto sale un traje, una camisa y una corbata” muestran que hasta en los gestos se está colando la continuidad menemista.

Espionaje “nacional y popular”

La denuncia realizada por los abogados del CeProDH y el PTS, patrocinando a los delegados de Kraft y a la que se sumó un amplio espectro de organizaciones de DD.HH., desenmascaró el verso de la política de “seguridad democrática”, con la que pretendían lavarle la cara a las instituciones represivas del Estado (ver páginas centrales). En la Argentina de los “derechos humanos” se hace inteligencia sobre las organizaciones obreras antiburocráticas y sobre la izquierda, incluso violando las propias leyes que “prohíben” este tipo acciones. El pase a retiro de una parte de la cúpula de la Gendarmería por parte de la Ministra Garré, tiene el objetivo de “echar lastre” para cubrirse las espaldas y liberar al gobierno de su evidente responsabilidad política. Y esto cuando el mismo Verbitsky confiesa que el actual Jefe de la Gendarmería “Nacional” es “un hombre de la DEA en la Argentina” (Página/12 19/02/12). Pero la denuncia del “Proyecto X” también ha desnudado el doble discurso del gobierno en su faceta más progre, defensora de los derechos humanos y le ha generado una crisis que abre un campo propicio para avanzar en la defensa de todos los luchadores perseguidos y en la anulación de las causas. Golpear contra la acción directa de los que luchan es el objetivo del “Proyecto X”, mucho más cuando la Presidenta ya alertó que son tiempos de “sintonía fina”, es decir de ajuste. Los espiados por Gendarmería son militantes de la izquierda y luchadores antiburocráticos que luego son procesados.

Nuestro partido, el PTS, cuenta en sus filas con más de cien compañeros con causas judiciales. Entre ellos los delegados de Kraft, que iniciaron la denuncia contra “Proyecto X” y que hoy encabezan la flamante lista Bordó contra el burócrata Rodolfo Daer en el gremio de la Alimentación (ver contratapa), así como varios compañeros ferroviarios de la Bordó del Roca, que siempre estuvieron al frente de las denuncias contra las indignantes condiciones en que viajan los usuarios de los ferrocarriles.

Causas de toda la clase obrera

Para la burocracia sindical de la CGT la gravedad de los hechos de Once sólo mereció, hasta ahora, una denuncia por “twitter” y el reclamo “para el futuro” de que “cese la concesión a TBA”. Según Julio Piumato, las empresas y el gobierno son responsables por no haber hecho caso a las denuncias de los trabajadores. Pero se trata de declaraciones generales, sin tomar ninguna medida concreta. El “Proyecto X” directamente no figura entre sus preocupaciones. Semanas atrás, Hugo Moyano atinó a decir que había un “cambio” en la política del gobierno respecto de la criminalización de la protesta, criticando la represión a los veteranos de Malvinas y la persecución a los que luchan contra la megaminería a cielo abierto. Puras palabras cuando el diputado de la CGT, Omar Plaini, votó la Ley Antiterrorista. La agenda discursiva de la burocracia sindical se limita a la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, las paritarias y prioritariamente el reclamo de su “caja” de las Obras Sociales. Los tarifazos, la causa contra la megaminería, la necesidad vital de acabar con las privatizaciones y la lucha contra la represión, están ausentes.

Mientras los trabajadores se preparaban para unas paritarias donde gobierno y empresas pretenden imponer techos salariales, aumentos de tarifas e inflación, ocurrió la tragedia de Once y el escándalo del “Proyecto X”. Ante la negativa de la burocracia sindical de levantar demandas que involucren al conjunto del pueblo pobre y trabajador, la clase obrera y en especial su vanguardia clasista, además de prepararse para luchar por un salario mínimo equivalente al costo de la canasta familiar, el fin del trabajo en negro y paritarias libres sin techo y con delegados electos en la base, deben inscribir en su programa la inmediata renacionalización sin pago de los ferrocarriles y de todas las empresas privatizadas, bajo administración de los trabajadores y con la asistencia de comites de usuarios, el fin de la megaminería a cielo abierto y la nacionalización de los recursos naturales, el combate contra la represión y el espionaje. Por el cese de las causas a todos los luchadores, la anulación de la Ley Antiterrorista y la disolución de los Servicios de Inteligencia.

Hay que imponer en todos los sindicatos un plan de lucha nacional por estas reivindicaciones y que también estén presentes en la próxima marcha convocada por la CTA opositora el 14 de marzo.