El mes de marzo estremeció las principales ciudades y la capital de Honduras. Las distintas organizaciones sindicales del magisterio nacional, aglutinadas en la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras, unieron fuerzas en defensa de sus derechos laborales y contra la aplicación de la llamada Ley Educativa Comunitaria [1] del gobierno de Porfirio Lobo que busca sentar las bases de la “municipalización” y privatización de la escuela pública. El gobierno nacional había declarado ilegal la huelga dando un ultimátum para reanudar las clases amenazando a los docentes que no se presentaran a trabajar con suspensiones sin goce de sueldo por un año. Durante tres semanas venía reprimiendo la lucha, pero invistió con mayor ferocidad el 30/3 cuando el apoyo de otros sectores a la lucha del magisterio se hizo presente, bloqueando vías de comunicación, realizando plantones de protestas y movilizaciones frente a edificios públicos y privados y se paralizaron las labores en miles de centros de trabajo. Mientras escribíamos este artículo los dirigentes de las organizaciones del magisterio levantaron la huelga luego de casi un mes de continuas movilizaciones, y se sentaron a negociar con el gobierno.

Desataron una salvaje represión a las manifestaciones callejeras, con decenas de detenidos y heridos a lo largo y ancho del país, y con el saldo de la docente Ilse Ivania Velázquez de 59 años de edad, asesinada a manos de uniformados de la Policía Preventiva y del Ejército. Invadieron el campus de la Universidad Nacional por el apoyo del sector estudiantil, de sedes sindicales del magisterio así como diversas escuelas y colegios nacionales. Fueron dos semanas consecutivas de represión abierta a los más de 60.000 maestros y maestras en todo el país. Esto fue lo que hizo que nuevamente Honduras vuelva a ser noticia internacional luego del golpe estado de Michelletti y la instauración del gobierno fantoche de Porfirio Lobo electo en fraudulentas elecciones.

Es que el régimen de Porfirio Lobo, directa continuación del régimen golpista, ha venido con una clara política de someter al movimiento de masas y a toda la resistencia que se articuló contra el golpe de Micheletti, en la búsqueda de estabilizar el país para los buenos negocios de la burguesía local y el imperialismo. La actual represión al sector magisterial de Porfirio Lobo no es más que la continuación de la escalada represiva que arrastra una ola de asesinatos y desaparición de dirigentes sindicales, de los movimientos populares y de luchadores sociales. Además ha venido avanzando en un conjunto de medidas contra los trabajadores, los campesinos y el pueblo, tal como se expresó con la derogación del Decreto 18-2008, que permitía expropiar tierras que habían sido recuperadas desde hace treinta años por parte de los campesinos, y frente a lo cual a principios de febrero de este año, los campesinos y las campesinas tomaron masivamente las calles de Tegucigalpa. También como la continuación de la Ley Antiterrorista, que vulnera flagrantemente los legítimos derechos y conquistas de los trabajadores y el campesinado; los continuos aumentos de los impuestos? municipales y hasta la construcción de verdaderos enclaves para las grandes transnacionales cínicamente llamados “ciudades modelo”. Por eso no fue casualidad que hasta la propia Embajada de EE.UU. en Tegucigalpa se regocijara con la violenta represión a los maestros y maestras declarando públicamente, a través de su vocero, Jeremy D. Spector, que “las manifestaciones… son realmente aterradoras y una causa de preocupación para todos” (El Heraldo, 05/04). Incluso, cuando reprimía y en medio de las movilizaciones el gobierno de Lobo terminó aprobando la Ley Educativa.

El lunes 3/04 los dirigentes de las seis organizaciones magisteriales decidieron levantar la huelga, sin siquiera consultar al conjunto de los maestros y maestras que han venido siendo fuertemente golpeados durante casi un mes de lucha. Aceptaron la imposición del gobierno de levantar la huelga para instalar la Mesa de Diálogo en la Casa Presidencial tras la normalización de las clases en las diferentes escuelas y colegios. Se trataría de un “diálogo permanente” al cual, además del gobierno central, se sumaron miembros del Congreso Nacional, supuestamente para atender las demandas del sector magisterial. Pero la huelga se levantó apenas por promesas, incluso sin la liberación de los detenidos ni la suspensión de las sanciones aplicadas a los y las docentes en huelga, y sin culpables por el asesinato de la maestra Velázquez.

Tarde llegó el apoyo de la Coordinación General del llamado Frente Nacional de Resistencia Popular, que tuvo que esperar muchos días de lucha y la gran escalada represiva para fortalecer la huelga nacional docente, convocando un Paro Cívico Nacional recién el 30/3, sin coordinación ni contundencia, limitándose apenas a participar a través de individualidades sindicales en la lucha. Desde estas páginas denunciamos que esta Mesa de Diálogo no es más que otra instancia para terminar de desmovilizar la gran lucha del magisterio y demás sectores en lucha, y exigimos la inmediata libertad de todos los maestros y maestras detenidas, ninguna sanción para ningún huelguista y juicio y castigo a los asesinos de Ilse Ivania Velásquez.

La alta combatividad de los trabajadores, campesinos, estudiantes y demás sectores populares y fundamentalmente del combativo sector magisterial, tendrá que avanzar en niveles de organización superiores desde las bases, desde cada lugar de trabajo, desde cada escuela, desde cada ocupación de tierra, para que se exprese en elevados niveles de organización en forma independiente y derrotar al régimen de Porfirio Lobo, continuista del golpismo.

Notas

[1] Su nombre por extenso: Ley para el Fortalecimiento de la Educación Pública y la Participación Comunitaria.