El conflicto de los empleados, obreros y docentes universitarios parece cerrar una etapa, con resultado contradictorio: se combinaría el logro de reivindicaciones parciales, con el hecho que el gobierno desconoce conquistas de un sector (como las Normas de Homologación), desconoce organizaciones gremiales que no le son afines, y continúa la intimidación judicial para obligar el cese del paro de profesores. Se pactó un aumento salarial de 75% en tres partes (así como aumentos de primas y bonos), mientras continúa la discusión de la “contratación colectiva única”.

Las asociaciones de profesores de varias universidades nacionales no avalan el acuerdo, y no queda claro si tendrán fuerza para sostener el paro indefinido. Siendo un conflicto con repercusión nacional y hacia lo interno del movimiento obrero, así como de las corrientes políticas que se reivindican revolucionarias, es muy importante hacer un balance de cara a la lucha misma y a las luchas por venir.

La lucha obligó al gobierno a ceder… parcialmente

Las medidas de paros parciales, intercalados, marchas, etc., se reanudaron con fuerza en mayo, mientras el gobierno prometía unas mesas de diálogo para discutir una contratación colectiva única del sector (acordada entre éste y sus sindicatos más afines), negándose a poner en la mesa un aumento salarial de emergencia por los varios años sin aumento, así como desconociendo las Normas de Homologación en el caso de los docentes.

Las burocracias sindicales más subordinadas al gobierno –como la que lidera Carlos López, de FETRAUVE, así como FENASINPRES, FENASTRAUV y FENASOESV–, agrupadas en la ultra gobiernera Central Bolivariana “Socialista” Trabajadores (CBST) eran pieza clave del juego, mientras federaciones dirigidas por burocracias chavistas que venían manteniendo una actitud crítica por las políticas del gobierno en el sector laboral, estaban excluidas de la mesa, y se resistían a tal esquema y presionaban por el aumento y por ser incluidas en la negociación, como es el caso de FETRAUNIVERSITARIOS, encabezada por Eduardo Sánchez, agrupado en la Unión Nacional de Trabajadores (UNT). A su vez la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios (FAPUV) y asociaciones de profesores de las universidades autónomas – con lazos directos con la oposición patronal-– exigían también discusión del aumento, cumplimiento de las Normas de Homologación y su reconocimiento como representantes gremiales.

El día de la instalación de las mesas de negociación (20/05) en el MinTrabajo, el gobierno y sus burócratas sindicales más afines se vieron en apuros ante una movilización de empleados y obreros –donde tenían peso el SINATRA y SUTRA de la UCV, junto a FETRAUNIVERSITARIOS– que exigía estuviesen en la mesa también sus representantes sindicales excluidos.

La entrada en paro indefinido de profesores de varias de las principales universidades del país, las crecientes movilizaciones estudiantiles en varias ciudades a favor del reclamo docente (orientadas por federaciones estudiantiles ligadas a la oposición, o autoconvocadas, aunque con sentidos comunes más afines a la oposición o con especial énfasis en el reclamo de los docentes y no del conjunto de los trabajadores), así como la continuación de paros parciales de empleados y obreros, llevaron al gobierno a aceptar la discusión del aumento de emergencia, paralelo a la discusión de la “contratación colectiva única”.

Es que si el gobierno no cedía, estaba planteada la posibilidad de que entraran de lleno en conflicto también los empleados y obreros –que hasta ahora venían aguantados por las direcciones sindicales, sin hacer paros ni marchas en unos casos, o con paros solamente parciales en otros–, empujando a las burocracias afines al gobierno a desarrollar estas medidas de lucha. Esta posibilidad, junto a la extensión nacional del conflicto, y la necesidad de evitar tener que lidiar con varios conflictos importantes de trabajadores (estaba en curso la huelga de Ferrominera del Orinoco y la mesa de discusión del contrato del sector salud con algunas movilizaciones de sindicatos de base que cuestionaban la representatividad de las burocracias que negocian) al mismo tiempo que enfrentar los problemas económicos (inflación, escasez de alimentos, baja producción, escasez de dólares, etc.) llevaron al gobierno a torcer el brazo.

Luces y sombras del acuerdo salarial

El gobierno ha logrado pactar con las federaciones sindicales oficialistas un aumento del salario de 75%, en 3 partes: 25% desde enero 2013, 25% a partir del 1/09/13 y el 25% restante a partir del 1/01/14. Los trabajadores universitarios no habían recibido aumentos en 2008, 2009 y 2010, años en que la inflación sumó 83%. Recibieron un aumento de 40% en 2011, año en que la inflación fue de 27,6%. En 2012 no hubo aumento. Ahora reciben un aumento de 25% para los ocho primeros meses de este año, que llegará a 50% en los últimos cuatro meses. La inflación acumulada entre 2008 y mayo de 2013 llega a 122%, fecha para la cual los trabajadores universitarios han recibido 65% de aumento (40% de 2011 más el 25% de ahora. Recién al final de año, hasta diciembre, con el otro 25%, se habrá alcanzado un aumento de 90% en todo el período que va de 2008 a 2013, período para el que es muy probable que la inflación termine sumando más de 130%. El acuerdo amarra un 25% para 2014 y no se discuten nuevos aumentos hasta 2015, sin saber aún cuanto será la inflación al cierre de este año y la de todo el año próximo.

Con aumentos en los montos de primas y bonos, incluyendo el ticket alimentación que pasa de 24 a 30 días, el salario integral alcanzaría en 2014 un aumento de entre 105% a 145%, dependiendo la categoría. Como es claro, el acuerdo implica recomposición, pero parcial, del salario de los trabajadores universitarios, que apenas si llega al ras de la inflación acumulada, para quedar nuevamente rezagado durante 2014.

El acuerdo incluye la homologación de los salarios de los trabajadores de los institutos y colegios universitarios a los del resto del sector. Por otro lado, este acuerdo rige solo para los activos, no incluye a jubilados, así como las categorías de profesores tiempo convencional y medio tiempo –que son un sector considerable del total de docentes– reciben solo el aumento del básico, pues no cuentan con primas ni bonos.
Al mismo tiempo, el gobierno desconoce las Normas de Homologación de los profesores, que aconsejan tomar en cuenta el índice de inflación para ajustar los sueldos cada dos años (art. 13). Es claro que el gobierno no quiere estar atado a la idea de aumentar salarios tal como aumente el costo de la vida, así como también a la representación gremial que las Normas establecen como interlocutor: la FAPUV.

El gobierno/patrón decide quién representa y quién no a los trabajadores

Así, otro aspecto que se instala con el presente acuerdo, es la potestad del gobierno de decidir a quién reconocer y a quién no como representante de los trabajadores, de acuerdo a líneas de simpatías políticas o subordinación al gobierno, marcando un precedente nefasto. El gobierno optó por desconocer como representantes de los trabajadores docentes a la FAPUV y las asociaciones de profesores de las 18 universidades que esta agrupa, que no se ubican políticamente con el gobierno, sino en la mayoría de los casos con la oposición patronal.

Como señalamos durante la intervención en el conflicto desde la LTS, junto a Barricada y lxs compañerxs del Comité Estudiantil de Apoyo a la lucha, si bien es cierto que las direcciones profesorales que el gobierno no reconoce avalan el régimen antidemocrático interno en las universidades autónomas, ese no es el motivo por el cual el gobierno las desconoce, pues ¿acaso en las universidades controladas por el gobierno hay más democracia que en las autónomas? “En esta lucha al gobierno no le importa cuán democráticos o no sean las direcciones profesorales, pues sus propias burocracias sindicales afines convalidan el régimen antidemocrático de las universidades del gobierno. (…) si hay que sacarse de encima estas direcciones burocráticas –como también las de empleados y obreros– es una tarea que corresponde enteramente a las propias bases docentes, no al gobierno ni a sus corrientes estudiantiles afines que se proponen boicotear la lucha, asumiendo una vergonzosa actitud de rompehuelgas” [1].

A dios rogando y con el mazo dando: la “justicia” como garrote contra las huelgas

Al tiempo que se cierra este acuerdo salarial la “justicia” burguesa continúa el acoso contra la FAPUV y otras asociaciones de profesores, como la APUCV, por los llamados a paro, citando a los dirigentes y emitiendo órdenes judiciales para obligar por esa vía el cese de la huelga. Mientras Maduro se reúne con la alta jerarquía nacional de la iglesia católica y con el Papa (así como con lo más concentrado de la burguesía nacional) no cesó nunca de fustigar al paro docente como “saboteo”… y de acudir al garrote de la “justicia” burguesa para combatir la huelga. Contando con el silencio cómplice de las federaciones sindicales chavistas en la mesa de negociación –incluyendo las supuestamente “críticas” y “combativas”, como el SINATRA-UCV y FETRAUNIVERSITARIOS– que avalan totalmente este amedrentamiento patronal y criminalización de la huelga, sin oponerse ni denunciarlo, una actitud que no puede ser calificada sino como traidora a los intereses de la clase obrera, pues bien saben que lo que está en juego es el derecho a huelga.

Una política para la unidad desde las bases en lucha

Con las modestas fuerzas con que contamos, desde la LTS, y la naciente agrupación juvenil revolucionaria Barricada, intervinimos decididamente en la UCV, junto a compañerxs independientes con quienes pusimos en pie un “Comité estudiantil de apoyo a la lucha de los trabajadores”, planteando una perspectiva de clase, a favor de la lucha y sus medidas, de independencia política tanto frente al gobierno como ante las autoridades de las universidades, y para un desarrollo de la lucha desde las bases, para la autoorganización y coordinación desde las bases en lucha, como vía que permitiese poner en pie un poderoso movimiento de trabajadores y para que la dirección no quede en manos de las respectivas burocracias sindicales pro gobierno o pro MUD y pro régimen universitario. Asambleas deliberativas –no meramente informativas– y de base –no solo generales– por escuela, facultad y dependencia, donde la base de los trabajadores tomen en sus manos el destino y la conducción de la lucha, con delegados votados por la base y con mandatos de estas, responsables y revocables por sus respectivas asambleas, para poner en pie un comité de conflicto compuesto por estos delegados y delegadas de base, como órgano de dirección de la lucha, ante el que tuvieran que responder las direcciones sindicales.
Por supuesto, nunca fue esta la línea ni de la APUCV ni del SINATRA y el SUTRA, que nunca apostaron a la autoorganización de las bases ni a la unidad de todas las categorías de los trabajadores.

¡Basta de encorsetar las luchas obreras en la polarización gobierno-oposición!

¡Por una perspectiva y política obrera con independencia de clase!
En este conflicto hemos visto de nuevo cómo a los intereses y luchas de los trabajadores se le intentan imponer la lógica de la pugna política entre el gobierno y la oposición. Pero hay que decir que si la oposición aparecía como casi el único sector político que apoyaba la lucha, en especial la de los docentes (que eran los que estaban en paro indefinido y movilizaciones de calle en las últimas dos semanas), era precisamente porque la mayoría de los partidos y corrientes que se reivindican de izquierda, subordinados como están al gobierno nacional, estuvieron adaptados al esquema dispuesto por el gobierno y aceptado por las direcciones sindicales afines al mismo, o directamente boicoteando el paro docente, como hicieron por ejemplo en la UCV, entre otros, grupos como Marea Socialista y la juventud del PCV (a través de la “Coordinadora de Colectivos de Izquierda).

Hay que dar una lucha constante y decidida, sin descanso, para sacarse de encima esta lógica que los principales bandos que se disputan el control del país intentan imponer a las luchas de la clase trabajadora: contra la demagogia de la oposición proimperialista que quiere hacer del descontento obrero y popular base para su programa de mayores “libertades” para los empresarios y alineamiento con los EE.UU., y contra el intento del gobierno chavista de deslegitimar cualquier lucha seria como “saboteo de la derecha”. La clase trabajadora debe pelar por sus derechos sin quedar presa entre esas dos opciones, bregando por aparecer en la escena nacional con una perspectiva propia, anclada en la más amplia democracia en sus propias filas para decidir los destinos de su situación y de sus luchas, sin prejuicios políticos ajenos a sus intereses de clase, apostando a irrumpir no solo como sujeto de lucha reivindicativa sino también como sujeto político, capaz de plantear salidas a los problemas más acuciantes del país y del pueblo trabajador.