Desde la prensa, la radio, la televisión se habla de la inseguridad. Día a día los medios de comunicación arrojan números, imágenes, titulares que demandan mayor reforzamiento de los aparatos represivos, y mayor presencia policial en las calles y los barrios. Así, vemos cómo en las principales ciudades del país se hace toda una demostración ostentosa del aparato represivo, mientras proliferan las instalaciones de carpas de guardias nacionales y de las distintas policías en las plazas, en las zonas pobres y hasta en las escuelas y liceos. El gobierno nacional, los gobiernos regionales y municipales de todos los colores políticos gastan millones en el reforzamiento de este aparto que responde a la lógica de un gran movimiento reaccionario del que se han hecho eco todos los partidos políticos patronales pidiendo por una “seguridad”, que implica de fondo la penalización de la miseria , pues es hacia las mayorías más pobres hacia donde dirigen sus miradas y sobre quienes terminan por imponer un verdadero control social a través del sistema represivo del Estado.

El verdadero origen de la inseguridad

Más policías y mayor control social, en esto coinciden plenamente desde el gobierno nacional de Chávez hasta la oposición de derecha. El bombardeo es tan grande que convencen a sectores del pueblo de que realmente esta es la salida, donde los pedidos por mayor seguridad tiñen de manera reaccionaria el clima social recayendo sobre los más desfavorecidos.

De esta manera, todos estos sectores que piden aumentar el aparato represivo del Estado y el control social, lo que ocultan es el verdadero origen de la inseguridad: la enorme desigualdad social y la miseria generada por este sistema capitalista de explotación y opresión. Los partidos de la oposición siempre empiezan culpando a los pobres por las aberraciones que este régimen social de explotación genera, y el gobierno de Chávez que tanto se llena la boca en defensa de los pobres y de “socialismo” se hace eco respondiendo con el mismo programa represivo de esta derecha. Cuando la falta de trabajo, el hambre, las terribles condiciones de vida que padece el pueblo pobre, la marginalidad, su propia inseguridad, son todos flagelos que se originan en este sistema.

Es este sistema putrefacto, de grosera concentración de las riquezas en un polo ultra minoritario de la población y grandes necesidades en el otro extremo, el causante del robo y el “delito” en los sectores más pobres, que son empujados cada vez más a la miseria y el hambre, donde robar, por ejemplo, más que una opción, se transforma en una necesidad. Por eso es una completa hipocresía la condena de las clases dominantes a una criminalidad que se encuentra enraizada en lo más profundo de este régimen social, basado en el robo “legal” del trabajo ajeno por parte de los capitalistas, y que persistirá inevitablemente mientras éste no sea suprimido. Justamente los verdaderos delincuentes y responsables de la inseguridad son los que día a día nos roban nuestros derechos sociales y laborales, nuestras conquistas y libertades, en fin nuestro futuro, ellos son los responsables de la marginación de miles de personas.

¿Combatir la inseguridad reforzando a la policía?

La pretensión de combatir el crimen endureciendo penas y fortaleciendo las fuerzas represivas, no hace más que alimentar el asesinato vil llevado a cabo por los órganos policiales y las propias mafias policiales que son las principales fuentes de delito en el país. Los delitos de mayor gravedad como los que se califican “delincuencia organizada” que participa en robos, secuestros, extorsiones, estafas y fraudes, venta y tráfico de estupefacientes y por supuesto homicidios están, sino encabezados muy bien protegidos por policías de toda índole y calaña.

Como develó Marx: “El crimen descarga el mercado del trabajo de una parte de la superpoblación sobrante (…) y, al mismo tiempo, la lucha contra la delincuencia absorbe a otra parte de la misma población” [1]. Así, el delito generado en el propio capitalismo, ha sido siempre, a su vez, utilizado para alimentar la industria de uniformes y armamentos, sistemas y aparatos de seguridad, como el actual negocio de las agencias de seguridad privadas que se han convertido en grandes generadores de “fuentes de empleo”. Como vemos, es la misma policía a quien buscan fortalecer, la verdadera mafia protagonista del “gran delito” de los secuestros extorsivos, los robos de autos, la prostitución, el narcotráfico, sin dejar ningún crimen por explorar.

Según cálculos del Ministerio Público, sólo 10 funcionarios fueron condenados entre 2008 y el primer trimestre de 2009, a pesar de que se recibieron 10.103 denuncias de lesiones, torturas, violaciones de domicilio, privaciones ilegítimas de libertad, acosos, hostigamientos y desapariciones forzadas cometidos por la policía [2]. Según el Informe anual 2009 de Provea, 205 muertes fueron responsabilidad de distintos cuerpos de seguridad del Estado bajo el patrón de ejecuciones sumarias, uso indiscriminado de la fuerza pública, fallecimiento por torturas o tratos crueles. Todo esto sin contar la cantidad de asesinatos en manos de la policía, que después figuran como enfrentamientos entre bandas.

La propia fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, tuvo que reconocer que: "Es común oír que los autores de los delitos graves como secuestro, extorsión, robo o narcotráfico son miembros de algún cuerpo policial, hecho que lamentablemente constituye una realidad". Y esto sin contar con otros delitos o “negocios” consuetudinarios que no se mencionan, como el robo (“decomiso”) de mercancía a los buhoneros –ese sector del proletariado que el capitalismo semicolonial condena al desempleo estructural–, o los burdeles clandestinos y la represión hacia las prostitutas que no se someten a este negocio de los policías. Hasta el propio Tareck el Aissami, ministro de Relaciones Interiores y Justicia, tuvo que admitir al menos, que más de un 20% de los delitos cometidos son realizados por policías. Este dato, por sí solo, desmonta de cuajo las pretendidas justificaciones para estos aparatos: si el 20% de los delitos los cometen los cuerpos de seguridad del Estado burgués, pero los miembros de estos cuerpos constituyen apenas un 0,58% [3] del total de población que tiene 15 años y más, quiere decir que la proporción del “potencial delictivo” por persona es abrumadoramente mayor a lo interno de los propios cuerpos de seguridad que entre el resto de la población. Otro dato significativo en este sentido, tiene que ver con la conclusión a la que llegara la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional al reconocer que “bandas enquistadas en los cuerpos de seguridad del Estado, dirigidas por funcionarios de alto nivel, están detrás de la ola de secuestros que sacude el país” [4]. Es toda una podredumbre la “seguridad” del Estado burgués.

Inseguridades de las que nadie habla

Pero hay inseguridades perpetradas por este sistema de explotación capitalista, de las que nadie habla. Además de la inseguridad que sufren los pobres, en su mayoría jóvenes a manos de la policía y la guardia nacional, está la inseguridad de los millones que viven en los barrios, en las peores condiciones de pobreza, y que no pueden garantizarle ni un plato de comida a sus hijos; la total inseguridad frente a la amenaza constante de pérdida del empleo en los próximos meses, o de conseguir al menos matar un tigre para poder comer; la inseguridad de millones de no contar con los servicios básicos de agua potable o una vivienda digna, o que se le venga encima la casa con las lluvias por lo precario de su construcción; la inseguridad de millares de familias pobres de saber si sus hijos van a poder completar sus estudios; la inseguridad de millones al enfrentarse a una enfermedad curable que puede acabar con sus vidas ya que carecen de acceso a los servicios básicos de salud. También la inseguridad de millares de campesinos frente a los sicarios y paramilitares financiados por terratenientes; la inseguridad de los trabajadores frente al sicariato patronal por luchar por sus derechos elementales; la inseguridad de obreros frente a la represión policial por pelear por salarios.

De qué seguridad se habla si prácticamente el 20% de los más ricos se llevan el 50% de los ingresos, mientras el 40% de los pobres y más pobres apenas perciben el 15% del total de los ingresos, según los propios datos del Instituto Nacional de Estadísticas. Las ganancias patronales abarcan un 60% del PIB, mientras los salarios apenas un 28% ¿Quién roba a quién? De qué seguridad nos hablan, si la desocupación en los jóvenes entre los 18 y 24 años, para el mes de marzo del presente año ascendió al 18,7%, es decir, decenas de miles que buscan trabajo y no lo consiguen; y esto sin contar la gran cantidad de jóvenes que ya no buscan trabajo por el desaliento y la ausencia del mismo oculto estadísticamente bajo la llamada población "inactiva". De esta inseguridad nadie habla, porque la inseguridad también es una cuestión de clase.

Llamamos a oponernos a las voces reaccionarias que claman por la política de profundizar la militarización de la pobreza

Desde el LTS denunciamos y repudiamos el reclamo de fortalecimiento de la fuerza policial y de mayor control social, así como la política de militarizar las ciudades que cada vez es más extensiva. A la demanda de “control social” y más policías contra el pueblo pobre, es necesario oponer un programa para terminar con la miseria y degradación de la clase trabajadora.

Por eso planteamos que no haya más despidos, que se repartan las horas de trabajo entre todas y todos los trabajadores sin rebaja salarial, para acabar con el desempleo, y que, además, se ponga en pie un verdadero plan de obras públicas para la construcción de escuelas, hospitales y viviendas, que genere trabajo para miles de desocupadas y desocupados, bajo su control. ¡Que no se pague más la deuda externa y esos fondos se destinen para este plan, junto con los que provengan de cobrarles impuestos a las grandes fortunas de los empresarios y patronos! Avanzando con medidas así, podremos empezar a liquidar tanta degradación y miseria que hoy sufre el pueblo trabajador y pobre.
Los trabajadores debemos luchar para terminar con el aspecto más antidemocrático de este régimen político y social, el monopolio de la violencia en manos del Estado de los explotadores, y luchar por la disolución de los cuerpos policiales, la guardia nacional junto a todas las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia, que incrementan la coerción ante el avance de la pobreza y la descomposición social. Lejos de pretender reforzar esos organismos represivos, reformar o "depurar" esas verdaderas “asociaciones ilícitas” hay que disolverlas, para ser reemplazados por comités de defensa compuesta por trabajadores, campesinos, con participación en su dirección de integrantes de organismos de derechos humanos y víctimas de la represión policial e institucional, medida elemental esta, que no es más que una medida de autodefensa irrenunciable para enfrentar la violencia de los capitalistas.

¿Quién mejor que las mismas organizaciones comunitarias y obreras para garantizar su seguridad? ¿Acaso están más interesados los patrones o alcaldes en mantener la seguridad que los propios trabajadores y habitantes en sus lugares de trabajo y vivienda? La burguesía y sus burócratas siempre nos inculcan que estamos más seguros mientras mejor armadas están sus instituciones policiales. ¡Todo lo contrario, más seguros estaremos los del pueblo trabajador en la medida en que nosotros mismos tengamos los medios reales para defendernos y organizar la vida en la comunidad y lugares de trabajo! Por eso mismo, del seno de las organizaciones comunitarias y obreras pueden y deben elegirse democráticamente las personas que cumplan estas tareas en el barrio, en los lugares de trabajo y en las calles de la ciudad.

Llamamos a todas las organizaciones obreras, sociales, políticas y de derechos humanos que se reclamen democráticas, a pronunciarse enérgicamente contra estos llamados reaccionarios de más policías y represión social, y organizarnos para enfrentarla. ¡Basta de persecución policial a los jóvenes y los pobres! Hay que poner en pie un movimiento común por el desprocesamiento de los luchadores obreros y populares, por el juicio y castigo a los responsables de las ejecuciones policiales, el sicariato patronal, por la disolución de las fuerzas represivas y por la defensa de las libertades democráticas amenazadas por el movimiento de la oposición de derecha y del gobierno de Chávez.

“Un grupo de familiares de… señalaron que fueron detenidos en distintos lugares en El Cementerio y llevados hasta el barrio El 70, y que casi todos llamaron a sus familiares para que supieran que estaban detenidos y que los efectivos policiales los llevaban a una zona montañosa… todos fueron llevados a distintos centros hospitalarios. Todos tenían tiros de gracia en la cabeza”

Extractos de la denuncia de la manera en que 10 jóvenes fueron asesinados en 22-09-09 por la acción de la PM y PoliCaracas en El Valle, Caracas.

20%

de los crímenes los comenten miembros de los cuerpos policiales, quienes a su vez no representan ni el 1% de la población mayor de 15 años.

43.362

fueron los casos de denunciados entre 2000 y 2009, de lesiones, torturas, violaciones de domicilio, privaciones ilegítimas de libertad, acosos, hostigamientos y desapariciones forzadas cometidos por policías

Menos del 0,1%

de las denuncias entre 2008 y el 1er trimestre de 2009 condujeron a condenas a los policías responsables (10 condenados de 10.103 denuncias).

Las cifras de 2009

205 personas asesinadas por los cuerpos policiales
Según patrones y subpatrones de las muertes: 135 por ejecuciones, 1 por negligencia, 45 por uso excesivo de la fuerza, 14 por uso indiscriminado de la fuerza, 10 por torturas o tratos crueles; 45 ocurrieron bajo custodia y 5 en manifestaciones.

"Es común oír que los autores de los delitos graves como secuestro, extorsión, robo o narcotráfico son miembros de algún cuerpo policial, hecho que lamentablemente constituye una realidad... Numerosos procesos penales contra ciudadanos comunes se originan por hechos punibles construidos y fabricados por funcionarios policiales que por cualquier razón deciden perjudicar a una persona"

Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República