Por la movilización y huelga general hasta que caiga el gobierno de facto de Micheletti

1 Luego de fracasadas las primeras reuniones del 9 y 10 de julio entre los golpistas del gobierno de facto de Roberto Micheletti y la delegación del derrocado presidente Manuel Zelaya, una nueva ronda se prepara para el próximo sábado 18 de julio, convocada por el mediador Óscar Arias, presidente de Costa Rica.

Está claro que la política de negociación ideada por el imperialismo norteamericano está permitiendo que se mantenga el gobierno golpista de Micheletti, que ya lleva casi tres semanas como presidente de facto, otorgándole legitimidad en los hechos, a pesar de los discursos de rechazo al golpe de todos los gobiernos de la región.

2 Como era de esperarse, el objetivo de las negociaciones impulsadas por los Estados Unidos, apoyada por la OEA y aceptada por Manuel Zelaya en la reunión con la jefa del Departamento de Estado, Hilary Clinton, era descomprimir la movilización popular contra el golpe que había tenido su punto más álgido el pasado 5 de julio, cuando decenas de miles de hondureños fueron al aeropuerto de Toncontín para recibir al presidente Zelaya. El repudio a la represión de los golpistas, que dejó como saldo dos manifestantes muertos y cientos de heridos, amenazaba con desencadenar un proceso incontrolable para el gobierno de facto.

Con las negociaciones generando falsas expectativas entre el pueblo salieron favorecidos aquellos que venían de reprimir al movimiento de masas, que a la vez vieron aliviada la presión externa. Esto permitió mantener la unidad del frente interno de los golpistas que, luego las crecientes movilizaciones durante los primeros días del golpe, había comenzado a dar signos de estar resquebrajándose. Ante el peligro de que la movilización diera un salto en su enfrentamiento contra el conjunto de las instituciones reaccionarias que se habían alineado detrás del golpe militar, la opción de la negociación apareció como la más adecuada para todas las partes. Es que no sólo la administración Obama quería evitar este escenario, sino también el mismo Manuela Zelaya, razón por la cual se termina sometiendo al plan norteamericano.

3 De esta manera, la participación de Zelaya en la negociación y sus llamados a la movilización pacífica sólo han favorecido a la política norteamericana de sustentar a los golpistas a quienes jamás se les retiró el apoyo concreto. Más allá de que Obama se pronunció por la “restitución del presidente Zelaya”, está claro que el imperialismo norteamericano compartía con los golpistas el objetivo de evitar que se consolide el alineamiento de Honduras con el bloque del ALBA, lo que incluía la destitución de Zelaya. Esto quedó demostrado cuando el propio Hugo Llorens (ex director de Asuntos Andinos del Consejo Nacional de Seguridad en Washington cuando sucedió el golpe contra Chávez en el 2002) y embajador de Estados Unidos en Honduras, admitió haber participado en reuniones secretas donde se discutieron los planes de golpe militar antes del secuestro de Zelaya. En la misma línea, un sector importante de legisladores norteamericanos hacían lobby para el recibimiento de los golpistas en Washington. De la misma manera, como lo denunciara el no menos vocero imperialista, The New York Times, la representación del gobierno de facto de Honduras, liderada por Roberto Micheletti, recibió asesoramiento directo norteamericano en las posturas que presentara dentro del proceso de mediación de Costa Rica.

Los gobiernos de América Latina siguieron la línea norteamericana en la OEA y luego del intento fallido de retorno de Zelaya dieron por concluida su misión, dejando que sea Estados Unidos el que dirija la salida negociada del conflicto.

4 Óscar Arias, que cuenta con la confianza de Estados Unidos por el rol que jugó en las negociaciones que permitieron desarmar a las guerrillas centroamericanas y “reconciliarlas” con los estados genocidas, jugó su papel en la línea trazada por el Departamento de Estado norteamericana que, al recibirlo en la propia Costa Rica, lo reconocía en los hechos como un poder legítimo más allá de sus declaraciones contra el golpe. De esa manera se rompía el aislamiento internacional en que había quedado el gobierno de facto. Así, Micheletti ganaba puntos a favor. Lo que no se lograba imponer aplastando las masivas movilizaciones en las ciudades de la propia Honduras, comenzaba a conseguirse en las mesas del diálogo en otro país, más allá de que en ésta no se llegara a ningún acuerdo en las primeras rondas.

El objetivo de las negociaciones es lograr un posible pacto entre las partes y, en el mejor de los casos, el eventual retorno de Zelaya sin ningún poder real, condicionado a los intereses de los golpistas y que sólo sirva para “pacificar” el país y organizar las elecciones del próximo noviembre.

5 Con esta jugada, Estados Unidos perseguía dos objetivos inmediatos: por un lado, disciplinar a Manuel Zelaya, y por el otro, imponerle límites al bloque del ALBA liderado por Chávez, que, desde el primer día del golpe, mantuvieron la iniciativa diplomática con su reunión en Managua.

Fracasado el operativo retorno de Zelaya del 5 de julio, y al ver que la situación podía quedar fuera de control, Zelaya se sometió a la salida diplomática de Estados Unidos, y el bloque del ALBA pasó a un segundo plano en el concierto regional por imponer a Zelaya nuevamente en el gobierno. Es que en Honduras, desde el punto de vista geopolítico, no se dirime solamente un golpe de Estado, sino también los alineamientos continentales que han venido expresándose en los últimos años, y donde la administración Obama se sometía a prueba, tras la desastrosa política de Bush para la región. Los gobiernos aglutinados en el bloque del ALBA, liderados por Chávez, intentan posicionarse como un actor de peso y así establecer una mejor correlación de fuerzas, en un marco regional en el que la administración norteamericana ya ha hecho público que su aliado por excelencia en América Latina es el Brasil de Lula.

6 El golpe en Honduras es expresión de una creciente polarización regional y del fortalecimiento, en los últimos años, de una derecha a nivel continental, que representa poderosos intereses económicos de la industria y el agro, que ya se había puesto de relieve en el intento de golpe de Estado en Venezuela en el año 2002, en el enfrentamiento de la oligarquía de Santa Cruz contra el gobierno de Evo Morales, y en otras circunstancias menos claras, como en el caso de Guatemala. En la propia Venezuela, el realineamiento internacional se hizo sentir hacia su interior, donde una derecha que se encuentra a la defensiva tomó aire liderando un movimiento de opinión que vio en la ofensiva de los golpistas en Honduras nuevas esperanzas continentales. En países como Perú, se expresó como un corrimiento más a la derecha del gobierno de Alan García, con un movimiento de masas cada vez más en la resistencia. En este país andino, los desequilibrios internos, con un presidente en franca caída de popularidad, y la iniciativa por parte de las masas, puede configurar un recambio burgués en clave nacionalista que ya se está expresando en el fortalecimiento de la candidatura de Ollanta Humala para las próximas elecciones.

Esta polarización también se ve en la crisis de la coalición de gobierno del presidente paraguayo Fernando Lugo con el Partido Liberal y, en Argentina, en el fortalecimiento del sector agrario y la oposición política de derecha. En el marco de una crisis económica estructural del capitalismo, esta polarización puede desencadenar escenarios impredecibles. A esto también le teme la administración norteamericana.

7 Al momento de escribir esta declaración, en vistas de la próxima reunión de la mesa de diálogo en Costa Rica, Manuel Zelaya esgrimió su ultimátum: “Damos un ultimátum al régimen golpista para que en la próxima reunión que se realizará en San José, Costa Rica, se cumplan los mandatos expresos de las organizaciones internacionales y la Constitución de Honduras”. Y ante una probable intransigencia de los golpistas llamó nuevamente al pueblo a ejercer su “derecho a la insurrección” pacífica contra el gobierno de Micheletti.

Mientras tanto Micheletti esgrimió sus medidas planteando nuevamente que el adelanto de las elecciones de noviembre y la concesión de una amnistía a Zelaya pueden ser “salidas a la crisis”. Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Ian Kelly, declaró que “Todas las partes en las conversaciones deben darle a este proceso algún tiempo. No fijen ningún plazo artificial. No digan que si tal (exigencia) no se produce en una cierta fecha entonces el diálogo habrá muerto”.

Ninguna expectativa puede tener el pueblo hondureño sobre esta gran farsa que se ha montado, ni creer en las frases altisonantes de Zelaya apelando a la “insurrección” mientras su política ha sido utilizar la movilización sólo como medio de presión para negociar con los golpistas.

Aunque Zelaya cuente con el apoyo de direcciones del movimiento obrero y campesino, que han alentado las expectativas populares en el diálogo, comparte con los golpistas y el imperialismo norteamericano la preocupación por preservar las instituciones del Estado y la propiedad privada de los capitalistas.

Es que más allá de las contradicciones que se desarrollaron desde su adhesión al ALBA, Zelaya pertenece a la oligarquía ganadera hondureña con lazos estrechos con sectores económicos importantes en el país. Eso explica que prefiera mesas de diálogo, temeroso de que una ofensiva general de los explotados hondureños haga explotar por los aires todo el régimen político y puedan avanzar hacia un camino independiente.

8 Las organizaciones que formamos parte de la Fracción Trotskista Cuarta Internacional venimos impulsando y participando de todas las movilizaciones y acciones solidarias que se realizaron contra el golpe de Estado. Acompañamos la lucha del pueblo hondureño por derrotar al golpe y por el regreso de Zelaya sin ninguna negociación. En las actuales circunstancias denunciamos con todas nuestras fuerzas que la negociación entre Zelaya con los golpistas, auspiciada por el imperialismo norteamericano, es una trampa para desmovilizar la resistencia y terminar naturalizando la política reaccionaria de un sector de la burguesía y de su personal político de recurrir a intentos de golpes de Estado o “golpes institucionales” cuando ven amenazados, aunque sea mínimamente, sus intereses. Es clave redoblar la ofensiva que mostraron los trabajadores, los campesinos pobres, el magisterio, las organizaciones de mujeres y los jóvenes hondureños durante la primera semana y que tuvo su punto culminante el 5 de julio y organizar una verdadera huelga general indefinida hasta que caiga el gobierno golpista. Para dar apariencia de “normalidad” el gobierno de facto anunció que había levantado el toque de queda que regía desde el golpe del 28 de junio. Sin embargo, siguen las denuncias de persecuciones y arrestos de activistas y dirigentes de organizaciones que se oponen al golpe. Al contrario del “pacifismo” que propone Zelaya, para hacer frente a la represión es necesario organizar la autodefensa obrera y popular.

Tanto los golpistas como Zelaya hablan de una posible “amnistía” para los dos bandos, como una posible solución. Hay que impedir que los golpistas y los represores queden impunes. Sólo con la movilización se podrá imponer el juicio y castigo a los golpistas y sus cómplices y la libertad de todos los detenidos.

Algunas organizaciones que tienen un rol dirigente en la resistencia contra el golpe, como el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado, mantienen entre sus demandas, la convocatoria de una Asamblea Constituyente. No sólo los partidos burgueses hondureños le niegan a las masas populares el derecho democrático de participar en las decisiones políticas, sino que además, el conjunto de las instituciones del Estado –el Congreso, la Corte Suprema de Justicia y las Fuerzas Armadas- están comprometidas con el golpe y con la preservación de la reaccionaria Constitución de 1982, redactada por los partidos de la burguesía en acuerdo con el imperialismo. Por eso la única salida progresiva para las masas hondureñas es la realización de una Asamblea Constituyente Revolucionaria, convocada sobre la base de la caída revolucionaria del régimen, por un gobierno provisional de las organizaciones obreras, campesinas y populares que enfrentan el golpe. De esa forma, al poner en discusión los problemas estructurales del país, como el sometimiento al imperialismo o el problema de la tierra, y la necesidad de imponer sus resoluciones con la movilización, significaría un paso adelante en la experiencia de amplias masas de trabajadores, campesinos pobres y demás sectores explotados y oprimidos para avanzar en la lucha por un gobierno obrero y popular basado en organismos de autodeterminación de las masas.

9 Es necesario organizar la más amplia movilización en toda América Latina de los trabajadores, los campesinos, los estudiantes, las organizaciones de derechos humanos, y todas las fuerzas que se reclaman antiimperialistas y democráticas, en solidaridad con el pueblo hondureño, por la derrota del golpe y contra toda negociación con los golpistas, ya que la más contundente respuesta de masas no sólo es lo que puede aplastar el golpe en Honduras sino también desalentar eventualmente otros intentos similares en la región.

Fracción Trotskista - Cuarta Internacional

FT Europa

15 de julio de 2009