A diez días de producido el golpe de Estado que derrocó al presidente Zelaya la situación aún sigue indefinida. Todo indicaría que el intento frustrado de retorno de Zelaya y la movilización masiva del pasado 5 de julio contra el golpe fue un punto de quiebre en la consolidación del gobierno golpista de Micheletti, abriendo una serie de variantes políticas que, al cierre de esta edición aún permanecían indeterminadas.

La fortaleza inicial que detentaba el gobierno de facto, sostenido por el conjunto de las instituciones del Estado hondureño,–la Corte Suprema de Justicia, el Congreso y las Fuerzas Armadas-, además de los empresarios, la Iglesia Católica y los grandes medios de comunicación, parece haberse resquebrajado tras enfrentar una semana de crecientes movilizaciones populares, que tuvo como su punto más alto, hasta el momento, la manifestación de decenas de miles de hondureños (algunos hablan de hasta 100.000 personas), principalmente trabajadores, campesinos, maestros y estudiantes, que se movilizaron al aeropuerto de Toncontín, donde iba a arribar el avión en el que viajaba Zelaya, y fueron brutalmente reprimidos por la policía y el ejército. El saldo de esa represión fue de al menos dos manifestantes muertos, cientos de heridos y otros tantos detenidos.

Posiblemente la acción popular haya cambiado la relación de fuerzas de los primeros días, durante los cuales los golpistas trataron de naturalizar su acción, intentando demostrar que contaban con una base mayoritaria. La perspectiva de que la movilización popular contra el golpe crezca y se radicalice, parece haber acelerado la implementación de una salida negociada, política auspiciada por Estados Unidos y la OEA.

Efectivamente, al cierre de este artículo concluía la reunión entre Zelaya y la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, en la cual se acordó abrir una instancia de negociación entre Zelaya y Micheletti, con la mediación del presidente de Costa Rica, Óscar Arias. Según Hillary Clinton, éste “es el mejor camino a seguir, en este momento, más que intentar retornar frente a la implacable oposición del régimen de facto” y que “en lugar de otra confrontación que pueda resultar en la pérdida de vidas, intentemos el proceso de diálogo y veamos adónde lleva. Mientras Zelaya salió de la reunión con declaraciones triunfalistas, y afirmó que no se trata de una “negociación” sino de una “retirada ordenada de los golpistas, está claro que Zelaya desde el mismo momento del golpe ya renunció a cualquier acción que pueda abrir un cuestionamiento a la reaccionaria Constitución de 1982, planteando su retorno como la única posibilidad de una resolución política a la crisis sin arriesgar desatar una movilización que pudiera salirse de control.

Aún no se conocen los términos de la negociación ni menos aún se puede prever su resultado. Lo que sí parece es que frente a la perspectiva de la derrota del golpe a manos de la movilización popular, la burguesía hondureña y su gobierno golpista, la OEA, Zelaya y el imperialismo decidieron intentar una resolución política a la crisis, preservando a las instituciones estatales que dieron el golpe de Estado.

El doble juego del imperialismo y la OEA

Como es públicamente reconocido, el gobierno de Obama (y el embajador norteamericano en Honduras) estaba al tanto de los planes de la burguesía hondureña de destituir a Zelaya. Y no podía ser de otra manera teniendo en cuenta que el imperialismo norteamericano mantiene una base militar permanente en territorio hondureño y que comparte con los golpistas el objetivo de limitar la influencia del bloque del ALBA en América Latina. Sin embargo, la destitución no terminó ocurriendo por alguna vía“legal, sino por medio de un golpe de Estado clásico, algo que contradice la imagen que pretende dar el gobierno de Obama en relación a un cambio en la política imperialista. Esto hizo que Obama tenga que repudiar la acción militar, aunque en los hechos sólo significó la interrupción de algunos ejercicios militares conjuntos con las tropas hondureñas. Estados Unidos actuó a través de los países más afines a la política norteamericana en la OEA, como Canadá o el propio secretario general José Insulza, para impulsar la línea de abrir una negociación con los golpistas, desalentando el retorno de Zelaya a Honduras sin un acuerdo con el gobierno de Micheletti.

Durante su estadía en Moscú, Obama incluso llegó a declarar que “Estados Unidos no puede ni debe buscar imponer ningún sistema de gobierno a otro país, ni presumir de elegir qué partido o individuo debe gobernar un país” y que “Estados Unidos apoya la restitución del presidente democráticamente electo de Honduras, aunque se ha opuesto a las políticas norteamericanas”. De esta manera, Obama intenta maquillar la política imperialista que fue y es la injerencia en lo que considera su patio trasero en función de proteger sus intereses estratégicos en la región.

Por su parte la OEA, que salió a condenar el golpe, no reconoció al gobierno de Micheletti y finalmente suspendió a Honduras del organismo, aplicando el artículo 21 de la Carta Democrática, siguió la orientación del imperialismo norteamericano de impulsar una salida consensuada con los que dieron el golpe. Aunque con un discurso duro, la OEA (que con razón es llamada el “ministerio de colonias” de Estados Unidos), dejó correr en los hechos el golpe, evitó toda medida que llevara a un aislamiento categórico del gobierno golpista, y se pronunció sólo por “revisar” las relaciones de cada país con Honduras. La OEA le quitó el aval al retorno de Zelaya, ya que si éste era acompañado por Insulza y otros presidentes y el régimen hondureño no les permitía la entrada o intentaba detenerlo, se abriría una crisis política de proporciones, que hubiera dificultado enormemente el objetivo de encontrar una salida negociada.

Redoblar la movilización para derrotar el golpe

Los trabajadores, los campesinos, los estudiantes, los jóvenes y pobres que sufren la represión del régimen de facto, los ataques del ejército y la policía con su saldo de muertos, el toque de queda, el estado de sitio, las persecuciones y las detenciones, no tienen ningún interés en encontrar una salida negociada que no hará más que darle impunidad a los golpistas para imponer sus condiciones, y de esa forma, garantizarse el derecho a seguir explotando a los trabajadores y el pueblo hondureño, que ya sufre uno de los índices de pobreza más altos del continente.

El presidente Zelaya, aunque hoy tenga roces con el imperialismo y con los capitalistas hondureños por haber tomado algunas tibias medidas que contradicen sus intereses y por haber planteado la posibilidad de una reforma de la Constitución, pertenece a la misma clase y hará todo lo que esté a su alcance para evitar que la lucha contra el golpe termine desencadenando una dinámica revolucionaria que lleve a los trabajadores y el pueblo pobre a enfrentar al conjunto de las instituciones del Estado burgués. Por eso los obreros, campesinos, estudiantes y sectores populares que están luchando contra el golpe no pueden depositar ninguna confianza política en Zelaya o en una salida negociada que terminará siendo una de las vías para preservar a las instituciones y los políticos que perpetraron el golpe.

El camino para derrotar a los golpistas es redoblar la movilización independiente, fortalecer la huelga general y organizar la autodefensa frente a los ataques de las fuerzas represivas (algo que Zelaya se encargó explícitamente de desalentar) para imponer el juicio y castigo a los golpistas y sus cómplices y la libertad de todos los detenidos. El conjunto de las instituciones del Estado están comprometidas con el golpe y con la preservación de la reaccionaria Constitución de 1982, redactada por los partidos de la burguesía en acuerdo con el imperialismo. La única salida progresiva para las masas hondureñas es la realización de una Asamblea Constituyente Revolucionaria, convocada sobre la base de la caída revolucionaria del régimen, por un gobierno provisional de las organizaciones obreras y campesinas, en la perspectiva de la lucha por un gobierno obrero y popular basado en organismos de autodeterminación de las masas.

Es necesario organizar la más amplia movilización en toda América Latina de los trabajadores, los campesinos, los estudiantes, las organizaciones de derechos humanos, y todas las fuerzas que se reclaman antiimperialistas y democráticas, en solidaridad con el pueblo hondureño, por la derrota del golpe y contra toda negociación con los golpistas, ya que sólo la más contundente respuesta de masas no sólo es lo que puede aplastar el golpe en Honduras sino también desalentar eventualmente otros intentos similares en la región.

La Iglesia en Honduras

Por Miguel Raider

Una vez más la Iglesia Católica apoyó un golpe de Estado, otra cuenta más en el rosario de dictaduras latinoamericanas bendecidas por el Vaticano, como ilustró en sus novelas el escritor Gabriel García Márquez.

Después de animar a sus fieles contra Chávez en el golpe frustrado de abril de 2002 y alinearse con los ricos hacendados de Santa Cruz de la Sierra contra el gobierno de Evo Morales, la jerarquía eclesiástica de Honduras participó de la conspiración golpista junto a los grandes empresarios, los terratenientes, las Fuerzas Armadas y la embajada de EE.UU. Erigiéndose en autoridad portadora de la reserva moral de la sociedad, la Iglesia hasta tiene la osadía de afirmar la actual vigencia de los tres poderes a diferencia de todo lo que venía ocurriendo fuera de la legalidad en Honduras.

El cardenal y presidente de la Conferencia Episcopal hondureña Oscar Rodríguez Maradiaga exigió al derrocado presidente Zelaya que se abstenga de volver a Honduras para evitar un baño de sangre, un tiro por elevación directa contra la movilización popular para consumar el golpe de Estado. Y efectivamente, cuando Zelaya intentó aterrizar, los francotiradores dispararon a mansalva. Pero la Iglesia no registró la sangre de los muertos y las decenas de heridos en los hospitales, ocultados por la prensa. Poco importan los cientos de detenidos, la suspensión de las libertades democráticas y la imposición del estado de sitio, mientras la Iglesia canoniza a los golpistas en todos los canales de televisión.

En procura del “bien común”, el jefe de la Curia hondureña condenó las amenazas o bloqueos de cualquier tipo que solamente hace sufrir a los más pobres. El repentino interés por los pobres no se compadece con una institución que acompañó a los sucesivos gobiernos oligárquicos que garantizaron la concentración de la riqueza en apenas 8 familias, mientras el 70% de la población está sumergida por debajo de la línea de pobreza con 40% de indigentes y 35% de analfabetos. Es tal el poder que acapara la Iglesia, financiada por el Estado a partir del Concordato celebrado con el Vaticano en 1866, que participa de forma determinante en la definición de los planes educativos, monopoliza la distribución de la asistencia social y controla la gran masa de dinero destinado al financiamiento de los partidos políticos.

Rodríguez Maradiaga, considerado miembro del ala progresista de la Iglesia Católica hondureña, abogó por el diálogo, el consenso y la reconciliación.

Cualquier semejanza con el Episcopado argentino y los llamados a la reconciliación con los genocidas de la dictadura militar desde ya no es producto de la casualidad.

Con razón fue postulado como sacerdote “papable” para suceder a Juan Pablo II. Evidentemente, nada tiene que envidiarle al actual pontífice, el derechista Joseph Ratzinger.

El documento emitido por la Iglesia Católica concluye con llamados a una pacificación que reconoce antecedentes desde el siglo IV, cuando se institucionalizó la paz de Cristo como la paz del imperio romano, la célebre pax romana apoyada sobre cementerios de cadáveres y legiones de esclavos.