A escasas horas de que Estados Unidos entrara en default de sus obligaciones financieras por primera vez en su historia, el Congreso norteamericano aprobó un aumento del límite del endeudamiento estatal, que ya había llegado a su tope de US$ 14,3 billones (equivalente al 100% del PBI).

El acuerdo llegó después de semanas de una agresiva disputa política que tuvo en vilo a los mercados mundiales, preocupó a grandes acreedores de Estados Unidos como el gobierno chino, arriesgó la calificación crediticia triple A de los bonos del Tesoro norteamericano y dejó como saldo un fuerte deterioro de la imagen de Estados Unidos como principal potencia mundial. Finalmente fue aprobado por 269 votos a favor (174 republicanos y 95 demócratas) y 161 en contra (66 republicanos y 95 demócratas) en la Cámara de Representantes y por 74 votos a favor y 26 en contra en el Senado, de mayoría demócrata.

La promulgación de esta nueva ley por el presidente Obama permitió liberar instantáneamente US$ 400.000 millones para vencimientos de pagos inmediatos. Si bien se evitó de esta manera lo que para todos los analistas habría significado una catástrofe no solo para la economía norteamericana sino también para la economía mundial, la tensa negociación entre la administración demócrata y los líderes republicanos del Congreso, que dejó al país al borde del default, produjo un desgaste para ambos partidos que en esta disputa comenzaron a jugar sus chances electorales para las elecciones de 2012. Pero es el presidente Obama quien ha salido más debilitado y aparece pagando un alto costo político al aceptar prácticamente el conjunto de las exigencias del Partido Republicano y, en particular, de su fracción más de derecha, el Tea Party, que a pesar de que sus sectores más acérrimos rechazaron el acuerdo porque lo consideran insuficiente, en lo esencial ha impuesto su agenda.

El acuerdo suscripto por demócratas y republicanos establece como criterio para reducir el déficit el recorte del gasto público, fundamentalmente en programas sociales, excluyendo de hecho cualquier eventual suba de impuestos a las corporaciones y a los sectores más ricos de la sociedad, que desde el primer gobierno de Bush vienen gozando de importantes rebajas impositivas.

A cambio de un aumento del techo de endeudamiento federal de US$ 2,1 billones, que se hará en tres etapas, se deben recortar unos US$ 2,5 billones en el gasto público en los próximos 10 años, distribuidos de la siguiente manera: US$ 600.000 millones en programas sociales (que afectan principalmente educación, vivienda, transporte y protección ambiental); US$ 350.000 millones en gastos militares (recorte que recién entrará en vigor en 2014), y US$ 1,5 billones a definir por una comisión bipartidista integrada por 12 congresistas que deberá presentar una propuesta en noviembre. En caso de no haber acuerdo sobre qué gastos reducir, se harán recortes automáticos repartidos entre defensa y programas sociales. A estos recortes se suma que en diciembre de este año caduca la prórroga del subsidio al desempleo de largo plazo (hasta 99 semanas) que a esta altura alcanza a casi la mitad de los desocupados. Más allá de las diferencias y la polarización, introducida sobre todo por el Tea Party, existe un consenso bipartidista para que los trabajadores y los sectores más vulnerables de la sociedad que dependen cada vez más de la ayuda estatal, sean los que sigan pagando con una mayor austeridad la crisis capitalista.

Se evitó el default pero la crisis sigue

Sin embargo, la “buena noticia” de que se había evitado el default se vio opacada por otros datos revelados por diversas agencias gubernamentales y privadas que muestran que si bien no se ha entrado aún en una nueva recesión, la recuperación de la economía no solo fue más débil de lo que se creía en los trimestres anteriores, sino que se ha detenido. Según un informe del Departamento de Comercio del 2 de agosto, en junio el consumo cayó un 0,2% -la primera caída desde 2009-, el ingreso personal subió un magro 0,1% y los salarios no registraron cambios. Junto con estos indicadores negativos, también se dio a conocer que la actividad del sector manufacturero está “apenas por encima de los niveles de la recesión” (The Washington Post, 3/8).

Coincidiendo con este panorama, según los datos revelados el pasado 29 de julio por la Oficina de Análisis Económico, en el segundo trimestre de 2011 el PBI creció a una tasa anualizada de 1,3%, mientras que los datos revisados del primer trimestre arrojan un crecimiento de solo el 0,4% (y no del 1,9% como se había dicho), por lo que en los últimos seis meses en promedio la tasa de crecimiento no alcanza el 1% (Economic Policy Institute, 29/7). A esto se suma que la tasa de desempleo se mantiene en torno al 9,2%, y que, a pesar de reportar ganancias, “algunas de las mayores multinacionales mundiales -incluyendo Cisco, Research in Motion, Bank of America y HSBC- anunciaron grandes despidos en sus filiales de Estados Unidos en las últimas semanas” (The Washington Post, 3/8).

Estos indicadores, en particular la caída del gasto de los consumidores, y la expectativa de que los recortes presupuestarios que se pondrán en marcha tendrán indudablemente un efecto recesivo, contribuyeron a que en el mismo momento que se conocía el acuerdo que salvaba a Estados Unidos del default, la bolsa cayera un 2,6% promedio entre los tres principales índices bursátiles, “la peor serie negativa desde octubre de 2008” (Página/12, 3/8).

Una tendencia similar se vio en Europa que, a poco más de dos semanas del anuncio del rescate griego, registró una caída de alrededor del 2% de las principales bolsas. Las altas tasas de interés que tuvieron que pagar España e Italia -del 6,36 y 6,18%- muestran que al temor a una nueva recesión y la crisis de la deuda de los Estados se suma la incertidumbre provocada por situaciones de crisis políticas agudas como las que atraviesan estos países y ponen en evidencia que las medidas tomadas por los Estados capitalistas son cada vez más costosas y sus efectos más limitados.

Polarización

El espectáculo ofrecido por demócratas y republicanos en las últimas semanas puso en evidencia que el sistema político bipartidista está crujiendo bajo los efectos de la crisis económica y la polarización social. La continuidad con las políticas de Bush en el plano externo con las guerras de Irak y Afganistán, a las que se sumaron las operaciones en Yemen, Pakistán y Libia, junto con la profundización de la desigualdad social y las medidas favorables a las grandes corporaciones fueron licuando con una velocidad inusitada la popularidad de Obama y la ilusión de cambio que había generado en amplios sectores de trabajadores y jóvenes, en la comunidad afroamericana y entre los inmigrantes.

La influencia de los legisladores del Tea Party que prácticamente impusieron su programa de recorte de gasto sin suba de impuestos muestra que, en el escenario de decadencia sostenida del dominio imperialista en el mundo, combinado con la peor crisis económica desde la Gran Depresión de los años ’30, la polarización política tenderá a agudizarse.

Los sectores “progresistas” que justificaron las políticas imperialistas y procorporativas de Obama vuelven a insistir con su estrategia del “mal menor”, agitando el fantasma del “fascismo” expresado en el Tea Party, mientras que la burocracia sindical de la AFL-CIO negocia los ajustes, aceptando el chantaje de las patronales que a pesar de tener ganancias récord, siguen despidiendo y recortando gastos y beneficios. La política del mal menor y la subordinación de los trabajadores y los sectores populares al Partido Demócrata ha sido el principal obstáculo para que surja una alternativa por izquierda y terminó favoreciendo el fortalecimiento de la extrema derecha.

La profundización de la crisis económica y sus consecuencias sociales probablemente planteen no solo crisis políticas en el régimen bipartidista, sino que también puede abrir un nuevo escenario de la lucha de clases, como ya anticipó la resistencia de los trabajadores públicos de Wisconsin en febrero de este año, que si bien fue traicionada por su dirección, demostró un gran potencial de lucha después de años de retroceso.