Hace apenas un año más de dos millones de norteamericanos llenaban las calles de Washington para presenciar la asunción de Barack Obama, el primer presidente afroamericano de la historia del país. Las expectativas en el “cambio” que había prometido en su campaña eran enormes y su popularidad rondaba el 80%, sobre todo entre los trabajadores, los jóvenes y las minorías oprimidas.

Sin embargo, su primer año al frente de la Casa Blanca fue suficiente para disipar las ilusiones de que el gobierno de Obama iba a implicar un giro profundo con respecto a las políticas neoliberales que se vienen aplicando desde la presidencia de Reagan y una ruptura con la orientación guerrerista de los gobiernos de Bush.

En la política interna continuaron los rescates a los bancos y monopolios, y la reforma del sistema de salud sigue sin aprobarse a pesar de las enormes concesiones de Obama a las exigencias de los republicanos, los demócratas “moderados” y el lobby de la industria de la salud. En la política exterior, Obama continuó la política guerrerista de Bush: ordenó incrementar la presencia militar en Afganistán, que pasará de 30.000 a 100.000 soldados, extendió el conflicto armado a Pakistán y luego del fallido atentado de Navidad en un vuelo norteamericano, escaló la retórica de la “guerra contra el terrorismo” y el “combate contra Al Qaeda” que ahora tiene como blanco a Yemen.

La promesa de una “relación de respeto” con América Latina se hundió con el apoyo al golpe de Estado en Honduras, las siete nuevas bases militares en Colombia y ahora la ocupación militar de Haití tras el terremoto que destruyó al país.

Esta enorme desilusión se reflejó primero en las derrotas electorales que sufrieron los demócratas en Virginia, Nueva Jersey y Nueva York a fines del año pasado, y más recientemente en el triunfo republicano en las elecciones especiales de Massachusetts, realizadas el pasado 19 de enero para cubrir la banca que por 47 años ocupó el senador demócrata Edward Kennedy, fallecido en agosto de 2009.

Con esta derrota, el Partido Demócrata perdió su mayoría de 60 senadores, que le permitía el tratamiento de las leyes, haciendo imposibles las maniobras de la oposición para impedirlo. Este resultado pone en cuestión la aprobación de la reforma del sistema de salud, una de los principales objetivos de la agenda doméstica de la administración Obama.

El ya conocido “efecto Massachusetts” profundizó las divisiones en las filas de los demócratas y abrió la crisis más seria para Obama desde que asumió la presidencia, ante el temor de un triunfo republicano en las elecciones de medio término que se realizarán el próximo noviembre.

Descontento

El desgaste del gobierno de Obama, que tiene el récord de haber perdido en su primer año de gestión el 30% del apoyo con el que había asumido, se debe sobre todo al descontento extendido entre amplios sectores de asalariados y familias de clase media baja que han perdido sus empleos, sus viviendas, o que vieron reducirse drásticamente su nivel de vida, como consecuencia de la crisis económica que sumió al país en la peor recesión desde la década de 1980, y que han visto frustradas sus expectativas depositadas en las promesas de cambio y de creación de empleo de Obama.

A pesar de que en los últimos dos trimestres del año pasado la economía norteamericana registró una leve recuperación, por primera vez en los últimos 26 años la desocupación superó el 10%, y asciende al 17% si se toman en cuenta las personas subempleadas, con trabajo “part time” o quienes han dejado de buscar empleo.

Lejos de las ilusiones alentadas por los sectores progresistas del partido demócrata de que Obama pondría en marcha una suerte de New Deal, es decir, una política activa de intervención estatal para la creación de empleos, su política fue mantener la línea republicana de rescatar con dinero público a los grandes bancos, los mismos que contribuyeron en gran medida a generar la crisis, demostrando que su gobierno está al servicio de la oligarquía financiera de Wall Street. La indignación con esta política de salvataje de los ricos fue aún mayor cuando los bancos que recibieron dinero del programa de rescate estatal, conocido como TARP, hicieron públicas sus ganancias y los bonos de millones de dólares que les pagaron a sus ejecutivos, mientras cada vez más norteamericanos pasaron a depender de los vales de comida y otros programas de asistencia.

En el plano interno, el otro gran motivo de descontento es la reforma del sistema de salud propuesto por Obama, que aunque nunca llegó a ser una prestación universal de salud para los más de 40 millones que no tienen ningún tipo de protección, comenzó como una promesa para extender la cobertura de la seguridad social, lo que incluía la prestación estatal para aquellos que no tuvieran cobertura privada. Sin embargo, tras las sucesivas negociaciones en el Congreso -tanto con el bloque republicano como con el ala derecha del partido demócrata- terminó siendo un plan diseñado a la medida de las grandes compañías de salud y farmacéuticas, que obliga a todo individuo a contratar un seguro privado de salud caro y de mala calidad, no contempla la opción estatal y además, incluye un recorte importante en el programa de asistencia a ancianos, conocido como Medicare. La reforma del sistema de salud dio lugar a una oposición de derecha, alentada por los republicanos, que llegaron a acusar a Obama de “nazi” por la injerencia estatal en la vida privada de los ciudadanos, y un descontento de los sectores progresistas que vieron cómo la administración demócrata cedía a la agenda conservadora.

Mientras los “progresistas” que llamaron a confiar en Obama y los sectores liberales del Partido Demócrata están en crisis y buscan seguir justificando su apoyo al gobierno a pesar de sus políticas guerreristas, imperialistas y antipopulares, y la burocracia sindical de la AFL-CIO sigue negociando los recortes de empleo y salarios con las patronales, ha surgido una oposición de derecha con posiciones “populistas” contra el aumento de impuestos y la injerencia estatal en la actividad económica que cuenta con una amplia base social en sectores de la llamada “clase media” en la que se incluye desde obreros blancos y asalariados hasta pequeños empresarios. Los sectores activos de este populismo de derecha están organizados en el movimiento conocido como “Tea Party”, que salió a luz en abril de 2009 cuando se movilizaron decenas de miles de personas contra el aumento de impuestos y el plan de rescate a los bancos, y luego lo hicieron contra la reforma del sistema de salud, dirigidos por la derecha republicana y el canal de noticias Fox, con un programa basado en la defensa a ultranza del libre mercado. Aunque por ahora es capitalizado por el ala más conservadora del partido republicano, no está descartado que este movimiento busque una expresión electoral propia disputándole el espacio a los republicanos.

Entre la retórica populista y el ajuste fiscal

Obama acusó recibo del mensaje de las urnas en Massachusetts y optó por un giro hacia una retórica “populista” para tratar de recuperar credibilidad en los sectores más castigados de la sociedad norteamericana.

A sólo dos días de la derrota electoral, reflotó la iniciativa de la reforma regulatoria del sistema financiero, con un encendido discurso contra Wall Street y su irresponsable especulación, seguido por un discurso sobre el empleo ante un auditorio obrero en Ohio.

La reforma financiera propuesta por Obama contempla ciertas restricciones al tamaño y las actividades de las instituciones financieras, como la prohibición para los bancos comerciales de tener o invertir en fondos de cobertura o fondos privados, la creación de un organismo para supervisar el grado de “riesgo sistémico” que pueden causar ciertas instituciones, un impuesto extra para reembolsar los fondos de la ayuda estatal y una garantía federal para los depósitos.

Pera más allá de su discurso y sus denuncias a la “búsqueda de ganancias fáciles” de los banqueros, la postura “anti-Wall Street” de Obama carece de toda credibilidad. En primer lugar, esta reforma está ideada nada menos que por Paul Volcker, el jefe de la Reserva Federal bajo Carter y Reagan que produjo una profunda recesión y la tasa más alta de desocupación de la posguerra hasta esta crisis, con la suba de las tasas de interés a comienzos de los ‘80. Además, el equipo económico de Obama está integrado por ex miembros de directorios de grandes bancos de inversión como Goldman Sachs y ex funcionarios del gobierno de Clinton, como Larry Summers, que fueron los arquitectos de la desregulación financiera de las últimas décadas. Obama apoyó el plan de rescate de los grandes bancos bajo el gobierno de Bush y ahora lo justifica diciendo que el pueblo norteamericano se vio obligado a rescatar a los millonarios de Wall Street con dinero público para evitar caer en una “segunda Gran Depresión”. Y aunque ahora diga que es necesario limitar el tamaño de los bancos para que “el pueblo norteamericano no sea rehén de las instituciones demasiado grandes para quebrar”, bajo su gobierno continuó la enorme concentración bancaria como producto de la crisis, iniciada bajo Bush. Así el JP Morgan Chase se quedó con Bear Stearns y el Washington Mutual a un precio irrisorio, mientras que el Bank of America compró Merrill Lynch. Como resultado, los cuatro principales bancos concentran casi el 40% de los depósitos.

A pesar de que el anuncio fue mal recibido por Wall Street y por los bancos extranjeros que operan en el país, ya que no está claro si están alcanzados por las nuevas normas, la reforma no afecta a los grandes ganadores de la crisis, y además probablemente sus aspectos más “regulatorios” sean limados durante la discusión parlamentaria.

Este supuesto giro “populista” tiene su contracara en la propuesta de Obama de congelar el gasto durante tres años, exceptuando los gastos de defensa y seguridad nacional, lo que implica la reducción o la eliminación de programas sociales, respondiendo a las preocupaciones de republicanos, demócratas conservadores y sectores burgueses por la abultada deuda estatal.

Esta fue la esencia de la política interna anunciada en el discurso sobre el Estado de la Unión, en el que Obama pretendió combinar la promesa “populista” de creación de empleo con la política conservadora de la “responsabilidad fiscal” y la garantía de las ganancias capitalistas.

Los trabajadores, los jóvenes y la comunidad afroamericana, los inmigrantes y sectores populares que han “creído en el cambio” ya han hecho una primera experiencia con el gobierno de Obama. Lo que está planteado es que avancen hacia su independencia política de los dos partidos de la burguesía imperialista norteamericana.