Frente a los sucesos del 30/9 en Ecuador nos pronunciamos inmediata y categóricamente contra la reaccionaria sublevación policial, pero también contra el “estado de excepción”dictado por Correa pues esa medida sólo podría ir contra la movilización obrera y popular y convierte al ejército en árbitro de la convulsionada situación política. Está abierta una amplia polémica en toda Latinoamérica, en la que la izquierda participa desde muy diversas posiciones políticas. Los problemas fundamentales en debate son de caracterización: ¿un motín policial, una “lucha social” o un golpe de estado? Y de política: ¿cómo debía responderse? Para los trabajadores de Ecuador y América Latina contar con una interpretación acertada es clave para dotarse de una orientación política independiente que permita enfrentar a la reacción y al imperialismo sin dejarse enchalecar por el gobierno “progresista” de Correa.

El amotinamiento de cientos de policías en Quito, Guayaquil y otras ciudades se inició en rechazo al veto presidencial a algunos cambios en la nueva Ley sobre el servicio público, lo que recortaba algunas prebendas (ingresos por bonos y condecoraciones). Si bien también había descontento en la oficialidad de las FF.AA. y altos jefes pidieron que esas medidas se dejaran sin efecto, sólo se plegó al movimiento un pequeño sector de la Fuerza Aérea en Quito y Latacunga. Esto llevó a la paralización de vuelos aéreos y cierre de bancos. La conmoción se transformó en una aguda crisis política de repercusiones internacionales cuando el presidente Correa se dirigió a los policías para exigir en persona que depusieran las medidas en una acción mal calculada, y fue abucheado, agredido y finalmente cercado junto a su escolta en el hospital policial de Quito por los policías sublevados que exigían cumplimiento a sus demandas y la promesa de amnistía. El presidente rechazó estas exigencias y decretó el estado de excepción dejando a cargo de las FF.AA. la seguridad interior, mientras el jefe del Estado Mayor Conjunto, General González, declaraba que “Nosotros estamos en un estado de derecho, estamos subordinados a la máxima autoridad que es el señor presidente de la República” reafirmando el apoyo a Correa y la disposición a hacer cumplir el estado de excepción.
Entre tanto, si bien el sector opositor liderado por Lucio Gutiérrez justificó el reclamo policial y llegó a reclamar elecciones anticipadas, la mayor parte de las representaciones burguesas de peso se pronunció en contra del mismo, desde el influyente empresario opositor Jaime Nebot, declarando: “sigamos altivos, rebeldes, libres -y opositores también- pero jamás golpistas ni tolerantes con la delincuencia” hasta la Cámara de empresarios de Pichincha (Quito).

Entre los gobiernos de la región, desde los proimperialistas de Santos en Colombia y Alan García en Perú (que cerraron las fronteras con Ecuador en un gesto hacia Correa), a los de Chávez, Evo y Kirchner, la condena fue unánime, como mostró la reunión de UNASUR en Buenos Aires, a lo que se sumaron las declaraciones de la OEA, ONU, Estados Unidos, España, Francia y otros países de la Unión Europea contra la desestabilización y a favor de Correa. La embajadora de EE.UU. en Quito, Heather Hodges, ha insistido en que “Para nosotros lo más importante es apoyar la democracia en este país, apoyar al presidente Correa (...)”.

Tras una dramática jornada que incluyó enfrentamientos con varios muertos y numerosos heridos, el amotinamiento fue decayendo y ya en horas de la noche fuerzas policiales y militares que respondían al gobierno, liberaron del cerco a Correa poniendo fin al momento de más aguda crisis política e institucional.

¿Golpe o motín?

Correa, Chávez, Evo Morales y Cristina Kirchner, acompañados por buena parte de la prensa (como Página 12) y sectores de la izquierda y la intelectualidad (como Atilio Borón), presentan los hechos como un golpe de Estado fallido o abortado que incluiría planes de asesinar a Correa.

Esta tesis no parece responder a los hechos. El movimiento como tal no propuso ningún tipo de gobierno de facto en reemplazo de Correa ni levantó algún programa político. No parece una conspiración planificada y orquestada con acuerdo de las principales instituciones y el conjunto de los “factores de poder” burgueses y el imperialismo para imponer una salida “a la hondureña”, como el golpe que derrocó a Zelaya, sino más bien una asonada policial detonada por reclamos básicamente corporativos. Por tratarse de las fuerzas de seguridad del Estado, su movimiento abrió una situación de gran crisis de la que trataron de sacar provecho algunos opositores, pero fue rechazado por la mayor parte de la clase dominante y a nivel internacional porque quebraba la verticalidad de la institución, rompía el ordenamiento estatal y no era su plan un golpe en estos momentos.

El curso a derecha del gobierno de Correa

Correa ganó las elecciones de abril de 2009 y en su 2º mandato viene mostrando los estrechos límites de la “revolución ciudadana”. Mantuvo la nefasta “dolarización” de la economía, y no se tocó a la gran propiedad agraria, empresarial ni a la banca y Correa fue virando a derecha en busca de acuerdos con los empresarios y el imperialismo. El presidente ecuatoriano acentuó ese giro, combinando concesiones al capital extranjero con medidas anti-populares y un curso semi bonapartista, tratando de consolidarse como árbitro por encima de las distintas fuerzas sociales en pugna y, para ello, combinando la cooptación de una base social popular con la represión hacia las protestas de diversos sectores que no logra contener.

Correa impulsa un ajuste contra los trabajadores públicos, concesiones a las transnacionales mineras y petroleras que van contra los pueblos originarios y sus derechos como el acceso comunitario al agua y ataques contra la universidad con la Ley de Educación Superior y otras medidas regresivas. En el plano externo, viene intentando separarse políticamente de Chávez y concilia con el gobierno colombiano, colaborando con la custodia de sus fronteras en el cerco a las FARC.

Diversos sectores sindicales, campesinos e indígenas que lo apoyaban han ido pasando a la oposición a muchas de sus medidas, ante lo que Correa lanzó una campaña macartista contra sus direcciones, mientras ha reprimido protestas de los maestros, los estudiantes y otros sectores.

Perspectivas

Correa está utilizando su éxito frente al motín y el argumento de un golpe de Estado para relegitimarse, justificar sus medidas y recuperar base social. Entre tanto prorroga el estado de excepción, las leyes en cuestión entraron en vigencia y el gobierno cede de hecho a la demanda de los uniformados con un cuantioso incremento de sueldos de policías y militares, mientras se inician causas judiciales contra policías involucrados y algunos líderes sindicales y de izquierda que los apoyaron.

Correa se represtigia pero a costa de ceder un papel más importante a las Fuerzas Armadas; quedan importantes fisuras abiertas en el régimen, y está por verse si la recomposición del gobierno será durable pues su “estilo” de gobernar ha chocado con importantes límites.

¿”Reconducir” al gobierno de Correa?

La CONAIE, la más importante organización indígena de Ecuador, tomó distancia del alzamiento policial criticando también a Correa y sus medidas. Sin embargo, plantea una política de presión sobre el gobierno para obligarlo a cambiar el rumbo. Algunas otras voces se levantaron, más allá de la caracterización de los hechos, con un reclamo parecido: que Correa dé un viraje radical a izquierda para recuperar el apoyo social y cumplir con sus promesas. Esta estrategia de presión sobre el gobierno y el régimen no sólo es impotente, sino una falacia. Correa en años de gobernar ya ha demostrado cuál es su “misión” en relación al orden económico y social burgués. Su rumbo actual no admite dudas. No hay posibilidad de “cambiarle el carácter” al gobierno ni de “convencerlo” de que actúe para los trabajadores y el pueblo.

¿Qué política ahora, frente a Correa y su acuerdo con los militares?

En la crisis el punto de partida de una orientación así era repudiar la reaccionaria sublevación policial, pero también denunciar el estado de excepción que le da poder a las FF.AA., denunciar cualquier injerencia de la OEA y los gobiernos “amigos de la democracia ecuatoriana” (que terminaron avalando y aceptando como un “hecho consumado” el golpe en Honduras) y llamar a la movilización y autoorganización obrera y popular para enfrentar cualquier amenaza reaccionaria. Ahora, derrotado el motín, pasa a primer plano el llamado a no confiar en Correa y denunciar sus concesiones a los militares, sus intentos de reafirmarse como árbitro y cooptar o reprimir al movimiento de masas, y la lucha por que los sindicatos recuperen la independencia política tanto frente al gobierno como frene a cualquier otra variante burguesa. Esto está íntimamente ligado a la necesidad de unir la resistencia contra los ataques al salario y las condiciones laborales, contra toda restricción a las libertades democráticas a la lucha campesina e indígena por el agua y sus derechos, contra la depredación minera y petrolera, por la tierra y el territorio y contra la injerencia imperialista. Es este el único camino para preparar la lucha contra la reacción y cualquier intentona golpista, pero también para superar la trampa de la “revolución ciudadana” y abrir el camino a una salida obrera y campesina a la crisis del Ecuador.

RECUADRO

Debates en la izquierda: Izquierda Socialista y la LIT: ¿Amotinamiento policial o lucha popular?

Un sector de organizaciones de izquierda, entre ellos el Partido Comunista Marxista Leninista de Ecuador (PCMLE), de orientación maoísta, ensalza escandalosamente el motín como “parte de las luchas sociales” poniéndose a la sombra de una expresión de lo más reaccionario del régimen (es llamativo que hasta ahora el PCR argentino no se haya pronunciado).

Lamentablemente, no sólo corrientes estalinistas como el PCMLE sino algunas organizaciones que se reclaman trotskistas consideran al movimiento policial como una protesta popular más, contra el ajuste de Correa. Este es el caso de la Liga Internacional de Trabajadores (LIT, cuya principal organización nacional es el PSTU de Brasil) y de Izquierda Socialista de Argentina. Mientras la LIT en su declaración del 4/10, bajo el subtítulo “Una protesta contra los ataques de Correa a los trabajadores públicos” manifiesta que el motín policial “(...) es una expresión distorsionada del descontento popular, que se da por la imposición de leyes que recortan derechos a los trabajadores y también a la policía”, Izquierda Socialista se refiere abiertamente a la asonada de la policía como “una rebelión contra el ajuste”. Esta política no es una novedad sino que forma parte de la tradición de estas corrientes que consideran a la policía como “trabajadores en uniforme” y pugnan por una reforma democrática de esta fuerza de seguridad. Así, en distintos momentos estas corrientes apoyaron las huelgas policiales: por ejemplo, en 1999, la corriente a la que pertenecía Izquierda Socialista apoyó el reclamo de la policía de Mendoza, y el PSTU hizo lo propio con la asesina policía brasilera.

Al considerar la sublevación policial en Ecuador como “expresión distorsionada” o directamente parte de las luchas populares, estas corrientes olvidan no sólo el carácter reaccionario del movimiento en concreto, sino también el de la policía como institución represiva del Estado burgués. En los últimos años la policía ecuatoriana, una institución profundamente reaccionaria y antipopular, cuestionada por desapariciones, asesinatos y otras violaciones a los DD.HH., ha venido ganando poder e influencia, fortalecida por los convenios con agencias imperialistas como el FBI y la DEA. Correa no sólo respetó estos acuerdos sino que recurrió ampliamente a la policía para reprimir manifestaciones docentes, estudiantiles y de otros sectores de trabajadores y el pueblo, pese a lo cual la policía creyó que podía hacer pesar esa fuerza y se le insubordinó. La policía no es un conjunto de “trabajadores de uniforme” provenientes del pueblo humilde, sino un cuerpo jerárquico y disciplinado al servicio de la represión y del orden de explotación como parte del Estado burgués, aunque en sus filas ingresen miembros provenientes de los sectores empobrecidos de la sociedad. Apoyar el reaccionario movimiento por sus prebendas es apoyar su fortalecimiento al servicio de tan “alta misión”, incluida la represión a las futuras protestas sociales contra las medidas de Correa. Lejos de esta claudicante política, los revolucionarios debemos luchar por la disolución de la policía y de todos los organismos represivos del estado capitalista y reivindicar la autodefensa obrera y popular.

Por una política obrera independiente

Ante el amotinamiento policial, la gran mayoría de las organizaciones de izquierda del continente se ubicaron en uno de los dos campos burgueses en pugna: el del gobierno de Correa con su discurso progresista, o el opositor, a través de su apoyo al motín policial.
Los socialistas revolucionarios creemos que es una impostura hacer creer que no hay otra vía que sumarse políticamente al “mal menor” o el “campo progresista” de la burguesía. Es necesario levantar una posición obrera independiente que permita enfrentar a la reacción y al imperialismo consecuentemente y con los métodos de la movilización, lo que requiere tener las manos libres frente a los “progresistas”.

Nos pronunciamos contra el motín, pero no apoyamos a Correa y sus medidas. Si hubiera verdaderamente un golpe de estado en marcha, llamaríamos a enfrentarlo con el programa y los métodos de los trabajadores, sin dar el menor apoyo político al gobierno, sin dejar de alertar sobre su carácter y denunciar su política, y llamando a mantener la más completa independencia política del movimiento obrero y popular.