Luego del revés del gobierno en las parlamentarias del 26-S, la oposición patronal pretendía que el gobierno “hiciera lectura” de que los resultados electorales expresaban una oposición de la mayoría de la población a las intervenciones, compras forzosas y regulaciones del Estado en la economía privada, pero el gobierno no ha retrocedido en esta cuestión y, al contrario, ha continuado las últimas semanas las llamadas “expropiaciones” (ver editorial). Esta “ofensiva contra la propiedad privada” ha destacado no solo las críticas de las principales cámaras de empresarios y propietarios, y la “Mesa de la Unidad”, sino también la oposición de importantes sectores de trabajadores de las empresas en cuestión, al tiempo que ha traído al centro del debate en el campo sindical y de la izquierda la cuestión de cómo quedan las conquistas obreras y las condiciones de trabajo en las empresas una vez pasan a manos del Estado.

El estatismo desarrollista y el control sobre la clase obrera

Comencemos por aclarar que, a despecho de toda la demagogia del gobierno sobre “la revolución” y “el socialismo”, estas políticas no implican ningún camino de ruptura con el sistema capitalista ni la supuesta “transición al socialismo”, sino que se inscriben en la lógica de un proyecto de desarrollo nacional burgués. El gobierno se propone el viejo anhelo de la intelectualidad burguesa desarrollista de los años 30’s y 40’s de “sembrar el petróleo” [1]: usar la renta petrolera para desarrollar la agricultura y la industria nacional, en otras palabras, capitalizar la renta, convertir la renta en capital.

Desarrollar este planteamiento puede llevar a choques con los intereses imperialistas, por eso se convierte, en cierta manera, en fundamento de un planteamiento nacionalista, que es retomado en el proyecto de Chávez, con la particularidad del papel que le es asignado al Estado. Una de las variantes que ha dado la historia del nacionalismo burgués latinoamericano ha sido la del “Estado desarrollista”: además de proponerse orientar la transferencia de recursos de la actividad primario-exportadora (agricultura, materias primas) hacia la industria, el Estado asume también de manera directa un rol empresarial en determinados sectores de la economía, en función del desarrollo y ampliación de la producción nacional. En nuestro país el Estado tiene una excepcional condición para asumir este rol, como lo es ser el dueño del principal negocio de exportación y captación de renta –el petróleo–; cuestión que es así desde mediados de los 70’s.

Esto es el corazón de lo que el gobierno da en llamar “socialismo del siglo XXI”, un nuevo nombre para una versión degradada y tibia de nacionalismo burgués, que nada tiene que ver con una perspectiva revolucionaria socialista, cuyas bases son la abolición de la propiedad privada capitalista y el poder obrero para avanzar hacia una sociedad sin explotados ni explotadores [2]. Para ser más claros, al contrario de lo pregonado en nuestro país por la derecha, la izquierda reformista y el populismo, estatismo no es sinónimo de socialismo, pues una cosa es una empresa en manos de un Estado burgués que se propone mantener la explotación capitalista, y otra muy distinta en manos de un Estado obrero, erigido sobre la destrucción del Estado burgués y basado en los organismos de democracia directa de los trabajadores.

En los años 20’s del siglo pasado, el revolucionario cubano Julio Antonio Mella discutía con el naciente populismo latinoamericano en los siguientes términos: “Nacionalizar puede ser sinónimo de socializar, pero a condición de que sea el proletariado el que ocupe el poder por medio de una revolución. Cuando se dicen ambas cosas: nacionalización y en manos del proletariado, se está hablando marxistamente. Pero cuando se dice a secas nacionalización, se está hablando con el lenguaje de todos los reformistas y embaucadores de la clase obrera” [3].

Es falso pues, que la estatización de una empresa implique en sí misma un paso en la liberación de los trabajadores del yugo explotador, en algunos casos, por el contrario, implica una mayor subordinación de estos al conjunto del sistema de explotación del trabajo asalariado que encabeza el Estado burgués, bien sea por la cooptación de sus organizaciones de lucha, o bien sea por la aplicación de la coacción y represión de la que el patrón público dispone directamente en su condición de monopolizador de la “justicia” y las fuerzas represivas. En estos casos, las iniciativas y capacidad de acción de la clase obrera para luchar contra la explotación, en lugar de desarrollarse, pueden retroceder. Todo el espectro sindical, de la izquierda reformista y populista que aplaude incondicionalmente estas compras forzosas de empresas por parte del gobierno y cuestiona a los trabajadores que no se entusiasman con tales políticas, está pensando desde la lógica del Estado burgués y no de la autoemancipación de los explotados.

La clase obrera, el desarrollo nacional y la lucha contra el imperialismo

Pero si bien el pase de una empresa de manos privadas a manos del Estado burgués, en términos de las relaciones de explotación, puede no ser más que un cambio de patrón, e incluso puede llegar a significar en algunas circunstancias un retroceso en sus libertades democráticas, capacidad de lucha o condiciones de trabajo, de ninguna manera implica que la clase obrera deba ser indiferente frente al problema del desarrollo nacional o a las pugnas con el capital imperialista, cuestiones que a menudo están detrás de estas estatizaciones. ¡Y mucho menos puede significar una defensa del capital privado frente al Estado!

La clase obrera, si quiere adoptar una perspectiva revolucionaria, no debe perder de vista que la empresa privada y el capital imperialista constituyen la crema y nata de la explotación y de la opresión nacional, es decir, son nuestros enemigos irreconciliables. Por lo general las burguesías y clases propietarias nacionales se adaptan a la dominación imperialista, dando lugar a la condición semicolonial y dependiente de nuestros países, que impide cualquier desarrollo económico y social serio.

El gobierno de Chávez pretende forzar el desarrollo nacional sin romper con el capitalismo, lo que es una utopía reaccionaria, sin embargo, esta pretensión lo lleva a un gran nivel de intervención estatal buscando ordenar los circuitos económicos en función de la “diversificación del aparato productivo” y reproducción ampliada del capital nacional. Teniendo adicionalmente el problema específico de garantizar el acceso de la población a los alimentos básicos. De los casos más recientes, es clara esta cuestión en la pugna con el grupo Polar, uno de los dos grupos empresariales más poderosos del país y que ostenta el monopolio de gran cantidad de productos de la dieta básica del venezolano. Es claro en el caso de la transnacional “española-venezolana” Agroisleña, que controlaba 30% de los silos de almacenamiento y gran parte de la distribución de insumos agrícolas y del financiamiento a los pequeños productores del campo [4]: ¡por supuesto que esta empresa tiene responsabilidad en el atraso de la producción agrícola nacional, en la usura con los productores, en el encarecimiento de los productos, en la contaminación ambiental, etc.! En cuanto a Fertinitro, es una productora nacional de úrea y otros químicos para el agro. La productora de envases de vidrio Owens Illinois, es una empresa de capitales estadounidenses. Sidetur es clave en la producción de tubos y cabillas para la construcción.

Pero el hecho de que el gobierno no haga estas movidas en la perspectiva de la liberación social de los explotados (o que incluso detrás de alguna de estas medidas pueda estar el interés de algún empresario nacional “bolivariano” o aliado del gobierno), no implica de ninguna manera que la clase obrera deba optar por la defensa del negocio privado, de corporaciones o empresas cuya base de existencia es la explotación los trabajadores y que son una verdadera traba para el desarrollo nacional e incluso para el acceso de la población pobre a los alimentos. Esta es la posición desarrollada por sectores asalariados privilegiados de estas empresas, cooptados plenamente para la defensa de la propiedad privada capitalista, y que en muchos casos forman parte de las cadenas de mando en la estructura de la explotación. Y aunque esto es entendible en este sector minoritario acomodado de la clase obrera, no lo es para sectores que se dicen revolucionarios y socialistas, como es el caso de la Unidad Socialista de Izquierda (USI) que, con un discurso de “defensa incondicional de los derechos de los trabajadores”, se muestra incapaz de postular una alternativa clasista, y termina confundiéndose con la defensa del negocio privado que hacen los empresarios y sus lugartenientes.

La USI rechaza estas medidas del gobierno por considerarlas “arbitrarias y autoritarias”, y porque pueden poner en riesgo conquistas contractuales de los trabajadores. Es cierto. Sin embargo, al existir en el país (y en las propias empresas en cuestión) todo un polo nacional patronal que se opone por derecha al gobierno, y que también califica como “arbitrarias” y “autoritarias” estas medidas, y no plantear la USI una clara alternativa ofensiva de independencia de clase, quedan mezclados con la oposición patronal. Los compañeros hacen gala de un sindicalismo bastante pobre, limitándose a rechazar estas estatizaciones porque ponen en riesgo derechos de los trabajadores, pero sin proponer un camino para que la clase obrera no sólo mantenga en pie sus conquistas, sino que también pueda tomar en sus manos la lucha contra las corporaciones privadas y los capitales imperialistas, que viven de chupar el esfuerzo de los trabajadores y las riquezas nacionales.

Al no plantear una alternativa obrera de lucha anticapitalista, sino limitadamente antigubernamental, no de oposición de clase contra toda forma de explotación, sino solo de oposición al gobierno, confunden sus banderas con las de sectores patronales que también se oponen a las medidas del gobierno. Y además, impiden a la clase obrera elevarse del terreno limitadamente sindical al terreno de la lucha política revolucionaria anticapitalista y antiimperialista, el único terreno donde puede aspirar a disputar la dirección del movimiento de las masas explotadas y oprimidas, permitiendo entonces que sea el chavismo quien se proponga como una dirección “anticapitalista” y “antiimperialista” de las masas.

¿Quién defiende las conquistas obreras y quién la propiedad privada?

Los temores de sectores de los trabajadores de estas empresas a perder conquistas laborales no son infundados del todo, y menos aún la idea de que pueden sufrir algunas restricciones en sus libertades democráticas. Fueron públicas las amenazas de Chávez contra los trabajadores de las empresas básicas de Guayana que luchaban por sus derechos laborales: si hacían huelga en esas empresas estatales se estaban metiendo directamente con el Jefe de Estado, y él actuaría en consecuencia; incluso giró instrucciones públicas a los “organismos de inteligencia” (cuerpos de represión y tortura) para que actuaran contra los dirigentes obreros que incitaran las huelgas. Fue pública la amenaza de Chávez de militarizar el metro de Caracas si los trabajadores lo paraban en reclamo de su contrato colectivo –gracias a esto, y la complicidad de la burocracia sindical del metro, el gobierno pudo desconocer el contrato firmado. Es en las empresas estatales donde el gobierno se propone instaurar los “cuerpos combatientes”, que es una institucionalización del saboteo y traición a las huelgas, al ser trabajadores que están bajo el entrenamiento y disciplina del ejército, teniendo como misión “garantizar la producción” contra cualquier paralización, incluso vigilando y haciendo listas de los trabajadores que se organicen para movilizarse y hacer huelgas: eso ocurre hoy mismo en Sidor, donde incluso los propios burócratas sindicales gobierneros (como José Meléndez, de Marea Socialista) han llegado a azuzar a la Guardia Nacional Bolivariana contra delegados de base. Es en el sector estatal donde el gobierno ha establecido un sin fin de “zonas de seguridad” y “áreas estratégicas” en las cuales está negado el derecho a huelga, teniendo como resultado un dirigente obrero preso hace un año, como lo es Rubén González, secretario general del sindicato de Ferrominera del Orinoco. Es en la administración pública donde el gobierno ha establecido la prohibición de aumentos de salarios que no cuenten con la aprobación directa del Presidente de la República. Por sólo señalar algunos ejemplos.

Pero no solo estos temores fundados están en la oposición a las estatizaciones, también está alimentado por los prejuicios a favor de la propiedad privada, alimentados por los dueños de las empresas, sus auxiliares al mando de la explotación (gerentes, administradores, abogados, etc.) y sectores de empleados bien pagados. Por estas vías permea hacia la base de los trabajadores y trabajadoras esta defensa del negocio privado, apoyada a veces en el hecho de que en algunos casos se trata de empresas con conquistas salariales y derechos superiores a la media del país. Además por supuesto, también actúa la propia defensa de la propiedad privada inculcada y naturalizada por la propia educación formal e informal y las instituciones de la sociedad capitalista (incluyendo al propio chavismo). Esta fuente de oposición a las estatizaciones tiene pues su fundamento no en la defensa de las conquistas obrera sino en la defensa de la propiedad privada capitalista.

El papel de los revolucionarios es separar la paja del trigo, desenmascarar esta demagogia de los capitalistas privados. Debemos denunciar que no es por gracia de la buena voluntad de estos explotadores que algunos trabajadores de sus empresas disfrutan de mejores salarios y derechos que el resto, sino que por lo general se trata de empresas privilegiadas con enormes ganancias por su condición monopólica (sin competencia), o por favores de gobiernos anteriores (créditos baratos, subsidios, etc.), o por ser capitales imperialistas, que además se sirven de la superexplotación de amplias franjas de trabajadores tercerizados y precarizados (sin ninguno de los derechos del contrato colectivo y sin siquiera representación sindical), lo que les brinda la posibilidad de sobrellevar la explotación otorgando ciertas concesiones a un sector de sus trabajadores. Hay que decir muy claro que nosotros nos oponemos a las arbitrariedades y autoritarismo del gobierno contra la clase obrera, no como los empresarios que se refieren al “autoritarismo” contra la propiedad privada, y debemos denunciarlos por cínicos porque, ¿acaso en la empresa privada reina la “democracia” en las relaciones de trabajo, de producción y apropiación de las riquezas?, ¿acaso no es la explotación del trabajo por los capitalistas uno de los más grandes autoritarismos y arbitrariedades de la sociedad de clases?

Gente como la USI, a pesar de hacer propaganda en general sobre la revolución socialista, al hacer una política concreta haciendo eje solo su oposición a las estatizaciones –llaman a movilizarse “contra las expropiaciones inconsultas”–, se muestra completamente impotente para combatir la ideología y prejuicios de la oposición patronal entre los trabajadores y bregar por una alternativa de independencia de clase.

¡Expropiación sin indemnización y bajo administración directa de los trabajadores!

Los trabajadores no tienen por qué limitar sus opciones a decidir entre una u otra variante patronal y de explotación, los trabajadores deben proponer su propia salida a los problemas del desarrollo nacional o de las crisis de las empresas, como lo es la expropiación sin pago de las mismas y su administración directo por los propios trabajadores.

El gobierno llama expropiaciones a la simple compra a precio de mercado de las acciones y activos de las empresas, hecha de acuerdo a los parámetros fijados en la legislación burguesa internacional al respecto. Es compra forzosa en algunos casos en los que los dueños no acceden a vender por voluntad propia, y en otros es de mutuo acuerdo (Banco de Venezuela, varias petroleras, etc.). En cualquiera de esos casos se está reconociendo plenamente el derecho de propiedad burgués y el derecho a la explotación, que además implica en términos concretos el destino de mil millonarias sumas de dinero que mucha falta hacen para resolver problemas salariales, o de inversión en salud y educación públicas. Por eso la lucha revolucionaria de la clase obrera en estos casos debe ser exigir la expropiación sin pago alguno, pues el fundamento de la propiedad capitalista es el robo acumulado y constante del trabajo social.

Y debe lucharse por la administración obrera, porque sean los propios trabajadores y trabajadores quienes estén a cargo de la administración de la empresa estatizada, incluyendo a los tercerizados allí donde los haya. Esto, como garantía contra el aumento de la explotación –vemos cómo el gobierno hace publicidad del hecho que al pasar a manos del Estado aumentó en un 23% la productividad en Café Fama de América y en un 1.550% la producción en Lácteos Los Andes–, y como una trinchera de lucha desde donde hacer una experiencia de poder obrero y de economía planificada, sin capitalistas y sin patrón, y poder demostrar las potencialidades de una economía sin explotadores.

En las Asambleas y discusiones entre los trabajadores, esta debe ser la perspectiva de independencia de clase a plantear. Mientras unos harán votar el rechazo a la estatización y que quede en manos del empresario privado, y otros propondrán la estatización a manos del gobierno, la opción clasista consecuente deber ser proponer la estatización sin indemnización y bajo control de los trabajadores, y luchar consecuentemente en ese sentido.