Luego del revés del gobierno en las parlamentarias del 26-S, la oposición patronal pretendía que el gobierno “hiciera lectura” de que los resultados electorales expresaban una oposición de la mayoría de la población a las intervenciones, compras forzosas y regulaciones del Estado en la economía privada, pero el gobierno no ha retrocedido en esta cuestión y, al contrario, ha continuado las últimas semanas las llamadas “expropiaciones” (ver editorial). Esta “ofensiva contra la propiedad privada” ha destacado no solo las críticas de las principales cámaras de empresarios y propietarios, y la “Mesa de la Unidad”, sino también la oposición de importantes sectores de trabajadores de las empresas en cuestión, al tiempo que ha traído al centro del debate en el campo sindical y de la izquierda la cuestión de cómo quedan las conquistas obreras y las condiciones de trabajo en las empresas una vez pasan a manos del Estado.Leer