El pasado 23 de enero fue legalizada en Gaceta Oficial una resolución que permitiría, groso modo, tres cosas que atentarían contra las libertades democráticas: el uso de las Fuerzas Armadas en el “control del orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones”; el “uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal”; y el maltrato físico y la tortura, presentada con el nombre de “violencia defensiva”, aplicando “la inducción física con producción de molestias físicas” para someter a un manifestante.

Una resolución profundamente reaccionaria que ya se viene aplicando en fábricas y luchas obreras

Estamos ante un fuerte retroceso de las libertades democráticas, pues se legaliza el uso de la fuerza militar y sus armas frente a las protestas sociales. ¡Así de drástico! Y en una sociedad capitalista como en la que vivimos, basada en la explotación y múltiples opresiones, ¿quiénes son los que más necesitan manifestarse y luchar?: ¡los de abajo! Trancar una calle, tomar una fábrica, hacer una huelga, ocupar unas tierras, un edificio, marchar, etc.

Esta política de lanzar a los militares contra protestas y luchas no se aplica solo a las manifestaciones de los estudiantes orientados por la oposición de derecha, como interesadamente lo presenta el gobierno –y gran parte de la izquierda subordinada a éste–, sino que se viene aplicando con saña contra la organización y luchas de la clase obrera. Como hemos venido denunciando, el SEBIN , CICPC y Guardia Nacional vienen siendo utilizados para amedrentar y reprimir dentro de las propias fábricas: desde ir a una empresa (Café Fama de América) a buscar a los dirigentes del sindicato para interrogarlos y amenazarlos con cárcel, hasta obligar a cesar una huelga y retomar el trabajo con pasamontañas y fusil en mano dentro de la fábrica (SIDOR), pasando por entrar a la empresa y llevarse detenidos a los obreros que están en huelga (Canteras Cura), o llevarse preso a los obreros porque al poner en pie un sindicato están “extorsionando a la empresa” (Civetchi).

Reforzamiento del aparato represivo

El argumento del gobierno es que se trataría de combatir las protestas violentas de la oposición de derecha (aliada del imperialismo). Es un argumento inaceptable. La verdad es que la represión por parte de los órganos del Estado no responde a “acciones violentas de la derecha golpista”, se pone en movimiento contra cualquiera que se resista al cotidiano funcionamiento de esta sociedad explotadora y opresiva, contra los obreros que se organizan, contra los jóvenes de nuestros barrios, contra los campesinos e indígenas que luchan por la tierra, contra lxs travestis, y un largo etcétera. Estamos hablando de aceitar los mecanismos de coacción y represivos del Estado.

Frente único y movilización independiente para echar abajo la Resolución

Esta resolución, que apunta a liberar más el accionar de la represión, a cercenar derechos democráticos, a aplastar las luchas mediante la intimidación y hasta los balazos, no solo debe ser denunciada sino que debemos luchar para echarlo abajo. Si se instaura, es pérdida para el pueblo trabajador y ganancia para el sistema de dominación: sería un precioso legado para la derecha, en caso que vuelva al gobierno, que lo usaría también contra el pueblo trabajador, y ya no necesitará legislarlo pues el chavismo le facilitó el trabajo. Si la echamos abajo, es un triunfo para los que necesitamos organizarnos contra la explotación, protestar y luchar.