A pesar de que el decreto imperialista
no implicaba que se aproximaba una
intervención militar contra el país, el
gobierno aprovechó la agresión para
desarrollar un discurso y clima donde
la “defensa nacional” servía como argumento
contra los reclamos de la clase
trabajadora. Planteando cosas como
que, “cuándo está en juego la defensa
de la patria, ¿vamos a estar peleando
por un benefi cio de un contrato colectivo
o aumento de salario?”.
Comenzó a instalar el lenguaje militar,
negando cualquier crítica a Maduro y
el gobierno entre los trabajadores del
sector público, porque “hay que obedecer
al jefe, más aún cuando se trata de
la defensa de la patria”. Y lo mismo vale
para negar el derecho a huelga pues,
según dijo el Ministro del Trabajo en
“asamblea” con los trabajadores: “en
estas circunstancias no se puede paralizar
la producción ni la administración
pública, y eso lo vamos a garantizar
con las Fuerzas Armadas”. Reactivaron
y buscan ampliar los llamados “cuerpos
combatientes”: trabajadores entrenados
y comandados por las FF.AA. para
garantizar el funcionamiento de las
empresas contra cualquier paralización.
“Fortaleciendo el concepto de
defensa integral de la nación –dijo el
Ministro de la Defensa–, no debe haber
empresa estratégica que no cuente con
su cuerpo combatiente”.
La coincidencia de la intromisión con
toda una serie de reclamos y luchas
en curso –o por venir–, que expresan
el malestar por la crisis económica
que venimos padeciendo los trabajadores,
le permitió al gobierno aprovechar
para posicionarse mejor con un
discurso que deslegitima los reclamos
porque “está en riesgo la patria”. Todo
esto mientras mientras los banqueros y
empresarios siguen ganando millones,
mientras sigue impune la enorme fuga
de dólares de burgueses tanto opositores
como chavistas, mientras el capital
imperialista sigue haciendo jugosos negocios
en el país, y los altos burócratas
del Estado amasando dinero o gozando
de sus groseros privilegios.
Debemos rechazar con contundencia
este intento reaccionario de contraponer
las más elementales demandas
de los trabajadores a la “defensa de la
patria”. La clase obrera tiene todo el derecho
de luchar para impedir el mayor
deterioro de sus condiciones de vida,
del cual son responsables tanto los
capitalistas imperialistas y nacionales,
como el propio gobierno.