El 21/6 el Congreso paraguayo votó de forma sorpresiva por 76 votos contra 1 el Juicio Político al presidente Fernando Lugo. La medida es consecuencia del violento desalojo policial de la ocupación de una finca del empresario Blas Riquelme, quien amasó su fortuna durante la dictadura de Stroessner. Los campesinos sin tierra del movimiento “carpero” reclamaban la entrega de tierras mal habidas por este empresario (ver LVO 480). La represión se cobró la vida de 11 campesinos y 6 policías y abrió una nueva crisis de proporciones para el gobierno.

Los partidos de la derecha, el Partido Colorado, el UNACE, habían salido desde el primer momento con “los tapones de punta” a tratar de aprovechar la situación a su favor y asestarle un nuevo golpe a Lugo. Éste había dejado de lado cualquier discurso progresista y se había puesto abiertamente a favor de los terratenientes y de la represión, dando su “respaldo” a la fuerza policial que había actuado “de acuerdo a la ley y la constitución”. Además, para contentar a la derecha echó a su ministro del Interior y al jefe de la policía reemplazándolos por gente de confianza de sus opositores que se anotaban un punto importante de cara a las elecciones de abril de 2013.

Pero estos signos de debilidad y concesiones no hicieron más que impulsar a la oposición a ir más allá. Aprovechando su mayoría parlamentaria forzaron la convocatoria al juicio político que podría eventualmente terminar obligando a Lugo a renunciar. En realidad, el objetivo era empujarlo a presentar ya su dimisión y adelantar las elecciones (intensiones nunca disimuladas por la derecha desde 2008 a hoy). La jerarquía de la Iglesia Católica se plegó a la cruzada y le pidió formalmente la renuncia para “evitar la violencia”. En el lenguaje que utiliza por estos días todo el arco político de la derecha, es notoria la amenaza de pasar a un intento de desestabilización más o menos violento. De hecho, el juicio es un “juicio express” violatorio incluso de las propias normas constitucionales burguesas, que le dio a la defensa apenas 15hs para preparar su alegato y hasta se anunció en medios de prensa que la sentencia podría emitirse esta misma tarde (Última Hora, 22/6). En este sentido evidentemente el “juicio” es apenas una burda cobertura legal para echarlo del poder. De consumarse esta maniobra, habrá que ver hasta dónde trata de resistir Lugo y la postura que adquieran las FF.AA. que por ahora se mantienen en un cauto silencio.

Por el momento el presidente ha desechado esta posibilidad al declarar que hará frente al Juicio Político y no renunciará a su cargo. Este viernes manifestó que “las llamadas de los sectores populares me han incentivado a seguir” y que cuenta con el apoyo de los gobiernos vecinos. Mientras escribimos esta nota, miles de personas se congregaban en Asunción en apoyo a Lugo.

Hay que apuntar que los enemigos de Lugo no están sólo en la derecha opositora, sino también al interior de la precaria coalición que armara oportunamente para llegar a la presidencia y cuya principal fuerza es el tradicional Partido Liberal del vicepresidente Francisco Franco. Gran parte de los liberales siempre se pronunciaron en contra de cualquier gesto “progresista” que impulsara Lugo por más tibio que fuera. Franco, sin ocultar sus verdaderos objetivos, y demostrando el carácter oportunista que tuvo la Alianza, dijo ante la primer crisis de gobierno que estaba “dispuesto a asumir la presidencia cuando sea necesario”. Varios diputados de este partido han manifestado ahora su acuerdo con el juicio político.

La diplomacia sudamericana

Los gobiernos de la región y la UNASUR han manifestado su apoyo a Lugo y viajaron “de urgencia” a Asunción para sostener al golpeado mandatario. Las intenciones de Rouseff y Kirchner es aparecer como defensoras de “la democracia” y contrarias a procesos desestabilizadores de la derecha de los que ya hemos visto varios en la región: Venezuela con el golpe y posterior lock out patronal de 2002, Bolivia por parte de la derecha de la Media Luna durante gran parte del gobierno de Evo Morales, y que tuvo su máxima expresión con el Golpe de Estado (triunfante) en Honduras en 2009.
Sin embargo es necesario alertar que ninguna salida progresiva vendrá de la intervención de la diplomacia de la UNASUR y de los gobiernos capitalistas de Brasil o Argentina. Como quedó demostrado durante el Golpe en Honduras, su mediación estuvo centrada en controlar la respuesta de las masas y aplacar la movilización, llevando la disputa a las “organismos multilaterales” como la OEA lo que sólo consiguió darle tiempo y hasta legitimidad al gobierno de facto.
Tanto la derecha como los “progresistas” de todo pelaje, defienden en última instancia los mismos intereses, los de los capitalistas y los grandes monopolios. Los “progresistas” latinoamericanos han gobernado todos estos años al servicio de esos intereses al tiempo que han tratado de impedir el desarrollo de la lucha obrera y popular.
Sólo la movilización independiente de las masas obreras y campesinas de Paraguay, y sus hermanos de clase latinoamericanos, pueden tener la fuerza y determinación necesarias para enfrentar con éxito los intentos de la derecha de recuperar el terreno perdido y rehacerse del poder político. Sólo atacando sus intereses económicos, contra los latifundistas y grandes empresarios, contra el imperialismo, se podrá desarticular y derrotar a la reacción. Para esto es indispensable rechazar la política conciliadora y de convivencia que nos imponen los Lugo, Cristina, Dilma y demás “progresistas” que no enfrentan a la derecha, pero nos reprimen a los trabajadores y el pueblo pobre.