Después de haber ocupado el cargo de primer ministro en tres ocasiones durante las últimas dos décadas, Berlusconi tuvo que dejar el poder el pasado 12 de noviembre. Previo a su renuncia, el senado y la cámara de diputados aprobaron en tiempo récord el paquete de recortes sociales, congelamiento del salario de los empleados públicos y flexibilización del mercado laboral.

Decenas de miles de personas salieron a las calles de Roma a festejar la caída y lo que podría ser el final político del Cavaliere. Sin embargo, Berlusconi no cayó por la acción del movimiento de masas, aunque su gobierno era profundamente impopular como se ha visto en múltiples movilizaciones y luchas, sino producto de la presión de la Unión Europea (UE), la patronal agrupada en la Confindustria, y el FMI. La prensa capitalista opositora y el amplio arco policlasista “antiberlusconiano” intenta crear expectativas en que su sucesor, Mario Monti, devolverá la “seriedad” al capitalismo italiano, presidiendo un gobierno “neutro” o “técnico” que permita recuperar la confianza en los mercados y reimpulsar el anémico crecimiento económico.

Sin embargo, la pretendida “neutralidad” es una gran mentira que más temprano que tarde quedará en evidencia: Monti representa los intereses de los bancos y las grandes corporaciones que lo pusieron en el gobierno, incluso mejor de lo que lo hizo el propio Berlusconi.

Un recambio a medida de los capitalistas

Desde hace tiempo, Berlusconi había perdido la confianza de la gran patronal, de los banqueros, de los “mercados” y de sus socios de la Unión Europea, principalmente de Merkel y Sarkozy, que lo consideraban absolutamente incapaz de llevar adelante el duro ajuste económico exigido para evitar un posible default de la deuda italiana –que asciende al 120% del PBI del país, equivalente a alrededor de 2 billones de euros- que arrastraría consigo a los grandes bancos alemanes y franceses y a la misma eurozona (ver LVO 452).

Fueron justamente estas fuerzas –la patronal, los bancos, la UE y el FMI- las que precipitaron su caída y las que hoy son el sostén del nuevo gobierno “técnico” encabezado por Mario Monti, un economista liberal y excomisario de la Unión Europea, puesto a dedo por el presidente G. Napolitano para que preserve los intereses de los grandes capitalistas locales y europeos y descargue la crisis sobre los trabajadores y la gran mayoría de la población.

Por si quedara alguna duda del carácter de sirviente de los intereses del gran capital del gobierno “técnico” de Monti, basta ver la composición de su gabinete, integrado entre otros, por figuras provenientes de las finanzas y las grandes empresas, como Corrado Passera, ejecutivo de Intesa Sanpaolo, uno de los dos bancos más poderosos del país, que estará a cargo de las carteras de industria e infraestructura (obra pública y transporte).

Para hacerse cargo del gobierno, Monti ha exigido permanecer en el cargo al menos por un año y medio, cuando deberían hacerse las elecciones parlamentarias. Necesita ese tiempo para llevar adelante las reformas económicas profundas exigidas por la Unión Europea. En lo inmediato, su gobierno intentará implementar un paquete de austeridad que incluye el congelamiento del salario de los empleados públicos que se podría prolongar hasta después de 2014; suba del IVA; extensión de la edad jubilatoria y una reforma laboral que facilitará el despido de los trabajadores.

Aunque los partidos políticos no participan del nuevo gabinete, a excepción del “socialista” G. Amato, Monti cuenta con el apoyo de un amplio espectro que va desde la derecha berlusconiana hasta la centroizquierda burguesa del Partido Democrático. Incluso fue saludado por el “izquierdista” gobernador de Puglia, Nicchi Vendola, líder del partido Izquierda, Ecología y Libertad (SEL por su sigla en italiano). Solo el ex socio de Berlusconi Umberto Bossi, de la ultraderechista Liga Norte, prefirió quedar fuera de las negociaciones febriles que precedieron a la formación del gobierno. No solo la patronal y sus partidos sostienen a Monti, sino también la traidora burocracia de las centrales sindicales oficiales le dieron su apoyo. Los sindicatos de base han llamado a movilizar a principios de diciembre, a imagen y semejanza de la CGIL, vinculada al PD, que no podía actuar de otra forma ante el anuncio del plan de ajuste anunciado por el ex Comisario europeo.

Pero a pesar de esta aparente unidad, el gobierno de Monti es producto de la debilidad de la clase dominante.

Tendencias bonapartistas

Tanto la asunción de Monti en Italia, como la de Lucas Papademos en Grecia en reemplazo del exprimer ministro Y. Papandreu, empiezan a marcar una tendencia hacia la formación de gobiernos de “unidad nacional” o de “técnicos” impuestos por los banqueros, la gran patronal y los líderes de la UE, Merkel y Sarkozy (que junto con el FMI y el Banco Central Europeo forman el llamado “Grupo de Frankfurt”), para responder a la crisis política burguesa y lidiar con el movimiento de masas y llevar adelante los planes de austeridad.

En Grecia, el gobierno de “unidad nacional” que sucedió a Papandreu está formado por los dos principales partidos del régimen el socialdemócrata PASOK y el conservador Nueva Democracia y por el partido de extrema derecha LAOS, una organización xenófoba con buenas relaciones con la Iglesia Ortodoxa. Una de las principales misiones de este gobierno será tratar de derrotar la dura resistencia que vienen oponiendo los trabajadores, la juventud y los sectores populares que en los últimos 18 meses protagonizaron movilizaciones masivas y 15 paros generales –el último de 48 horas el 19 y 20 de octubre.

En el caso de Italia, fue el presidente G. Napolitano, un viejo político ex militante del Partido Comunista Italiano, quien nombró senador vitalicio a Monti y negoció, como representante de los intereses de la UE y de la patronal, la conformación del nuevo gobierno.

Estos supuestos “técnicos” no son apolíticos ni neutros sino que se eligen en función de su capacidad para implementar medidas profundamente antiobreras y antipopulares sin ser presionados por la movilización. Como explicaba el revolucionario italiano A. Gramsci, “todo gobierno de coalición es un grado inicial de cesarismo, que puede o no desarrollarse hasta grados más significativos”, es decir, una “solución arbitraria” a una situación en la que no se ha resuelto aún el enfrentamiento entre las clases fundamentales.

Esta tendencia bonapartista (o cesarista) a imponer gobiernos que se ponen por encima de las contradicciones sociales se desarrolla más en crisis capitalistas profundas, como la que estamos viviendo, en la que se desgastan los mecanismos clásicos de la democracia burguesa, como el parlamentarismo, y tiende a quedar al descubierto la dictadura del gran capital.

Difícilmente estos gobiernos logren imponer sus políticas de austeridad sin provocar una amplia resistencia y oposición de los trabajadores y los sectores populares. Por derecha las tendencias bonapartistas de las burguesías y el surgimiento de variantes nacionalistas extremas, y por izquierda la resistencia obrera y popular a los planes de austeridad, como en Grecia, la emergencia del fenómeno de los indignados, preanuncian el desarrollo de acontecimientos convulsivos. Para esa perspectiva nos preparamos los revolucionarios.