Con la aprobación de la llamada “Ley amnistía y reconciliación nacional” propuesta y aprobada por la oposición derechista desde la Asamblea Nacional este martes, su inmediato rechazo por parte del presidente Maduro como “inconstitucional en todas sus partes” –opinión semejante que seguramente se prevé por parte del TSJ–, se recalientan las tensiones políticas en torno a la Ley que se propone liberar a líderes de la oposición, dentro de un marco más amplio de la agenda destituyente de la derecha, y las maniobras políticas del chavismo para mantenerse en el poder, como lo señalábamos por este medio en una artículo anterior.

Los usos políticos de las Amnistías: una historia de encuentros y desencuentros

Es notable que la misma oposición que hasta ayer se desgarraba sus trajes vociferando contra el “régimen dictatorial de Chávez” apele ahora hipócritamente a la figura del fallecido presidente para oponerlo demagógicamente a Maduro, buscando “simpatías” en un sector del chavismo descontento. Así hace cuando realizan “una valoración especial” al Decreto de Amnistía de Chávez en 2007, llegando incluso a afirmar que “el Presidente Chávez tuvo un gesto pacifista y de conciliación democrática y demostró el amplio alcance que puede tener la amnistía, según las consideraciones políticas que la animen”. En el mencionado artículo afirmábamos que “la hipocresía no solo reina en la oposición, sino también desde el lado del gobierno, que las amnistías las proponen o decretan a conveniencia de sus intereses y de los pactos del momento”.

Efectivamente, la “Amnesia” de la que tanto habla el chavismo actualmente, refiriéndose al “borrón y cuenta nueva” que la Ley pretende imponer con el olvido de los delitos cometidos por dirigentes de la oposición entre 2002-2003 como los acaecidos en el año 2014 entre otros, no desdice su complicidad con la impunidad reinante en el país, ya sea por hechos punibles acometidos desde altas funciones de gobierno, mandos policiales y militares, como en grupos empresariales y castas políticas en el gobierno o la oposición.

Siendo que el propio expresidente Chávez, luego de ser restituido al cargo tras el golpe de estado de 2002, frustrado por la fuerza de la movilización popular, llamara a la reconciliación nacional en aras de restablecer “el orden político” cuando ni siquiera la reacción había bajado la guardia. Fue lo que vimos inmediatamente después con el paro-sabotaje promovido por los mismo sectores golpistas, empresarios y apoyado por el imperialismo, y que fuera frustrado por la movilización de los propios trabajadores, para que luego viniera nuevamente Chávez a desmovilizar tal demostración de fuerza de estos, llamando nuevamente a un “diálogo nacional”. Cinco años más tarde, luego de la derrota electoral para aprobar la reforma constitucional promovida por el gobierno, en aras de un pragmatismo político, viene Chávez a decretar una Ley Especial de Amnistía, y un indulto a figuras políticas y empresariales que tuvieron participación central en los hechos señalados.

Claro que las circunstancias son hoy muy distintas a las del 2007, sobre todo en lo que a correlación de fuerzas se refiere muy favorable a Chávez, siendo que entonces también favorecía al chavismo la relativa estabilidad económica que tenía el país. Lo que existe tras el 6D del 2015, es una oposición envalentonada respaldada por el imperialismo y el avance de la derecha continental, que buscan un “cambio de gobierno” en el corto plazo, mientras el chavismo maniobra con los instrumentos necesarios que dispone para garantizarse una sobrevida en el gobierno.

De aquí que el caballito de guerra de la Amnistía para los llamados “presos políticos” de la oposición tiene beneficiarios específicos e intereses políticos muy particulares.
Es que en la oposición de la MUD, donde afloran las diferencias en cuanto al cómo salir de Maduro, si por revocatorio, enmienda constitucional o renuncia, incluso en torno a la Ley Amnistía, existe un diferencial importante en cómo la conciben sus distintos sectores. Para Voluntad Popular (el partido de Leopoldo López), el más impaciente de todos pues tiene los más icónicos líderes en prisión y presuponen saldrían con posibilidad de cobrarse espacios que hoy son liderados por sus adversarios de Primero Justicia (de Henrique Capriles) dentro de la MUD, considerados “moderados”, y quienes sin embargo necesitan de la Amnistía para “borrar” de un decretazo su "pasado violento”.

¿A quién(es) beneficia?

Como ya lo han señalado diversos medios, entre los principales beneficiarios se encuentran los dirigentes de Voluntad Popular, Daniel Ceballos, José Pérez Venta y Leopoldo López, quienes junto a Lorent Saleh y el ex alcalde metropolitano Antonio Ledezma hicieron parte dirigente del movimiento contra Maduro lanzado en 2014 autodenominado “La Salida”. También se ve incluidos por delitos anteriores a empresarios como Nelson Mezerhane y Guillermo Zuloaga, y al ex candidato presidencial y fundador del partido Un Nuevo Tiempo Manuel Rosales, acusado de enriquecimiento ilícito.

Un abecedario de parágrafos desde la A hasta la X detalla en el Capítulo II y Art. 4 de la Ley, los hechos punibles cometidos por los mencionados dirigentes políticos y empresarios “desde el 1 de enero de 1999 y hasta la entrada en vigor de la Ley”, con el mismo rigor que excluye toda tentativa de cuestionar aquellas leyes que actualmente se usan para castigar o acallar la protesta obrera y popular, del mismo modo que excluye a cientos de luchadores sociales y trabajadores que se han manifestado por la más elemental defensa de sus derechos democráticos vulnerados y que hoy se encuentran tras las rejas o bajo régimen de presentación.
La lucha contra la impunidad está bien lejos de ser una materia que pueda impulsarse desde el gobierno y sus instituciones, mucho menos desde un eventual gobierno de la derecha, puesto que ambos demuestran diariamente su total parcialidad a la hora de “hacer cumplir la ley” instrumentalizándola en función de sus intereses de gobernabilidad, y claro está contra el pueblo trabajador.

Por un lado, se trata del mismo gobierno nacional que tiene como Defensor del Pueblo a Tarek William Saab, quien gobernó el estado Anzoátegui cuando la policía regional se cobró la vida de dos obreros de la Mitsubishi en enero de 2009; y de la misma manera mantiene impunes los crímenes contra obreros, campesinos y pueblos originarios como el Yukpa Sabino Romero y sus familiares; que ante cada conflicto obrero de cierta importancia militariza las fábricas y lugares de trabajo; que no mueve un dedo por el desaparecido dirigente popular Alcedo Mora; y mantiene tras las rejas a los 8 trabajadores de CIVETCHI por intentar armar un sindicato en una empresa mixta; entre otros tantos casos de sectores del pueblo que luchaban por demandas elementales.

Mucho menos podría esperarse alguna medida mínima de justicia de la mano de la oposición de derecha, cuando pesan sobre sus hombros las víctimas de abril de 2002, su vinculación política y económica con grupos terratenientes, empresariales y policiales responsables de violaciones de derechos humanos y asesinos como es el caso de Iván Simonovis; que también han recurrido a la policía en los municipios y estados que gobierna contra trabajadores; cuando incluso si en algún momento llegaron a usar a sus dirigencias estudiantiles a movilizarse contra la reaccionaria Resolución 8.610 del Ministerio de la Defensa, a meses de ejercer el control mayoritario del Parlamento, ostentando las más de cien bancas obtenidas tras el 6D, no han tenido chance para decir “esta boca es mía” contra esto, demostrando que nada les interesa lo “democrático” sino en función exclusiva de sus intereses políticos.

Basta de engatusar y embaucar al pueblo

Quienes venimos padeciendo los mayores golpes de la crisis, ninguna “reconciliación” podemos contemplar con estos sectores que ayer pasaron por encima de toda legalidad para imponer un gobierno de facto, y hasta hoy hemos visto claramente que no fueron al Parlamento a representar ninguna de nuestras demandas más sentidas, sino a imponer su propia agenda en función de sus propios apetitos de poder.

Así como tampoco caer en las maniobras del gobierno cuando se llena la boca de impunidad cuando no tiene la más mínima moral para hablar al respecto, y que hemos visto cómo en otras épocas han votado leyes de amnistía a golpistas y responsables de crímenes para “dar una demostración más de que nosotros lo que queremos aquí es la paz” como afirmara Chávez en su momento, y que pactan con sectores empresariales y aplica medidas de ajuste que afectan al pueblo. Cuando hablan de “reconciliación” o “demostraciones de paz” es nada más en función de sus intereses y no los del pueblo.

Mientras se profundizan los golpes al bolsillo del pueblo trabajador con el aumento del pasaje a un 75 y 100%, y los cotidianos aumentos de precios cada vez que alguno de los productos básicos llega a aparecer en los anaqueles, como consecuencia de una extendida crisis económica que no ve luz al final del túnel.

Mientras chavismo y oposición se lanzan en una enconada lucha política por imponer su agenda particular, toda agenda que en materia de justicia económica y social, toda defensa de las garantías democráticas, pasa por poner en marcha la movilización de los propios trabajadores, de la mano con la juventud, organismos de derechos humanos democráticos, con total independencia del gobierno y la oposición de derecha.