El ministro de Energía y Petróleo, Eulogio del Pino, anunció la semana pasada el otorgamiento de licencia a la transnacional Gold Reserve del Proyecto Brisas-Cristinas, que le había sido retirada en 2008, y por la que Venezuela enfrentó un caso en el CIADI, dando esta nueva concesión en el marco de importantes acuerdos con el sector empresarial y trasnacional, sin parar en consideraciones medioambientales y de soberanía nacional.

La trasnacional aurífera Gold Reserve presentó este lunes un memorando expedido desde Washington, en el que asegura que Venezuela “cancelará el pago reclamado, incluyendo los intereses y cosos procesales que se espera sea ejecutado en 60 días”, también puntualiza que “las propiedades mineras Las Brisas y Las Cristinas, junto con los datos técnicos relativos al proyecto Brisas propiedad de Gold Reserve, serían transferidos a una empresa mixta venezolana, que se espera que sea propiedad efectiva 55% por Venezuela y 45% por Gold Reserve.”.

Lo que mayormente genera suspicacias en propios y extraños es que el Gobierno nacional, después de 8 años de conflicto con esta compañía y de hacer de su retiro de concesión una bandera “de defensa medioambiental”, repentinamente llegue a acuerdos importantes, para explotar lo que la misma Gold Reserve reconoce como “uno de los mayores yacimientos de oro en América Latina”. Lo cierto es que viene siendo parte de la dinámica propia del gobierno “para salir de la crisis” acudir a mayores acuerdos con los grandes dueños del Capital, como los que hemos venido presenciando en las últimas semanas.

Es precisamente enmarcado en los “Nueve motores productivos” constituidos en enero dentro del Consejo Nacional de Economía Productiva, donde opera el llamado cuarto motor de Minería, compuesto por dos mesas, una de ellas de Metales preciosos, donde participan importantes firmas empresariales y trasnacionales. Pero también es precisamente el riesgo de default, y la necesidad del gobierno para captar divisas para el pago de la deuda externa, lo que apresura estos acuerdos leoninos y entregistas con la trasnacional aurífera Gold Reserve, como lo apunta esta reciente nota.

Así que no puede decirse que se trata de un “rayo cayendo de un cielo sereno”, cuando finalizando el año 2015, a poco de vencerse los poderes especiales del presidente para legislar, otorgados por la anterior Asamblea Nacional, Maduro reformó la ley orgánica de exploración y explotación del oro y demás minerales, que “autoriza la conformación de empresas mixtas en el sector minero, similares a las que operan en la nación petrolera para extraer crudo en sociedad con firmas multinacionales”, como informamos por este medio, cuando se preanunciaban estos acuerdos cuidándose de mencionar a la trasnacional aurífera.

Un acuerdo de subordinación y dependencia nacional

Parte del contenido ya revelado de esta concesión implica mayor dependencia nacional. El ministro Eulogio Del Pino señaló que personalmente estuvo a cargo de la negociación del caso y que luego de que el Ciadi fallara a favor de Gold Reserve, lograron establecer negociaciones para reactivar los convenios entre ambas partes. "Firmamos un acuerdo de inversión por 5 mil millones de dólares, de los cuales 2 mil millones de dólares van a constituir una empresa mixta con 45% de participación accionaria y Venezuela el 55% como lo prevé la ley", explicó el también presidente de Pdvsa. Además, informó que los restantes 2 mil millones de dólares forman parte de un préstamo otorgado por la empresa a Venezuela.

Si a ello sumamos el pago de US$ 750 millones por concepto de indemnización a la Gold Reserve, determinado por un fallo del CIADI, y como reza el comunicado emitido por la trasnacional, el acuerdo también incluye la solicitud al Ejecutivo venezolano de la creación de una zona de económica especial con beneficios impositivos y aduaneros, en tanto que una vez terminado el proceso de contratación Venezuela deberá buscar financiamiento para completar los pagos del arbitraje, de los datos de minería y del gasto capital de 2 mil millones de dólares que Gold Reserve aportará al proyecto Brisas-Cristinas. O sea que el propio gobierno se vio obligado a cederles en toda línea, todo en función de obtener recursos que con total seguridad irá para el cumplimiento de los pagos de la deuda externa, además de exonerarla del pago de muchos impuestos.

Algo de Historia

Una vez iniciada la demanda introducida por Gold Reserve contra Venezuela ante el CIADI, esta trasnacional aseguraba haber obtenido plenos derechos sobre el yacimiento al comprar en 1992 la Compañía Aurífera Brisas del Cuyuní, dentro de un reservorio de oro y cobre ubicado en el distrito minero kilómetro 88 del Estado Bolívar en el sureste del país. Esto ocurría apenas un año después de que Venezuela suscribiera un Tratado Bilateral de Inversión (TBI) con Holanda, en el que mediante la “Ley Aprobatoria del Convenio para el Estímulo y Protección Recíproca de las Inversiones entre la República de Venezuela y el Reino de los Países Bajos” quedaba bajo el arbitrio de Tribunales internacionales como el CIADI.

Desde aquel año 1992 y el 2009, pudo beneficiarse con los altos dividendos arrojados por la explotación de los yacimientos auríferos que comprendía el “proyecto Brisas”, en el marco de las re nacionalizaciones emprendidas bajo el gobierno del fallecido presidente Chávez iniciadas ya en 2007, se negó la prórroga solicitada por la Compañía Aurífera Brisas del Cuyuní, filial de Gold Reserve, para extender una concesión vencida en abril del 2008 relativa a la extracción de oro.

El gobierno del fallecido presidente Chávez hizo bandera de “lucha ecológica” esta expropiación como “ejemplo del compromiso y alcance ecológico”contra “proyectos mineros que amenazaban con perturbar a las comunidades indígenas y los ecosistemas locales” refiriéndose a la empresa Gold Reserve, Inc. y a la empresa Crystallex, quienes explotaban los yacimientos Las Brisas y Las Cristinas, respectivamente, según reza un comunicado emitido por la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la Embajada de Venezuela ante EE.UU, del 12 de octubre de 2010.

De modo que no es gratuito que la Gold Reserve Inc., descontenta con el fin de la concesiónintrodujera en Octubre de 2009 una petición de arbitraje ante el CIADI del Banco Mundial, exigiendo a Venezuela 300 millones de dólares estadounidenses, que según ellos correspondía a “inversiones”, obviando las suntuosas ganancias obtenidas. El fallo determinado por el BM obligaba a Venezuela a indemnizar a la compañía por la suma de 740.3 millones de dólares.

En abril del pasado año, la Gold Reserve presentó una orden de cobro de intereses sobre los bonos venezolanos para recaudar su indemnización. Mas el deterioro de los ingresos producto de la caída de los precios del crudo, la crítica situación económica, política y social que atraviesa el gobierno de Maduro lleva al gobierno –agobiado por los pagos que están por vencerse y el riesgo de default– a volver de rodillas ante estos verdaderos buitres pidiendo una tabla de salvación.

La vuelta a la Gold Reserve Inc. que hoy presenciamos, en modo alguno significa una “ruptura” de Maduro con el legado de Chávez, sino su cumplimiento más cabal, tomando en cuenta lo dispuesto por este en el proyecto Programa de la Patria, disposición 3.1.15.8., para “desarrollar el poderío económico utilizando los recursos minerales.

¿Cuál es el Ecosocialismo y respeto a los pueblos originarios?

Conscientes de las consecuencias que estos acuerdos tienen con el deterioro de los ecosistemas en el sureste del país, el ministerio denominado de “Ecosocialismo” ha decidido ocultar las implicaciones medioambientales de las operaciones de la Gold Reserve en el emprendimiento del proyecto Las Brisas, en su lugar, se excusan afirmando que dicha actividad será supervisada por el Gobierno para evitar la contaminación.

El altamente contaminante proceso a través del cual se “limpian las impurezas” para la producción de oro incluye la excavación de profundos cráteres, remoción de la cubierta vegetal y la utilización del cianuro, sustancia altamente tóxica que luego se vierte en los ríos provocando la muerte a la fauna, todo un paquete de daños al ecosistema, aunque existe un Código Internacional de Manejo de Cianuro (ICMC) que regula esta actividad, también es cierto que la Gold Reserve Inc. no figuran entre sus signatarios(ver acá).

En el informe de la organización Provea titulado “El derecho a un ambiente sano” referente al 2014, se afirma: “sobre el tema de la minería aurífera (…) mientras que el Estado asegura que ha disminuido, las denuncias de las comunidades indígenas de la zona y los informes de las ONG ambientalistas muestran lo contrario”, dando parte de la actividad de la minería aurífera ilegal, confesada por el propio Ministro de Defensa, Padrino López.

Por si todo esto fuera poco, el estado no solo no ataca la minería ilegal, sino que inclusive la propicia, acallando las voces de quienes denuncian, como aseguran los líderes de la etnia pemona Gilberto y Víctor Abati: “el Estado promueve la minería ilegal en Canaima porque no da respuestas a nuestras necesidades, y no combate realmente lo que sucede. Uno denuncia en Caracas y de inmediato llaman a los dueños de máquinas mineras y les dicen quién está denunciando, ¿cómo entonces pretenden convencernos entonces de una presunta supervisión?”.

Los acuerdos con la Gold Reserve, representan una verdadera entrega de la soberanía, de nuestros recursos, y un aval a la explotación desmedida de los minerales de nuestro subsuelo, a la destrucción de los ecosistemas y el abuso contra las comunidades originarias, que profundizará las causas profundas de la crisis, inherentes al capitalismo rentista y dependiente. Todo esto para buscar recursos a como dé lugar por la fuerte crisis económica que atraviesa el país.