Ante los asistentes al Poliedro de Caracas, denunció nuevamente las presiones imperialistas, a raíz del editorial del Washington Post que hace dos días editorializó que “Venezuela necesita desesperadamente una intervención política”, instando a actuar a la OEA. Se refirió también a la mayoría opositora de la Asamblea Nacional, negando que las “opciones y acciones que ha anunciado la derecha, la oligarquía, y el golpismo en Venezuela” puedan imponerse.

Pero el centro de su intervención fue en relación a las tareas del Congreso. Maduro reiteró que debe “transformarse en el más poderoso instrumento para aplicar las tres ‘R’ de esta etapa de la Revolución: la rectificación, la rebelión y el renacimiento del bolivarianismo y del chavismo”. Invitó a ejercer la “crítica y autocrítica” y a elaborar propuestas para superar “el golpe de Estado económico” y convertir “a nuestro país en una potencia económica”.

El Congreso culminará a fin de mes, abordando cinco ejes temáticos: Construcción del nuevo bloque histórico; Promoción de nuevas formas de organización; Construcción de una nueva hegemonía cultural; Construcción del nuevo modelo económico productivo y Diversificación de las formas de lucha.

Aunque pomposamente presentado como un proceso de amplia deliberación de masas, se trata apenas de un intento burocrático, montado y digitado desde arriba, a través de las estructuras del PSUV y las “organizaciones del poder popular” controladas desde el Estado con diversas actividades a nivel local, sectorial y nacional apunta a recuperar base social en función de recuperar respaldo entre la población desencantada. Por ello, el importante rol asignado en el Congreso a las Grandes Misiones.

Detrás del llamado a un “nuevo bloque histórico” se insinúa la búsqueda de ampliar las alianzas con sectores empresariales y medios, tendiendo puentes con las franjas que no adhieren a la derecha más dura.

El “nuevo modelo económico productivo” como forma de diversificar la producción nacional, apunta a justificar un curso que, como mostraron las medidas del 17 de febrero (devaluación y aumento de la gasolina), recientes acuerdos con trasnacionales petroleras y mineras, y encuentros con el “empresariado nacional”, beneficia a los capitalistas y golpea a la economía de los trabajadores y el pueblo humilde.

La crisis económica y política

Según dijera el presidente, este Congreso, y la “Agenda Económica Bolivariana”, serían los dos “métodos centrales” para “poder superar la coyuntura política y económica que atraviesa el país”. Veamos, más allá de la retórica, cómo el gobierno está respondiendo a los problemas centrales que atraviesan la situación nacional.

Desde el punto de vista económico, como se analiza aquí, la combinación de políticas inflacionarias, devaluación y ajuste gradual que aplica el gobierno es impotente ante el descalabro de la economía nacional, que en 2015 se contrajo en un 7% del PBI. El escenario de bajos precios para el petróleo internacionales ha evaporado la renta petrolífera y el servicio de la deuda externa más la política de entrega de divisas a precio oficial a los capitalistas y las transnacionales han dejado sin sustento todo el esquema económico del chavismo. Entre tanto, no cesan de agravarse las penurias cotidianas de la población trabajadora agobiada por la galopante inflación, la carestía, desabastecimiento y especulación de bienes esenciales, aumentos de pasajes, el deterioro de los servicios públicos, al que por estos días se sumó la “emergencia eléctrica”. El gobierno critica a los “malos empresarios” pero su política es buscar un acercamiento haciéndoles nuevas concesiones.

Desde el punto de vista político, se agudiza el “conflicto de poderes” entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Nacional, dominada por el MUD, alrededor de la llamada Ley de amnistía, el intento de convocar un reférendum revocatorio y otras iniciativas opositoras. La tensión política se caldeó aún más con las acciones de grupos derechistas en días pasados, a las que el chavismo contestó con nuevas manifestaciones de apoyo a Maduro.

El presidente confía en que el poder judicial pueda vetar los intentos de la AN, además de contar con el decisivo apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), a las que no olvida elogiar en ningún discurso. Es cierto que el chavismo mantiene el control de la mayoría de las instancias del Estado, incluidas la justicia y el Consejo Nacional Electoral, clave para que cualquier compulsa o reférendum prospere. Maduro también cuenta con el sostén, al menos por ahora, de la FANB, factor de poder crucial en el régimen de la Va. República. Sin embargo, el gobierno ha sufrido un muy severo golpe con la derrota electoral y no logra contener el deterioro político ni el desencanto entre importantes sectores de la población.

Por su parte, a pesar de haber conquistado en la Asamblea Nacional un importante punto de apoyo para su ofensiva, la oposición no logra superar sus diferencias internas ni conquistar suficiente base social y generar condiciones como para “salir de Maduro”. En sus acciones de días pasados, la derecha mostró menor capacidad de movilización callejera que en otras ocasiones.

Este relativo “impasse” tiñe a toda la situación con una extrema inestabilidad y constantes choques políticos -que pueden trasladarse a la calle-.

En medio de la aguda crisis económica y polarización social y política, parece difícil que pueda prosperar la búsqueda de “consensos” entre sectores “moderados” de la oposición y del chavismo, que se pregonan desde distintos ángulos. Ese sería el camino para montar un plan de “transición” para “normalizar” las formas de dominación política en Venezuela, más en línea con los requerimientos de la alta burguesía y el imperialismo. Claro que es una cuestión complicada de resolver dadas las características bonapartistas del gobierno y la naturaleza revanchista de la oposición derechista.

Como sabe que su continuidad está cuestionada por extraños pero también por algunos propios, Nicolás Maduro intenta retomar la iniciativa con la ilusión de reafirmarse como árbitro y reverdecer sus desteñidos títulos como sucesor de Chávez. Juega una de sus pocas cartas en el Congreso de la Patria, que no casualmente aspira a culminar en una demostración de fuerzas el próximo Primero de Mayo.

El Congreso y la política de Maduro hacia los empresarios

Del Congreso de la Patria puede esperarse apoyo a los planes gubernamentales, pero no respuesta cabal a las necesidades e intereses de los trabajadores y el pueblo. Es que un verdadero debate democrático con el movimiento obrero y popular como auténtico protagonista, pondría en el centro de la discusión las razones de fondo del descalabro económico. Pero esto cuestionaría de raíz las medidas que viene tomando Maduro y al programa económico chavista de conjunto, que pretendió lograr un desarrollo nacional sobre la base del rentismo petrolero, combinando políticas de redistribución con la asociación con empresarios y trasnacionales, con el Estado como “árbitro”. El discurso del “socialismo del siglo XXI” en la práctica nunca fue ni podía ir más allá de renegociar las condiciones de tal asociación.

Con el derrumbe de los precios del petróleo, todo el esquema se derrumba también y reemergen abiertamente las contradicciones estructurales del capitalismo dependiente venezolano. A la hora de la crisis no sólo se hacen evidentes los estrechos límites del programa chavista, sino que aparecen al desnudo los lazos entre las cúpulas del Estado, la “boliburguesía” y los capitalistas en general, en fenómenos tales como la especulación, el mercado negro, las maniobras con divisas y la fuga en masa de capitales.

El gobierno denuncia estos fenómenos como manifestaciones de la “guerra económica”. Sus voceros machacan a diario contra la buhonería callejera y el “bachateo” hacia Colombia. Es cierto que algunos sectores empresariales y opositores pueden hacer actos de sabotaje para perjudicar la vida económica nacional y acelerar la crisis. Después de todo, la burguesía nacional es la clase que, como agente servil de la dominación económica y política del imperialismo, ha engordado históricamente con el rentismo importador y especulativo. ¿No son su propiedad de los medios de producción y sus posiciones sociales e influencia las que permiten a los empresarios presionar e incluso ejercer tal clase de sabotajes? Sin embargo es el chavismo el que defiende a rajatabla la estrategia de colaboración con la burguesía nacional. Es por ello que mantiene una política económica ruinosa para la economía popular, con concesiones y beneficios de todo tipo a los empresarios y a las trasnacionales que operan en el país y son socias del Estado en diversos emprendimientos mixtos, incluyendo el pago del pesado servicio de la deuda externa que exprime los reducidos recursos nacionales.

Peor aún, se nos propone como salida a la crisis y “nueva” estrategia económica el redoblar los acuerdos con el sector privado. El presidente Maduro por estos días renovó en reuniones y discursos sus llamados a “los empresarios que quieran trabajar para levantar una nueva economía productiva y desarrollar a nuestra Venezuela (....) vamos a articular una economía nueva, productiva".

La política de pactos con la burguesía ha mostrado hace ya rato su impotencia pese a todas las concesiones hechas por el gobierno. El expediente inflacionario ha agotado por completo sus posibilidades. No sólo erosiona de manera galopante los ingresos obreros y populares sino que genera una creciente desorganización del aparato productivo. De hecho, el gobierno está combinándola con medidas de ajuste “gradual” como las recientes. A pesar de sus diferencias, el programa de ajuste “puro y duro” y apertura neoliberal de la oposición proimperialista, como el programa “gradualista” de Maduro convergen, a fin de cuentas, en dejar caer el peso de la crisis sobre las espaldas del pueblo trabajador.

Un programa obrero y popular ante la catástrofe que nos amenaza

A esta situación extrema que amenaza con el completo descalabro económico y empeora día a día los padecimientos populares mientras una minoría se enriquece, sólo se la puede enfrentar con un programa a la altura de su extrema gravedad. Hace falta un plan de acción obrero y popular, que incluya entre otras medidas las siguientes:

– Nacionalización del comercio exterior, bajo control de los trabajadores, única forma de asegurar que las divisas sean utilizadas en función de las necesidades nacionales y poner fin a la fuga de capitales

– No pago de la deuda externa

– Nacionalización del sistema financiero, unificación en una banca estatal bajo control de los trabajadores

– Nacionalización genuina, sin pago y bajo control obrero de la explotación e industria petrolera, poniendo fin al sistema de joint ventures y revisando todos los contratos y asociaciones lesivas a PDVSA y al Estado, con las trasnacionales del petróleo y la minería en todo el territorio nacional

– Nacionalización sin pago y bajo control de los trabajadores de toda gran empresa que cierre, despida o especule

– Control obrero colectivo de la producción, transporte y distribución.

– Control popular del abastecimiento y los precios sobre todo el sistema de distribución y abastecimiento, coordinando con el control obrero de la producción la forma de combatir el sabotaje empresarial y garantizar las necesidades de la población.

El único camino para imponer medidas como estas es impulsar la movilización. En los sindicatos y organizaciones populares está planteado desarrollar la más amplia y democrática discusión, sin la tutela de la burocracia, para debatir estos problemas y cómo organizar una respuesta obrera a la crisis. Esto es inseparable de la lucha por la independencia política respecto al gobierno y sin ninguna conciliación con la derecha, pues no hay ninguna posibilidad de “convencer” a Maduro ni “reformar” al PSUV. Y es la fuerza de la clase trabajadora la única que puede derrotar, con sus propios métodos de lucha, a las fuerzas de la reacción proimperialista. Es necesario construir un polo de independencia de clase para pelear en esta perspectiva.