Luego de ordenar intervenciones temporales del Estado en algunas de las empresas del grupo Polar por no cumplir con los porcentajes de producción del arroz regulado y evadir la ley que determina el tipo de arroz para la distribución, Chávez lanzó la orden de la expropiación de una de las empresas del grupo multinacional Cargill. El 6 de marzo finalmente declaró que “hoy firmé la decisión para expropiar un conjunto de plantas procesadoras de arroz de una transnacional (Cargill) que no quiere cumplir con las regulaciones nacionales...”, durante el acto que daba inicio a la construcción de la Nueva Siderúrgica Nacional. Pero en el mismo acto declaraba, en alusión a la lucha que llevan a cabo los trabajadores por sus demandas en las empresas de las industrias del Estado que “el que pare una empresa del Estado está metiéndose con el Jefe del Estado”, en una clara provocación a la clase trabajadora.

Si por un lado las medidas de intervención en algunas plantas arroceras, incluyendo la expropiación de la de Cargill, causaba gran conmoción y hasta simpatía en sectores populares, con la alharaca de siempre de la patronal derechista sobre que Chávez “atacaba la propiedad privada”, por el otro, la amenaza sobre los trabajadores y las trabajadoras cercenando el derecho a la huelga, causaban gran indignación entre los sectores más combativos del país a tal punto que un diario derechista se dio el lujo de titular “Alzados los obreros rojitos” (El País, 11/3/2009).

Chávez manda por un lado a los militares para la intervención de las arroceras, pero también amenaza mandarlos contra los trabajadores que pelean por reivindicaciones fundamentales como los del sector estatal del aluminio; y al mismo tiempo, vía sus gobernadores, aplica la represión directa como fue el caso de los obreros de la Mitsubishi con el trágico saldo de dos obreros muertos.

Las expropiaciones con sus indemnizaciones debidas, mientras los empresarios continúan con sus negocios

Con la medida de intervención en las arroceras, Chávez intenta responder a las políticas de tantas empresas que son responsables del desabastecimiento y la especulación de artículos de primera necesidad, base de la alimentación del pueblo venezolano, pero la responsabilidad mayor la tiene el propio gobierno por no actuar decididamente sobre el conjunto de los monopolios de la agroindustria, sean nacionales o internacionales, y muy por el contrario, tenerlas como proveedoras principales de uno de sus mayores programas sociales, el Mercal (ventas masivas subsidiadas de alimentos a través de mercados populares). A lo largo de los últimos años, y sobre todo durante el período de crecimiento económico, han sido los grandes empresarios de la alimentación quienes han venido gozando de importantes ganancias, obteniendo grandes beneficios de parte del gobierno como la exoneración de diversos impuestos y facilidades para la obtención de divisas para sus importaciones (siendo que muchos de los productos que importan se pueden cosechar en el país, provocando una erogación que supera de lejos los 20.000 millones de dólares en los últimos años), bajo el supuesto de que abastezcan el “mercado” nacional, pero en realidad no han sido más que una política para favorecer el enriquecimiento de los empresarios de este sector.

Mientras tanto, ha sido el pueblo el que ha venido sufriendo las consecuencias de la especulación empresarial al ver crecer vertiginosamente el precio de los alimentos de manera acelerada llegando incluso a que la inflación en los productos del consumo obrero y popular ya alcanzan el 50% anualizado. Aunque los empresarios alegan cínicamente que el Estado con sus controles de precios y regulaciones estrangula la producción, la verdad es que han sido ellos los principales beneficiarios de la divisa barata y ahora, al tenerla más cara, anuncian públicamente que habrá más desabastecimiento y especulación. Y es verdad también que en todos estos años el gobierno ha venido aceptando el chantaje de los empresarios, liberando el precio de una gran cantidad de productos básicos. La idea del gobierno de que haciendo concesiones a los grandes empresarios se reanimaría la producción alimentaria carece de total sentido y sólo ha ido en detrimento del pueblo y a favor de la voracidad de los grandes capitalistas de la alimentación.

Pero también la política de “control de precios” que lleva a cabo el gobierno se ha demostrado un fracaso. Después de venir más de un año liberando y aumentando precios de productos de la dieta básica y ver que los empresarios solo le correspondían con la “sed de ganancias”, especulación y escasez, esta intervención de las arroceras y la de la Cargill parece ser una “táctica” distinta, de jugar también ahora con una presión más directa, para, según Chávez, hacerlos “entrar en el carril”. La campaña de la derecha y de los sectores empresariales, que da alaridos con respecto al “control de precios” del gobierno, la hacen en nombre del libre juego de mercado y del interés de los grandes sectores capitalistas. Las timoratas medidas de Chávez no frenarán los negocios capitalistas, ni satisfacerán las necesidades del pueblo. Es por eso que planteamos que para hacerle frente a las políticas de los empresarios no sirven las medidas tímidas, como la intervención temporal de una empresa o la expropiación de apenas de uno de los negocios de una transnacional. Es necesaria la expropiación sin pago de todos los monopolios de la agroindustria, como medida urgente, tanto los locales como los extranjeros como Cargill, que dominan la economía nacional, bajo el control de los trabajadores y los consumidores obreros y populares. Pero Chávez está en las antípodas de esta política, planteando que con presiones a los grandes conglomerados dará respuesta al pueblo.

Tímido con los empresarios pero duro con los trabajadores

Pero lo que fue todo un escándalo y que causó gran indignación fueron las declaraciones de Chávez contra los trabajadores desde Ciudad Guayana, luego de haber amenazado a los empleados del Metro de Caracas de militarizar las instalaciones del transporte subterráneo, si ejercieran el derecho a la huelga en procura de mejores condiciones laborales. Llegó incluso a llamar a los organismos de inteligencia del Estado para investigar en las empresas a los dirigentes obreros, lo que indica que esta “declaración de guerra” a los trabajadores no es sólo un recurso metafórico. Chávez afirmó también, en alusión a la lucha de los trabajadores del Metro por el cumplimiento de su convenio, que se trataba de un convenio “insostenible” y que “no recortaré el presupuesto de las Misiones para alimentar a los sindicatos”. Es un verdadero descaro que luego de tantos años de gobierno, mientras se han mantenido casi intactas las propiedades y negocios de los grandes capitalistas, banqueros y terratenientes, venga el gobierno ahora a querer crear un enfrentamiento ficticio entre los salarios y beneficios obreros y los recursos para la atención a los sectores más pobres de nuestra propia clase que reciben las misiones. Pero esto no hace más que mostrar que a Chávez ni se le pasa por la cabeza tocar a los grandes capitalistas para satisfacer las demandas obreras.

Lo que busca el gobierno, vía el disciplinamiento mayor del movimiento obrero, es contener el importante proceso de lucha y parar las demandas salariales que se están generalizando. Esta política de contención salarial, en medio de una acelerada inflación que cerró 2008 con un 30%, no es más que descargar sobre los trabajadores los primeros impactos de la crisis, ya que bajo este mecanismo se produce una abrupta caída del salario real mientras los productos de primera necesidad aumentan. Es por eso que ha venido insertando en sus discursos oficiales la idea de que los trabajadores y las trabajadoras no exijan incrementos salariales “exagerados”.

En este sentido, el nombramiento del nuevo tren ministerial, con María Cristina Iglesias a la cabeza del Ministerio de Trabajo (quien ya lo fuera durante el lock out patronal de 2003), está pensado justamente para hacer frente a la nueva situación de conflictos obreros, en medio de la crisis que ya asoma y que golpeará con fuerza en medio de un gobierno que ya no tendrá “la chequera llena”. Por eso no es en vano lo que publicara un diario local: “La orden que dio Chávez a Iglesias ya no es un secreto, la develó el viernes pasado durante un acto en Ciudad Guayana: convencer a los sindicatos de que los recursos públicos no alcanzan para atender las reivindicaciones que exigen los trabajadores.

De hecho, ese día acusó de voraces y corruptos a los dirigentes sindicales de las empresas básicas por acordar contrataciones colectivas que incluyen sueldos entre 3.000 y 5.000 bolívares fuertes, bonos vacacionales de cinco meses, pólizas de hospitalización y ayudas para la educación de los hijos de los trabajadores de esas industrias” (El Universal, 11/3/2009).

Es claro y notorio, que las principales empresas de exportación están en manos del Estado, desde las petroleras -principal rubro económico del país- hasta las industrias básicas como el hierro, aluminio, el acero, justamente las principales afectadas por la crisis mundial, a las que le debemos sumar las telecomunicaciones, electricidad, cementeras además del grueso número de empleados ministeriales y de las Misiones. Y un gobierno, donde las industrias centrales se encuentran en sus manos, actúa en los hechos como un sector burgués, haciendo sus cálculos de cuenta corriente y de balanza de pagos tal como cualquier empresa capitalista. Contener las demandas salariales es clave para el gobierno, con amenazas generalizadas y represiones localizadas, buscando disciplinar a los trabajadores, haciéndoles pagar, con despidos en algunos sectores como los petroleros, y la caída abrupta del salario real la crisis sobre sus hombros.

Esta nueva “táctica” hacia los empresarios y las arremetidas contra los trabajadores, a Chávez se lo permite precisamente el hecho de haberse relegitimado en el referéndum del 15/2. Pero los trabajadores no podemos llamarnos a engaño con estas timoratas medidas, pues su política no es realmente atacar a los capitalistas, como se demuestra cuando arrecia contra nosotros, lo que implica que Chávez se está preparando para momentos más duros con la crisis económica y decide disciplinar al movimiento obrero. Por eso hoy más que nunca es imprescindible luchar por la independencia política de los trabajadores.

En estos momentos, los trabajadores y trabajadoras no podemos dejar de plantear: ¡Que la crisis la paguen los capitalistas! Por un plan de lucha nacional, por aumento salarial para todos al nivel de la canasta familiar. Basta de despidos y por el reparto de las horas de trabajo, por comités de autodefensa frente a la represión policial y el sicariato. Coordinación por la base y por un gran Encuentro Nacional de los obreros en lucha.