En un operativo combinado entre la inteligencia colombiana y las autoridades venezolanas, el gobierno de Chávez captura al dirigente Julián Conrado de las FARC y acelera los trámites para su deportación y entrega al régimen genocida colombiano. Aún seguía repercutiendo el impacto por la entrega de Joaquín Pérez Becerra hace poco más de un mes, cuando se realiza una nueva operación de persecución a luchadores colombianos, esta vez con la participación conjunta de los organismos de inteligencia de ambos países en pleno territorio venezolano. Pero esta vez se le suma el agravante de que el gobierno de Santos estudia la posibilidad de extraditar a EE.UU. a Julián Conrado, una vez sea deportado desde Venezuela, en vista de la solicitud de extradición existente por parte del gobierno norteamericano.

"Gracias al Presidente Chávez por la captura de alias Julián Conrado", le comunicaba Santos al mandatario venezolano el mismo día de la captura, a lo que el propio Chávez sentenciaba desde una conferencia de prensa que compartía con el ex presidente Lula: “Estamos cumpliendo con nuestra obligación y seguiremos haciéndolo… ya se iniciaron los trámites correspondientes para colocarlo a la orden de la justicia de ese país”. No sin exagerar Santos ha dejado claro que la lucha contra los combatientes colombianos “va con todo y desde todas partes”, gracias a la colaboración del gobierno de Chávez que contribuye a su cerco y a su captura, ya que Venezuela se suma la “política de seguridad” de Colombia. Y por eso Chávez enfatizaba que la entrega de Julián Conrado se trataba de un “asunto de Estado”.

Tanta velocidad en la ola de entrega de guerrilleros y luchadores colombianos no ha dejado de sorprender por parte de quien habla todos los días de antiimperialismo, pero no duda un segundo en la entrega de luchadores que buscan refugiarse en el país para que se pudran en las cárceles del vecino país. Pero tal celeridad está en la base de los acuerdos suscritos en agosto del año pasado en Cartagena en materia de inteligencia entre los gobiernos de Venezuela y Colombia, que permite que el propio DAS pueda operar en el país, para señalarle al gobierno de Chávez donde viven o se refugian luchadores colombianos. A muchos, los operativos del Plan Cóndor les ha venido a la memoria.

Julián Conrado, fue miembro de la Unión Patriótica en la región caribeña, e integrante de la llamada “comisión temática” de las FARC en las fracasadas “conversaciones de paz” entre 1998 y 2002 con el gobierno de Andrés Pastrana en la región de San Vicente del Caguán. El régimen continuador de la parapolítica de Santos, lo persigue con varias órdenes de captura “por delitos como tráfico y porte de estupefacientes, extorsión y lesiones con fines terroristas”. Una vez más, el gobierno de Santos le indicó su ubicación a Chávez y éste “no titubeó” ni un segundo.

Colombia continúa siendo un país donde se arremete impunemente contra las luchas, organizaciones y militantes obreros, campesinos, estudiantiles y populares, siendo uno de los países con mayor número de asesinatos de dirigentes sindicales a nivel mundial y es, a su vez, el de mayor número de presos políticos en el continente. En sus cárceles se pudren miles de luchadores obreros, campesinos, estudiantiles y populares, que requieren del más elemental principio de solidaridad internacionalista no sólo de todos y todas quienes se consideren revolucionarios, sino de cualquier demócrata mínimamente consecuente.

Por eso repudiamos tajantemente la entrega de guerrilleros y luchadores sociales colombianos cuya único destino será pudrirse en las cárceles si es que no son asesinados en el camino. Exigimos la inmediata libertad de Julián Conrado y su no deportación a Colombia, al mismo tiempo que reclamos su derecho a residir libremente en Venezuela si así lo desea con todos sus derechos políticos y democráticos garantizados. Exigimos la libertad de todos los obreros, campesinos y luchadores sociales y populares de Colombia. Abajo la colaboración entreguista de Chávez con el gobierno de Santos.