Las tensiones entre Colombia y Venezuela vienen en aumento desde que el gobierno de Maduro anunciara el cierre fronterizo indefinido y el decreto del “Estado de excepción”. Pero han tomado gran connotación las deportaciones masivas de colombianos en la región fronteriza, como también en varias ciudades importantes del país, mostrando el cinismo demagógico del gobierno de Maduro que nos habla de la “integración de los pueblos”, además de poner sobre el tapete el reflejo político reaccionario de quienes respaldan dicha medida, incluso de quienes se dicen de izquierda en las fileras del chavismo.

Como sabemos, a la medida del cierre de fronteras del gobierno le siguió el decreto de “Estado de excepción”, que se amparó en el ataque a funcionarios militares en la región fronteriza del Táchira que habrían sido heridos en operativos anti-paramilitares y anti-contrabando, para pasar a la deportación masiva de pobladores colombianos de la región que no están vinculados a cuestiones de narcotráfico o contrabando, bajo el simple argumento de que estaban indocumentados.

Familias enteras se han visto desmembradas en la propia frontera sin ningún tipo de defensa, sin poder trasladar sus pertenencias, con hogares marcados con la letra “D” para luego ser demolidos. Incluso en ciudades muy alejadas de los municipios fronterizos en estado de excepción, como en Caracas, se han dado deportaciones, utilizando todo el aparato reaccionario y represivo de la “OLP” (Operación Liberación del Pueblo) supuestamente para combatir la delincuencia.

Como hemos escrito, apoyándose en la búsqueda de supuestos narcotraficantes o contrabandistas, con el “Estado de excepción” el gobierno de Maduro ha sometido al conjunto de la población de los municipios afectados a situaciones de alta tensión, amedrentando y sometiendo a familias enteras, a situaciones de razzias militares y policiales, al agobio y a la incertidumbre al violársele derechos elementales democráticos y humanos. El argumento de perseguir a narcotraficantes no es argumento alguno para suspender derechos elementales del pueblo, y peor aún proceder a deportaciones masivas.

El cinismo de la burguesía colombiana

La burguesía colombiana de repente ha salido a defender a “sus” connacionales que son deportados, cuando en verdad durante largas décadas fue la responsable del mayor éxodo de colombianos trabajadores, pobladores pobres y campesinos, calculados en millones, que obligados por la mayor de las desigualdades a que eran sometidos en Colombia, expulsados de sus propias tierras en el afán de acumulación de la rapaz burguesía terrateniente, o desplazados de guerra, se vieron obligados a salir de su país para buscar otros horizontes tanto hacia Venezuela pero también hacia otros muchos países.

Es bien sabido que los sucesivos gobiernos colombianos han encubierto sistemáticamente que “detrás de los grupos paramilitares con sus diversas expresiones de ejércitos privados y sus discursos justicieros, se esconden y defienden los intereses de grandes ganaderos, narcotraficantes, capitalistas nacionales y de las transnacionales”, de acuerdo a un informe a un informe del CODHES del pasado año 2014, que incluso señala que el paramilitarismo ha tenido un crecimiento incontrolado en las últimas 2 décadas. Como vemos, los rancios gobiernos colombianos con proyectos políticos comprometidos con las ganancias capitalistas, vienen ahora a lanzar lágrimas de cocodrilo hablando en nombre de los miles de deportados.

En este sentido, son cínicas las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos que demagógicamente y “abogando” ahora por los deportados, cuando solo ha levantado la voz cuando esto afecta los negocios de la burguesía de las zonas de la frontera. Y ni hablar de las declaraciones del ultraderechista Álvaro Uribe, quien está vinculado directamente al narcotráfico, el paramilitarismo y los llamados “falsos positivos”, y responsable directo de la expulsión de millares de campesinos de sus tierras y que tuvieron que salir del país.

No nos detendremos en el cinismo de la derecha venezolana, representante de una burguesía que gobernó el país durante décadas aprovechándose de la inmigración de la población colombiana, sometiéndolas a los trabajos precarios, a miserables salarios, en fin como mano de obra barata, que los deportaban cuando bien les venía en gana, y que incluso mantuvo a la población de la frontera en un estado de excepción permanente, ahora quiere posar de defensora de esa población por la situaciones de deportación en los municipios de la frontera. Lo que buscan es en verdad, pescar en río revuelto. ¡Cuánta hipocresía!

¿Y dónde quedó la “unión de los pueblos”? Al gobierno de Maduro se le cae la careta

Una serie de alegatos del presidente Maduro busca justificar lo injustificable en cuanto a al estado de excepción en los municipios fronterizos, así como a las deportaciones masivas. Pero conocida la nefasta medida del gobierno nacional, no se hicieron esperar las muestras de apoyo incluso que dentro del chavismo se reivindican de “izquierda” y “revolucionarias”, no dudando en apoyar una medida tan de derecha como las deportaciones masivas y estados de excepción, un apoyo que vergonzosamente comparten con el también antiinmigrante John Kirby, vocero del Departamento de Estado Norteamericano que apoyó la medida de Maduro.

¿Bajo qué concepto organizaciones que se precian “de izquierda” contemplan que para atrapar a narcotraficantes o contrabandistas es necesario violar los derechos más elementales de miles de familias pobres en barrios sitiados por despliegues militares y policiales?, ¿o se deporten millares de inmigrantes colombianos apelando a leyes que resguardan los límites fronterizos impuestos por las burguesías de ambos países y el imperialismo? Preguntamos, ¿dónde quedó el discurso “nuestroamericano”, de “integración de los pueblos”, de la “Patria Grande”, si ante la primera crisis aplican el mismo rasero que cualquier gobierno de derechas? Obviamente, su “integración” –de la que ellos nos hablan– no es otra cosa que “unidad” de los gobiernos populistas latinoamericanos, es decir, de la “unidad” de los administradores de los negocios comunes de las “débiles” burguesías latinoamericanas.

Debemos condenar categóricamente estas medidas xenófobas, reaccionarias y antidemocráticas, oponiendo el derecho a la residencia automática legal de cualquier campesino, trabajador o pobre colombiano que se encuentre en nuestro país huyendo de las miserias y anatemas a que los confinan las rapaces burguesías. Queda demostrado, una vez más, que la verdadera unidad de los pueblos solo puede ser resuelto por los propios trabajadores, campesinos y pueblos pobres, que no tienen fronteras más que las que les imponen las distintas burguesías de todos los países, luchando por gobiernos propios de los trabajadores y el pueblo pobre, forjando sus propios destinos.