Tras un acuerdo con el movimiento derechista Juventud Activa Venezuela Unida, donde algunos de sus integrantes venían realizando una “huelga de hambre” frente a la sede de la OEA y las embajadas de Chile y Costa Rica, el gobierno se comprometió a liberar a varios violadores de derechos humanos, golpistas y corruptos. En sus dos semanas y media de “huelga de hambre”, los jóvenes del movimiento derechista exigían la libertad de 27 personas en su mayoría vinculados al golpe proimperialista del 2002.

Entre los violadores de derechos humanos y golpistas que los jóvenes de la derecha exigen que se liberen figuran tres comisarios, un sargento y cinco policías metropolitanos condenados por las muertes de una docena de personas durante el golpe de Estado de abril de 2002. Exigen también la libertad de Juan Bautista Guevara, Otoniel Guevara y Rolando Guevara, quienes fueron sentenciados por su participación como autores materiales en el asesinato del fiscal Danilo Anderson, fiscal que llevaba adelante las investigaciones sobre el golpe de Estado de 2002. Piden la libertad de Felipe Rodríguez y Silvio Mérida, militares de derecha vinculados al movimiento de corte fascista que se nucleó en torno a la Plaza Altamira a fines de 2002, y que fueron condenados por participar en la voladura de la Oficina de Comercio Internacional de la Embajada de España y el Consulado de Colombia, atentados terroristas realizados el 25 de febrero de 2003. Exigen que se libere a Gregory Umanés y Luis Chacín quienes fueron sentenciados por el espantoso asesinato de cuatro jóvenes vinculados al movimiento de la Plaza Altamira. Exigen que se libere a José Sánchez, alias "Mazuco", acusado de asesinato y extorsión mientras ejercía el cargo Secretario de Defensa y Seguridad Ciudadana de la Gobernación del estado Zulia durante el gobierno de Manuel Rosales. Que se libere a Alejandro Peña Esclusa, derechista que participó activamente en el golpe de 2002 y vinculado a asesinatos durante las jornadas del golpe. También piden excarcelación de condenados por corrupción como Delfín Gómez Parra, militar condenado por el caso del Central Azucarero Ezequiel Zamora. De Gustavo Arraiz, quien se declaró culpable de las acusaciones en su contra por distracción de recursos en el caso Microstar, en el cual se simularon importaciones para obtener millonarias asignaciones de dólares por parte de Cadivi. También defienden la libertad de la jueza María Lourdes Afiuni, quien auxilió al empresario Eligio Cedeño, preso por caso de corrupción, por otorgarle una medida cautelar que le permitió huir del país. También de Biaggio Pilieri, Asdrúbal Lugo y John Pernía quienes fueron condenados por corrupción en la alcaldía de Bruzual, en el estado Yaracuy. A todos estos asesinos, violadores de derechos humanos y corruptos, el movimiento derechista piden que se liberen.

El acuerdo del gobierno y la derecha

Mientras el gobierno y la derecha pretenden discutir los grandes temas de la nación en el Parlamento, avanzan en sus acuerdos para liberar a estos violadores de derechos humanos y golpistas, cediendo a la exigencia de la “huelga de hambre” de la Juventud Activa Venezuela Unida. Como vemos el gobierno y la oposición de derecha no tienen ningún problema en llegar a acuerdos para mantener la impunidad en la mayoría de los crímenes contra los derechos humanos, y para criminalizar las luchas de los trabajadores y el pueblo pobre. El gobierno atiende a la juventud derechista pero ni se ha sentado a escuchar a los obreros en huelga de hambre de la refinería El Palito despedidos injustamente, ¡una verdadera y contundente demostración de acuerdos de clase! Recordemos cómo el gobierno de Chávez otorgó el 31 de diciembre del 2007 una amnistía que benefició a la gran mayoría de los responsables del golpe de Estado de 2002, a los dirigentes del sabotaje petrolero de 2002-2003, y dejó impunes otros atentados contra las libertades democráticas, quedando abiertas solamente un pequeño porcentaje de las causas judiciales con motivo de los crímenes del golpe y del paro-saboteo.

En la Venezuela de ayer y de hoy continúa la impunidad, y vemos cómo incluso los violadores de derechos humanos de los años 60, 70 y 80, se mantienen impunes y muchos de ellos continúan en la vida activa. Altos militares en retiro –y con seguridad también activos- y claros responsables de violaciones de derechos humanos, muchos de ellos ligados a la derecha, viven tranquilamente y participan de la política. Pero también, dentro de las filas del gobierno existen violadores de derechos humanos como es el caso del viejo militar Cordero Lara, actual diputado por el PSUV. Personaje éste que piloteó uno de los aviones Camberra que bombardeó el campamento del Frente Américo Silva en Cantaura –donde no hubo sobrevivientes y decenas tenían tiros de gracia. Incluso desde el propio gobierno se llegó a justificar la participación de Cordero Lara bajo la tesis de la obediencia debida: “A un piloto lo mandan a un objetivo determinado” afirmó vergonzosamente el vicepresidente Elías Jaua. Bien podrían estos burócratas del gobierno ver que, cuando se trata de asesinar campesinos y trabajadores no hay obediencia debida que valga, como pudimos observar en el caso de algunos pilotos en Libia que se negaron a bombardear a su pueblo y prefirieron desviar sus aviones a países vecinos antes que cometer semejante crimen. A propósito de este aberrante caso, recientemente en una entrevista al semanario La Razón, al actual diputado adeco, Alfonso Marquina, al ser preguntado del por qué no denunciaban el caso de Cordero Lara, declaró que “ellos no pretendían hurgar en el pasado”, expresando así los compromisos que tienen en cuanto Estado burgués las distintas facciones.

¿Y los obreros presos por luchar? ¿Y los asesinatos de trabajadores impunes?

Mientras esto ocurre, el compañero obrero Rubén González, Secretario General de Ferrominera del Orinoco, permanece preso por el "delito" de acompañar a los ferromineros en la huelga al mismo tiempo que más dos mil trabajadores tienen procesos en la justicia por encabezar una lucha y varios obreros han sido asesinados tanto por el sicariato patronal, amparado en la impunidad gubernamental, como el de los compañeros obreros Richard Gallardo, Luis Hernández y Carlos Requena, como por represión policial, como los compañeros de la Mitsubishi, Javier Marcano y Pedro Suárez. Así mismo a los pueblos originarios se les criminaliza y persigue como es el emblemático caso del Cacique Sabino Romero y demás líderes indígenas de la comunidad yukpa de la Sierra de Perijá, que permanecen injusta e ilegalmente presos por luchar por su territorio; como también le ocurre a los campesinos y trabajadores del campo que llevan ya más de 200 compañeros asesinados y más de mil quinientos de ellos tienen juicios abiertos por el “delito” de luchar por recuperar tierras.

Todos estos casos se convierten en un escenario más del intento sistemático del poder económico y político de esta sociedad de explotación, por someter y castigar a quienes luchan por sus condiciones de vida y sus derechos. En la actualidad pasan el centenar de trabajadores y trabajadoras criminalizados/as por luchar, con algún tipo de proceso judicial en curso o con regímenes de presentación en tribunales y restricción a sus libertades democráticas y de movimiento; así mismo, si se suman los y las activistas campesinos/as, indígenas y de las sectores populares que padecen esta situación, el número de personas con algún tipo de criminalización y judicialización de sus luchas pasa los dos mil.

Llamamos a las organizaciones obreras y populares, a las organizaciones de izquierda, a organizaciones de derechos humanos democráticos a que impulsemos movilizaciones independientes para exigir la libertad de Rubén González, preso del movimiento obrero en manos del Estado, de Sabino Romero y sus compañeros, que cesen los juicios a trabajadores y campesinos e indígenas, y que se investigue hasta el final y castiguen los asesinatos de campesinos y dirigentes obreros.