Como parte de la campaña por la libertad de Rubén González del Comité de Trabajadores y Estudiantes de la UCV por su libertad, se realizaron diversas pintas en diversos puntos y calles para hacer sentir la presión cada vez más creciente entre los trabajadores por su libertad. ASISTE A LAS REUNIONES DEL COMITÉ Y ORGANÍZATE POR ESTA CAUSA: TODOS LOS JUEVES A LAS 5:30 PM, EN EL AULA 6-31 DE SOCIOLOGÍA, FACES, PISO 6.

LIBERTAD INMEDIATA A RUBÉN GONZÁLEZ!

ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LAS LUCHAS OBRERAS Y POPULARES!

Rubén González, secretario general de SINTRAFERROMINERA, sindicato de los trabajadores de la estatal Ferrominera del Orinoco, lleva más de un año privado de su libertad por haber apoyado una huelga de los trabajadores de la empresa en demanda del cumplimiento de su contrato colectivo. Rubén González es desde hace más de 27 años parte de la nómina de Ferrominera del Orinoco, filial de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG). Así mismo, fue electo concejal de su localidad por dos períodos consecutivos, uno de los cuales ejercía al momento de su detención, momento para el cual también era militante activo del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el partido de gobierno.

Los trabajadores ferromineros se fueron a huelga por el incumplimiento por parte de la empresa del contrato colectivo, y es por esta acción legítima de lucha que está detenido hoy su secretario general. El contrato venció en 2008, en la primera parte de 2009 se acuerda el nuevo pero la empresa no la cumple, por eso en julio de ese año los trabajadores y trabajadoras votan en asamblea en las puertas de la mina San Isidro ir a huelga, la cual se prolonga durante 16 días ante la falta de respuesta alguna de la gerencia de la empresa, el ministerio y el gobierno. La gerencia estuvo dos semanas ignorando el reclamo obrero y jugando al desgaste de la lucha, al tiempo que alevosamente confundía a la opinión pública a través de los medios estatales de información, criminalizando y desacreditando dicha lucha obrera; pero la fuerza de la misma la hizo “bajar” hasta donde los trabajadores y firmar el 26 de agosto un acuerdo donde contemplaba el pago de los salarios caídos, el reintegro de las fichas de acceso a la empresa de aquellos trabajadores en huelga a quienes se las habían retirado, así como el compromiso de no tomar nuevas retaliaciones con los participantes de la lucha.

Pero el 24 de septiembre de 2009, a casi un mes de levantada la huelga, a Rubén González le llega una boleta de citación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), se le acusa de “restricción a la libertad de trabajo”, “agavillamiento”, “violación de zona de seguridad nacional” e “instigación a delinquir”. Luego de un primer intento de detención, Rubén González se presenta voluntariamente ante el CICPC, donde es detenido de inmediato e incomunicado de su familia y abogados durante dos días. El sustento es una boleta de captura emitida por el juez Beltrán Javier Lira, a petición de la Fiscal II del Ministerio Público con competencia en Salvaguarda, Fátima Paiva. Sin embargo, cuatro jueces se inhiben sucesivamente de tomar el caso, pues saben que se trata de un caso “político”: uno de los jueces afirma que “hay una orden de arriba para dejarlo preso allí, por eso yo no quiero tomar ese caso”. Finalmente una jueza toma el caso y constata que no hay razones para mantenerlo detenido, por lo que opta por dejarlo en libertad: a esta jueza le es allanada la oficina y es destituida de inmediato. Rubén González es confinado al régimen de casa por cárcel, sin embargo, sin haber incumplido tal régimen, el 20 de enero de 2010 le es allanada su casa por el CICPC y con la excusa de llevarlo a una reunión con la fiscal de la causa, aún sin ningún tipo de orden judicial, dicen que se lo llevan “sí o sí”, pasando nuevamente 48 horas sin que sus familiares supieran nada de él, ni siquiera dónde se encontraba detenido: 48 horas detenido/desaparecido.

Finalmente le asignan la sede de la policía regional de Puerto Ordaz, Patrulleros del Caroní, como lugar de reclusión, donde ha permanecido hasta la actualidad. Transcurrió un año de privación de libertad, sin ningún juicio, el cual recién se ha iniciado en noviembre de 2010. El Estado, que es al mismo tiempo quien dirige la empresa ferrominera, pide la pena máxima para Rubén González: ocho (8) años por participar de una huelga por los derechos de clase obrera. El gobierno y el Estado responden a una lucha obrera con acusacions criminales. Rubén González es, en resumidas cuentas, un preso político de la clase trabajadora en la cárcel del Estado burgués, por luchar por los derechos fundamentales de los trabajadores y negarse a que estos se subordinen a los intereses patronales y del gobierno de turno.