¡Justicia para Sabino Romero y todos los yukpa asesinados! ¡Los ganaderos, el Estado y el gobierno son responsables!

Ayer domingo 03 de marzo, cerca de las 8 de la noche, fue vilmente asesinado en la Sierra de Perijá el cacique yukpa Sabino Romero Izarra, en el sector El Tokuko, donde había bajado desde la comunidad de Chaktapa para ejercer su voto en la elección del cacique mayor de la zona. Asesinado a tiros por sicarios, desde una moto, y herida gravemente su compañera, Lucía. Un crimen anunciado, denunciado con suficiente anterioridad por el propio Sabino, ante los medios, ante las instancias del Estado, ante oficinas del gobierno… ¡pero nada se hizo para evitarlo! Al contrario, no se puede descartar la complicidad directa de componentes de las propias fuerzas armadas (FANB), pues el propio Sabino denunció en noviembre pasado al general Francisco Salcedo Alcalá por ser cómplice de los ganaderos y sus sicarios, y ayer mismo, en el momento que asesinaron a Sabino, sus familiares y compañeros de comunidad se abalanzaron en masa persiguiendo a los asesinos, pero el ejército intervino frenando a los yukpa, garantizando en los hechos la huida más tranquila de los atacantes. El Estado y el gobierno, de hecho, han mantenido en la total impunidad los anteriores asesinatos de miembros de la comunidad yukpa, incluyendo el del padre de Sabino, José Romero, muerto de una golpiza por iniciativa de uno de los ganaderos de la zona.

La lucha por la tierra y el territorio es el motivo del crimen, es un crimen de clase y político

Sabino Romero representaba el sector de indígenas yukpa que se negaba a aceptar las míseras condiciones que le ofrecían los ganaderos y el Estado. Sus tierras fueron usurpadas por hacendados y ganaderos a principios del siglo pasado, a punta de violencia y asesinatos, en total complicidad con el Estado y el gobierno de esas épocas, tal como hoy siguen contando los ganaderos y terratenientes de la Sierra de Perijá con la complicidad del Estado y el gobierno. En su lucha por recuperar sus tierras y territorio, se negaba a aceptar la demarcación que querían imponerles, donde los ganaderos y hacendados se reservaban las mejores tierras, y dejaban a los pueblos originarios terrenos sin ningún futuro.

El gobierno de Chávez se había comprometido a respetar la autodemarcación que hicieran las comunidades indígenas, así como a pagar bienhechurías a los hacendados para que estos entonces dejaran las tierras a los yukpa. Confiando en la voluntad gubernamental, y apostando a la salida menos traumática y pacífica posible, las comunidades yukpa estuvieron a la espera de que se cumpliera la promesa, pero ni el gobierno pagaba ni los ganaderos se iban, al contrario, querían imponerles la demarcación acorde a los intereses de los hacendados, y entre estos y el gobierno desarrollaron una política que combinaba cooptación y represión, ¡represión en serio!

Ante años de espera infructuosa a que se cumplan los derechos de los pueblos originarios que proclama la Constitución Nacional, de incumplimientos de acuerdos, de rechazo y desconocimiento de la autodemarcación indígena, de imposición de una demarcación miserable hecha de acuerdo a los intereses de los ganaderos y de “intereses militares”, de unas condiciones de vida precarias, debidas entre otras cosas a la falta de tierras para desarrollar sus potencialidades, las comunidades yukpa se propusieron entonces recuperar sus tierras mediante sus propios métodos de lucha, entre otros, ocupar las tierras de acuerdo a la autodemarcación indígena. ¡Los derechos no se mendigan, se conquistan!

Los ganaderos y terratenientes son responsables…

Los hacendados, agrupados en la asociación GADEMA (ganaderos de Machiques), han sido los claros y directos enemigos de clase de los pueblos indígenas en su lucha por la tierra y el territorio. Estos usurpadores han empleado, como siempre las clases propietarias, todo tipo de recursos para garantizar sus intereses a costas de las demandas indígenas. Desde los lazos directos con instituciones del Estado y del gobierno, incluyendo la fraternidad con el ejército, hasta el pago de sicarios para amedrentar y asesinar a miembros de la comunidad yukpa, pasando por el asesinato a golpes del anciano padre de Sabino, también dirigente yukpa de la lucha por la tierra.

Los terratenientes y ganaderos que pagan sicarios para asesinar a dirigentes campesinos y campesinas, llevando ya más de 200 asesinados en los últimos catorce años, son los mismos que pagan sicarios para asesinar a los indígenas yukpa. ¡Bajo total impunidad!

…el Estado y el gobierno nacional de Chávez también

Pero los ganaderos no están solos… cuentan con la complicidad estatal. Los hacendados y el Estado, cada cual por su lado, trabajaron para debilitar la unidad y la lucha indígena, ofreciendo recursos y prebendas a cambio de aceptar las condiciones impuestas, al mismo tiempo los ganaderos pagaban sicarios para amedrentar y asesinar a los dirigentes que no se quebraban, bajo la total impunidad garantizada por el Estado y el gobierno, que colaboraba no solo manteniendo la impunidad sino también reprimiendo directamente. El ejército amenazaba a los yukpa en lucha, interceptó y reprimió comitivas de activistas que subían a la sierra a llevar solidaridad y alimentos, garantizaba el respeto a la propiedad privada terrateniente, perseguía a Sabino.

Cuando los yukpa optaron por ocupar una hacienda, en un episodio confuso de enfrentamiento con los defensores de los ganaderos y con los dirigentes indígenas cooptados por el gobierno y los hacendados, murió una persona, y resultó herido Sabino, hecho que aprovechó el gobierno nacional para movilizar al CICPC y a la Guardia Nacional, secuestraron a Sabino Romero, llevándoselo sin orden judicial ninguna del hospital Coromoto (de Maracaibo, donde ingresó herido) para incomunicarlo de familiares, abogados y prensa durante varios días en el Hospital Militar, pasando luego diez meses en el Fuerte Macoa. También detuvieron y torturaron a Alexander Fernández (otro miembro de la comunidad) para arrancarle que se autoculpara e inculpara a Sabino. El mismísimo TSJ estaba involucrado en el asunto y el magistrado Aponte Aponte ordenó un juicio radicado en Trujillo (bastante lejos de las comunidades), luego de quitarle el caso a una jueza del Zulia que se mostraba de acuerdo con declinar el caso a la justicia especial indígena. Al tiempo que la magistrada Luisa Estela Morales se negaba a responder el amparo constitucional introducido por los abogados de Sabino y Alexander Fernández. Todo esto mientras esa misma “justicia” mantiene engavetado el caso del asesinato del padre de Sabino Romero.

Es que hay una trama de complicidad que involucra a los hacendados, al ejército, al ministerio de Asuntos Indígenas, la Fiscalía, periodistas y medios de comunicación estatal. Pues todos confluyeron para debilitar y derrotar la lucha yukpa. Entre la fiscalía, los jueces, el ejército y el CICPC, garantizaban la coacción y la represión. El ministerio de Asuntos Indígenas garantizaba la cooptación de aquellos dispuestos a aceptar las migajas. Los periodistas y medios estatales, garantizaban el silencio informativo (¡el cerco que tanto dicen combatir!)… y cuando no podían hacer silencio, dada la persistencia de la lucha, la presencia de los yukpa en Caracas, o el activismo de quienes se solidarizaban con la causa, se cuidaban de hacer pasar casi exclusivamente la versión oficial del asunto.

A finales del año pasado, cuando un grupo de jóvenes solidarios –incluyendo compañeros de la LTS–llenaron varias de las calles de Caracas con graffitis denunciando la situación de los yukpa, como preludio a una movilización del día siguiente, el gobierno se encargó de borrar todas las pintas en tiempo récord, a media mañana del día siguiente no había una solo pinta en las paredes de la ciudad. ¡Una celeridad que no podía sino servir a los hacendados, a la impunidad!

Los yukpa hicieron una tortuosa movilización hasta Caracas en noviembre pasado, con recursos muy precarios, debiendo soportar que los detuvieran una y otra vez, por horas, alcabalas y retenes del ejército en distintas ciudades, buscando impedirles llegar a Caracas. Una vez vencidos estos obstáculos, nadie en el gobierno quería recibirlos, ¡y los medios del Estado tampoco les daban voz ni espacio! Cuando un grupo de militantes solidarios logró colar un cartel denunciando la situación ante una cámara de un programa en vivo de VTV, apenas pudieron tapar el cartel lo hicieron. Debieron colarse también los activistas en un foro trasmitido en vivo con el ministro de Comunicación, para poder vencer el cerco mediático.

Los yukpa venían a denunciar que seguían siendo asesinados. El joven Alexander Fernández, luego de salir bajo libertad condicional, como Sabino, fue asesinado. Los yukpa pedían el cese de la impunidad. Denunciaban las amenazas. Denunciaron con nombre y apellido a generales del ejército que estaban en complicidad con los ganaderos.

El gobierno siguió dejando correr todo esto, fiel a su complicidad con los ganaderos .Pero no solo con los ganaderos, también los yukpa se enfrentaron al gobierno y las trasnacionales mineras del carbón, pues el gobierno se transó con las trasnacionales del carbón para explotarlo en territorios reclamados por los yukpa, y aunque por la resistencia indígena tuvieron que frenar los proyectos, ya en la campaña electoral regional de Arias Cárdenas en diciembre pasado, volvió a insistir el gobierno con los proyectos, pues son parte del “plan de la patria”, y la explotación del carbón “va contra viento y marea”, porque ya hay acuerdos de alto nivel con empresas y países, como por ejemplo China.

Más aún, como parte de la política de criminalización de la protesta y de asilamiento de la lucha yukpa, actualmente está en desarrollo un juicio contra dos organizaciones de derechos humanos que han acompañado la lucha del pueblo yukpa: Sociedad Homo et Natura, y PROVEA.

Es que por donde se lo mire al asunto, el estado y el gobierno tienen enorme responsabilidad en todo lo que hace al amedrentamiento y derrota de la lucha yukpa.

Sabino era un tipo muy incómodo para muchos intereses de las clases propietarias, del ejército y del propio gobierno. ¡Hasta que han logrado asesinarlo!

Un dirigente que no se vendió ni se dejó cooptar

Sabino Romero representaba (¡y representa!) así al sector de los pueblos originarios que no se arrodilló ante las migajas que ofrecían los usurpadores hacendados y el Estado. Se mantuvo firme en la lucha por recuperar sus tierras. Ante los ofrecimientos de bienes o dinero, y ante las amenazas, el dirigente indígena no cedió, se mantuvo junto a su pueblo insistiendo en la lucha, aún cuando confiaba en Chávez y su gobierno… ¡y de qué manera viene pagando el gobierno esta confianza política!

¡Basta de impunidad! ¡Sólo una comisión investigadora con total independencia frente al Estado puede llegar hasta el final!

No se puede dejar pasar nuevamente un crimen de clase como este, forma parte de esos golpes que buscan atornillar más aún las cadenas de la explotación y la opresión. No solo son los más de 200 campesinos y campesinas asesinadas en medio de la total impunidad. Son también las decenas de dirigentes sindicales asesinados en total impunidad, incluyendo los tres dirigentes que encabezaban la Unión Nacional de Trabajadores en Aragua en 2007 (Richard Gallardo, Luis Hernández y Carlos Requena) y el trabajador de Ferrominera asesinado por bandas armadas ligadas al PSUV y la gerencia de la empresa. Son también los dos obreros muertos a tiros en la Mitsubishi de Anzoátegui por la represión policial bajo la responsabilidad del entonces gobernador Tarek William Saab, quien fue avalado por el propio Chávez, absuelto de toda responsabilidad, ¡y es hoy parte de una comisión de la Asamblea Nacional para investigar crímenes contra los Derechos Humanos! Son también los asesinatos de decenas de jóvenes de nuestros barrios, a manos del CICPC, las policías y la Guardia Nacional, en supuestos enfrentamientos, o mediante ejecuciones directas, bajo casi absoluta impunidad. ¡Y son también, pues, los varios miembros de la comunidad yukpa asesinados en los últimos años, sin un solo culpable enjuiciado ni castigado!

¿Puede alguien pensar que habrá justicia dejando las investigaciones en manos de los cómplices de los asesinatos, o incluso, de los asesinos directos? ¿Puede alguien pensar que el CICPC, la Fiscalía, etc., garantizarán “ahora sí”, ir hasta el final y vencer la impunidad? La única manera de garantizar llegar hasta los culpables, materiales, intelectuales, y políticos (¡porque hay responsabilidad política en esto!), es que se constituya una comisión investigadora independiente, conformada por los propios miembros de la comunidad yukpa (¡quién más que ellos interesados en conocer la verdad!), por organismos de Derechos Humanos, por las organizaciones solidarias que los propios yukpa decidan convalidar e invitar, y por organizaciones obreras, populares, campesinas y estudiantiles, como observadoras y acompañantes. Solo una comisión investigadora de este tipo, y que tenga acceso libre e irrestricto a toda la información y recursos necesarios para conocer la verdad, puede dar pasos reales contra la impunidad y por la justicia para Sabino y los demás yukpa.

Llamamos a las organizaciones de la izquierda, de derechos humanos, obreras, populares, campesinas y estudiantiles, a que hagamos fuerza tras esta demanda, a no dejar la investigación en manos de los organismos del Estado cómplice, y a continuar movilizados para que este terrible crimen social y político no quede impune.

¡Ni ganaderos, ni sicarios, ni trasnacionales, ni militares en las tierras yukpa!

¡Sabino Romero, presente!

Lunes, 04 de marzo de 2013

Liga de Trabajadores por el Socialismo

LTS