El 07 febrero próximo se llevará a cabo un juicio en contra de las organizaciones Sociedad Homo et Natura y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), por respaldar una protesta de comunidades yukpa frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en julio de 2010.

Como parte de la incansable lucha de comunidades yukpa de la Sierra de Perijá para que se les reconozca efectivamente su derecho a la autodeterminación, a mediados de 2010 se trasladaron hasta Caracas para exigir se respetara el derecho a la aplicación de la jurisdicción indígena, el derecho de las comunidades originarias a administrar justicia en su territorio, de acuerdo a sus tradiciones y organismos ancestrales, y que solo afecten a sus integrantes. Para ese entonces, el cacique yukpa Sabino Romero llevaba nueve meses en la cárcel, en una acción ejecutada por el gobierno nacional, en complicidad y acuerdo con los terratenientes y ganaderos del Zulia.

Ante años de espera infructuosa a que se cumplan los derechos de los pueblos originarios que proclama la Constitución Nacional, de incumplimientos de acuerdos, de rechazo y desconocimiento de la autodemarcación indígena, de imposición de una demarcación miserable hecha de acuerdo a los intereses de los ganaderos y de “intereses militares”, de unas condiciones de vida precarias, debidas entre otras cosas a la falta de tierras para desarrollar sus potencialidades, comunidades yukpa se propusieron recuperar sus tierras –robadas hace décadas por los señores de la tierra a fuerza de desalojos y asesinatos– mediante sus propios métodos de lucha, entre otros, ocupar las tierras de acuerdo a la autodemarcación indígena. ¡Los derechos no se mendigan, se conquistan!

Sin embargo, los ganaderos y el gobierno nacional –a través del ministerio de Asuntos Indígenas y del ministerio de Interior y Justicia– cuentan a su favor no solo con la fuerza de la violencia estatal y sicarios pagados por los ganaderos, sino también, desgraciadamente, con algunos indígenas que han sido comprados y cooptados por los ofrecimientos de los terratenientes y las prebendas del Estado, que son utilizados incluso para defender la propiedad terrateniente contra estas medidas de lucha. Es así que en medio de estas acciones de lucha murieron dos miembros de las comunidades yukpa. El gobierno nacional movilizó al CICPC y a la Guardia Nacional para secuestrar al líder yukpa Sabino Romero, llevándoselo sin orden judicial ninguna del hospital Coromoto (de Maracaibo, donde ingresó herido) para incomunicarlo de familiares, abogados y prensa durante varios días en el Hospital Militar, pasando luego diez meses en el Fuerte Macoa; también detuvieron y torturaron a Alexander Fernández (otro miembro de la comunidad) para arrancarle que se autoculpara e inculpara a Sabino. El mismísimo TSJ estaba involucrado en el asunto y el magistrado Aponte Aponte ordenó un juicio radicado en Trujillo (bastante lejos de las comunidades), luego de quitarle el caso a una jueza del Zulia que se mostraba de acuerdo con declinar el caso a la justicia especial indígena. Al tiempo que la magistrada Luisa Estela Morales se negaba a responder el amparo constitucional introducido por los abogados de Sabino y Alexander Fernández. Todo esto mientras esa misma “justicia” mantiene engavetado el caso del asesinato del padre de Sabino Romero, también cacique yukpa y dirigente de la lucha por la tierra, a manos de uno de los ganaderos invasores.

La protesta Yukpa en julio de 2010 ante el TJS exigía el respeto a la jurisdicción indígena (y a la autodemarcación). Si el Estado y el gobierno de Chávez fueran consecuentes con lo establecido en la Constitución, no solo debieran haber facilitado la recuperación de sus tierras a las comunidades originarias de la Sierra, sino que debieran respetar el derecho de los pueblos originarios a su administración de justicia, y reconocer al cacique Sabino como lo que es, una autoridad indígena; pero hasta el “célebre” ex fiscal Isaías Rodríguez, tan lejos del conflicto, por allá en su cargo de embajador en el exterior, adelantó opinión sobre que “en Venezuela los caciques se acabaron con la conquista”, que era “arcaico” exigir el trato de autoridad indígena para Sabino Romero. ¿Prepotencia blanca colonial? ¿Colonialismo interno?

Homo et Natura realizó actividades de volanteo en apoyo a la exigencia yukpa y reclamando respuesta a un amparo constitucional que habían introducido al respecto. ¡Eso es motivo de juicio! Provea difundió por web un llamado a acompañar a la comunidad yukpa en su protesta, y siguió difundiendo los días siguientes información sobre el curso de la manifestación. ¡Eso es motivo de juicio! Tal como son motivo de juicio las huelgas, paros, trancas de calle o tomas de tierras por las que tienen algún tipo de procedimiento judicial o restricciones de movimiento cientos de trabajadores/as o campesinos/as, mientras campea la impunidad total ante los asesinatos de campesinos y de dirigentes obreros.

Este es un juicio totalmente reaccionario. Con argumentos similares a los usados por el Estado chileno contra el pueblo mapuche. Es un atentado directo contra el derecho a la protesta, contra la solidaridad con las luchas, contra el pueblo yukpa: se busca intimidar, castigar la solidaridad militante, golpear los apoyos solidarios que tienen las comunidades yukpa en lucha y aislarlas más aún.

Es un ataque a las libertades democráticas que no debemos dejar pasar. Es un ataque a todos y todas las que luchan. Cada paso que ganen el Estado, el gobierno y las clases propietarias en imponer sus pautas, sus castigos y sus restricciones a las luchas, es un paso más para atornillar los mecanismos de explotación y opresión. Debemos desarrollar la más amplia coordinación para luchar contra este juicio, para rodear de solidaridad a los enjuiciados y a las comunidades yukpa, pararle la mano al Estado y al gobierno que actúan aquí como agentes directos de los ganaderos y terratenientes.

¡ABAJO EL JUICIO CONTRA HOMO ET NATURA Y PROVEA!

¡MOVILIZACIÓN Y SOLIDARIDAD ACTIVA PARA FRENAR ESTE ATAQUE!

LTS

Liga de Trabajadores por el Socialismo

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