Con una agenda de concentraciones que inició el pasado fin de semana, empresarios y representantes del sector agropecuario, protestan exigiendo al gobierno nacional una política de precios que garantice su “rentabilidad”, presiones que solo apuntan a la carestía de la vida y a un nuevo golpe al salario. Y el gobierno está atendiendo sus demandas.

Las manifestaciones encabezadas por la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro) con representantes provenientes de los estados Barinas, Cojedes y Portuguesa, fueron secundadas por la Federación de Asociaciones de Cañicultores de Venezuela (Fesoca), y la Federación Nacional de Productores de Arroz (Fevearroz), con llamados a concentraciones y “tractorazos”, pero sobretodo con sobreexposición mediática, denunciando el estado crítico en que se encontraría el sector agrícola nacional, mientras exigen al gobierno nacional políticas tendientes a garantizarle a los empresarios del campo una “mayor rentabilidad”.

Lo que sus cálculos no reflejan

En recientes declaraciones a la prensa, el presidente de Fedeagro, Antonio Pestana, adujo que los costos de producción (que ellos mismos declaran) para distintos rubros superan los precios fijados por el gobierno, y que su reclamo es “justo” por considerar que las actuales políticas del gobierno nacional hacia el sector se basan en planteamientos “erróneos” y que van –según dice–“contra los intereses de los productores en Venezuela”.

También haciendo oposición a las políticas de importaciones que implementa el Estado para cubrir una parte de la demanda de alimentos de la población, señala este empresario que: “Lo peor de todo esto es que llegan al puerto venezolano maíz blanco, maíz amarillo y arroz, que debido a una paridad cambiaria (Bs/$ 6,30) completamente irreal a la economía de Venezuela, únicamente favorecen las importaciones” –sentenció Pestana–.

Precisamente este sector del empresariado Agroindustrial nucleado en Fedeagro y el Instituto de Políticas Agrícolas de Fedeagro (IPAF), es aventajado por políticas públicas que les garantizaron siempre ganancias seguras vía exoneración de pagos al ISLR (Decreto Presidencial Nº 285, Gaceta Oficial Nº 40.223), inyección de cuantiosos “estímulos” y subsidios por parte del Estado, especialmente con el Boom petrolero entre 2002 (fecha de fundación del IPAF) y 2009, y que sin embargo intentaron este año “demostrar” con “estudios” realizados durante el “ciclo de invierno” de 2014-2015, que “no se pueden cubrir los costos de producción sin los subsidios del Estado”, por lo que ahora exigen más subsidios y liberalización de precios.

En verdad, este sector empresarial del campo se ha venido beneficiando con el tipo de cambio preferencial, por ser considerado sector prioritario. Más aún, el propio vicepresidente de la república Jorge Arreaza recordó este miércoles que recientemente el presidente Nicolás Maduro aprobó Bs. 21 mil millones como subsidio en agricultura. Lo hacía mientras anunciaba que durante el 2015 la inversión de la cartera agrícola superará los Bs. 250 mil millones para productores primarios. Es decir, se trata de un sector que se ha venido beneficiando. Lo único que realmente demuestran las cuentas de este empresariado Agroindustrial, es que han contado por más de una década con buenas condiciones económicas, fuertes subsidios excepcionalmente favorables a sus negocios, que les permitió llenar sus bolsillos.

Sin embargo, lo que realmente salta a la vista son los problemas estructurales que aquejan a las familias rurales, campesinos pobres, jornaleros agrícolas, en el contexto de la actual crisis económica, que saltan a primer plano nacional a más de quince años de un gobierno que con jerga “revolucionaria” jamás se planteó romper a fondo con los grandes terratenientes del país ni dejó de subsidiarle su actividad explotadora, apenas tímidas medidas de reforma agraria.

En todos estos años de gobierno no ha habido ningún cambio real en el régimen de tenencia de la tierra, ni mucho menos en el acceso real a las posibilidades de cultivarla y explotarla por parte de las familias campesinas pobres, más allá de algunos de millones de hectáreas que el gobierno sostiene que fueron recuperadas en su famosa “guerra contra el latifundio”, pues en nuestro país existen 42 millones de hectáreas aptas para la producción ganadera y agrícola de las casi 48 millones que no están bajo áreas protegidas, el 80% están ociosas, y muchas de las mismas en manos privadas cuando no del Estado. Nuestro país tiene cerca de 28 millones de habitantes y 15% vive en zonas rurales, pero el 80% del área cultivable está en manos del 5% de los propietarios, mientras que 6% del territorio es aprovechado por 75% de los campesinos o pequeños productores agrarios.

En este sentido las políticas agrarias del gobierno se mostraron un fracaso, que habló de reforma agraria pero que nunca fue a fondo. No hubo tal sector agrario al que Chávez tanto llamó y a la que tanto apostó el proyecto del chavismo, mucho menos “desarrollo industrial agrícola”, ni hablar de la ficción de la “soberanía alimentaria”. Este esquema de sujeción del campesinado al proyecto nacionalista del gobierno terminó favoreciendo a una casta de empresarios agrícolas con las condiciones arriba mencionadas más un blando “control” de la ganancia que la “limita” –cada vez más ficcionalmente– a un 30% después de deducidos los costos operativos, y que ahora intentan presionar por la eliminación de leyes y estatutos que regulen su apetito de lucro.

Algo que ni por accidente asoma el IPAF para sustentar sus supuestas “pérdidas” son los números en la contabilidad de las empresas registradas que den cuenta de las ganancias que se embolsan a costa de los jornaleros del campo y campesinos pobres, dramáticamente precarizados y separados de sus tierras, rodeados por el atraso del campo, siendo precisamente estos últimos los productores directos de las cosechas y a quienes más se les dificulta el acceso a las mismas bajo la actual crisis económica.

Ellos exigen fuertes ajustes, ¿y el pueblo?

Como todo sector empresarial, Fedeagro exige liberación de precios y se termine el control de cambio, cambios en la ley del trabajo, y demás medidas que caen sobre el pueblo, sosteniendo cínicamente que “mientras exista rentabilidad para la producción nacional, el valor seguirá siendo menor a la realidad de la importación”. Por su parte, Celso Fantinel, vicepresidente de Fedeagro aseguró que los 21 mil millones de bolívares de subsidios que acaba de recibir por parte del ejecutivo nacional son “insuficientes” para “cubrir pérdidas”, por lo que su exigencia rebasa todo límite, mayores subsidios y aumentos de precios: “El productor no merece que le estén dando un subsidio sino que necesita que le paguen completo el precio del trabajo y el esfuerzo que ha hecho durante todo un año”, pero no se refiere a los verdaderos productores, los que trabajan de sol a sol, los jornaleros y campesinos pobres, si a ellos mismos como sector empresarial, y lo dice precisamente quienes consideran “costosa” la mano de obra del trabajador del campo.

Chantajes como estos, solo miran la rentabilidad de sus negocios, por encima de las necesidades salariales de los jornaleros y campesinos, y el elemental derecho al acceso a alimentos al pueblo. Presionan en un contexto previo a elecciones parlamentarias dentro de dos meses, y de crisis económica con una escalada inflacionaria que implica una fuerte caída del poder adquisitivo, en la que el gobierno siempre termina cediendo de una u otra manera.

Queda claro que detrás de tales llamados para obtener una “rentabilidad razonable” que se ajuste a sus intereses, lo que se plantea es un ajuste en toda línea, que pase por la eliminación del control cambiario y las leyes que “regulan” la ganancia empresarial y decretan el derecho al salario del jornalero, derogación de las leyes que protegen al empleo, reducción del gasto público y reapropiación de parte de la renta petrolera en los niveles que siempre estuvieron acostumbrados.

Un ajuste que afecta directamente las condiciones de vida y de trabajo de los productores directos, jornaleros y obreros, así como también a sectores populares empobrecidos por la crisis. Y los que plantean apretar más al pueblo son responsables de los más de 220 campesinos y campesinas asesinadas a manos de terratenientes, ganaderos y la Guardia nacional en los últimos quince años. Por eso son los sectores explotados del campo, los campesinos pobres en una clara alianza con los trabajadores urbanos, los únicos que pueden dar una salida progresiva a la crisis por medio de la unificación de sus demandas comunes y movilizaciones.