El próximo 6 de diciembre corresponde la renovación de la Asamblea Nacional, en medio de la fuerte crisis económica que atraviesa el país, y también de la debilidad y creciente descrédito del gobierno de Maduro. La situación más de fondo es la debacle del chavismo, iniciada por la muerte de Chávez y profundizada por el desencadenamiento de los problemas que venía acumulando el esquema económico –que nunca superó el rentismo petrolero dependiente.

La oposición de derecha se prepara para una posible victoria electoral, apelando como nunca a la demagogia con los problemas del pueblo trabajador, y aprovechando el fracaso económico del chavismo para fundamentar su propaganda ideológica neoliberal, haciendo un balance según el cual el origen de todos los males es la intervención estatal en la economía y las “restricciones” y “hostigamientos” a la que los pobrecitos capitalistas habrían estado sometidos en estos diecisiete años del chavismo en el gobierno. Pretende así, con un programa que pudiera resumirse en la idea de un capitalismo sin restricciones, un esquema donde los empresarios y banqueros puedan hacer más aún lo que les venga en gana, arrastrar a amplios sectores del pueblo descontentos con la situación actual, y conquistar la mayoría de la Asamblea.

Es claro que esta oposición no representa ninguna alternativa de cara a los intereses obreros y populares. Muy al contrario, representan la revancha, por así decirlo, de quienes en todo el período del chavismo, como subproducto del período abierto con la rebelión popular del Caracazo, la crisis del régimen adeco-copeyano, y la correlación de fuerzas impuesta por la movilización obrera y popular –aunque controlada en límites estrechos por Chávez–, debieron aceptar ciertas dosis de regulación estatal y un manejo de la renta que debió tomar en cuenta concesiones sociales y económicas a un pueblo con altos niveles de pobreza y en estado de movilización.

La oposición de derecha representa lo más rancio de la burguesía nacional, que con su impostura “democrática” no deja de representar a quienes gobernaron décadas imponiendo sin tapujos la voluntad de las minoritarias clases propietarias del país, además de garantizar la expoliación el país por parte de los capitales imperialistas. Es una fracción de la clase dominante con un marcado carácter antinacional, que no se propone siquiera resistir a la dominación de las potencias capitalistas sobre el país, sino que al contrario, se propone facilitarla.

De la mano de esta oposición solo puede haber, para el pueblo, más niveles de explotación en las empresas y lugares de trabajo, más padecimientos con el alto costo de la vida, más represión a las luchas, porque para este sector, los trabajadores y el pueblo pobre siempre deben hacer sacrificios para que prevalezca la rentabilidad empresarial, la “buena marcha” de las empresas y negocios capitalistas. Según la lógica reaccionaria de esta gente: si a los empresarios les va bien, al país le va bien.

Sin embargo, si bien es claro que nada tienen que buscar con esta oposición los sectores de la clase trabajadora y la juventud que aspiran a una representación política acorde con los intereses de las mayorías trabajadoras, tampoco representa tal alternativa el gobierno nacional, que se autoproclama “revolucionario” y “socialista”.

El chavismo lleva más de década y media administrando el capitalismo en el país, ascendió al poder producto de la irrupción de masas post ’89 contra el puntofijismo, se mantuvo en el poder gracias a la movilizaciones y acciones combativas de los trabajadores y el pueblo pobre, que fueron la pieza clave para derrotar los intentos reaccionarios del imperialismo y la derecha por sacarlo del poder por la fuerza.

Sin embargo, a pesar de la disposición a la lucha demostrada por el pueblo trabajador, no pasó de ser un gobierno que se enfrentaba parcialmente al imperialismo y buscaba regular tímidamente a la burguesía nacional, con el objetivo de “desarrollar el país” de la mano de una “burguesía nacionalista y productiva”, y capitales transnacionales “amigos” (rusos, chinos, iraníes, etc.). Es decir, un proyecto de desarrollo burgués, porque seguiría siendo sobre la base de la existencia de la clase capitalista y, por tanto, de la explotación de los trabajadores y la pobreza de gran parte de la población.

Un proyecto que no solo no tenía nada que ver en realidad con la emancipación de los trabajadores de la explotación –es decir, con el socialismo–, sino que tampoco rompía realmente con la dominación que ejercen las potencias capitalistas sobre el país –es decir, no era consecuentemente antiimperialista–, porque se mantuvieron en pie todos los mecanismos por los cuales la economía nacional se ve sometida a la succión de sus riquezas (pago de la deuda externa, aumento enorme de esa deuda, capitales que hacen riquezas aquí y las sacan a sus países de origen, sangría de recursos vía importaciones, pago de “indemnizaciones” al capital transnacional por las estatizaciones).

Por todo eso, el chavismo pudo hacer una cierta resdistribución de la renta petrolera durante varios años, ampliar el acceso a la salud, educación y seguridad social, reducir los niveles de pobreza, en base a un ciclo de crecimiento de la economía mundial y de los precios de las materias primas, y a su consolidación en el poder, pero no cambió en nada el carácter capitalista rentista y dependiente del país, y ahora ha pasado de la fase de las concesiones, al período de descargar la crisis económica sobre los hombros de los trabajadores.

Hay que decirlo con claridad, el chavismo se limitó a redistribuir parcialmente la renta petrolera, más no el conjunto de las riquezas producidas en el país, pues las riquezas malhabidas –pues siempre son producto de la explotación de los trabajadores o de la usura hacia el país o hacia los sectores populares– de los banqueros y empresarios, tanto nacionales como extranjeros, no fueron en lo fundamental objeto de tal “redistribución”. Y ahora que la renta “no alcanza” para todo –pagar la deuda externa e interna a los capitalistas, financiar los proyectos estatales, sostener el nivel de importaciones, mantener los niveles de fuga de capitales y corrupción empresarial-estatal, cubrir el gasto social, los salarios del amplio sector estatal de la economía–, y que arrecia la desinversión y saboteo de la economía por parte de la burguesía nacional, lejos de algún giro a izquierda que se fijase en las riquezas del capital imperialista y nacional para “redistribuirlas” y “socializarlas” para cubrir las necesidades nacionales y sociales, lo que ha hecho el gobierno es dejar correr la crisis que golpea con fuerza a los trabajadores y el pueblo pobre.

El gobierno dice que no es un gobierno ajustador, que los del ajuste son los neoliberales de la oposición. Sin embargo, sin necesidad de lanzar medidas clásicas neoliberales, con solo dejar correr la crisis ya se garantiza un ajuste contra el pueblo: el bolívar se devalúa constantemente, el salario pierde terreno cada vez más ante la inflación y la especulación, la deuda pública crece más –preanunciando recortes del gasto público–, los despidos comienzan a dejar a miles de familias trabajadoras en la calle, cientos de contratos colectivos se mantienen vencidos y congelados (tanto el sector privados como en el estatal), y por si fuera poco, el gobierno responde con descalificaciones, persecución y hasta represión a los trabajadores que se ponen en pie de lucha por sus derechos, sobre todo si se trata de empresas del Estado.

El gobierno es incapaz de dar una salida a la crisis acorde con los intereses nacionales, obreros y populares, porque eso implicaría tomar medidas realmente revolucionarias, anticapitalistas. Una solución acorde con los intereses del país y de sus mayorías, implicaría dejar de pagar la deuda externa y las indemnizaciones al capital transnacional, expropiar sin pago las principales empresas de capital imperialista que operan en el país, y ponerlas bajo control de sus trabajadores –no de burócratas del Estado–, para poner esos recursos al servicio del país y del pueblo, implicaría hacer pasar a propiedad pública, sin pago y bajo control obrero con participación de las comunidades, los principales grupos capitalistas nacionales, incluyendo las empresas de alimentación y bienes básicos, implicaría estatizar la banca, sin pago alguno, estableciendo una banca nacional única bajo control de sus trabajadores y los pequeños ahorristas, para que sus enormes recursos se pongan en función de un verdadero desarrollo nacional, implicaría pasar a propiedad pública, sin pago alguno y bajo control de los trabajadores, de toda empresa que haga despidos masivos o que amenace con cerrar, implicaría dar libertad para que los trabajadores y los sectores populares implante un verdadero control obrero y popular de precios, con acceso a toda la información contable y financiera de las empresas, con poder real para imponer la voluntad del pueblo trabajador en cada fábrica o empresa que chantajee a las mayorías trabajadoras.

Además tendría el gobierno que dejar de perseguir a los trabajadores que luchan y echar abajo todas las leyes que criminalizan la protesta y las lucha, gracias a las cuales hoy hay centenares de trabajadores y campesinos procesados judicialmente por luchar, y decenas presos. ¿Cómo enfrentar al imperialismo y a la burguesía si a la vanguardia obrera y campesina que lucha se la criminaliza? El gobierno tendría que dejar de mandar el SEBIN, la Guardia Nacional y el CICPC a amedrentar, apresar y reprimir a los trabajadores que se organizan por fuera de lo permitido por el Estado o los empresarios afines al gobierno.

Sin embargo, el gobierno no hará nada de lo anterior, son medidas que el gobierno jamás tomó, ni con Chávez al mando del gobierno en los momentos de mayor confrontación con la burguesía y el imperialismo, mucho menos ahora. No las tomará porque es preso de su carácter de clase, porque estas medidas implicarían tomar un camino de movilización y enfrentamiento revolucionario verdadero con el imperialismo y la burguesía nacional, que para triunfar llevaría a poner en pie de combate verdadero a las masas obreras y populares, incluyendo su armamento, y asestar golpes certeros en las propiedades de los capitalistas, que es su principal poder desde el cual se permitan chantajear a todo un pueblo.

Pero el del gobierno es un proyecto de supuesto “desarrollo nacional” pero sin revolución socialista de verdad, de “tener Patria” pero sin romper realmente con la dominación imperialista, de querer una supuesta “justicia social” pero manteniendo la existencia de los capitalistas como clase dominante y su niveles de “ganancia justa”. El carácter de clase de su proyecto le impide tomar este camino, un carácter de clase burgués, pues no concibe una sociedad sin empresarios ni banqueros, es decir, una sociedad socialista.

Por eso, los candidatos del chavismo no dejan de ser también candidatos para una política burguesa, para gestionar la crisis para que la paguemos los trabajadores y el pueblo pobre. Los futuros diputados del chavismo son los que apoyarán la política actual que permite que la crisis la estemos pagando los de abajo, son lo que apoyarán las represalias y represiones a los que lucha, son los aplaudirán cuando el gobierno pacte, como ahora, aumentos de precios “justos”, son los que apoyarán a un gobierno que pacta despidos con los empresarios privados, o que incluso despide él mismo en el sector estatal.

Es por todo lo anterior que ni los candidatos de la oposición ni del gobierno son opciones acordes con los intereses de las mayorías trabajadoras, ninguno representa alguna alternativa obrera y popular a los padecimientos que atravesamos hoy. Más aún, gane quien gante en estas elecciones parlamentarias, lo que viene son más ajustes contra la clase trabajadora y el pueblo pobre.

No hay listas ni candidaturas que expresen la independencia de clase de los trabajadores

En este marco de polarización política y electoral nacional, son inexistentes las opciones electorales de una izquierda verdaderamente anticapitalista, o de candidaturas que expresen las actuales luchas de los trabajadores, con independencia de ambos sectores burgueses. De las corrientes que en el país nos reivindicamos de la izquierda obrera y socialista, solo el Partido Socialismo y Libertad (PSL) cuenta con legalidad, y ha presentado candidaturas en 12 estados y el Distrito Capital pero en alianzas en la mayoría de los estados con organizaciones que están en las antípodas de una política verdaderamente independiente y obrera. Alianzas incluso que han superado a las que hicieron para las elecciones municipales de diciembre del 2013, siendo que la independencia de clase es una cuestión elemental para cualquier acuerdo con alguna otra organización.

En las últimas elecciones presidenciales a que se presentó el PSL con la candidatura de Orlando Chirino, acompañamos con un voto crítico desarrollando una activa campaña por considerar que a través de una candidatura obrera se podía llamar a canalizar una expresión de independencia política de los trabajadores ante la polarización entre candidatos con proyectos para sostener esta misma sociedad de explotación y opresión más allá de las diferencias específicas, un voto de independencia de clase.

Esta vez, sin embargo, el PSL, como también en ocasiones anteriores, ha hecho alianzas variopintas que no guardan relación con expresar la independencia política de los trabajadores ante proyectos burgueses. En el estado Bolívar por ejemplo, levantan candidaturas comunes con el MAS, un partido político burgués que ha gestionado históricamente el capitalismo desde sus cargos ejecutivos regionales (gobernadores, alcaldes), incluyendo su propia lista de represión y asesinatos de manifestantes, y aportando ministros al gobierno neoliberal de Caldera, además de ser parte orgánica de la oposición de derecha todos estos años; Bandera Roja que siempre ha estado ligado a la derecha recalcitrante incluso llamando a votar a sus candidatos como Capriles Radonski; Unidad Democrática (Udemo) que han apoyado tanto candidaturas tanto de la MUD como del PSUV según la ocasión; el movimiento Movev de la dirigente Pastora Medina que ha estado tanto vinculada al chavismo como a la oposición derechista, y es precisamente ella la candidata bandera a quién el PSL llama a votar tan entusiastamente.

Lo mismo hacen en estados como Miranda levantando candidatos en común con Opinión Nacional (OPINA, que estuvo durante mucho tiempo en la MUD), Movimiento Conciencia de País (MCP, que viene de apoyar al PSUV y ha levantado candidatos de este partido), además de otras organizaciones que en su momento han apoyado a candidatos del PSUV o a la MUD como UNIDAD R y Electores Libres (EL, que defiende un modelo basado en la economía de libre mercado). En este estado es que levantan la candidatura de la burócrata sindical Marcela Máspero, quien casi siempre se ha ubicado al lado de algún sector oficialista y en los últimos tiempos se le ha visto en actos de la súper derechista María Corina Machado, y evitando siempre desde sus funciones a la cabeza de la alicaída Unión Nacional de Trabajadores que la clase trabajadora se abra un curso independiente y de lucha.

En el estado Portuguesa también levantan candidatos en común con el MAS, la organización Mopivene (que vienen de apoyar al PSUV), Organización Para Gobernar (que en otros momentos han levantado candidaturas tanto del PSUV como de la MUD). En el estado Trujillo levantan candidatos en común con Poder Laboral (que en otras elecciones municipales han levantado candidatos tanto del PSUV como de la MUD, según el municipio), el MAS, así como alianzas semejantes hacen en Zulia con Mopivene.

Otro de los casos más notables es la alianza con Marea Socialista en los circuitos electorales de Mérida, Trujillo y Guárico, una corriente que está lejos de de la independencia política de los trabajadores, que se mantuvo todos estos años subordinada al gobierno nacional y que, aún hoy, cuestiona en muchos aspectos la política gubernamental de Nicolás Maduro, pero manteniendo en todo momento la reivindicación del “legado de Chávez” (¡cómo si la tamaña crisis actual, el poder de fuego de la burguesía, el enorme endeudamiento nacional, las leyes que criminalizan las luchas obreras y populares, la existencia de la boliburguesía y las enormes redes de corrupción estatal, el fortalecimiento del aparato represivo, no fueran parte del legado de Chávez!).

En otros estados como Aragua y Carabobo, van aparentemente sin alianzas, pero el voto se hace por lista, y en las mismas llevan candidatos que no están por la independencia de clase, lo que no permite incluso votar aunque fuere críticamente por alguna candidatura obrera. Pero es el conjunto de sus alianzas en los distintos estados arriba señalados lo que le da la impronta al conjunto de su política, y por tanto sería un grave error acompañar tal desbarranque político ajeno a la independencia de clase.

Es por esto que, desde una perspectiva obrera y socialista, no es posible llamar a votar por la tarjeta del PSL y sus variopintas candidaturas, que no presentan ninguna coherencia con una política de independencia política de los trabajadores ni una perspectiva anticapitalista; votarlos sería ir contra la lucha por la independencia política de la clase trabajadora, en el entendido de que la lucha, en este caso concreto, es porque los explotados y explotadas busquen la solución a sus problemas en la superación del orden burgués y no en el "mejoramiento" o reforma de sus instituciones. Mucho menos votar por algún candidato de las dos opciones centrales, la del chavismo y de la oposición. De esta manera, desde la LTS, en las elecciones parlamentarias del 6-D llamamos a votar nulo, en el marco de la lucha por la independencia política de clase como horizonte estratégico por un gobierno de los trabajadores y el pueblo pobre.