En el marco de la tensión política que se vive en el Venezuela, en medio de unas acciones de protesta en la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira, en el occidente del país, un liceísta de 14 años, estudiante de segundo año de bachillerato, fue asesinado por un impacto de bala en la cabeza en la mañana de este martes en las afueras de la sede antigua de la Universidad Católica del Táchira (UCAT). Desde tempranas horas de la mañana, se habían registrado focos protestas en esa casa de estudios que tomaban parte de una protesta antigubernamental, y desde ayer, estudiantes de diferentes liceos venían realizado acciones callejeras.

Un hecho que caldeará más la tensión política

La ministra del Interior, Carmen Meléndez, rápidamente condenó el hecho en un contacto con la televisora estatal VTV informando primeramente que había un efectivo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detenido por estar involucrado en el hecho, y que “se aplicará todo el peso de la ley a los responsables, no hay cabida para la impunidad. Y desde la Fiscalía General se nombraba a dos fiscales nacionales y una del estado Táchira para investigar la muerte del estudiante.

El Gobierno nacional, tomando en cuenta el impacto político del hecho en medio de la tensa situación que se vive, acrecentada luego del arresto del alcalde opositor derechista Antonio Ledezma y la repercusión tanto nacional e internacional, salió rápidamente a condenarlo. En este sentido, en horas de la noche Maduro declaró que "Condeno este asesinato", al referirse al hecho durante su programa semanal de televisión “En contacto con Maduro”, para enfatizar que "Si algún funcionario por cualquier razón que sea comete un crimen, saben ustedes que soy el primero en dar la orden para buscarlo y detenerlo", concluyendo que “ordené capturar a los responsables, y ya están presos”.

De inmediato salieron también los dirigentes de la oposición con llamados a la protesta frente al asesinato del joven liceísta, como la dirigente opositora María Corina Machado que lamentó y condenó la muerte de un estudiante menor de edad. Ha sido en la en la volátil ciudad de San Cristóbal, cerca a la frontera con Colombia, donde más fuerza han tenido las protestas contra el Gobierno desde el año pasado, y es el lugar en el cual los partidos de oposición de derecha han tenido mayor eco en las calles.

Un asesinato en una manifestación en el marco de la Resolución 8610

Es de destacar que la muerte se produce semanas después de la polémica sobre la decisión del Ministerio de la Defensa de dictar una resolución que permitiría a los militares usar armas de fuego en manifestaciones, supuestamente en algunos casos. Se trata de la Resolución 8610, en la que se refiere a las “Normas sobre la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en funciones de control del orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones”, y que permite el “uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal”, supuestamente como último recurso para “evitar los desórdenes, apoyar la autoridad legítimamente constituida y rechazar toda agresión, enfrentándola de inmediato y con los medios necesarios”. Si bien esta resolución es para los componentes de la Fuerza Armada Nacional, da pie para avalar también por parte de las policías nacional, estadales y municipales, el uso de armas de fuego en manifestaciones públicas.

Una resolución que establece que supuestamente los componentes de la FANB “No portarán ni usarán armas de fuego en el control de reuniones públicas y manifestaciones pacíficas, a menos que, por la necesidad y proporcionalidad de los medios empleados para contrarrestarla, sea necesario su porte y uso”. Es decir, una norma que contiene una prohibición y una excepción a tal prohibición: la excepción, es que sí podrán portar esas armas cuando “sea necesario su porte y uso” de acuerdo con la “necesidad y proporcionalidad”.

Es por eso que, desde la organización a la que pertenece quien escribe este artículo (LTS) se ha venido haciendo un llamado a un “Frente único y movilización independiente para echar abajo la Resolución 8.160”, apuntando que “esta resolución, que apunta a liberar más el accionar de la represión, a cercenar derechos democráticos, a aplastar las luchas mediante la intimidación y hasta los balazos, no solo debe ser denunciada sino que debemos luchar para echarlo abajo”.

Un repudiable asesinato

No cabe más que repudiar este brutal asesinato sobre el que, más allá de las declaraciones del Gobierno de “condenarlo” y las disposiciones que haya estipulado frente al caso el Estado es completamente responsable. En horas de la tarde en la ciudad de San Cristóbal aún se mantenían algunos focos callejeros pero hora en protesta por el asesinato, y en momentos en que redactamos este artículo, por la noche grupos de estudiantes vinculados a los partidos de la derecha iniciaban una protesta en la avenida Francisco Solano, ubicado en el municipio Libertador, donde restringieron el paso vehicular. No cabe dudas que este hecho aumentará más aún la tensión política del país, y veremos qué repercusiones tendrá tanto a escala nacional e internacional.