En Venezuela, la Fiscal de la República, Luisa Ortega Díaz, dijo en un comunicado que “quienes alteren la tranquilidad y la paz pública para producir inestabilidad de las instituciones, desestabilizar el Gobierno, que atenten contra el sistema democrático serán enjuiciados…”, y remató con que “a quienes alteren la paz y el orden público serán castigados con prisión de 12 a 24 años”. La fiscal hizo estas declaraciones luego de las protestas contra la nueva Ley de Educación impulsada por el gobierno de Hugo Chávez, y de que los empleados de la Alcaldía Metropolitana que protestaban por sus derechos fueran reprimidos, 11 de ellos encarcelados, acusados de marchar por la calle “obstaculizando el libre tránsito”. Cabe recordar que la Fiscal Ortega Díaz es el mismo personaje que impulsó hace algunas semanas un proyecto de Ley en la Asamblea Nacional contra “Delitos Mediáticos”, que luego fuera retirado por antidemocrático. Esta ley no pretendía otra cosa que “regular las malas noticias” para proteger al Estado, y en última instancia, a los intereses de la burguesía y las capas dominantes de la acción de los trabajadores y sectores explotados.

La última represión a los manifestantes contra la ley de educación, partidarios de la oposición derechista y que cuestionaban la ley justamente por derecha, tuvo repercusión incluso fuera del país y la misma derecha venezolana ha aprovechado el endurecimiento de las leyes que recortan derechos elementales, como el de protesta, para apuntar una vez más contra el régimen chavista. Sin embargo, lo que no dice ni la derecha ni el gobierno es que en los últimos tres años el movimiento obrero y popular ha venido siendo blanco de la represión abierta y/o solapada por parte del régimen burgués: tanto de parte del gobierno nacional –que utiliza las fuerzas estatales-, como de la oposición derechista en aquellos estados y ciudades donde gobierna, utilizando las mismas fuerzas represivas y a través también del sicariato, con asesinatos de obreros de por medio. Un sicariato financiado tanto por terratenientes que hacen fila en la oposición como por empresarios que hacen fila tanto en la oposición como en el gobierno nacional. Se busca, como lo hemos denunciado ya desde la LTS, disciplinar a los trabajadores e incluso escarmentar con métodos represivos a los sectores obreros más avanzados y decididos en sus luchas. En este sentido, el Estado ha venido desde hace algunos años reorganizando un conjunto de leyes para contener las crecientes protestas. Nos referimos a toda la serie de reformas a las leyes que se vienen dando con el objeto de criminalizar los tradicionales métodos de protesta del sector obrero y popular. Según algunas de estas nuevas (o viejas, con reformas y actualizaciones) leyes, detener la producción de una fábrica o empresa (privada o pública) u obstaculizar una avenida para presionar a las autoridades políticas, por ejemplo, sería un delito atroz y castigable. Por estas leyes ya existen en el país más de 2000 casos de manifestantes populares, obreros, campesinos, indígenas y comunitarios, judicializados por protestar.

Ninguna ley represiva es favorable a la lucha obrera y popular

El gobierno de Chávez, que se llena la boca hablando “contra el capitalismo” y de la “democracia protagónica”, no tiene ningún empacho en recurrir a leyes de 1916 redactadas en plena época del dictador Juan Vicente Gómez contra los trabajadores y campesinos, como el Código Penal, que en su Artículo 358 establece que: “quien ponga obstáculo en una vía de circulación de cualquier medio de transporte, abra o cierre las comunicaciones de esas vías, haga falsas señales o realice cualquier acto con el objeto de preparar el peligro de una catástrofe... será castigado con pena de prisión de cuatro a ocho años”. Esta ley hoy se aplica “democráticamente”, con tanta fuerza como en sus inicios.

En pocas palabras, para los patronos capitalistas y las autoridades políticas es un “peligro” y una verdadera “catástrofe” que las clases subordinadas se envalentonen y se decidan a manifestar su malestar públicamente. En este sentido entonces, pretenden recortar, limitar y hasta acabar con los derechos elementales del movimiento obrero y popular, de salir a protestar por sus reivindicaciones.

La derecha opositora, ni lenta ni perezosa pesca en río revuelto. Al mismo tiempo que se rasga las vestiduras denunciando la represión, encubre que en aquellos estados y ciudades donde actualmente gobierna son sus gobernadores los que recurren a las mismas leyes represivas y fuerzas de represión estatales, e incluso utilizan grupos de choques parapoliciales contra el pueblo como ocurrió recientemente en el estado Carabobo. Y si quedara alguna duda de la “voluntad” represiva de la oposición derechista, basta recordar el ejemplo más emblemático y con asesinatos de por medio: durante las 48 horas del golpe de abril de 2002, donde a esta misma derecha no le tembló el pulso y lanzó una cacería de brujas demostrando en pocas horas el verdadero rostro de la dictadura empresarial. Se ha llegado al descaro de que Antonio Ledezma, alcalde metropolitano, famoso por la represión que ejercía cuando ocupó cargos gubernamentales durante el régimen del “puntofijismo” (acuerdo bipartidista que gobernó Venezuela de 1958 a 1999), ahora es un “abanderado” de la “democracia”, luego de la represión a la marcha de la derecha que organizaran contra la nueva Ley de Educación defendiendo la educación privada.

Pero somos categóricos, independientemente de que se trata de manifestaciones organizadas por la derecha opositora, los socialistas revolucionarios no convalidamos el fortalecimiento de la autoridad y la capacidad represiva y criminalizadora de la protesta por parte del Estado burgués, pues ese mismo peso es el que cae siempre, con mucha mayor fuerza incluso, sobre las luchas del pueblo trabajador y pobre. No convalidamos ningún recorte de las libertades democráticas o escaladas represivas, tal como hacen las corrientes del chavismo, que transforman en un sentido común, o incluso pueden llegar a ver " con buenos ojos" cuando se reprime a la derecha. Pero visiones como estas no sólo pasan por alto la importancia vital de los derechos democráticos para la lucha de los trabajadores y el pueblo, sino que permiten de esta forma que la derecha cínica “haga suyas” las banderas democráticas. Por el contrario, es necesario repudiar la represión por parte del Estado contra los sectores más combativos de los trabajadores y campesinos, demostrando concretamente quiénes son los más golpeados ante cualquier endurecimiento de las leyes y recorte de las libertades democráticas como la criminalización de la protesta.

Es clave y urgente que las organizaciones sindicales, obreras, campesinas, populares, estudiantiles, organismos de derechos humanos y la izquierda nos pongamos en pie de lucha para detener el nuevo andamiaje de leyes que criminalizan la protesta y la utilización cada vez mayor de las fuerzas represivas del Estado, que cae con saña sobre el pueblo pobre. Está planteado el más amplio frente único entre todas las organizaciones que no están comprometidas con la derecha pro-imperialista, que desde nuestro punto de vista debe ser encabezado por los trabajadores en lucha y sus organizaciones, llamando a movilizar a toda la clase trabajadora, la única que puede ir hasta el final en esta lucha, y no caer en el canto, ni del gobierno nacional ni de la derecha opositora que hoy posa de “democrática”. La lucha contra la represión y la impunidad está en nuestras manos y en la fuerza que podemos tener unidos. Basta de represión a los trabajadores en lucha. Libertad y desprocesamiento a todos los luchadores. Juicio y castigo a los culpables directos e intelectuales de los asesinatos de obreros y campesinos pobres. Es necesario desarrollar una amplia movilización democrática, obrera, campesina y popular hasta las últimas consecuencias.