En la situación actual de grave crisis económica, los trabajadores y el pueblo pobre están viviendo una fuerte carestía de la vida en un espiral galopante de inflación que golpea el bolsillo de los asalariados y el ingreso de los hogares populares. Se trata de una situación que no para, todo lo contrario, sigue una marcha y hace imposible que una familia trabajadora pueda planificar su economía hogareña, en el marco de una situación en que se les hace recaer el fardo de la crisis.

Una realidad que cae sobre el pueblo

Desde el gobierno de Maduro no se brindan las cifras oficiales de los indicadores económicos desde hace seis meses. El gobierno lleva tiempo sin difundir otros datos esenciales, como la escasez o el comportamiento del Producto Interno Bruto. ¿Por qué no hay números? Si se esconden las cifras quiere decir que la situación está bastante mal. Sin embargo, los trabajadores no necesitan los indicadores del BCV para constatar cómo semana a semana sus bolsillos se resienten ante el alza de los precios de alimentos, medicinas, viviendas, transporte, etc.

Lo escrito aquí no es hecho por un observador desde lejos o de un análisis basado apenas en fríos números estadísticos, sino de quien también vive una realidad que golpea día a día, donde se hacen malabares para que el salario alcance al fin de mes y donde el pueblo trabajador se ve acosado por el alza de los precios y el desabastecimiento. La incertidumbre de cuánto costará determinado producto mañana reina en el ambiente. Las constantes colas se hacen sentir en los supermercados, en los pequeños abastos o negocios comerciales, en fin, en cualquier centro de ventas donde la gente se entera que están vendiendo determinado producto de primera necesidad que escasea, y que justo en ese día le corresponde comprar por su número de cédula.

El gobierno no se cansa de repetir que se trata de una guerra económica que le han declarado, pero ya van dos años en esa cantinela como si se tratase de alguien que no tuviera las riendas del Estado para tomar medidas para enfrentarla. Pero ninguna salida aparece en el horizonte y la incertidumbre es cada vez mayor, sobre todo cuando el propio presidente Nicolás Maduro dijera a principios de año frente a la amenazante crisis que “Dios proveerá”, es decir, destinados a la suerte. Ya pasa mucho tiempo de esta grave crisis y no se ha hecho en realidad nada serio, nada absolutamente para evitar la situación imperante.

Y la realidad es que el pueblo se ve afectado, no los grandes empresarios ni los altos jerarcas del gobierno. A ninguno de ellos se les ve en las colas en los centros de las ciudades ni en las que arman en las barriadas populares. Los especuladores se aprovechan de la angustia del pueblo pobre, y no les importa revender los productos siete veces o más del precio en que lo consiguen en los establecimientos regulados, existen los comerciantes inescrupulosos que en vez de vender los productos en los negocios los derivan al mercado negro. Aquí quienes se benefician son los parásitos capitalistas, como también los burócratas estatales con sus altísimos ingresos en una escala bien de lejos superior al salario de un trabajador o de un hogar popular.

Algunos fríos números de una triste realidad.

El gobierno sabe que hay una grave crisis pero busca ocultarla. El último informe del índice de precios data del año pasado, cuando el alza inflacionaria fue de 68,5%. Frente a la ausencia de estos datos referenciales nuevos, la banca de inversión Barclays, en un informe divulgado en mayo, señaló que “hay claros indicadores que sugieren una aceleración de la inflación, que podría haber alcanzado los tres dígitos, al superar una tasa anualizada de 100%”.

Según un reciente estudio sobre Desabastecimiento en Venezuela elaborado por la consultora Datanálisis, una firma de sondeos, en mayo pasado la escasez de artículos esenciales en los establecimientos comerciales llegó a 60,7%, y en lo que va del año, en promedio, la escasez ha sido de 58,4%. Y de acuerdo a esta medición, el desabastecimiento en los locales de productos esenciales como el aceite de maíz y vegetal, café, carne de res, harina de maíz precocida, y leche ha alcanzado niveles muy superiores al promedio general. Por categoría de productos, esta investigación arroja que en abril pasado la escasez de leche en los establecimientos llegó a 60,1%, la de pollo a 50,1%, la de café a 49,8% y la de carne de res a 45,1%. Pero hay una gran cantidad de productos clave como champú, desodorante, artículos de limpieza y cloro tienen una escasez superior al 75%. En los últimos días saltó que los precios de las toallas sanitarias femeninas se fueron a las nubes, lo que llevó a un cruce de palabras entre el gobierno y la Procter & Gamble por cobrar sobreprecios por productos de higiene femenina, pero no pasa de eso, de cruce de palabras, y los precios no bajan, todo lo contrario.

Esto el pueblo lo siente, lo percibe, más allá que determinados porcentajes de determinados sondeos sean exactos o no, la realidad es que la situación golpea. Este nivel contrasta con la fuerte caída del ingreso familiar, donde el salario no alcanza para cubrir las necesidades básicas de una familia promedio. Por otra parte existe lo que se llama abastecimiento informal. Es lo que se conoce como el “bachaqueo” llevado a cabo por personas inescrupulosas, donde la gente se surte pagando entre 5 y 10 veces más en el mercado negro.

Son necesarias medidas urgentes para luchar contra el alto costo de la vida

No es posible que el pueblo siga sufriendo la situación imperante. Las medidas de emergencia que se requieren para dar los primeros pasos y enfrentar esta situación son muy claras y sencillas, no tienen ningún secreto ni dificultad, pero no se aplican porque estas afectarían las ganancias de los capitalistas que presionan al gobierno y éste en vez de enfrentarlos aceptan sus chantajes. Incluso de aquellos sectores empresariales ligados al gobierno, o la burocracia corrupta que se aprovecha de la situación.

A seguir algunas medidas básicas esenciales. Empecemos por decir que los trabajadores no pueden ganar menos de lo que cuesta una canasta básica familiar, y los salarios deben se indexados periódicamente de acuerdo al aumento de la inflación. Que los salarios sigan el ritmo del aumento de los precios es una medida elemental de defensa del nivel de vida de la clase obrera y el pueblo. Es lo que se llama la escala móvil de salarios que debe ser aplicada inmediatamente.

Se hace necesaria y urgente la discusión y aprobación de los contratos colectivos vencidos. Actualmente son cientos de miles los trabajadores y trabajadoras que tienen negada la discusión de un contrato colectivo o el cumplimiento del mismo. En el sector público son muchísimos de los contratos colectivos vencidos con muchos años, y no hay discusión de los mismos, apenas en algunos porque presionan los sindicatos pero aún así son por debajo de las necesidades imperantes. En las empresas privadas no solo hay incumplimiento en la renovación sino que en muchísimas ni siquiera existe un contrato colectivo. La no renovación, incumplimiento o inexistencia de las contrataciones colectivas de trabajo, coloca a los trabajadores en minusvalía ante el aumento del costo de la vida.

Los precios de los productos de primera necesidad siguen en una escalada de precios que no cesa en aumentar, como hemos descrito más arriba. Mientras el “control de precios” del que habla el gobierno es una farsa, no solo se respeta los márgenes de ganancia de los capitalistas, sino que autoriza aumentos importantes. Un verdadero control solo lo pueden ejercer los que no tienen ningún compromiso con las ganancias empresariales, eligiendo comités obreros y populares para el control de precios con delegados/as electos democráticamente por la base en los lugares de trabajo y en las comunidades.

Al ritmo que los precios aumentan constantemente aumenta también la parte que el pueblo tiene que pagar por el impuesto del IVA, pues el monto es porcentual con respecto al aumento del producto, volviéndose un descaro ese impuesto. El IVA es un golpe constante al bolsillo del pueblo trabajador, un impuesto al consumo y pone a pagar a los que menos tienen. Para colmo de males, ahora el Impuesto sobre la Renta (ISRL) alcanza al salario obrero, como si el salario fuese renta, transformándose en un verdadero impuesto al salario. Todo esto cuando incluso existen varios sectores empresariales que el Estado los exonera del pago de impuestos. Es necesario eliminar el IVA, y este nuevo impuesto que se aplica al salario. En medio de la crisis los que tienen que pagar tienen que ser los que más tienen, pechando las ganancias capitalistas, de la banca y las grandes fortunas, hay que imponerles fuertes impuestos progresivos.

En medio de la crisis económica no es posible que las principales empresas de alimentos continúen en manos privados. El gobierno dice que los capitalistas sabotean la producción de alimentos y especulan, pero no pasa del discurso. La alimentación de millones no puede depender de la sed de ganancias de un puñado de empresarios o de sus cálculos políticos. Para que la comida no sea un arma de chantaje de estos monopolios contra el pueblo, estas empresas deben pasar a propiedad pública, gestionadas directamente por sus trabajadores, con participación de las comunidades.

Hay que parar con los despidos. Ante las demandas de los trabajadores los capitalistas chantajean con despedir, “quebrar” o cerrar empresas. Si responden con eso, se les debe replicar con claridad: que los que producen son los trabajadores, no los empresarios, las empresas no pueden funcionar sin los trabajadores, pero sin los empresarios sí. Se debe expropiar sin pago alguno de toda empresa que cierre o despida trabajadores. Si los capitalistas dicen que no pueden garantizar siquiera un salario que cubra el costo de la vida y el “derecho al trabajo”, entonces muestran que son incapaces de dar respuesta a las necesidades elementales de la mayoría de la sociedad, que las empresas y la economía no pueden seguir bajo su control, que deben pasar a nuevas manos: las manos de los propios productores de las riquezas, los trabajadores y las trabajadoras.