Un escenario nacional de crisis económica, persistencia de problemas sociales estructurales, y cierta movilización obrera y popular por las demandas insatisfechas

El clima electoral, que prácticamente arrancó desde mayo, no ha amainado las luchas de diversos sectores de los/as trabajadores/as de la administración pública, dependencias estatales de salud, fábricas y empresas, en Aragua, Carabobo, Zulia, Anzoátegui, el Distrito Capital, Lara, Guayana, Carrizal (estado Miranda), entre otros lugares del país. Si bien la política de impunidad frente al sicariato patronal que asesina dirigentes obreros, la represión estatal a las luchas –incluso con muertos de por medio, como los de la Mitsubishi–, y la criminalización y el encarcelamiento de dirigentes sindicales, como el de Rubén González, han venido “escarmentando” a parte de las vanguardia de las luchas obreras, buscando “disciplinar” a los trabajadores, golpeando las luchas más radicalizadas por sus métodos y programa, no logran frenar la salida a la lucha de sectores de la clase obrera. Así mismo, desde los sectores populares continúan las manifestaciones por demandas de servicios básicos, como la luz y el agua, vialidad, vivienda, el derecho a la salud, o contra el aumento de los precios, y sectores de los pueblos originarios, como los Yukpa, pelean por su autodeterminación y por el territorio. Teniendo un cuadro que demuestra un conjunto de demandas obreras y populares insatisfechas a lo largo de todos estos.

Unas 950 manifestaciones por estas razones –con mayor frecuencia de las laborales– han registrado en la primera mitad del año organizaciones de derechos humanos como Provea. Es que sumados a los problemas estructurales, el crecimiento de la carestía de vida por una inflación en alza y las amenazas de despidos por una economía en plena recesión, se sienten en los lugares de trabajo y en las viviendas populares. De esta manera, las demandas obreras se vienen haciendo sentir, donde las luchas contra los despidos, mejores salarios y contratos colectivos justos, o contra la suspensión de los mismos como en toda la administración pública, se extienden por los más diversos sectores de la clase trabajadora.

Desarrollismo burgués vs. entreguismo al imperialismo: ninguna alternativa obrera independiente

Es este clima de un conjunto de demandas insatisfechas y de criminalización de la protesta obrera y popular –con cientos de luchadores obreros, campesinos y barriales procesados ante la “justicia”–, el telón de fondo de estas elecciones de diputados y diputadas del 26 de septiembre, en las que uno y otro bando pretenden embaucar a las masas trabajadoras y explotadas, vendiéndonos “soluciones” a nuestros problemas. Pero la verdad es que aún con sus diferencias, en algunos casos bien marcadas, de ninguna manera representan proyectos para acabar con la situación de explotación, carencias, pobreza, opresión y humillación a que estamos sometidos los trabajadores, trabajadoras y pobres de este país. ¿Por qué afirmamos esto? Veamos realmente, más allá de las consignas y discursos, cuáles son los verdaderos proyectos de sociedad y de país que compiten en esta “fiesta democrática”.

Debemos partir de reconocer cuáles son los problemas claves de nuestra sociedad y de nuestra situación como clases explotadas y subordinadas, y qué proponen al respecto los “candidatos”.

Nuestro país es un país capitalista, es decir, que la clave del funcionamiento de toda la economía, de la distribución y disfrute de las riquezas, está en la concentración de los principales medios de producción y de vida (tierras, fábricas, bancos, empresas) en manos privadas, las de los capitalistas, que valiéndose de eso explotan el trabajo de todos los demás, la inmensa mayoría que no tenemos más que nuestra fuerza o capacidad de trabajo, a cambio de un siempre menguado salario. El sector público o estatal de la economía, como veremos más adelante, también está en función de esta lógica capitalista. Pero además, somos un país semicolonial, en el sentido que está sometido a los intereses de los capitales imperialistas, condenado a una transferencia permanente y sistemática de nuestras riquezas hacia esos países: bien sea cumpliendo el papel de vendedores de materia prima barata y compradores a altos precios de cualquier cantidad de bienes y equipos que estos producen; bien sea por las jugosas ganancias que extraen sus empresas diariamente de la explotación de nuestros/as trabajadores/as y nuestros recursos naturales; o bien sea por el pago eterno de la deuda externa a la banca imperialista. ¡Es en estos aspectos donde están las raíces de nuestros problemas y carencias, que ni el chavismo ni la oposición proimperialista van a cambiar!

El gobierno, que se presenta como “revolucionario”, “anticapitalista” y, en los últimos años, como “socialista”, en realidad no tiene sino un proyecto que aspira a un “desarrollo nacional” capitalista –o nacionalismo burgués–, cosa que ha demostrado de sobra en estos largos y convulsivos 11 años en el poder. El alma del proyecto chavista es regatear mejores condiciones de subordinación ante los capitales imperialistas, buscando que le quede al país (al Estado) un poco más de las riquezas que estos extraen, para impulsar el desarrollo de la economía nacional de la mano de capitalistas venezolanos “nacionalistas” y de determinados capitales imperialistas. El lema del gobierno es “pasar de la Venezuela rentista a la Venezuela productiva”, es decir, intentar producir aquí lo que hoy se compra del exterior, para lo cual se propone impulsar el crecimiento del capital nacional, por eso siempre ha pedido una burguesía “con conciencia del interés nacional”, que apoyada desde el Estado, que es el dueño de la renta petrolera, se desarrolle como clase “productiva” y “emprendedora”. El Estado asumiría el rol de transferirle parte de la renta para que se desarrolle el capital nacional mediante: a) créditos baratos y subsidios; b) cumpliendo un papel empresarial, invirtiendo y gestionando en aquellas áreas que sirven de base para el desarrollo industrial privado posterior (empresas básicas: hierro, acero, etc.); c) montando la infraestructura y vialidad necesarias para la integración del mercado nacional (plantas suministradores de energía y servicios básicos, carreteras, puentes, vías férreas, vías de comunicación, etc., para el funcionamiento empresarial y la circulación de materias primas y mercancías); d) y, dado que la mayoría de la burguesía le da la espalda al proyecto chavista, también el Estado toma un rol empresarial en algunas empresas específicas abandonadas a su suerte por el capital privado (pertenecientes a las más diversas ramas: manufactura, alimentación, seguros, almacenamiento, comercio de alimentos, etc.), cosa que se propone hacer en conjunto con los sectores minoritarios de la burguesía que lo apoyan directamente. Todo esto es la fulana “siembra del petróleo”: la renta petrolera al servicio de la acumulación y desarrollo del capital nacional.

Por eso el Estado cumple un papel muy central en el proyecto chavista, porque tiene la doble cualidad de ejercer el poder político, judicial y militar de la sociedad, y ser al mismo tiempo –en el caso de nuestro país– quien concentra los ingresos por el principal producto de exportación: el petróleo. De allí que el gobierno reclama para el Estado un papel clave en la economía nacional, no para acabar con los capitalistas y la propiedad privada ni para expulsar a los pulpos imperialistas, sino para regular, orientar e incidir en la economía capitalista, usando para eso tanto las herramientas del poder estatal (leyes, persuasión, coacción) como la fuerza económica del mismo.

La oposición burguesa, por su parte, tiene un proyecto de sumisión directa al imperialismo, poco le importa el “desarrollo nacional”, así sea en clave capitalista, como lo propone el gobierno. La oposición proclama que el país no debería siquiera molestar a los capitales imperialistas regateándole un poco de “sus” ganancias, que a los capitalistas nacionales no se les debe exigir ningún “compromiso con el desarrollo nacional” que no sea el que les dicten sus propios intereses empresariales, y que por lo mismo, el Estado debe “dejarlos en paz” para ejercer el fulano “laissez faire, laissez passer” (“dejad hacer, dejad pasar”), es decir, libertad total para hacer lo que les venga en gana.

Es bastante claro que esta oposición no tiene nada que ofrecer para resolver los problemas claves del país y sus mayorías trabajadoras y pobres, es un proyecto detestable con el que ya las masas rompieron bruscamente desde el ’89 en adelante y han repudiado luego una y otra vez, incluyendo el 2002-2003, cuando con contundencia echamos abajo su nefasto golpe de Estado y su paro-sabotaje petrolero y patronal, episodios que por cierto pretenden ocultar hoy y dejar en el olvido, vistiéndose de corderitos “demócratas”, haciendo demagogia hasta más no poder con los problemas obreros y populares.

¿Pero es acaso el pretendido nacionalismo burgués del gobierno el proyecto que deben abrazar la clase obrera y el pueblo pobre? Por supuesto que no, pues tampoco libera al país de la expoliación a que lo someten los capitales imperialistas, ni mucho menos implica la emancipación social de los/as trabajadores/as de nuestra situación de explotación y pobreza.

Distintos proyectos pero un punto en común: siempre sobre los trabajadores se descarga la crisis

Es así que ni el gobierno ni la oposición actual son una alternativa para las clases explotadas, porque sus políticas y medidas concretas representan solo maneras distintas de gestionar esta sociedad de explotación e injusticias, con más o menos demagogia, con más o menos represión, con más o menos “ayudad sociales”, según sea el caso y la situación del momento de la lucha social. Si no, hagamos un breve repaso al respecto, y veremos cómo sus diferencias y coincidencias, ¡porque las hay!, obedecen a esta matriz de sostener una forma de organización social donde la explotación del trabajo es la base y por lo tanto, los trabajadores y pobres estamos condenados a las carencias, la represión, la criminalización, la pobreza, el desespero, etc.

* Salarios miserables, trabajos precarios, desempleo

Bien se trate del chavismo o de la oposición, al pensar la política económica de empresas (privadas o públicas) o del Estado, las “variables de ajuste” por excelencia para la “rentabilidad” o “viabilidad financiera” siempre son los salarios, las condiciones de trabajo o derechos laborales, y hasta el propio puesto de trabajo. Es por eso que a pesar de toda la demagogia, aún en todos estos años recientes de mejor “crecimiento de la economía”, el salario promedio siguió siendo algo miserable en comparación con las necesidades de la inmensa mayoría de las familias trabajadoras, apenas paliadas parcialmente por los subsidios a la comida que hace el gobierno y sus “ayudas sociales”; y cuando la economía capitalista entra en crisis, como ahora, es peor: todos se oponen tenazmente a aumentos de salarios dignos, y hasta desconocen derechos laborales adquiridos, con tal de preservar los intereses patronales.

Así, los despidos es de lo primero que asoma en la cabeza de esta gente como “solución” a los “problemas de rentabilidad” o “déficit presupuestarios”. En empresas privadas y estatales, en el gobierno nacional, o en gobernaciones y alcaldías dirigidas por la oposición, los despidos en estas situaciones son un hecho. Y cuando la economía estuvo mejor, el gobierno se ufanaba de la reducción del desempleo –aun cuando en el mejor casos no bajó de un millón el número de desocupados y otros tantos apenas sobreviviendo en las diversas chambas de la economía informal–, pero ocultaba que este mal sigue siendo un azote para los sectores más pobres de la población –donde el índice es más del doble que el promedio–, además de mantenerse y aún aumentarse los niveles de precarización y flexibilización laboral: el trabajo creado, es por lo general trabajo precario (sin estabilidad laboral ni derechos contractuales).

* Impuestos al bolsillo trabajador e “incentivos” a los capitalistas

El gobierno mantiene la aplicación de un impuesto que es, en esencia, regresivo, porque se trata básicamente de un impuesto indirecto al salario, como es el IVA, con lo que se golpea más el presupuesto de las familias trabajadoras, pero al mismo tiempo, tiene una política de exonerar el pago de impuestos, es decir, de subsidiar, a toda una serie de sectores capitalistas nacionales “productivos”, y hasta imperialistas (en nuevas áreas de exploración de petróleo y procesamiento de gas, por ejemplo), para “incentivarlos” a invertir y producir: ¡cómo si no fuéramos los trabajadores y trabajadores los verdaderos productores de las riquezas en las empresas e industrias! Así es que, aún con toda la perorata sobre los avances en el cobro del Impuesto Sobre la Renta y los impuestos a algunas petroleras extranjeras, la realidad es que el gobierno nos saca del bolsillo a los trabajadores lo que debería quitar a los capitalistas, dando como resultado que el presupuesto público de este año ¡se alimenta más de los aportes por IVA que por ISLR!

¿La oposición qué dice al respecto? ¡Está de acuerdo con lo esencial, solo difiere en que pedía un aumento del IVA más temprano que lo que lo hizo el gobierno o en mayor intensidad!

* La demagogia de la “redistribución de las riquezas” y el asistencialismo social como “solución”

Este es uno de lo ejes más importantes del programa del gobierno y del debate nacional, y no podía ser de otra manera, pues el capitalismo y la dominación imperialista producen los mayores niveles de desigualdad social y miserias. Aquí la bandera del gobierno son las “misiones”, es decir, la serie de planes sociales destinados sobre todo a paliar las situaciones de pobreza y necesidades sociales más agudas, pretendiendo ser “el único” gobierno que ha “ayudado a los pobres”, y además vendiendo esto como “revolucionario”. ¡Es una gran farsa! Si bien esos planes alivian en algo las necesidades más urgentes de los sectores más empobrecidos y desposeídos, no implican ningún cambio revolucionario en el sistema de explotación ni resuelven de fondo la situación de necesidad, apenas sosteniendo un nivel precario de sobrevivencia: como diría una relevante revolucionaria, aliviar la miseria no es destruirla, suavizar el mal no es extirparlo. Y precisamente por eso, el asistencialismo social no es exclusivo del chavismo, también los adecos y copeyanos hacían planes de becas y ayudas sociales, pues el asistencialismo, en el capitalismo, funciona como un mecanismo para contener las tendencias más explosivas de las miserias que este genera, busca resguardar la “paz social”, y por eso se hace necesario o posible, en mayor o menor medida, dependiendo de la situación de la lucha social y de las posibilidades económicas del sistema de permitirse tales “ayudas”.

Ninguna variante burguesa de “mejor reparto” de las riquezas o de la renta petrolera, bien sea chavista o de oposición, es una alternativa real para la clase obrera y los pobres, porque estas propuestas esconden que el verdadero origen de las “desigualdades”, la pobreza y las carencias no está en el “reparto” sino en la “propiedad”: es decir, en que los empresarios, banqueros y terratenientes son los “dueños” de los principales medios de producción social y por esa vía son “dueños” de la crema y nata de las riquezas que todos los trabajadores y trabajadoras producimos. En ese marco, el minoritario sector de la economía estatal también funciona bajo la lógica de explotación de los trabajadores y de reproducción del propio capital privado, bien sea brindándole los bienes y servicios necesarios para su funcionamiento, o transfiriéndole recursos público mediante créditos, subsidios, etc.

La realidad nacional corrobora con contundencia esto. A más de una década de chavismo y de su fulano “anticapitalismo”, persisten intactas la explotación y negocios capitalistas: por solo poner un ejemplo, en el 2008 el 70% del PIB se generó en el sector privado y el 60% del total del PIB se fue en ganancias patronales y rentas de los propietarios. A pesar de todas las políticas “revolucionarias” del gobierno de Chávez ha sido mínimo lo que se ha modificado esa “distribución de las riquezas” propia del capitalismo. En el 1er Semestre de 1998 al 20% más pobre de la población le tocaba apenas un 4% del ingreso nacional, mientras el 20% más rico se quedaba con el 53,4%, once años después, para el 1er semestre de 2009, el 20% más pobre tenía el 6% del ingreso nacional y el 20% más rico concentraba el 45,6%. En el caso del 20% de la población que sigue en orden, es decir, que es pobre pero “no tan pobre”, pasó de captar el 8,5% del ingreso nacional a captar el 9,9% ¡Y esta miseria es lo que el gobierno y todos los candidatos del PSUV nos venden como “inclusión social”!

* Nada real para resolver con seriedad una gran necesidad obrera y popular: la vivienda

El gobierno y la oposición coinciden en términos generales en “respetar” la concentración de edificaciones y terrenos urbanos (propiedad capitalista) y en que casi toda la construcción de viviendas pase por la intermediación de la banca y las constructoras privadas (ganancia capitalista), y esto es precisamente una de las mayores trabas para una verdadera reforma urbana radical. Difieren en que la oposición reclama menos “intervención” del Estado en las propiedades y el gobierno quiere intervenir para “regular” el negocio, pero por igual se detiene ante los principios de la propiedad y ganancias privadas. Y mientra esto sea así, seguiremos en la situación actual de falta de viviendas o construcciones precarias que afecta a un enorme sector de la población.

* La “inseguridad”: simplemente aumentar el control social y la represión sobre los pobres

Es peor la cuestión en otro tema sobre el que machaca mucho la oposición, y también el gobierno, como el de la “inseguridad ciudadana”. Allí las únicas medidas reales que toman tanto el gobierno nacional, como los gobiernos regionales y municipales de oposición o del chavismo, son destinar enormes recursos para el reforzamiento del aparato represivo que responde a la lógica de penalización y represión de la miseria, desatando los más agresivos niveles de represión contra los sectores más marginados del aparato productivo, empobrecidos y degradados por la propia sociedad capitalista. Ni el gobierno ni la oposición quieren acabar de raíz con este maldito sistema de explotación y miserias, pero sí quieren “más y mejores policías”. El gobierno enarbola el discurso “progresista” de “inclusión social” y “combate a la pobreza” como pilar de su política de seguridad, pero en realidad aplica una política que no tiene nada que envidiarle al programa represivo de “la derecha”, al desplegar, e intentar naturalizar, la presencia de tropas militares en las principales ciudades y entradas de las zonas populares, incluyendo fusiles y tanques, con lógicas tan reaccionarias como la expresada a los cuatro vientos recientemente por el general de la Guardia Nacional Bolivariana, Antonio Benavides, jefe precisamente del “DIBISE” (Dispositivo Bicentenario de Seguridad), sobre que los delincuentes deben “ir a la cárcel o estar bajo tierra”.

* Un gran punto de coincidencia: criminalización, represión y aplastamiento de las luchas obreras y populares

Cuando se trata de hacerle frente a las manifestaciones populares, a los paros y huelgas obreras, a la hora de llevar a los trabajadores y trabajadoras a procesos judiciales por el simple hecho de luchar por sus derechos fundamentales, y al momento de aplastar las luchas, no les tiembla el pulso, ni les temblará, al chavismo “revolucionario” o a la oposición “demócrata”. Aunque por estar Chávez al frente del gobierno nacional y tener la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, ha sido quien ha llevado la batuta e iniciativa en armar el entramado legal, y hasta discursivo, para criminalizar las luchas obreras y populares. Y esto llega a tal nivel que los empresarios y terratenientes vienen aplicando el sicariato patronal con la total impunidad de los gobiernos locales de todos los colores, y del propio gobierno nacional, y hasta la existencia de algunos grupos de choque afines a los gobiernos de la oposición y del chavismo que completan la represión a la lucha social y del pueblo trabajador.

Mención aparte merece el hecho escandaloso –aunque no es “noticia” para la gran red de medios estatales– de que el propio PSUV lleva en sus listas de candidatos a diputados (por Guárico) a un reconocido represor de “la Cuarta República”: el ex comandante general de la Aviación, Roger Cordero Lara, quien participó en la Masacre de Cantaura en octubre del ’82, como teniente coronel conduciendo personalmente uno de los aviones de aquel gran operativo/espectáculo militar.

* La tierra seguirá en manos de los terratenientes, ganaderos y grandes empresas agrícolas

El gobierno alardea mucho, pero en realidad no combate al latifundio y los terratenientes, sino solo a aquellos “improductivos” o que se niegan muy tozudamente a cumplir con las leyes elementales, pero convive tranquilamente con grandes ganaderos y terratenientes, existiendo incluso organizaciones gremiales chavistas de estos explotadores de la tierra y de los trabajadores rurales. Es por eso que la mayoría de los campesinos pobres siguen sin tierra y, aún cuando es un hecho extendido y notorio el sicariato contra los y las dirigentes campesinos –que se ha cobrado la vida de centenares de estos–, reina la más vil impunidad al respecto. La oposición, al igual que en el caso de la economía en general, reclama que se deje a los “dueños” de la tierra hacer lo que les venga en gana… más de lo que ya les permite el gobierno. Los diputados del chavismo, tal como lo han hecho ya, votarán para sancionar las leyes que institucionalizan el latifundio “productivo” y criminalizan la lucha directa de los campesinos por la tierra.

* Ningún programa para acabar con la opresión de las mujeres

A despecho de todo el alardeo y la demagogia sobre la reivindicación de la mujer –y de las mujeres trabajadoras y pobres en particular, las más explotadas y oprimidas del capitalismo–, con relación a la esclavitud doméstica y el poder decidir sobre su propio cuerpo y reproducción, el chavismo no ha avanzado ni un milímetro, ni lo hará. No habrá en la próxima Asamblea, por parte de la oposición ni el gobierno, quien impulse el derecho al aborto libre, seguro y gratuito, ni la liberación de la esclavitud doméstica haciendo que tales labores sean socializadas a través instituciones públicas (guarderías, comedores comunitarios, etc.) financiadas por con base a fuertes impuestos a las ganancias capitalistas.

La estabilidad del proyecto chavista en juego

La oposición aspira llegar al Estado ocupando curules en la Asamblea y quebrar la “mayoría calificada" del gobierno, mientras este se dedica a ponerle límite a esa posibilidad para poder seguir legislando y ejecutando su proyecto con tranquila mayoría, de lo contrario se vería en un gran impasse. Además, por la propia naturaleza del chavismo, este adquiere características bonapartistas, en el sentido de requerir un régimen basado en una figura presidencial fuerte, que prescinda un poco de la “democracia parlamentaria” o la “división de poderes”, para ajustar a los distintos factores y fuerzas de la nación tras el proyecto de “desarrollo nacional”, lo que se vería entrabado si la oposición logra su objetivo, al tener ya una Asamblea que tomaría un papel propio, y no solo de aplaudidores y aprobadores de lo que dispone el Ejecutivo, como ocurre hoy.

Por eso el chavismo moverá todas sus fuerzas para evitar este escenario, ya sea por defección o porque las fuerzas de la oposición avancen electoralmente, o por una combinación de ambos elementos. Hasta el momento el chavismo ha venido siendo más golpeado por lo que hemos llamado la "defección" -expresada en la gran abstención electoral de sus antiguos votantes– que por los avances de la oposición de derecha, al menos en el plano electoral. En este sentido, es muy probable que la abstención –este fenómeno que aparece en las últimas elecciones como un catalizador pasivo de “desilusión” o “desgane” políticos en amplias franjas de la población, sobre todo del chavismo–, de la palabra clave en estas elecciones.

Una oportunidad perdida: Chirino y la USI en alianza con un partido burgués “disidente”

Es necesario luchar para que el desgaste del gobierno de Chávez no lo capitalicen los partidos de la derecha empresarial u otras variantes del mismo pelaje y estilo. Por eso es vergonzoso el papel de la USI que, en lugar de trabajar por una alternativa propia de los trabajadores, opuesta a cualquiera de las variantes patronales, selló una alianza electoral con un partido abiertamente burgués, sin un ápice de revolucionario, y comprometido a fondo con las políticas del gobierno nacional hasta no hace mucho, como lo es el PPT. Con esta política de tintes “frentepopulistas”, es decir, de coaliciones de organizaciones obreras con organizaciones patronales o propatronales, la USI toma una vez más un camino opuesto a la lucha porque la clase obrera conquiste su independencia política frente a las alternativas burguesas.

Para nadie es un secreto que el PPT fue parte clave del proyecto de Chávez todos estos años, cogobernando con el mismo, y recién comienza a distanciarse por diferencias en el reparto del poder y, políticamente, por considerar que el gobierno debiera ser más respetuoso con algunos sectores empresariales nacionales (por ejemplo, el monopolio Polar). Es decir, no tiene nada que ver con una alternativa revolucionaria, al contrario, reniegan abiertamente del socialismo, y también fueron parte del coro parlamentario que acompañó la aprobación del entramado legal con el que se criminalizan hoy las luchas obreras. No por casualidad Albornoz, su secretario general, venía ocupando la Vicepresidencia de la Asamblea Nacional en los dos últimos períodos. Esto no es noticia nueva para la USI que, en pasadas elecciones escribía: “Por todo lo anterior es que afirmamos que ni el PSUV ni los partidos de la burguesía opositora son opción para los trabajadores y el pueblo, como tampoco lo son los candidatos del PPT… que se lanzan sin apoyo gubernamental, ya que esos partidos han avalado la política de colaboración de clases del gobierno y la gestión de los gobernadores y alcaldes corruptos”.

De manera que han dado un paso resueltamente oportunista, pesando más el cálculo electoral –especulando conseguir algún diputado de darse un fenómeno electoral con base en los llamados “ni-ni”– que la necesidad de que la clase trabajadora de pasos concretos en dotarse de alternativas propias, con independencia de clase. Pudiendo postular sus candidatos en su propia tarjeta en Aragua y como iniciativa propia o grupos de electores en otros lugares, lo hacen en la tarjeta del PPT, llamando a votarlos en la tarjeta de este partido e, incluso, al partido en su conjunto. Quedando mezclados además con el amorfo llamado a una “tercera opción” que no tiene nada que ver con una opción clasista de los trabajadores.

La verdad es que, con esta política, una vez más han lanzado por la borda la oportunidad de que la clase obrera contara con alguna referencia electoral propia, con contenidos elementales de independencia política, haciendo un flaco favor a las necesidades urgentes de forjar una irrupción en el escenario nacional de una voz propia de la clase obrera, frente al copamiento total del escenario electoral por variantes burguesas y patronales. Partiendo de la inserción sindical que aún mantiene la USI y de la existencia de la C-CURA –corriente en nombre de la cual también hacen estas movidas pero de la que no hay ningún encuentro real hace más de 2 años–, pudo haber tomado el camino de organizar encuentros y discusiones de trabajadores por fábricas, lugares de trabajo y regiones, articular con los sectores en lucha más combativos, y abrir el camino para presentar candidatos y programas obreros sin atadura con ninguna organización burguesa, y que expresaran un paso al frente en la lucha política de sectores de la clase por su independencia política.

Ni el gobierno del “socialismo con empresarios” y la criminalización de las luchas, ni la oposición proimperialista: ¡votar nulo o abstenerse!

En estas circunstancias es que, una vez más, los trabajadores y trabajadoras no tenemos candidatos ni voz propia en estas elecciones, y frente a la ausencia de candidaturas obreras independientes llamamos a los trabajadores y las trabajadoras a votar nulo o abstenerse. En estas elecciones, así como en cualquier otro escenario de la lucha de clases, las clases explotadas debemos dar la espalda a estos proyectos –el del gobierno que ya lleva más de una década en el poder, y la oposición que gobernó cuarenta años el país– y tomar el camino de construir alternativas propias, de independencia política y estratégica como clase.

Nos quieren convencer de que no hay más opciones, o que las cosas no pueden ser de otra manera, y sobre todo el chavismo pretende venderse como la única opción para los trabajadores y el pueblo pobre, pero son puras argucias, pues las cosas deben ser de otra manera y pueden ser de otra manera. Quien, hablando desde los intereses de las clases explotadas diga que no hay otro camino sino optar entre estas dos opciones, está pesando como esclavo sumiso que no se atreve a romper sus cadenas, está aceptando como una realidad inconmovible el presente, y no toma en cuenta la gran necesidad, y posibilidad también, de forjarse un camino propio como clase hacia su emancipación social.

Un país en plena crisis económica: ¡lo que viene es más lucha de clases, y hay que prepararse!

Como señalamos al principio, no podemos perder de vista el hecho que el país está en una etapa claramente recesiva –la primera recesión desde el 2003 cuando se dio inicio el boom petrolero–, llegando al quinto trimestre consecutivo de resultados negativos del Producto Interno Bruto: en el 1er trimestre de 2010 retrocedió 5,8%, y de 1,9% en el 2do trimestre, sin que los pronósticos prevean una recuperación pronta.

La tarea impostergable actualmente es luchar para que la clase obrera solamente confíe en sus propias fuerzas, métodos de lucha y sus propias organizaciones, y así levantar una política obrera independiente, de clara lucha anticapitalista, en la que tendrá que enfrentarse al gobierno, dada su política de “convivencia pacífica” entre explotados y explotadores, es decir, de conciliación de clases, con la cual mantiene intactos los intereses de los sectores empresariales a quienes los trabajadores han enfrentado, como a la propia oposición empresarial que ya gobierna varios estados y muchas municipios del país. Las elecciones pasarán, y las demandas obreras y populares seguirán en pie, por eso llamamos a no bajar la guardia, a soldar la más amplia y fuerte unidad obrera alrededor de las luchas en curso, para que triunfen, para frenar los ataques al salario y las medidas de persecución contra los y las que luchan.

Hemos venido afirmando que frente a la experiencia que vienen comenzando a hacer sectores de vanguardia con “su gobierno”, se abre la posibilidad de unificar a los sectores avanzados del movimiento obrero con un programa propio, de forma independiente del gobierno y de la oposición empresarial, para movilizar a amplios sectores por sus demandas. Los trabajadores y las trabajadoras tendremos que prepararnos para acontecimientos más duros, donde surgirán nuevos movimientos y expresiones de la lucha de clases porque se van a multiplicar el desempleo, la falta de vivienda, los bajos salarios, el alto costo de los alimentos, entre otras carencias. Y este camino, los sectores de avanzada de la clase deben tener como norte la necesidad de construir un verdadero partido revolucionario de los trabajadores para lucha consecuente contra el capitalismo, la opresión, las injusticias, contra el sistema en su conjunto, conscientes de que solo una verdadera revolución social, y no esta farsa del socialismos del siglo XXI, puede conducir a una nueva organización de la sociedad, basada en la propiedad y gestión colectiva de los medios de producción, el socialismo, como base para emanciparnos de las miserias sociales del presente capitalista.